STC552-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC552-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2020-00621-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de \u201cX\u201d el 23 de noviembre de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra el Juzgado \u201cB\u201d y la se\u00f1ora \u201cC\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00b0 \u201c00\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00aba la buena fe\u00bb, presuntamente vulnerado por los convocados al adelantar en su contra el pleito alimentario antes referido. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a que \u00abpierde su empleo\u00bb, no fue posible cancelar la cuota que \u00abseg\u00fan el aumento del IPC\u00bb, para 2019 qued\u00f3 en \u00ab$2.992.000 (\u2026), sin embargo, consider\u00e9 que con $1.000.000 mi hija de 7 a\u00f1os [actualmente cuenta con 9 a\u00f1os de edad] (\u2026) no pasar\u00eda hambre, porque considero que la responsabilidad es de padre y madre\u00bb, pero cuando \u00abse logra vincular con la empresa OIKOS\u00bb, el juzgado acoge las pretensiones \u00ababusivas\u00bb de ejecutar \u00ab$31.872.000\u00bb y de disponer \u00abel embargo del 35% del salario devengado\u00bb. <\/p>\n
Que lo anterior no guarda \u00abarmon\u00eda\u00bb con su actual situaci\u00f3n econ\u00f3mica, \u00abvida crediticia\u00bb acreditada por contadora p\u00fablica y dem\u00e1s circunstancias expuestas al responder la demanda, como que conform\u00f3 \u00abnueva familia\u00bb dentro de la cual existi\u00f3 un ni\u00f1o \u00abnacido el 22 de marzo de 2020\u00bb, empero, esto \u00abtampoco permiti\u00f3 que el se\u00f1or juez de familia evidenciara, que la cuota de la pretensi\u00f3n econ\u00f3mica pudiese ser modificada por el despacho, a pesar de las sendas solicitudes que se hicieron\u00bb. <\/p>\n
Que el juzgado convoc\u00f3 a audiencia virtual de conciliaci\u00f3n para el 18 de agosto de 2020, en la que \u00abse acord\u00f3\u00bb, respecto de un \u00abapartaestudio\u00bb adquirido \u00aba t\u00edtulo personal (\u2026) \u00abhipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda\u00bb, levantar la \u00abafectaci\u00f3n a [vivienda familiar] por haber sido su primera propiedad\u00bb, a fin de disponer su venta, pero su ex esposa \u00abse ha negado a firmar\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3, que previa gesti\u00f3n suya ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la se\u00f1ora \u201cC\u201d, tambi\u00e9n \u00abse niega a conciliar la nueva cuota\u00bb de alimentos y \u00abcualquier pretensi\u00f3n de firma para la venta de mi inmueble\u00bb, con lo que \u00abse vulnera el principio de buena fe y debido proceso que fue avalado en el juzgado en conciliaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pide, seg\u00fan se infiere de lo anterior, que la autoridad judicial convocada atienda las defensas planteadas dentro de la ejecuci\u00f3n, y reduzca la medida cautelar que pesa sobre su salario; tambi\u00e9n, que su ex c\u00f3nyuge -ejecutante-, acceda al levantar la afectaci\u00f3n a vivienda familiar en relaci\u00f3n con un inmueble y de esa manera se viabilice su venta. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Defensora de Familia del I.C.B.F., dio cuenta que \u00abel d\u00eda 15 de mayo de 2019 (\u2026) se adelant\u00f3 audiencia de conciliaci\u00f3n\u00bb en la que el hoy accionante pretend\u00eda \u00abla rebaja de la cuota alimentaria\u00bb establecida para su menor hija, \u00abpropuesta en la que la se\u00f1ora \u201cC\u201d no estuvo de acuerdo\u00bb, por lo que se levant\u00f3 \u00abacta de conciliaci\u00f3n fracasada No. 000205\u00bb, proceder que considera \u00abno es violatorio de ning\u00fan derecho del accionante\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00aben punto del cumplimento del acuerdo a que llegaron (\u2026) en la audiencia de conciliaci\u00f3n adelantada en el proceso ejecutivo (\u2026), el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial\u00bb, razones por las que pidi\u00f3 \u00abse declare improcedente\u00bb la acci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
2. La Juez \u201cB\u201d, inform\u00f3 que de la demanda ejecutiva en cuesti\u00f3n, admitida el 24 de octubre de 2019, \u00abel aqu\u00ed accionante se notific\u00f3 personalmente (\u2026), contest\u00f3 en tiempo y si bien es cierto no formul\u00f3 excepciones de pago o similares de manera taxativa, tambi\u00e9n lo es que el Despacho infiri\u00f3 de \u00e9sta la excepci\u00f3n de pago parcial, con el fin de garantizar el debido proceso y derecho de defensa y contradicci\u00f3n de las partes; raz\u00f3n por la cual se fij\u00f3 fecha para llevar a cabo audiencia de conciliaci\u00f3n el d\u00eda 18 de agosto de 2020 [la cual] se declar\u00f3 fracasada (\u2026) y se fij\u00f3 (\u2026) el d\u00eda 30 de noviembre del a\u00f1o en curso [para continuar el tr\u00e1mite]\u00bb; anot\u00f3 que \u00abel ejecutado autoriz\u00f3 (\u2026) que se entregaran los dineros que se encontraban consignados en el Banco Agrario con base en el embargo del 35% que se decret\u00f3 al salario (\u2026), por lo tanto mal puede (\u2026) recurrir a la presente acci\u00f3n constitucional con el fin de revivir t\u00e9rminos y\/o atacar decisiones del despacho que se encuentran debidamente ejecutoriadas\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 21 Judicial I de Familia, pese a acusar su notificaci\u00f3n de la demanda tutelar, se abstuvo de pronunciarse, aduciendo que \u00abno ha participado en tr\u00e1mite alguno en las decisiones tuteladas, ni ha sido notificado en dicho proceso\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al encontrar que de lo actuado en la ejecuci\u00f3n criticada, \u00abno cabe predicar violaci\u00f3n alguna de los derechos del accionante, habida cuenta de que si se tiene una obligaci\u00f3n alimentaria, lo l\u00f3gico es que deba solventarla, hasta tanto la misma se extinga o se reduzca mediante una decisi\u00f3n judicial, ya que la Juez que conoce de la ejecuci\u00f3n debe estarse a lo dispuesto en el t\u00edtulo ejecutivo, aparte de que, a la fecha, no se ha dictado sentencia en la que se estudien las excepciones que el citado plante\u00f3\u00bb. En cuanto a la se\u00f1ora \u201cC\u201d, tampoco avizor\u00f3 afectaci\u00f3n a los derechos invocados, pues \u00abviene reclamando, a trav\u00e9s de las autoridades judiciales, los derechos que tiene su menor hija\u00bb, y \u00abrespecto de las actuaciones de la defensora de Familia, las mismas se ajustan a la legalidad, pues ella solo tiene competencia para adelantar la audiencia de conciliaci\u00f3n (\u2026), de modo que lo que le corresponde hacer ahora al interesado, de ser el caso, es acudir a la v\u00eda judicial, v.gr., pedir la disminuci\u00f3n de la cuota alimentaria\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el pretensor del resguardo para ampliar los argumentos de su demanda, indicando que \u00aben el tr\u00e1nsito del fallo tutelar, se recibi\u00f3 notificaci\u00f3n (\u2026) de que se celebrar\u00eda [el] 30 de noviembre de 2020 (\u2026) la finalizaci\u00f3n de la audiencia\u00bb, para lo cual considera que deb\u00eda verificarse lo acordado en la conciliaci\u00f3n, empero, como seg\u00fan la ejecutante hab\u00eda recibido \u00abllamada amenazante (\u2026), se opon\u00eda rotundamente a firmar cualquier documento (\u2026), el juzgado acept\u00f3, impidiendo con ello la venta del bien para recuperar alg\u00fan dinero (\u2026) y pagar la pretensi\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Critic\u00f3 a la funcionaria judicial porque no permiti\u00f3 que la actora respondiera preguntas formuladas por su apoderado, entre ellas \u00absi sab\u00eda cu\u00e1les eran los gastos de la menor\u00bb, y \u00absi se hab\u00eda reunido para hacer acercamientos [en relaci\u00f3n con] solicitud de car\u00e1cter urgente para que se estableciera [en el ICBF] una audiencia para la fijaci\u00f3n de cuota alimentaria\u00bb, pero en su lugar, \u00abel proceso sigue adelante su curso [dando] por probado las excepciones (sic) de la demandante, y con ello la juez no aplic\u00f3 la favorabilidad que interpreta la norma (\u2026)\u00bb. Se destaca. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201cB\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales del accionante, al tramitar el ejecutivo de alimentos, impetrado por su ex c\u00f3nyuge \u201cC\u201d y en relaci\u00f3n con los alimentos fijados a favor de su hija menor de edad. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales para la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela, siendo ellos: \u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). Subraya la Sala. <\/p>\n
Por tanto, resulta imprescindible que en el examen preliminar se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, siendo forzoso que el fundamento de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen comprometidos derechos de rango fundamental, de no ser as\u00ed, la pretensi\u00f3n no puede prosperar, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el presupuesto b\u00e1sico para la procedencia del amparo es la vulneraci\u00f3n o la amenaza de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones gen\u00e9ricas arriba se\u00f1aladas \u2013que bien podr\u00edan ser subsanadas a trav\u00e9s de los mecanismos y recursos ordinarios- es necesario tambi\u00e9n, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)\u00bb (CC T-701\/04). <\/p>\n
De igual modo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en relaci\u00f3n con la tutela, que: <\/p>\n
\u00abpara su procedencia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada en STC11419-2020, 11 dic. 2020, rad. 00378-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las premisas que anteceden, del an\u00e1lisis pertinente que se realiza al presente reclamo, a la informaci\u00f3n proporcionada por la autoridad querellada y a la que se extracta de las piezas procesales allegadas, la Sala confirmar\u00e1 el fallo desestimatorio del auxilio, ante la evidente ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por quien funge como demandado en el pleito radicado bajo el n\u00b0 \u201c00\u201d. <\/p>\n
3.1. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Este impedimento gen\u00e9rico de procedibilidad surge en la medida en que el reclamante no acredit\u00f3 que la autoridad judicial accionada, hubiera amenazado y menos vulnerado, prerrogativa alguna del ac\u00e1 accionante, por el hecho de dar apertura a un proceso ejecutivo de alimentos en su contra y, como consecuencia de ello, adoptar decisiones encaminadas a hacer efectiva la obligaci\u00f3n siguiendo el tr\u00e1mite legalmente previsto, y menos cuando ha tenido la oportunidad para asumir la defensa y controvertir tales determinaciones. <\/p>\n
Ciertamente, de las explicaciones dadas por la funcionaria acusada y que se soportan en el expediente digital por ella remitido, es claro que con base en el pertinente t\u00edtulo ejecutivo (escritura p\u00fablica n\u00b0 \u201c000\u201d otorgada en la notar\u00eda \u201cZ\u201d el 15 de febrero de 2019), el juzgado libr\u00f3 orden de pago el 24 de octubre de 2019; surtida su notificaci\u00f3n personal el 5 de diciembre de esa anualidad, a trav\u00e9s de apoderado judicial \u00abcontest\u00f3\u00bb dentro del t\u00e9rmino habilitado legalmente para ello, absteni\u00e9ndose de proponer excepci\u00f3n dirigida a refutar la existencia, obligatoriedad y exigibilidad de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, no obstante advertir que \u00abno se proponen taxativamente excepciones\u00bb, la juez cognoscente infiri\u00f3 un posible \u00abpago parcial\u00bb y mediante prove\u00eddo del 24 de febrero de 2020, del escrito dispuso otorgar \u00abtraslado a la ejecutante por el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas\u00bb, lapso dentro del cual \u00e9sta manifest\u00f3 \u00abque hasta la fecha (\u2026), no ha recibido ni una muda completa para su hija\u00bb. Tras ello, con auto del 6 de mayo de 2020, se convoc\u00f3 a audiencia de conciliaci\u00f3n para el 18 de agosto de 2020, en la que despu\u00e9s de una amplia exposici\u00f3n de todos los intervinientes, no fue posible conciliar las diferencias que motivaron la ejecuci\u00f3n, y como consecuencia, \u00aben aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 422 en concordancia con los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso y a efecto de adelantar la audiencia inicial, se se\u00f1ala el d\u00eda 30 de noviembre de 2020 a la hora de las 8:30 a.m.\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo descrito, lo que evidencia la presente reclamaci\u00f3n es una discrepancia del actor con la madre de la alimentaria, porque, en su criterio, no debi\u00f3 ejecutarse la obligaci\u00f3n en raz\u00f3n a que dice no encontrarse en condiciones econ\u00f3micas para atender su pago; adicionalmente, porque su ex c\u00f3nyuge no accede a levantar un gravamen que pesa sobre un bien propio de \u00e9l, con lo que, en su sentir, impide la satisfacci\u00f3n de la deuda, aspectos que en momento alguno comportan desafuero atribuible al despacho accionado. <\/p>\n
Adicionalmente, en lo atinente a la medida cautelar, tampoco se advierte que el juzgado hubiera violado los derechos superiores del accionante, pues el embargo del 35% de su salario, no supera el l\u00edmite de afectaci\u00f3n para cubrir alimentos. No obstante, demostrando las circunstancias sobre disminuci\u00f3n en su capacidad econ\u00f3mica y existencia de otra obligaci\u00f3n de similar talante, la ley lo faculta para que el interesado pida reconsiderar el monto de la medida; de igual modo, tambi\u00e9n puede, previa una adecuada asesor\u00eda jur\u00eddica, gestionar la acci\u00f3n encaminada a regular las varias pensiones alimentarias a su cargo, para lo cual dice contar ya con el resultado fallido de la conciliaci\u00f3n prejudicial ante el I.C.B.F. <\/p>\n
En este orden, la controversia que plante\u00f3 el quejoso deviene infundada, pues ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n el querellado ha amenazado y menos quebrantado sus intereses superiores, lo que conlleva la inexistencia de yerro procesal, sustantivo o de otra \u00edndole que pueda habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data la Corte Constitucional ha sostenido que seg\u00fan el canon 86 de la Constituci\u00f3n y los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, \u00absin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u00bb (SU-975\/03), por tanto, al no poderse endilgar conducta transgresora al accionado, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que, \u00abpara que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan\u00bb (CC T-883\/08). <\/p>\n
3.2. Del alegato novedoso. <\/p>\n
Esta figura jur\u00eddica surge porque con posterioridad a la notificaci\u00f3n y traslado de la demanda tutelar, concretamente al impugnar el fallo de primer grado, el demandante a\u00f1adi\u00f3 a su inconformidad el hecho de que la autoridad denunciada hab\u00eda fallado el proceso ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n, omitiendo verificar el cumplimiento de lo acordado en la audiencia de conciliaci\u00f3n, sin que esa situaci\u00f3n hubiese sido planteada oportunamente para que fuera discutida por los interesados, principalmente por la funcionaria que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n por la que ahora se duele el peticionario. <\/p>\n
Entonces, independientemente de que para hacer efectiva la eventual obligaci\u00f3n de otorgar una escritura p\u00fablica, en caso de que as\u00ed se hubiera establecido mediante acuerdo, y sin perjuicio de la posibilidad para procurar la cancelaci\u00f3n del gravamen mediante otro medio de defensa judicial, lo cierto es que para cuando se impetr\u00f3 esta salvaguarda, la supuesta omisi\u00f3n del juzgado no hab\u00eda sido puesta de presente porque mientras la tutela se impetr\u00f3 el 9 de noviembre de 2020, la sentencia data del 30 del mismo mes y a\u00f1o, y por tanto mal podr\u00eda ahora la Corte pronunciarse de fondo sobre ese punto, pues conforme al precedente jurisprudencial: <\/p>\n
\u00abSobre los supuestos f\u00e1cticos anunciados ante el funcionario que decide la apelaci\u00f3n, la Corte ha indicado que \u201c(\u2026) es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (sentencia de 15 de marzo de 2011, exp. 00003-01, ratificada el 7 de febrero de 2014, exp. STC-1214)\u201d\u00bb (STC800-2015, 5 feb. 2015, rad. 2014-00774-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con las precisiones dadas en precedencia, se impone respaldar el fallo de primer grado, pues a adem\u00e1s de la falta de consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n invocada, se avizora la presencia de un hecho nuevo frente al cual tampoco se advierte transgresi\u00f3n susceptible de enmendar a trav\u00e9s de esta subsidiaria y excepcional senda jur\u00eddica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC552-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC552-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2020-00621-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":["post-53292","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53292","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53292"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53292\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53292"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53292"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53292"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}