STC712-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC712-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00050-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de enero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de la misma ciudad y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogot\u00e1 E.S.P., tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Patrimonio Aut\u00f3nomo denominado \u201cFideicomiso Lote C1B Fontib\u00f3n\u201d. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La parte accionante reclama a trav\u00e9s de gestor judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la \u00abpropiedad privada\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales y entidad convocadas, en el marco del proceso declarativo especial de expropiaci\u00f3n que en su contra promovi\u00f3 la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogot\u00e1 E.S.P., con radicado No. 2014-00381-00. <\/p>\n
Por tanto, solicita, para la protecci\u00f3n de tales prerrogativas, \u00abordenar\u2026 el pago inmediato y directo que debe hacer la [citada] EMPRESA\u2026 de la suma fijada como indemnizaci\u00f3n por los jueces de instancia\u00bb, y de no obtenerse dicho pago, que \u00abse decrete la nulidad del proceso de expropiaci\u00f3n y se ordene la devoluci\u00f3n del predio [objeto de este]\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de lo pretendido y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis el apoderado, que con la demanda que dio origen al litigio referido en l\u00edneas precedentes se solicit\u00f3 declarar la expropiaci\u00f3n por motivos de utilidad p\u00fablica del bien inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-1419224, con una extensi\u00f3n superficiaria de \u00abDIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTI\u00daN METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y UN DEC\u00cdMETROS DE METRO CUADRADO (10.221,91 M2)\u00bb, ubicado en \u00abla Diagonal 16 No. 90-95, Interior 3, de Bogot\u00e1\u00bb, de propiedad de su mandante, quien act\u00faa como vocera del \u00abFIDEICOMISO LOTE C1B FONTIB\u00d3N\u00bb, pretensi\u00f3n que fue acogida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad mediante sentencia del 30 de octubre de 2015, por lo que dicho predio fue entregado el 17 de abril de 2017, seg\u00fan consta en el Acta No. 2017-003. <\/p>\n
Asevera que, desde el 1\u00ba de febrero de 2016, el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de esta capital asumi\u00f3 el conocimiento del asunto, a quien en varias ocasiones se le ha pedido que declarare la nulidad de lo actuado, por cuanto que la susodicha empresa de servicios p\u00fablicos \u00abNO HA PAGADO suma alguna a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como valor del bien expropiado y la indemnizaci\u00f3n de perjuicios decretada por los jueces\u00bb, quien ha negado su decreto, siendo la \u00faltima ocasi\u00f3n el 2 de diciembre de 2019, decisi\u00f3n que controvirti\u00f3 sin suerte a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, ya que la Sala Civil del Tribunal Superior de dicha urbe confirm\u00f3 lo resuelto en prove\u00eddo del 2 de julio de 2020, en el que se determin\u00f3, en su ordinal primero, que el valor a pagar por el terreno expropiado era de \u00ab$1.158.876.892\u00bb, as\u00ed como la cantidad de \u00ab$179.267.388\u00bb por la indemnizaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
Refiere que, en virtud de lo anterior, su apadrinada solicit\u00f3 los d\u00edas 19 de agosto, 23 de septiembre y 3 de diciembre siguientes, que se librara mandamiento de pago en contra de la parte demandante, pues, afirma, \u00aba\u00fan no ha pagado suma alguna\u00bb, sin que hasta el momento haya habido pronunciamiento alguno por parte del despacho, incurriendo de esta manera, dice, en morosidad. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que la actitud asumida por las instancias judiciales y la entidad accionadas en el rese\u00f1ado juicio, quebranta las garant\u00edas superiores invocadas en favor de su poderdante, lo que torna procedente el reclamo que eleva en favor de \u00e9sta a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n.2 <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 22 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
a. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogot\u00e1 E.S.P., a trav\u00e9s de apoderado judicial, se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, tras se\u00f1alar que esa entidad ni las instancias judiciales accionadas han vulnerado derecho fundamental alguno a la sociedad accionante, pues han actuado en el marco de la ley3. <\/p>\n
b. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los otros involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas4. Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Sin embargo, se advierte con vista en los medios de convicci\u00f3n obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por la sociedad accionante no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues, en lo que toca con la queja enrostrada a las demarcadas decisiones, la Sala aprecia que las mismas tuvieron como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurarlas en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En efecto, al revisarse el argumento expuesto por la parte actora para respaldar la nulidad que aleg\u00f3 dentro del rese\u00f1ado litigio, esto es, la falta de pago del precio del terreno expropiado y la respectiva indemnizaci\u00f3n, ambos cuantificados por las instancias judiciales acusadas, sin duda alguna se observa que este no se enmarca en ninguna de las causales de invalidaci\u00f3n previstas en el C\u00f3digo General del Proceso; por tanto, hizo bien el juzgado accionado en rechazar dicha solicitud, y por ende, el Tribunal cuestionado, en respaldar esa negativa, en la medida que as\u00ed lo ordena el inciso final del art\u00edculo 135 del mentado Estatuto Procesal5. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, el razonamiento que a ese asunto le dieron dichas autoridades, por m\u00e1s discutible que le parezca a la sociedad tutelante, ante la circunstancia que plantea, no lleva inserta vulneraci\u00f3n superior alguna, dado que no se aprecia caprichoso o arbitrario, por estar amparado en la ley, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en las determinaciones cuestionadas se hubiera incurrido en alguno de los defectos mencionados al inicio de las presentes consideraciones, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a las mismas, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC7686-2020). <\/p>\n
T\u00e9ngase presente adem\u00e1s, como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Sala, que la acci\u00f3n de tutela \u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC049-2021). <\/p>\n
5. Por otra parte, basta decir, en relaci\u00f3n con la mora judicial endilgada al Juzgado criticado, que esta no se encuentra configurada, pues, si bien la aqu\u00ed interesada ha elevado tres peticiones a dicha autoridad para que libre mandamiento de pago en contra de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogot\u00e1 E.S.P., esto es, el 19 de agosto, 23 de septiembre y 3 de diciembre de 2020, el expediente retorn\u00f3 del Tribunal censurado, luego de surtirse la referida apelaci\u00f3n, el 7 de septiembre de esa anualidad, y pas\u00f3 al despacho el 19 de octubre siguiente6, por lo que, contando desde esa data, solo han transcurrido tres (3) meses, tiempo que no se aprecia desproporcionado e irrazonable, m\u00e1xime cuando ese no es el \u00fanico asunto que tramita dicha oficina judicial, sin que se pueda perder de vista tambi\u00e9n, las dificultades que ha generado en todos los estrados judiciales del pa\u00eds la pandemia denominada Covid-19, para efectuar con normalidad sus actividades7, de ah\u00ed que, no se le puede endilgar al funcionario acusado la vulneraci\u00f3n alegada, por estar justificada la omisi\u00f3n denunciada. <\/p>\n
Respecto lo anterior, ha insistido la Corte en distintas oportunidades en se\u00f1alar, que \u00abla falta de cumplimiento estricto de los t\u00e9rminos procesales por parte de los funcionarios judiciales no genera, per se, violaci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso\u00bb8, de manera que \u00abla mora en que pueden incurrir las autoridades judiciales en la resoluci\u00f3n de los conflictos no puede ser apreciada s\u00f3lo desde una \u00f3ptica objetiva, esto es, computando simple y llanamente el plazo se\u00f1alado por el ordenamiento jur\u00eddico para adoptar la decisi\u00f3n respectiva, sino que es preciso apreciarla tomando en cuenta un c\u00famulo de aspectos, tales como, la carga laboral de la oficina, la planta de personal de la misma, la implementaci\u00f3n log\u00edstica etc., pues todos estos factores, entre otros, influyen de manera directa en la buena marcha de los despachos judiciales y en la cumplida administraci\u00f3n de justicia\u00bb (CSJ STC3591-2020). <\/p>\n
6. Corolario de lo expuesto, se desestimar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda de tutela y el escrito de subsanaci\u00f3n remitidos v\u00eda correo institucional a la Corte. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe remitido v\u00eda correo institucional a la Corte. <\/p>\n
4 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
5 Que reza: \u201cEl juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este cap\u00edtulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga despu\u00e9s de saneada o por quien carezca de legitimaci\u00f3n.\u201d <\/p>\n