AC190-2021 (2020-03460-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC190-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-02-03-000-2020-03460-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de queja interpuesto por los demandados FRANCISCO ALBERTO y PEDRO PABLO ASTRUSKAS ACOSTA contra el auto de 3 de septiembre de 2020, mediante el cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, no les concedi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en relaci\u00f3n con la sentencia de segunda instancia emitida en el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre que en su contra y la de MARTA M\u00d3NICA ASTRAUSKAS ACOSTA, ANDRES MAURICIO ASTRAUSKAS ACOSTA y PERSONAS INDETERMINADAS, instaur\u00f3 la Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante solicit\u00f3 \u201cimponer como cuerpo cierto servidumbre legal administrativa de gasoducto y tr\u00e1nsito con ocupaci\u00f3n permanente con fines de utilidad p\u00fablica (\u2026) sobre el predio denominado San Francisco de Paula de la Roca, ubicado en la vereda Honda, jurisdicci\u00f3n del municipio de Honda, Departamento del Tolima, identificado con folio de matr\u00edcula No. 362-14214\u201d. <\/p>\n
2. Previo agotamiento del tr\u00e1mite de rigor, la primera instancia se clausur\u00f3 con sentencia dictada en audiencia de 31 de julio de 2019, en la que el a-quo resolvi\u00f3 (i) imponer servidumbre de gasoducto y tr\u00e1nsito con ocupaci\u00f3n permanente, (ii) fijar en $104.861.948 el valor de la indemnizaci\u00f3n (iii) ordenar el fraccionamiento del dep\u00f3sito judicial constituido y su entrega a los demandados (iv) inscribir la sentencia en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos y cancelar la anotaci\u00f3n de la demanda, y (v) no condenar en costas. <\/p>\n
3. Apelada la decisi\u00f3n por los demandados, el Tribunal, en audiencia del 11 de febrero de 2020, (i) confirm\u00f3 el fallo impugnado, y (ii) conden\u00f3 en costas de segunda instancia a los impugnantes Francisco Alberto, Pedro Pablo, Andr\u00e9s Mauricio y Martha M\u00f3nica Astrauskas Acosta, y a Hocol S.A. <\/p>\n
4. Inconformes con lo resuelto por el ad-quem, los demandados Francisco Alberto, Pedro Pablo, Andr\u00e9s Mauricio y Martha M\u00f3nica Astrauskas Acosta interpusieron el recurso de casaci\u00f3n, que finalmente el magistrado sustanciador de aquella autoridad no concedi\u00f3, al razonar en auto de 3 septiembre pasado, lo siguiente: <\/p>\n
(ii) En este caso, el fallo censurado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo sobre la imposici\u00f3n de una servidumbre de gasoducto y tr\u00e1nsito, que por afectar el predio de los demandados, les concedi\u00f3 a estos una indemnizaci\u00f3n de $104.861.948, valor que fraccionado result\u00f3 en: $5.640.898 para Martha M\u00f3nica Astrauskas Acosta; $9.540250 para Francisco Alberto Astrauskas Acosta; y $89.680.800 para los herederos de Pedro Astrauskas Pavalkyte. <\/p>\n
(iii) Adem\u00e1s del documento aportado con la demanda, denominado \u201creconocimiento de servidumbre y da\u00f1os\u201d, que tas\u00f3 estos en $104.861.948, en el proceso obra el dictamen pericial adjuntado por el demandado Pedro Pablo Astrauskas Acosta, que valor\u00f3 la franja afectada con la servidumbre en $39.164.160. <\/p>\n
(iv) Al tomar la precitada cifra como punto de partida para establecer el inter\u00e9s para recurrir, con su correspondiente actualizaci\u00f3n ($42.721.208), se tiene que el agravio para cada uno de los convocados -entendiendo que son comuneros en igual proporci\u00f3n-, arroja una cifra de $14.240.403, que no resulta suficiente para acudir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
(v) Incluso tomando en cuenta como punto de referencia la indemnizaci\u00f3n mencionada, que corregida monetariamente da $136.280.286, tampoco se llegar\u00eda al guarismo exigido para acceder al recurso de casaci\u00f3n1. <\/p>\n
5. Los recurrentes en casaci\u00f3n, Francisco Alberto y Pedro Pablo Astrauskas Acosta interpusieron recurso de reposici\u00f3n y subsidiario de queja, manifestando que: <\/p>\n
(i) De acuerdo con el CGP, les \u201casiste el derecho para la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, como disponen las normas adjetivas, en garant\u00eda del debido proceso\u2026\u201d, adem\u00e1s que se ver\u00edan seriamente afectados de no permit\u00edrseles \u201cdefenderse y ventilar las diferencias jur\u00eddicas de cara ante las instancias superiores\u201d. <\/p>\n
(ii) Destacaron, asimismo, que el recurso de casaci\u00f3n es viable, por ser la sentencia censurada dictada por el Tribunal en segunda instancia en un proceso declarativo; por haber sido oportuna la inconformidad; y porque tambi\u00e9n apelaron la determinaci\u00f3n de primer grado, que les fue desfavorable. <\/p>\n
(iii) Se\u00f1alaron, por \u00faltimo, que \u201ceste asunto litigioso no ventila aspectos de car\u00e1cter econ\u00f3mico [\u2026] pues la controversia jur\u00eddica radica en la aplicaci\u00f3n indebida de normas que ata\u00f1en con la imposici\u00f3n de una servidumbre legal administrativa (art. 33 de la Ley 142 de 1994) de gasoducto con ocupaci\u00f3n permanente, aduciendo el inter\u00e9s p\u00fablico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6. El magistrado ponente del Tribunal mantuvo su providencia inicial, al considerar que \u201ca lo largo del proceso nunca se han conculcado los derechos fundamentales de ninguna de las partes, de otro lado, el simple hecho de tratar este asunto de un proceso declarativo, no es motivo suficiente para entender que procede el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y de paso, la imposici\u00f3n de una servidumbre de gas s\u00ed tiene naturaleza econ\u00f3mica, y por ende a efectos del recurso extraordinario, es imperioso mirar, como se ha hecho, el valor del perjuicio que sufre quien pretende atacar la sentencia mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u201d. En los dem\u00e1s razonamientos, reiter\u00f3 lo expuesto en la providencia recurrida2. <\/p>\n
7. Siendo as\u00ed, arribaron a la Corte las reproducciones ordenadas por el ad-quem. La secretar\u00eda inform\u00f3 que se corri\u00f3 el traslado del recurso de queja, y que durante el mismo no hubo pronunciamiento ninguno. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Sobre el recurso de queja en general <\/p>\n
De conformidad con lo previsto en la legislaci\u00f3n procesal civil, la queja procede contra el auto que niega conceder el recurso de casaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, la competencia de esta Corporaci\u00f3n se restringe a examinar si el pronunciamiento del Tribunal sobre ese t\u00f3pico, mantenido al definir la respectiva reposici\u00f3n, se ajusta a la ley. <\/p>\n
2. El problema jur\u00eddico planteado <\/p>\n
Se trata de determinar si acert\u00f3 el magistrado sustanciador de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, al negar la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n oportunamente interpuesto por los demandados contra la sentencia dictada en un proceso de imposici\u00f3n de servidumbre, con sustento en que carecen de inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrir, porque el agravio que les causa el fallo censurado no supera el equivalente a 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
3. Requisitos para conceder el recurso casaci\u00f3n <\/p>\n
Para dilucidar la cuesti\u00f3n jur\u00eddica que aflora en este caso, debe empezarse por decir que en armon\u00eda con la naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n, no todas, sino solo ciertas providencias son susceptibles del mismo. <\/p>\n
Es en ese sentido que el art\u00edculo 334 del nuevo estatuto procesal civil establece que son recurribles por dicho mecanismo, las sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores, \u201cen toda clase de procesos declarativos\u201d, \u201cen las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u201d y \u201cpara liquidar una condena en concreto\u201d, con la advertencia de que trat\u00e1ndose de asuntos concernientes al estado civil, \u201cs\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles de casaci\u00f3n la sentencias sobre impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n del estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u201d. <\/p>\n
Ahora bien, en los casos donde las pretensiones son esencialmente patrimoniales, conviene recordar que dentro de los requisitos para conceder el recurso de casaci\u00f3n, se exige que el fallo censurado cause al recurrente un \u201cagravio\u201d3 o mengua econ\u00f3mica; menoscabo que la doctrina y el propio legislador han dado en llamar inter\u00e9s para recurrir, por lo cual, es preciso que \u201c(\u2026) el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1000 s.m.l.m.v.)\u201d4, que traducidos a pesos en 2019, por haber sido proferida en dicha anualidad la providencia opugnada, ascienden a la suma de ochocientos setenta y siete millones ochocientos tres mil pesos ($877.803.000). <\/p>\n
Dicho inter\u00e9s, por tanto, ha precisado con insistencia la Sala, <\/p>\n
\u201c(\u2026) est\u00e1 supeditado al valor econ\u00f3mico de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial concedida o negada en la sentencia; vale decir, a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe hacerse para el d\u00eda del fallo aunque, cuando la \u2018sentencia es \u00edntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma\u2019. Lo anterior significa que, si la sentencia es totalmente desestimatoria de las pretensiones del actor, su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n estar\u00e1 definido por lo pedido en la demanda; pero, si aquella s\u00f3lo acoge parcialmente lo reclamado por el demandante, la medida del aludido inter\u00e9s estar\u00e1 dada por la desventaja que le deriva la decisi\u00f3n\u201d5 <\/p>\n
Adicionalmente, el art\u00edculo 339 precept\u00faa que cuando sea necesario para la procedencia de dicha impugnaci\u00f3n determinar el inter\u00e9s para recurrir, \u201csu cuant\u00eda debe establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre su concesi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
As\u00ed pues, que para determinar la cuant\u00eda antes referida el examen debe limitarse a los elementos que ya reposan en el expediente, de manera que ya no puede decretar de oficio o a solicitud de parte dict\u00e1menes periciales, por el contrario, la norma establece que ser\u00e1 el recurrente, si lo considera necesario, el que debe allegar el estudio correspondiente, pues al magistrado le concierne \u00fanicamente resolver de plano. <\/p>\n
4. La ponderaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir trat\u00e1ndose de demandados en un proceso de imposici\u00f3n de servidumbre <\/p>\n
Conviene se\u00f1alar, para dilucidar uno de los aspectos del recurso de queja, lo que se entiende por pretensiones esencialmente econ\u00f3micas. <\/p>\n
Al respecto, en la recurrentemente citada providencia CSJ AC390-2019, se indic\u00f3, <\/p>\n
Con los anteriores par\u00e1metros, se tiene que el proceso que ac\u00e1 concierne, se trata de uno de imposici\u00f3n de servidumbre, que eventualmente puede reportar un beneficio patrimonial para la parte demandante, y un desmedro o agravio para la convocada, cuya propiedad inmueble, de acogerse las pretensiones, ha de soportar un gravamen que limita, ostensiblemente, el ejercicio pleno de su derecho de dominio, restringiendo la facultad de usarlo y gozarlo en su integridad. <\/p>\n
Por lo mismo, no es posible se\u00f1alar, bajo ning\u00fan supuesto, que el proceso en comento es meramente declarativo, porque como se dijo, las s\u00faplicas de la demanda persiguen la imposici\u00f3n de un gravamen para la parte demandada, que es posible cuantificar econ\u00f3micamente, bien por el valor de la franja de terreno afectada o por el impacto econ\u00f3mico que ello trae a la explotaci\u00f3n de un fundo determinado. <\/p>\n
5. El caso concreto <\/p>\n
5.1. Viene de lo explicado que no es de recibo el argumento de los recurrentes en queja, en el sentido de que el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre es uno de aquellos cuyas pretensiones no son esencialmente econ\u00f3micas. Por lo tanto, acert\u00f3 el magistrado sustanciador del Tribunal, cuando para determinar la procedencia del recurso de casaci\u00f3n, se dio en la tarea de ponderar el inter\u00e9s de los demandados para poder acudir a ese mecanismo extraordinario de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
5.2. Tampoco tiene acogida el razonamiento de los impugnantes, relativo a que la casaci\u00f3n \u201cprocede en contra de la sentencia dictada por el tribunal en segunda instancia en toda clase de procesos declarativos\u201d (Subrayado a prop\u00f3sito), pues olvidan que para efectos de conceder ese mecanismo impugnaticio, hace falta establecer otros presupuestos, como el mencionado inter\u00e9s para recurrir. <\/p>\n
5.3. Ahora bien, no hay duda a partir de los elementos de juicio obrantes en el plenario -como lo ordena el art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso-, ninguno de los demandados que impugnaron contaba con el inter\u00e9s econ\u00f3mico necesario, porque en manera alguna la indemnizaci\u00f3n cuantificada para ellos, con la debida actualizaci\u00f3n para la fecha del fallo, esto es, ciento treinta y seis millones doscientos ochenta mil doscientos ochenta y seis pesos ($136.280.286), o incluso el precio actualizado de la porci\u00f3n de terreno afectada ($42.721.208), alcanzan la cifra se\u00f1alada para recurrir en casaci\u00f3n, que es $877.803.000. <\/p>\n
5.4. Pero hay m\u00e1s: si se mira con detenimiento lo resuelto en las instancias, se encuentra que si bien se acogieron las pretensiones de la demanda sobre la imposici\u00f3n de una servidumbre, ello tuvo como contrapartida el reconocimiento de una indemnizaci\u00f3n a favor de los demandados, misma que, en estrictez, no podr\u00eda ser vista como un agravio o detrimento para los impugnantes en casaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo tanto, de conformidad con lo se\u00f1alado, se advierte que el Tribunal anduvo acertado al no conceder el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandados, por carecer ellos de inter\u00e9s econ\u00f3mico suficiente para acudir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
No habr\u00e1 condena en costas por no aparecer causadas. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandados contra la sentencia proferida el 11 de febrero de 2020, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso de imposici\u00f3n de servidumbre de la referencia. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase lo actuado a la Corporaci\u00f3n de origen. Of\u00edciese. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Folios 44 a 48 C. tr\u00e1mite de segunda instancia. exp. Vitual. <\/p>\n
2 Folios 1 a 5 cdno. Reposici\u00f3n queja. exp. Digital. <\/p>\n
3 Art. 333, ib. <\/p>\n
4 Art. 338, ib. <\/p>\n
5 (CSJ AC 5 de septiembre de 2013, rad. n\u00b0 2013-00288-00, reiterado en el AC1698-2015 y en AC 4387-2019). <\/p>\n
6 Devis Echand\u00eda, Hernando. Op. cit. p\u00e1g. 256. <\/p>\n
7 Ib\u00eddem. p\u00e1g. 258 <\/p>\n
<\/p>\n
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