AC237-2021 (2019-03074-00)<\/p>\n
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AC237-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 11001-02-03-000-2019-03074-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n de una actuaci\u00f3n, del Distrito Judicial de Florencia al de Bogot\u00e1. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. El asunto involucrado. Se trata del proceso verbal promovido por Juan Carlos Pujana Motta, en calidad de heredero de Mart\u00edn Ignacio Pujana Angoitia, contra Constanza Alfonsina Turbay Cote. <\/p>\n
1.2. Petitum. Declarar una sociedad comercial de hecho a partir de octubre de 1993, entre el citado causante, la demandada y sus hermanos Rodrigo y Diego Turbay Cote, tambi\u00e9n fallecidos, dirigida a la explotaci\u00f3n de la \u201cHacienda la Estrella\u201d ubicada en el corregimiento Guacamayas, municipio San Vicente del Cagu\u00e1n (Caquet\u00e1). <\/p>\n
1.3. Hechos. Entre Rodrigo Turbay Cote, a la saz\u00f3n, representante de la sucesi\u00f3n Hernando Turbay Turbay, propietaria del inmueble, y Mart\u00edn Ignacio Pujana Angoitia, acordaron formar una comunidad en la citada finca, cada uno con el 50% del derecho de dominio, y realizar la explotaci\u00f3n ganadera y sus derivados. <\/p>\n
La actividad la desarroll\u00f3 Mart\u00edn Ignacio Pujana Angoitia, inclusive, luego del homicidio de Rodrigo Turbay Cote por el grupo insurgente FARC-EP y del exilio de la convocada y de Diego Turbay Cote, quienes, en todo caso, coordinaban desde el exterior la administraci\u00f3n. Este \u00faltimo, tambi\u00e9n ultimado, lo mismo que In\u00e9s Cote de Turbay, su madre, por el mismo movimiento subversivo. <\/p>\n
En junio de 2003, la interpelada, \u00fanica sobreviviente del clan familiar, en la oficina de una abogada situada en Bogot\u00e1, reconoci\u00f3 ante el pretensor la \u201csociedad de hecho Pujana-Turbay Cote\u201d y se comprometi\u00f3 a realizar el traspaso del 50% de la propiedad del fundo. Todo, con la finalidad de reclamar en una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra el Estado colombiano el despojo de la heredad y el hurto de ganado, maquinaria y equipos, seg\u00fan hechos perpetrados en junio de 2001, por las mismas FARC-EP. <\/p>\n
La convocada, en 2004, present\u00f3 dicha demanda y entre sus fundamentos mencion\u00f3 la existencia de la sociedad irregular. Sin embargo, el socio de hecho Mart\u00edn Ignacio Pujana Angoitia, fallecido por causas naturales en 2003, no fue vinculado a trav\u00e9s de sus herederos. Y el 18 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo del Caquet\u00e1, profiri\u00f3 sentencia en favor de las pretensiones. <\/p>\n
El actor, en 2016, contact\u00f3 a la accionada para legalizar la sociedad de hecho. Ella eludi\u00f3 pretextando la no entrega de la finca y la apelaci\u00f3n de la sentencia proferida por la justicia administrativa. De ah\u00ed en adelante no volvieron a tener ninguna comunicaci\u00f3n. <\/p>\n
El 16 de mayo de 2018, la demandada inici\u00f3 un proceso policivo de lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho, desconociendo la existencia de la sociedad irregular. <\/p>\n
1.4. La actuaci\u00f3n. El Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, inicial destinatario, en prove\u00eddo de 25 de octubre de 2018, rechaz\u00f3 el libelo y orden\u00f3 remitirlo al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico (Caquet\u00e1). Adujo que como el domicilio de la sociedad de hecho se encontraba radicado en el municipio de San Vicente del Cagu\u00e1n, carec\u00eda de competencia territorial para conocer. <\/p>\n
El despacho judicial receptor, mediante prove\u00eddo de 3 de diciembre de 2018, admiti\u00f3 el escrito incoativo y orden\u00f3 el traslado y notificaci\u00f3n a la parte demandada. <\/p>\n
La convocada resisti\u00f3 las pretensiones. En general, neg\u00f3 sus hechos y opuso otros enervantes. A su vez, desconoci\u00f3 el documento base de la sociedad de hecho. <\/p>\n
Adem\u00e1s, formul\u00f3 excepciones previas, entre ellas, la falta de jurisdicci\u00f3n y competencia. La fundament\u00f3 en la necesidad de radicar el asunto en un juzgado civil del circuito de Bogot\u00e1 para hacer efectivo el seguimiento y materializaci\u00f3n de todos los procesos. La raz\u00f3n, su condici\u00f3n de v\u00edctima del conflicto armado, derivada del asesinato de su familia, el desplazamiento y el despojo forzado de la propiedad por parte de la FARC-EP. <\/p>\n
Mediante auto de 8 de noviembre de 2019, el despacho judicial cognoscente declar\u00f3 infundados dichos medios de defensa. En lo pertinente, se\u00f1al\u00f3 que la demandada, pese a ser v\u00edctima de los lamentables hechos narrados y tener el Estado la obligaci\u00f3n de protegerla, ninguno de esos sucesos se subsum\u00edan en un factor subjetivo de atribuci\u00f3n que permitiera variar o alterar la competencia fijada. <\/p>\n
1.5. El cambio de radicaci\u00f3n. Seg\u00fan la demandada, \u00abelementos\u00bb de las FARC-EP, vienen negando sus derechos. Por esto, dice, se encuentra en peligro, m\u00e1xime cuando se han \u00abafectado las condiciones de orden p\u00fablico, y es posible, que la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, omitan (\u2026) las garant\u00edas procesales\u00bb. <\/p>\n
El precursor se opuso a lo solicitado. Echa de menos la prueba concreta de la alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico y de la afectaci\u00f3n a la integridad de los intervinientes. Lo mismo predica de las \u00abanomal\u00edas o inconsistencias frente a la imparcialidad del (\u2026) operador judicial\u00bb. <\/p>\n
1.6. Preparada la actuaci\u00f3n para resolverla, a ello se procede. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.1. El cambio de radicaci\u00f3n de un proceso o de una actuaci\u00f3n civil, comercial, agraria o de familia, supone, en l\u00ednea de principio, que la competencia para conocer no admite discusi\u00f3n. Requiere para el efecto de circunstancias excepcionales sobrevinientes. <\/p>\n
El art\u00edculo 30, numeral 8 del C\u00f3digo General del Proceso, las se\u00f1ala. Acaecen, por una parte, cuando en el lugar \u00abexistan circunstancias que puedan afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad o la integridad de los intervinientes\u00bb. Y por otra, frente a \u00abdeficiencias de gesti\u00f3n o celeridad de los procesos\u00bb. <\/p>\n
La solicitud no emana inopinadamente. Conforme a la misma norma, las primeras hip\u00f3tesis suponen \u00abpruebas\u00bb de sus hechos. Y las segundas, el \u00abprevio concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
2.2. El mecanismo en cuesti\u00f3n, como se observa, no fue instituido para decir el derecho material involucrado. Se estableci\u00f3 con el fin de garantizar el escenario dentro del cual debe ser compuesto. De ah\u00ed que para nada juega la fundabilidad o no de las pretensiones o de los hechos enervantes. Simplemente, se trata de cuestiones que se reservan para el momento de resolver el fondo del asunto, previas las garant\u00edas plenas de un debido proceso. <\/p>\n
La afectaci\u00f3n del orden p\u00fablico puede comprender la imparcialidad y la independencia judicial, inclusive, la seguridad e integridad de los intervinientes, en desmedro de los derechos fundamentales de defensa y contradicci\u00f3n. Los grupos armados al margen de la ley, por ejemplo, am\u00e9n de poner en entredicho la convivencia pac\u00edfica y seguridad de la comunidad, constituyen factor de interferencia en la decisi\u00f3n. Cualquier actuaci\u00f3n contraria a sus designios se erigir\u00eda en peligro para la vida e integridad de las partes y del mismo juez, y en obst\u00e1culo para la tutela judicial efectiva o libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
El cambio de radicaci\u00f3n, por lo tanto, solo fue instituido para evitar que las situaciones excepcionales dichas ocurridas en el lugar del proceso incidan en su normal desenvolvimiento. Si lo perturban y no se pueden erradicar, surge la necesidad de eludirlas, en el sentido de impedir que sus consecuencias nocivas trasciendan los derechos fundamentales de los intervinientes. <\/p>\n
2.3. La prueba de una cualquiera de las anotadas circunstancias, por supuesto, no requiere que sea controvertida, sino sumaria. La raz\u00f3n estriba en que concierne a una medida de simple administraci\u00f3n del proceso, dirigida a garantizar que el debate y la decisi\u00f3n judicial pedida sucedan sin intromisiones incidentes o trascendentes, ni externas ni internas. <\/p>\n
En efecto, la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n se tramita al margen del proceso y no lo \u00absuspende\u00bb. Los medios de convicci\u00f3n se encuentran librados de contradicci\u00f3n, en tanto, la solicitud se resuelve de \u00abplano\u00bb. Y el auto que acoge o niega la solicitud \u00abno admite recursos\u00bb. <\/p>\n
La decisi\u00f3n, en estricto sentido, no puede catalogarse como judicial. En primer t\u00e9rmino, no define ning\u00fan conflicto para conocer del asunto. En segundo lugar, simple y llanamente, traslada la competencia, hasta el momento fijado, a un lugar donde las garant\u00edas constitucionales a un debido proceso judicial queden a salvo. Se asemeja, mutatis mutandis, al desplazamiento de la sede de un juzgado con la carga laboral, frente a causas tambi\u00e9n excepcionales, por el Consejo Superior de la Judicatura, solo que el cambio de radicaci\u00f3n se refiere a un proceso espec\u00edfico. <\/p>\n
2.4. En el caso, respecto de la convocada Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote, la actuaci\u00f3n surtida refleja varias circunstancias. <\/p>\n
2.4.1. Su exilio en el exterior. En el escrito genitor del proceso se afirma que, en la d\u00e9cada de los noventa, ello obedeci\u00f3 al homicidio de Rodrigo, su hermano, y a las \u00abamenazas contra sus vidas\u00bb, incluida la de Diego, su otro pariente, y madre In\u00e9s Cote de Turbay, a la postre, tambi\u00e9n asesinados. Los \u00abtres (\u2026) por el grupo insurgente FARC-EP\u00bb. <\/p>\n
2.4.2. El despojo y hurto de las propiedades. El mismo precursor refiere los hechos. <\/p>\n
El 20 de junio de 2001, dice, \u201c(\u2026) estando vigente la zona de distensi\u00f3n, la guerrilla de las FARC-EP ingresa al predio [La Estrella] y se posesiona de la finca despu\u00e9s de haberla saqueado\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, \u00abadem\u00e1s de la ocupaci\u00f3n ilegal, la guerrilla de las FARC hurt\u00f3 1.108 cabezas de ganado (\u2026), maquinaria y equipos destinados a la explotaci\u00f3n agropecuaria de la hacienda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.5. La situaci\u00f3n familiar y social vivida por la convocada es cuesti\u00f3n que no admite discusi\u00f3n. <\/p>\n
2.5.1. La parte demandante, a trav\u00e9s de su apoderado, al descorrer las excepciones previas lo acepta. Solicita que esos medios de defensa se declaren infundados por cuanto solo refieren que la \u00abse\u00f1ora Constanza Judith Turbay Cote, es v\u00edctima del conflicto interno armado, situaci\u00f3n que este memorialista nunca ha desconocido ni pretende desconocer\u00bb (subrayado fuera de texto). <\/p>\n
2.5.1. El mismo extremo actor, en escrito de oposici\u00f3n allegado al presente tr\u00e1mite, corrobora lo anterior. Expresa que \u00ab[e]s de conocimiento nacional que la se\u00f1ora Constanza Judith Turbay Cote es v\u00edctima del conflicto armado interno, situaci\u00f3n que este memorialista nunca ha desconocido ni pretende desconocer, todo lo contrario, lamentamos los m\u00faltiples hechos repudiables de los cuales han sido v\u00edctimas la familia Turbay Cote\u00bb. <\/p>\n
2.5.3. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, mediante auto de 8 de noviembre de 2019, al resolver desfavorablemente tales excepciones, dej\u00f3 sentadas dichas circunstancias. Se\u00f1al\u00f3 que la actora es \u00abv\u00edctima (\u2026) de tan lamentables hechos\u00bb y tiene desde el punto de vista f\u00e1ctico la \u00abcalidad especial de protecci\u00f3n por parte del Estado\u00bb. <\/p>\n
2.6.1. La raz\u00f3n, por supuesto, debe ser distinta a la afirmada afectaci\u00f3n de la \u201cimparcialidad\u201d o \u201cindependencia\u201d de las autoridades judiciales del lugar donde actualmente se adelanta el juicio. En palabras de la interesada, porque ello es apenas \u00abposible\u00bb. Y la suposici\u00f3n, desde luego, no puede abrigarse ni plena ni sumariamente. <\/p>\n
2.6.2. Lo mismo, en cambio, no se puede predicar de las garant\u00edas procesales, la seguridad o integridad de los intervinientes. En especial, de la demandada Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote. Los hechos pac\u00edficamente fijados reclaman la aplicaci\u00f3n del principio de precauci\u00f3n. <\/p>\n
El exterminio de la familia Turbay Cote, siendo la convocada la \u00fanica sobreviviente, lo justifica. Se trata, entonces, de prevenir que los da\u00f1os causados en concreto se vuelvan a repetir. Nada garantiza que los hechos que originaron el desplazamiento, el exilio y la usurpaci\u00f3n de las tierras, han quedado en forma definitiva superados. Menos, cuando La Estrella, fundo involucrado en tales sucesos, en el proceso aparece relacionado, y es un hecho notorio la presencia alrededor de disidencias de las FARC. <\/p>\n
En ning\u00fan lado consta que la citada interpelada, sin riesgo o peligro para su vida e integridad personal, retorn\u00f3 a la regi\u00f3n. Por lo mismo, que en las condiciones actuales, directa o indirectamente, puede apersonarse en forma libre de la atenci\u00f3n del litigio. Como nada al respecto surge de la actuaci\u00f3n, frente a los antecedentes concretos ocurridos, lo prudente, sensato, es no exponerla a sufrir las mismas consecuencias y luego lamentarlas, pudi\u00e9ndose precaver. <\/p>\n
2.6.3. Seguramente por lo anterior, inicialmente, la demanda fue radicada en la ciudad de Bogot\u00e1. De ah\u00ed que no se entiende los motivos por los cuales la misma parte demandante ahora se opone al traslado del proceso. <\/p>\n
Si bien no se trata de definir ning\u00fan conflicto de competencia, en todo caso, la Corte advierte que no hab\u00eda raz\u00f3n alguna para fijarla en el distrito judicial de Caquet\u00e1. El Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, rechaz\u00f3 la demanda bajo el argumento de ubicarse en aquel territorio el domicilio principal de la sociedad de hecho. <\/p>\n
Como se observa, se apoy\u00f3 en un hecho futuro, que solo se defin\u00eda al momento de dictar sentencia. Si la existencia o no de la sociedad de hecho se encontraba en ciernes, pues no estaba reconocida y a ello apuntaba el proceso, resultaba errado fijar su conocimiento bajo el supuesto de algo que no se hab\u00eda declarado. Por esto, se radicar\u00e1 el proceso en la citada dependencia judicial. <\/p>\n
2.7. Lo inmediatamente discurrido, por tanto, solo viene a cuento para fijar la nueva radicaci\u00f3n, en tanto, lo dem\u00e1s, con el prop\u00f3sito de justificarla. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, accede a cambiar de radicaci\u00f3n el proceso verbal incoado por Juan Carlos Pujana Motta, en calidad de heredero de Mart\u00edn Ignacio Pujana Angoitia, contra Constanza Alfonsina Turbay Cote, del Distrito Judicial de Florencia al de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Como consecuencia, ordena sustraer del Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico el conocimiento del litigio y lo asigna al Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, previa la adjudicaci\u00f3n o compensaci\u00f3n a que haya lugar en el reparto. <\/p>\n
Por la secretar\u00eda de la Sala, comunicar la decisi\u00f3n al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, con remisi\u00f3n de copia de la presente providencia para que obre en el expediente y se proceda de conformidad. Of\u00edciese. <\/p>\n
Cumplido lo anterior, archivar la actuaci\u00f3n adelantada ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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