AC341-2021 (2021-00160-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC341-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00160-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n la promotora pidi\u00f3 que se declare a los convocados responsables civilmente de los da\u00f1os causados con el siniestro n.\u00ba 21192-17-26-01, que afect\u00f3 la \u00abp\u00f3liza de seguros de manejo global del sector oficial n.\u00ba 1003135\u00bb; se les condene solidariamente a la devoluci\u00f3n de $199.435.846 con ocasi\u00f3n del fallo del proceso de responsabilidad fiscal n.\u00ba 2011-20-04-04 cubierto por la demandante con orden de pago n.\u00ba 1810109086, m\u00e1s los inter\u00e9s de mora respectivos. <\/p>\n
2. Ese despacho judicial la rechaz\u00f3 por falta de competencia territorial, en raz\u00f3n a que el domicilio de William Hern\u00e1n P\u00e9rez Espinel y \u00d3scar Ra\u00fal Iv\u00e1n Fl\u00f3rez Ch\u00e1vez es la ciudad de Yopal, y aunque el de Sergio Manuel Hern\u00e1ndez Gamarra es Sincelejo se desprende que el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n es Casanare por ser el lugar de acatamiento de la p\u00f3liza referida, de conformidad con los numerales 1\u00ba y 3\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que remiti\u00f3 el escrito introductorio a su hom\u00f3logo de dicha localidad. <\/p>\n
3. El estrado destinatario del expediente declin\u00f3 su conocimiento, en raz\u00f3n a la prelaci\u00f3n del factor subjetivo pues la promotora es una entidad descentralizada por servicios con domicilio en la ciudad de Bogot\u00e1, por ende, corresponde a su hom\u00f3logo de la capital Rep\u00fablica el conocimiento del asunto, en los t\u00e9rminos del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 de la misma obra. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, precisando si tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del accionante, adem\u00e1s de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el pa\u00eds. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026 como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00). <\/p>\n
A su vez, el numeral 3\u00b0 dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00). <\/p>\n
3. Sin embargo, existen factores prevalentes sobre aquellos generales, en tanto el numeral 10\u00b0 dispone que: \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
4. Aplicando las anteriores premisas al caso de autos y partiendo de que el art\u00edculo 1.2.2.4 del decreto 1068 de 2015 y el canon 1\u00ba de los estatutos sociales de la entidad establecen la naturaleza jur\u00eddica de La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., al se\u00f1alar que: \u00abes una sociedad comercial de econom\u00eda mixta del orden nacional, sometida al r\u00e9gimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y capital independiente\u00bb (Resaltado por la Corte); se colige que es una entidad descentralizada por servicios del orden nacional, lo que impone la aplicaci\u00f3n del numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, el inciso 1\u00b0 del precepto 68 de la ley 489 de 1998 prev\u00e9 que son: \u00abentidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personer\u00eda jur\u00eddica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos y las dem\u00e1s entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio. Como \u00f3rganos del Estado aun cuando gozan de autonom\u00eda administrativa est\u00e1n sujetas al control pol\u00edtico y a la suprema direcci\u00f3n del \u00f3rgano de la administraci\u00f3n al cual est\u00e1n adscritas\u00bb (Resalt\u00f3 la Corte). <\/p>\n
Adem\u00e1s, sobre la aplicaci\u00f3n del numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la Sala ha manifestado lo siguiente: <\/p>\n
El ordenamiento prev\u00e9 diversos factores para saber a qui\u00e9n corresponde tramitar cada asunto. Uno, el territorial, como principio general se\u00f1ala que el proceso deber\u00e1 seguirse ante el funcionario con jurisdicci\u00f3n en el domicilio del demandado. Si son varios los accionados o el \u00fanico tiene varios domicilios, ser\u00e1 competente cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del demandante. <\/p>\n
Empero, hay ocasiones en las cuales esa regla se altera. Es as\u00ed como el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil prev\u00e9 que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad, p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Conocer en forma privativa significa que solo es competente el juez del domicilio de la entidad territorial o descentralizada por servicios o de la entidad p\u00fablica implicada\u201d (Resalt\u00f3 la Corte, AC2909, 10 may. de 2017, rad. n.\u00b0 2017-00989-00). <\/p>\n
Desde esa \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto esta localidad corresponde al domicilio principal de la accionante, tal como lo demuestra el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal allegado con la demanda. <\/p>\n
5. De otro lado, a\u00fan cuando esta Sala ha prohijado que en los juicios originados en un negocio jur\u00eddico tambi\u00e9n es competente el funcionario del lugar en el cual deben cumplirse las prestaciones asumidas por las partes, por disposici\u00f3n del numeral 3\u00b0 del canon 28 del CGP, en el sub lite no resulta aplicable en cuanto la competencia regulada en el numeral 10\u00b0 mencionado es prevalente sobre las reglas generales de competencia territorial. <\/p>\n
6. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro despacho involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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