AC343-2021 (2003-00891-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC343-2021 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dec\u00eddase sobre la solicitud de \u00abretiro de la demanda\u00bb de casaci\u00f3n de Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda, frente a la sentencia de 31 de enero de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios que el recurrente promovi\u00f3 contra el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante CSJ AC 2828-2020, 26 oct. 2020, la Sala inadmiti\u00f3 los once cargos de casaci\u00f3n sustentados por el recurrente y, adem\u00e1s, se tom\u00f3 la siguiente determinaci\u00f3n: <\/p>\n
13. A pesar de la ineptitud formal del escrito de sustentaci\u00f3n, una revisi\u00f3n detenida de la foliatura devela que se hace necesario acometer un estudio de fondo sobre la decisi\u00f3n de alzada, de cara los efectos que la decisi\u00f3n puede tener sobre el patrimonio p\u00fablico, dada la imposici\u00f3n de una condena al IDU para el pago de una indemnizaci\u00f3n en un tr\u00e1mite expropiatorio que fracas\u00f3 en contra de los intereses de este organismo; asimismo, conviene evaluar la revocatoria de la sanci\u00f3n impuesta en primera instancia a favor del Consejo Superior de la Judicatura, am\u00e9n de que este asunto no fue materia de los reparos concretos en la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el magistrado ponente, con fundamento en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso final del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, har\u00e1 uso de la selecci\u00f3n positiva para realizar el estudio de los temas mencionados. <\/p>\n
2. El anterior prove\u00eddo se notific\u00f3 mediante anotaci\u00f3n en el estado del d\u00eda 27 de octubre de 2020 (folio 109 vto del cuaderno Corte). Adicionalmente, en esa misma fecha se remiti\u00f3 la providencia por correo electr\u00f3nico al apoderado judicial del recurrente (folio 111 del cuaderno Corte). <\/p>\n
3. Mediante comunicaciones electr\u00f3nicas dirigidas a la Secretar\u00eda de la Sala el 27 de octubre de 2020, el apoderado judicial del recurrente manifest\u00f3 que retiraba la demanda invocando el art\u00edculo 92 del C\u00f3digo General del Proceso, por \u00abno estar notificado el \u00fanico demandado\u00bb, es decir, el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- (folios 110, 112 a 116 del cuaderno Corte), petici\u00f3n sobre la que procede pronunciarse. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan los preceptos 346 y 349 del C\u00f3digo General del Proceso, a la Sala le compete pronunciarse sobre algunas etapas del recurso de casaci\u00f3n, pero no todas, pues su atribuci\u00f3n se limita a decidir sobre la inadmisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n y a proferir la sentencia que la resuelva. Por contera, en aplicaci\u00f3n de la regla 35 ibid, las dem\u00e1s decisiones ser\u00e1n competencia del ponente. <\/p>\n
En tal orden de ideas, el suscrito magistrado goza de habilitaci\u00f3n legal para decidir la solicitud de \u00abretiro de la demanda\u00bb de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Aunque la demanda que inicia la instancia judicial y la de casaci\u00f3n son actos procesales de car\u00e1cter formal y reglado, pues se encuentran sometidas al cumplimiento de requisitos que deben ser verificados mediante pronunciamiento judicial, tienen funciones, requisitos, caracter\u00edsticas y vicisitudes enteramente diversas que impiden asimilarlas. <\/p>\n
Efectivamente, el centro de la demanda que comienza el proceso est\u00e1 primordialmente en los hechos y en las pretensiones para que sobre ellas se surta el debate probatorio y jur\u00eddico y se delimite el campo de acci\u00f3n de los falladores. Este acto procesal es susceptible de ser inadmitido, admitido o rechazado, y puede ser retirado, corregido, aclarado o reformado, seg\u00fan los plazos y condiciones se\u00f1alados en la ley. Adem\u00e1s, la notificaci\u00f3n oportuna al convocado del prove\u00eddo que lo admite, lo constituye en mora y tiene vocaci\u00f3n de interrumpir la prescripci\u00f3n o hacer inoperante la caducidad (arts. 82 y ss. ibid). <\/p>\n
Por el contrario, la demanda de casaci\u00f3n no vivifica una instancia del proceso y su epicentro no se encuentra en hechos o pretensiones, sino en los cargos que se encaminen con fundamento en las causales procedentes. Su funci\u00f3n consiste en sustentar un recurso extraordinario y no en fijar los linderos de un debate procesal que ya se agot\u00f3. Sobre ella procede, \u00fanicamente, la admisi\u00f3n -mediante decisi\u00f3n del ponente- o la inadmisi\u00f3n -por prove\u00eddo de la Sala-, sin que est\u00e9 previsto el rechazo. No constituye en mora, ni interrumpe o hace inoperantes t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n o de caducidad. Mucho menos le son aplicables las vicisitudes de aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n, reforma o retiro, por no estar previstas expresamente (preceptos 344 y ss. ejusdem). <\/p>\n
En tal orden de ideas, la demanda que comienza un proceso judicial y la de casaci\u00f3n, pese a que comparten el mismo nombre de \u00abdemanda\u00bb, tienen fisonom\u00edas propias que las hacen diversas, al punto que no son homologables e impiden que las vicisitudes establecidas para una puedan predicarse respecto de la otra, salvo norma expresa que establezca lo contrario. En efecto, el libelo judicial es susceptible de \u00abretiro\u00bb, acto que puede llevarse a cabo \u00abmientras no se haya notificado a ninguno de los demandados\u00bb y no existan medidas cautelares, porque si estas fueron decretadas debe mediar autorizaci\u00f3n judicial (art. 92 CGP). <\/p>\n
Por el contrario, el libelo sustentatorio del mecanismo extraordinario no es susceptible de tal figura, pues las normas que lo regulan no lo establecen, sin que pueda hablarse de un vac\u00edo reglamentario, sino de la no consagraci\u00f3n de tal evento. <\/p>\n
A lo anterior debe sumarse una raz\u00f3n que hace improcedente el \u00abretiro\u00bb de la demanda de casaci\u00f3n, con fundamento en el art\u00edculo 93 ejusdem. Esa disposici\u00f3n, al referirse a la demanda que da inicio al proceso (y no a la de la impugnaci\u00f3n extraordinaria), se\u00f1ala que puede retirarse \u00abmientras no se haya notificado a ninguno de los demandados\u00bb, porque si el enteramiento ya se hizo a alguno de ellos ser\u00e1 improcedente el retiro. Ciertamente, la notificaci\u00f3n aludida por esa disposici\u00f3n es la personal del auto admisorio de la demanda, o sea la primera que se hace a los convocados. Esto es relevante porque tanto el auto que admite como el que inadmite la demanda de casaci\u00f3n se comunican mediante anotaci\u00f3n en el estado, forma de notificaci\u00f3n que no se subsume en la norma citada. <\/p>\n
Finalmente, a pesar de que ha quedado claro que el retiro de la demanda de casaci\u00f3n es improcedente, resultar\u00eda inane acceder al mismo pues lo cierto es que, mediante decisi\u00f3n en firme, la Sala inadmiti\u00f3 la totalidad de los cargos contenidos en ella. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Negar la solicitud de retiro de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En firme esta providencia, retorne el expediente al despacho, conservando el turno, para proseguir con el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
<\/p>\n
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