AC384-2021 (2021-00306-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC384-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00306-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Villavicencio y su hom\u00f3logo Veintiuno de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda de imposici\u00f3n de servidumbre instaurada por Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P., el Banco de Bogot\u00e1 y Maribel L\u00f3pez Farf\u00e1n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En su escrito inicial, radicado ante los jueces civiles del circuito de Villavicencio, la actora pretendi\u00f3 que se imponga \u00abservidumbre legal de gaseoducto y tr\u00e1nsito con ocupaci\u00f3n permanente con fines de utilidad p\u00fablica (\u2026) sobre el predio denominado Lote 2 B, uicado en la vereda Apiay, jurisdicci\u00f3n del municipio de Villavicencio, departamento del Meta, identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00b0 230-29364\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, a quien correspondi\u00f3 la causa por reparto, la admiti\u00f3 por auto de 14 de agosto de 2015, y posteriormente, previa solicitud de la convocante, decidi\u00f3 dar aplicaci\u00f3n al canon 28-10 del C\u00f3digo General del Proceso, desprendi\u00e9ndose del asunto y ordenando repartirlo entre los jueces civiles del circuito de Bogot\u00e1, en consideraci\u00f3n a que all\u00ed tiene su domicilio la demandante. <\/p>\n
3. El estrado receptor, Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n se abstuvo de tramitar la demanda, arguyendo que \u00abla parte demandada tambi\u00e9n est\u00e1 integrada por una entidad p\u00fablica, por lo que perfectamente puede continuar conociendo el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, por su domicilio principal, jurisdicci\u00f3n donde se encuentra ubicado el predio objeto de servidumbre\u00bb. Con ese fundamento, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Colegiatura para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30, numeral 6, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el art\u00edculo 28-10 ejusdem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 153 y 254 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente), 9 (domicilio del demandante en asuntos en los que se convoca a la Naci\u00f3n), 10 (domicilio de las personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el art\u00edculo 28-1 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Como lo se\u00f1al\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, a partir de la expedici\u00f3n del auto CSJ AC140-2020, 24 ene., la Sala de Casaci\u00f3n Civil unific\u00f3 su criterio en el sentido de privilegiar en este tipo de tr\u00e1mites el factor de asignaci\u00f3n subjetivo previsto en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en aquellas situaciones en que el mismo resulta enfrentado al fuero real que contempla el numeral 7 de ese mismo precepto. <\/p>\n
Sin embargo, la controversia bajo estudio no puede zanjarse con fundamento en dicha hermen\u00e9utica, por cuanto la demanda de imposici\u00f3n de servidumbre que dio inicio a este proceso fue radicada el 25 de julio de 2014, es decir, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil5, de manera que las reglas de competencia que aqu\u00ed resultan aplicables son las previstas en ese cuerpo normativo. <\/p>\n
As\u00ed lo dispone, en forma expresa, el art\u00edculo 624 C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual la \u00abcompetencia para tramitar el proceso se regir\u00e1 por la legislaci\u00f3n vigente en el momento de formulaci\u00f3n de la demanda con que se promueva, salvo que la Ley elimine dicha autoridad\u00bb y en la misma direcci\u00f3n el numeral 8 del canon 625 de la codificaci\u00f3n en cita dispone que las \u00abreglas sobre competencia previstas en este C\u00f3digo, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda\u00bb. <\/p>\n
Lo anotado implica que el primero de los falladores enfrentados no estaba facultado para desprenderse del conocimiento del juicio en referencia, puesto que el inmueble sobre el que versan las pretensiones se encuentra en el municipio de Sincelejo y, conforme al art\u00edculo 23-10 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00aben los procesos (…) de servidumbres (…) ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes\u00bb. <\/p>\n
A ello cabe a\u00f1adir que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, a quien inicialmente se le asign\u00f3 el conocimiento del asunto, asumi\u00f3 la competencia desde el a\u00f1o 2015, raz\u00f3n adicional que imped\u00eda repeler las diligencias, en virtud del principio de perpetuatio jurisdictionis que rige en materia civil, el cual, valga resaltarlo, no encuentra excepci\u00f3n en este procedimiento, ante la inaplicabilidad de las reglas de competencia que prev\u00e9 el C\u00f3digo General del Proceso6. <\/p>\n
Sobre el particular, el precedente de la Sala ense\u00f1a que <\/p>\n
\u00ab(…) el juez que le d\u00e9 inicio a la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicci\u00f3n el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administraci\u00f3n de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluaci\u00f3n, c\u00f3mo no, tambi\u00e9n de su \u201ccompetencia\u201d, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en \u00e9l la prorrogaci\u00f3n de aquella at\u00e1ndolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala \u201cha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que despu\u00e9s de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes vari\u00e1ndola por iniciativa de aquellos\u201d (CSJ AC2103-2014, 28 abr. 2014, rad. 2014-00555-00)\u00bb (CSJ AC5451-2016, 25 ago.). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio deber\u00e1 seguir conociendo del proceso de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio para seguir conociendo de la demanda en referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n surtida al citado estrado judicial, e informar lo aqu\u00ed decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 De conformidad con el Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el C\u00f3digo General del Proceso entr\u00f3 a regir \u00edntegramente en todo el pa\u00eds solo a partir del 1 enero de 2016. <\/p>\n
6\u0002 En el auto de unificaci\u00f3n ya citado (AC140-2020, 24 ene.) la Corte precis\u00f3 que \u00ab(…) En el art\u00edculo 16 del nuevo estatuto procesal civil se estableci\u00f3 la improrrogabilidad de la competencia por los factores subjetivo y funcional, raz\u00f3n por la cual, los jueces pueden declarar su falta de competencia por esos factores incluso despu\u00e9s de haber impartido tr\u00e1mite al proceso, con independencia que esta haya sido o no alegada por las partes y de que la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal haya sido trabada, en cuyo caso lo actuado hasta antes de la sentencia conservar\u00e1 validez, incluidas las medidas cautelares que hayan sido practicadas\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC384-2021 (2021-00306-00) AC384-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00306-00 Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Villavicencio y su hom\u00f3logo Veintiuno de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda de imposici\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53349","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53349\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}