AC528-2021 (2020-03179-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC528-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2020-03179-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Angostura-Antioquia- y el Juzgado Sexto Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, atinente al conocimiento de la demanda de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica interpuesta por Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A E.S.P contra los se\u00f1ores Jes\u00fas Mar\u00eda Lopera y Edilson Mar\u00edn Gallego. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada por la empresa Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A E.S.P al \u00abJuez Promiscuo Municipal de Angostura Antioquia\u00bb, de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, \u00abDictar sentencia de imposici\u00f3n de servidumbre legal de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica y de telecomunicaciones (\u2026) a favor se INTERCONEXI\u00d3N EL\u00c9CTRICA S.A E.S.P., sobre un predio denominado \u201cLA ESPERANZA\u201d, ubicado en la vereda la \u201cCONCEPCI\u00d3N\u201d en jurisdicci\u00f3n del municipio de Angostura, Antioquia,(\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial en atenci\u00f3n al factor territorial. \u00abquienes conocen son los jueces de los municipios en los que se encuentra ubicado el inmuble\u00bb. <\/p>\n
2. El escrito incoativo fue asignado al Juzgado Promiscuo Municipal de Angostura, quien la admiti\u00f3 y surti\u00f3 varias actuaciones, entre ellas, orden\u00f3 medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda y la pr\u00e1ctica de una Inspecci\u00f3n Judicial. Sin embargo, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 05 de agosto del 2020, declar\u00f3 su falta de competencia. Al respecto, fundamento su postura en que: <\/p>\n
\u00ab En el caso en estudio tenemos que, INTERCONEXI\u00d3N EL\u00c9CTRICA ISA S.A. E.S.P., persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico y domiciliada en Medell\u00edn, adelanta ante este Juzgado la demanda verbal de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica,(\u2026) y decantada como se encuentra la calidad de la entidad demandante, cuyo domicilio se localiza en la ciudad de Medell\u00edn, no existe otra opci\u00f3n para que con fundamento en la disposici\u00f3n que acaba de transcribirse y la Unificaci\u00f3n jurisprudencial que se ha rese\u00f1ado- AC 140-2020, disponer sea remitido- por competencia y en el estado en que se encuentra- el presente proceso al se\u00f1or Juez Civil Municipal Reparto de la ciudad de Medell\u00edn\u00bb. (fl. 103 del archivo PDF \u2018otras actuaciones\u2019) <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue repartido y entregado al Juzgado Sexto Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn. No obstante, mediante auto de 21 de septiembre de 2020, opt\u00f3 por abstenerse de asumir conocimiento de este asunto y entonces, propuso el conflicto negativo de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Para ello precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda vez que el inmueble sobre el cual va a recaer la Servidumbre, se encuentra ubicado en el Municipio de Angostura- Antioquia, y que, adem\u00e1s, el Juzgado Promiscuo de dicho municipio ya asumi\u00f3 el conocimiento del proceso, este Despacho considera que el competente para continuar conociendo del presente asunto\u2026es el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ANGOSTURA \u2013 ANTIOQUIA. <\/p>\n
Por lo expuesto, en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis, y de conformidad con el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del proceso, se propone el conflicto negativo de competencia. (\u2026)\u00bb (fls. 1 al 3 del archivo PDF \u2018Conflicto Negativo de Competencia\u2019) <\/p>\n
<\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero anotar, que como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial, Antioquia y Medell\u00edn, la Corte es la competente para definirlo, tal y como lo establece el art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde est\u00e1 ubicado el inmueble, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. <\/p>\n
Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, puesto que el legislador privativamente determina la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, est\u00e1 llamada a encarar el debate. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 1 de febrero de 2019 rad. 2018-03601, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. N\u00b0 00772-00, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, para el caso espec\u00edfico de las servidumbres, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem, fij\u00f3 una competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la litis. Al respecto, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si \u00e9stos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Sin embargo, el numeral 10\u00b0 de ese mismo estatuto previene que \u00ab [e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
De manera tal que habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos de imposici\u00f3n de servidumbres en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implica una encrucijada que debe ser superada a trav\u00e9s de la actividad interpretativa de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Pues bien, preliminarmente, esta Corte hab\u00eda superado tal dilema al entender que el nuevo Estatuto Procesal no hab\u00eda variado la tradici\u00f3n legislativa en fijar la competencia de este tipos de procesos en el juez del lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes. Bajo tal l\u00ednea de pensamiento, ser\u00eda la disposici\u00f3n especial correspondiente al fuero real dentro del factor territorial la llamada a gobernar los asuntos all\u00ed dispuestos, por ser privativa, es decir, excluyente de otros fueros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, estim\u00f3 que si bien el numeral 10, art\u00edculo 28 del CGP prescribe que \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, la articulaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0, por corresponder ambos a fueros dentro del mismo factor territorial, real y general, impon\u00eda no tener por recibo la aplicaci\u00f3n del canon 29 del CGP, ya que este regula lo atinente a la prelaci\u00f3n del factor subjetivo frente a los otros factores, y el art\u00edculo 28 establece reglas de competencia atendiendo a un solo factor: el territorial. <\/p>\n
5. Sin embargo, tal postura fue variada el 24 de enero del 2020 en el prove\u00eddo AC140-20201, en el cual esta Corte decidi\u00f3 unificar jurisprudencia respecto del tema de marras. As\u00ed, en un caso de contornos similares, la Corporaci\u00f3n se decant\u00f3 por la aplicaci\u00f3n del inciso primero del citado art\u00edculo 29, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, por lo que en todos los tr\u00e1mites en donde participe un organismo de linaje \u00abp\u00fablico\u00bb habr\u00e1 de preferirse su \u00abfuero personal\u00bb. <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, en l\u00ednea de principio. Sin embargo, en el evento en que una de las partes sea entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta. Siendo, as\u00ed las cosas, la posible contradicci\u00f3n entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28, ib\u00eddem, es m\u00e1s aparente que real, ya que la misma se salva con una adecuada hermen\u00e9utica del ordenamiento jur\u00eddico, consolidada y unificada en el aludido auto AC140-2020. <\/p>\n
As\u00ed lo estableci\u00f3 la citada providencia, en la cual se se\u00f1al\u00f3 con meridiana claridad que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real ) y 10\u00b0 (subjetivo ) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha precisado lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?2 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320) (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020). <\/p>\n
6. En cuanto a la inaplicaci\u00f3n de la perpetuatio jurisdictionis, se destaca que no es procedente su aplicaci\u00f3n en el caso en concreto pues, por tratarse de una competencia determinada por el factor subjetivo representa una excepci\u00f3n al principio de prorrogabilidad, de tal forma que no aplica el principio de la jurisdicci\u00f3n perpetua. <\/p>\n
En tal sentido, el aludido prove\u00eddo se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEs decir, que esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis . En efecto, si el legislador opt\u00f3 por establecer el car\u00e1cter de improrrogable a los citados foros de distribuci\u00f3n, lo que se traduce en que de ellos no se puede disponer ni aun bajo el consentimiento de las partes, y determin\u00f3 que aunque lo actuado por el juzgador sin jurisdicci\u00f3n y competencia conserva validez, menos la sentencia, lo que finalmente consagr\u00f3 fue una excepci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb. <\/p>\n
7. Ahora bien, el asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte, en el caso particular concierne a la imposici\u00f3n de una servidumbre de conducci\u00f3n el\u00e9ctrica sobre un inmueble situado en el municipio de angostura- Antioquia – que promovi\u00f3 la sociedad Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica I.S.A. E.S.P, frente los se\u00f1ores Edilson Mar\u00edn Gallego, y otros. <\/p>\n
7.1. Sobre la naturaleza de la demandante se advierte que esta es una empresa de servicios p\u00fablicos mixta, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones. Tal informaci\u00f3n aparece en sus estatutos, frente a cuya naturaleza jur\u00eddica se precisa que: <\/p>\n
\u00abInterconexi\u00f3n ELECTRICA S.A E.S.P, que tambi\u00e9n podr\u00e1 utilizar la sigla ISA E.S.P, es una Empresa de Servicios P\u00fablicos mixta, oficial, constituida como Sociedad por acciones de la especie de las an\u00f3nimas, de car\u00e1cter comercial, del orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energ\u00eda, regida por las Leyes 142 y 143 de 1994\u00bb (fl. 43 del archivo PDF \u2018DDA\u2019) <\/p>\n
7.2. Aunado a lo anterior, ha de destacarse que, conforme lo prescribe el canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se entiende por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
En tal sentido, al observar la composici\u00f3n accionaria de la demandante se concluye que esta es, en efecto, una entidad p\u00fablica pues el 60.23% corresponde a inversionistas estatales (51,41% al Gobierno Colombiano y 8.82% a las Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn)3 <\/p>\n
7.3. As\u00ed las cosas, al ostentar la caracter\u00edstica de p\u00fablica, cuyo objeto es la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos, opera el privilegio reconocido por el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso a favor de la entidad p\u00fablica, para que en su sede que se adelante el litigio. <\/p>\n
Lo anterior independientemente de que el libelo se haya radicado ante los jueces del lugar donde se encuentra el bien objeto de la servidumbre, por cuanto, en atenci\u00f3n al precedente enunciado, dado que se trata de una competencia por el factor subjetivo, esta circunstancia no sirve para prorrogarla. <\/p>\n
8. Por las razones antedichas, procede remitir la presente demanda al Juzgado Sexto Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, a quien corresponde continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Sexto Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn. <\/p>\n
<\/p>\n
SEGUNDO: COMUNICAR lo decidido al Juzgado Promiscuo Municipal de Angostura \u2013 Antioquia, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR, el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva. <\/p>\n
CUARTO: LIBRAR, por Secretar\u00eda, los oficios correspondientes dej\u00e1ndose las constancias del caso. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2019-00320-00 <\/p>\n
2\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n