ATC059-2021<\/p>\n
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ATC059-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2020-00185-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 01 de diciembre de 2021, mediante la cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Suprior del Distrito Judicial de Monter\u00eda que neg\u00f3 el amparo reclamado por Dar\u00edo Laguado Monsalve, quien dice actuar a nombre propio y en su calidad de representante legal de SALUDVIDA EPS, contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de Monter\u00eda, extensiva al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma urbe. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la libertad individual y autonom\u00eda, igualdad, debido proceso, derecho al buen nombre, y al patrimonio individual, presuntamente trasgredidos por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Juana Francisca Petro Montalvo interpuso acci\u00f3n de tutela contra SALUDVIDA EPS \u2013 en liquidaci\u00f3n ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Monter\u00eda bajo el radicado 2019-00633-00. Con el ruego constitucional pretend\u00eda \u00abel pago de incapacidad No. 193638 con fecha inicio 25\/08\/2018 y fecha fin 23\/09\/2018, No. 195298 con fecha inicio 24\/09\/2018 y fecha fin 23\/10\/2018 y No. 196421 con fecha inicio 24\/10\/2018 y fecha fin 22\/11\/2018\u00bb. <\/p>\n
2.2. Surtido el correspondiente tr\u00e1mite, el despacho profiri\u00f3 sentencia el 24 de julio del 2019 en el que concedi\u00f3 la salvaguarda invocada y, en consecuencia, orden\u00f3 a la EPS \u00abcancele a la accionante JUANA FRANCISCO PETRO MONTALVO las incapacidades No.193638 con fecha inicio 25\/08\/2018 y fecha fin 23\/09\/2018, No. 195298 con fecha inicio 24\/09\/2018 y fecha fin 23\/10\/2018 y No. 196421 con fecha inicio 24\/10\/2018 y fecha fin 22\/11\/2018 prescritas por su m\u00e9dico tratante a la accionante por el accionante tr\u00e1nsito sufrido, aportadas como pruebas al plenario\u00bb. <\/p>\n
2.3. La se\u00f1ora Petro Montalvo present\u00f3 el 25 de octubre de 2019 incidente de desacato contra SALUDVIDA EPS, pues, transcurrido el t\u00e9rmino concedido, la orden no fue cumplida. Por tanto, en prove\u00eddo del 08 de noviembre del 2019, el municipal resolvi\u00f3 <\/p>\n
\u00ab\u201c(…) PRIMERO: SANCIONAR al Dr. DARIO LAGUADO MONSALVE o quien haga sus veces, en calidad de representante legal de SALUDVIDA EPS-S con cinco (05) d\u00edas de arresto que deber\u00e1 cumplir en las instalaciones del CTI FISCALIA, para cuya ejecuci\u00f3n se ordenar\u00e1 su captura. La orden de captura queda sujeta a la decisi\u00f3n del superior en consulta. TERCERO: SANCIONAR al doctor DARIO LAGUADO MONSALVE o quien haga sus veces, en calidad de representante leal de SALUDVIDA EPS-S con multa de cinco (05) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes a favor de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial\u00bb. <\/p>\n
2.4. El promotor manifest\u00f3 que mediante memoriales del 07 de enero de 2020 y 07 de abril de 2020, inform\u00f3 que \u00abel 31 de diciembre de 2019 el Ministerio de Salud y de la Protecci\u00f3n Social, expidi\u00f3 la Circular Externa 0000045 de 2019, y NOTIFIC\u00d3 LA ASIGNACI\u00d3N DE AFILIADOS DE SALUDVIDA EPS EN LIQUIDACI\u00d3N A OTRAS EPS, (\u2026), queriendo significar con ello, que, a partir de las 00:00 horas del 1\u00b0 de enero del 2020 los afiliados quedaron asignados a otras EPS legalmente habilitadas para para la prestaci\u00f3n del servicio de salud\u00bb. Destac\u00f3, adem\u00e1s, que la sociedad que representa \u00abse encuentra en imposibilidad jur\u00eddica y material para ordenar suministro o la prestaci\u00f3n que requiere el accionante, toda vez que se encuentra afiliado a la NUEVA EPS S.A. (\u2026)\u00bb. Tales argumentos fueron reiterados el 18 de febrero y 11 de mayo del 2020. <\/p>\n
2.5. Apuntal\u00f3 que, el 17 de septiembre del mismo a\u00f1o, solicit\u00f3 nuevamente al accionado la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n puesto que \u00abel accionante no present\u00f3 reclamaci\u00f3n alguna para que fuera tenida en cuenta dentro del proceso de acreencias, calificaci\u00f3n, graduaci\u00f3n del cr\u00e9dito y por consiguiente, no se comprob\u00f3 un debido proceso surtido por el interesado para que proceda el reconocimiento y pago por parte de la entidad en liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.6. Adujo que la sanci\u00f3n impuesta \u00abse encuentra confirmada en sede de consulta por parte de los Juzgados del Circuito, lo cual indica que el juzgado de consulta conoci\u00f3 la situaci\u00f3n de liquidaci\u00f3n e imposibilidad material y jur\u00eddica de la EPS para prestar servicios de salud y aun as\u00ed CONFIRM\u00d3 LA SANCI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
2.7. Se doli\u00f3 el promotor de que los juzgados de conocimiento y de consulta desconocieron \u00abel debido proceso que en estos casos se debe surtir, desatendiendo el estado de liquidaci\u00f3n de la EPS y contrariando los antecedentes jurisprudenciales, el acervo probatorio aportado, sino desconociendo que actualmente el proceso de acreencias se encuentra suspendido ante la emergencia sanitaria, de conformidad con lo notificado y publicado mediante Comunicado No. 20 por medio del cual se informa la suspensi\u00f3n de recepci\u00f3n y estudio de acreencias, as\u00ed como se prueba de las documentales que la accionante no ha surtido el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Monter\u00eda \u2013 C\u00f3rdoba incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho por su omisi\u00f3n de \u00abno dar aplicaci\u00f3n a los argumentos expuestos respecto IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURIDICA de dar cumplimiento a lo ordenado en autos de sanci\u00f3n\u00bb y, adem\u00e1s, \u00abcomo el hecho de NO INAPLICAR LA SANCI\u00d3N, en atenci\u00f3n al traslado de los usuarios, est\u00e1 incurriendo en defectos sustantivos por desconocimiento del antecedente jurisprudencial y constitucional, as\u00ed como desconoce la NO CONCURRENCIA de factores subjetivos y objetivos para imponer la sanci\u00f3n, defecto f\u00e1ctico por no valorar las pruebas aportadas\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que \u00abel Juzgado de conocimiento y de consulta, dejaron de hacer estudio del caso frente a los memoriales de 07 de enero de 2020, 18 de febrero de 2020, 11 de mayo de 2020, 28 de julio de 2020, 17 de septiembre de 2020, dejando de observar los escritos alegados desde dicha data hasta hoy\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 a que se tutelen sus derechos vulnerados y que, adem\u00e1s, se ordene a la accionada \u00abINAPLICAR las sanciones impuestas mediante auto del 08 de noviembre de 2019, atendiendo a los antecedes jurisprudenciales, ante la imposibilidad en la que se encuentra la liquidaci\u00f3n para pagar prestaciones y se le ordene a la EPS receptora el pago de la prestaci\u00f3n y posterior se surta el proceso de acreencias por parte de \u00e9sta\u00bb, as\u00ed como a \u00abORDENAR al JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE MONTER\u00cdA, C\u00d3RDOBA la vinculaci\u00f3n a la EPS RECEPTORA NUEVA EPS S.A. y se ordene el pago a \u00e9sta de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica reclamada\u00bb. <\/p>\n
4. El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo deprecado en atenci\u00f3n a que \u00abal haberse declarado desde el mes de febrero del a\u00f1o 2020, la nulidad de los prove\u00eddos por los cuales se les sancionaba al actor, dentro del asunto de marras, resulta meridianamente claro, que no existe vulneraci\u00f3n alguna de los pretensos derechos invocados por el tutelante, raz\u00f3n esta suficiente para negar el amparo solicitado\u00bb. <\/p>\n
5. El se\u00f1or Dar\u00edo Laguado Monsalve impugn\u00f3 la decisi\u00f3n y solicit\u00f3 se revoque la sentencia del A quo constitucional y, en su lugar, ordenar \u00abla INAPLICACI\u00d3N y NOTIFICACION DEL AUTO que presuntamente inaplic\u00f3 la sanci\u00f3n contra el suscrito\u00bb. <\/p>\n
Ello pues, a su juicio, \u00abDe los autos que han sido notificados por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Monter\u00eda, C\u00f3rdoba, no se registra que se haya notificado al correo de notificaciones legales de la entidad registrado en el Certificado de Camara y Comercio como NotificacionesLegales@saludvidaeps.com, auto del 10 de noviembre de 2020 en el que se deje sin efecto auto del 25 de octubre de 2019 y 23 de enero de 2020, en favor del suscrito y donde se deje sin efecto la mentada sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, determin\u00f3 que \u00abdeber\u00e1 el Alto Tribunal acreditar que en efecto se satisfacieron las presiones objeto de la presente tutela, en punto verificar que medie notificaci\u00f3n del auto que INAPLIQUE SANCI\u00d3N DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019; sobre esta situaci\u00f3n, la Corte Constitucional ha dicho que emitir orden al respecto carecer\u00eda de sentido, por lo que se debe declarar que el hecho ha sido superado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, que consagra el debido proceso, se constituye como un conjunto de garant\u00edas seg\u00fan las cuales nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio. <\/p>\n
2.- La acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del referido \u00abderecho fundamental\u00bb, dentro de las cuales se contempla la obligaci\u00f3n de notificar a las partes o intervinientes las providencias que se dicten, por as\u00ed ordenarlo el canon 16 del Decreto 2591 de 19911 y 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 20152. <\/p>\n
3.- En el presente asunto, como se anticip\u00f3, se advierte una irregularidad consistente en la omisi\u00f3n de notificar y vincular debidamente a todos los intervinientes dentro de la acci\u00f3n de tutela de radicado 2019-00633-00. <\/p>\n
Ciertamente, revisada la documental, pese a que se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Monter\u00eda en prove\u00eddo del 30 de noviembre del 20203, quien fungi\u00f3 como juez de consulta en el proceso cuestionado, no aparece prueba que evidencie que este hubiera sido notificado del auto admisorio del presente tr\u00e1mite. Por lo tanto, resulta imperativo darle a conocer la existencia de este mecanismo, para que ejerza su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el 21 de enero del 2021, se le solicit\u00f3 a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda la remisi\u00f3n del certificado de env\u00edo del enteramiento al vinculado. Sin embargo, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Por su parte, se encuentra que tampoco le fue notificada la sentencia proferida por el a quo constitucional. Ello pues el correo electr\u00f3nico al que presuntamente le fue enviado la notificaci\u00f3n del fallo fue al \u00abj03ccmon@cencoj.ramajudicial.gov.co\u00bb cuando la direcci\u00f3n real es: \u00abj03ccmon@cendoj.ramajudicial.gov.co\u00bb. <\/p>\n
4.- Lo anterior, desemboca en la causal de nulidad reglada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 CGP. Tal preceptiva resulta aplicable a la presente acci\u00f3n constitucional en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 que dispone \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto\u00bb. <\/p>\n
5.- Por tanto, lo rese\u00f1ado impone declarar la invalidez de todo lo actuado con posterioridad al auto que avoca conocimiento, para que el a-quo constitucional cumpla con la formalidad de vincular y notificar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Monter\u00eda. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
1.- DECLARAR la nulidad de lo actuado por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda a partir del auto que admite la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2.- DISPONER que por Secretar\u00eda se devuelva el expediente al a-quo constitucional, para que reponga la actuaci\u00f3n anulada. Of\u00edciese. <\/p>\n
3.- ORDENAR notificar esta decisi\u00f3n a los interesados, en la forma prescrita en el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado. <\/p>\n
1\u0002 \u00abNOTIFICACIONES. Las providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abDE LA NOTIFICACI\u00d3N DE LAS PROVIDENCIAS A LAS PARTES. De conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los intervinientes\u2026 <\/p>\n
3\u0002 PDF \u00ab23001221400020200018500_ACT_AUTO VINCULA_30-11-2020 7.50.03 a.m.\u00bb. <\/p>\n
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