ATC076-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC076-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01255-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de septiembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio C\u00e9sar Mart\u00ednez contra las Salas Penal y Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, los Juzgados 2\u00b0 Penal del Circuito Especializado y 2\u00b0 Laboral del Circuito de esa misma ciudad y el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi Territorial Magdalena; si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992.1 <\/p>\n
Ello porque no vislumbra la Corte que hayan sido enterados del inicio del presente tr\u00e1mite constitucional a la Procuradur\u00eda Provincial de Santa Marta, a la Secretar\u00eda de Hacienda de esa misma ciudad, Jaime Cerchar Celed\u00f3n, Miguel Escaff Jaller, Gaspar Cerchar Henao, Reynaldo Su\u00e1rez, Wilmer Vel\u00e1squez, Ambrosio Plata Lucas Gnecco, Caf\u00e9 Sello Rojo y la Sociedad Cerro Blanco S.A, , as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la acci\u00f3n de tutela 47001-31-07-002-2019-00123 a efectos de que pudieran intervenir en esta causa supralegal, siendo directo su inter\u00e9s, habida cuenta que fungieron como intervinientes en dicha contienda, la que ahora constituye materia de reproche. <\/p>\n
Ciertamente, si bien el a quo constitucional fij\u00f3 aviso para comunicar la existencia de la petici\u00f3n de amparo, no vislumbra la Corte que haya intentado, previamente, la notificaci\u00f3n personal de los referidos ciudadanos, de no olvidar que un emplazamiento como el efectuado est\u00e1 fijado por la jurisprudencia como \u00faltimo recurso de enteramiento; sumado al hecho de que all\u00ed se dispuso la notificaci\u00f3n de los \u00abterceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo del asunto, a las partes e intervinientes reconocidos al interior del proceso ordinario de pertenencia con radicado 47001-31-03-003-2013-00149-00 DEMANDA DE PRESCRIPCI\u00d3N EXTRAORDINARIA DE DOMINIO\u00bb, sin que sea dicho juicio el ac\u00e1 censurado, pues lo criticado son los fallos de tutela que el actor ha formulado. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha indicado: <\/p>\n
\u2026que si bien, el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que \u00ab[l]as providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb, lo cierto es, que jurisprudencialmente se ha hecho hincapi\u00e9 en que \u00ablo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc\u00bb; luego entonces, y como quiera que en el presente asunto, se advierte que se pretendi\u00f3 la vinculaci\u00f3n de los citados ciudadanos a trav\u00e9s de aviso\u2026 sin que exista una constancia o justificaci\u00f3n respecto de la imposibilidad de lograr tal cometido de manera personal, en desquicio de las formas procesales de notificaci\u00f3n, se itera, lo actuado es susceptible de nulitar (CSJ, ATC, 16 jul. 2018, rad. 2018-00246-01). <\/p>\n
3. Se precisa que la notificaci\u00f3n a los interesados se debe efectuar de manera directa, sin que sea v\u00e1lida la comunicaci\u00f3n a trav\u00e9s de su apoderado judicial, pues cuando al fallador le resulte realmente imposible la notificaci\u00f3n personal, como \u00faltimo remedio incluso puede acudir al llamado edictal, en los t\u00e9rminos que reiteradamente lo ha expuesto esta Corte. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que esta Corporaci\u00f3n sent\u00f3 que no se observaba el debido proceso en el tr\u00e1mite de tutela cuando se entera al apoderado judicial de la parte o interviniente, dado que: <\/p>\n
\u2026la no vinculaci\u00f3n de (XXX) quien acumul\u00f3 un libelo de cobro compulsivo en el curso del procedimiento que motiva el reclamo constitucional, pero no se le enter\u00f3 personalmente de su existencia, sino que se le comunic\u00f3 a su mandataria, con quien no se satisfacen a cabalidad las garant\u00edas al presente procedimiento excepcional. <\/p>\n
Frente al punto, la Corte explic\u00f3 en asunto semejante que \u2018[a]s\u00ed, es claro, como ya se dijera, que lo decidido en la presente acci\u00f3n tambi\u00e9n incumbe a las referidas demandantes\u2026, sin que, a su vez, hubiesen sido enteradas, como era del caso, de esa tramitaci\u00f3n, gener\u00e1ndose el vicio expuesto, toda vez que la notificaci\u00f3n efectuada se surti\u00f3 con el apoderado\u2026, quien funge como su representante judicial en el litigio que origina esta actuaci\u00f3n de amparo y que al efecto actu\u00f3 en el presente asunto conforme se observa a folios 338 a 340 del cuaderno uno, enteramiento que no releva materializar la notificaci\u00f3n que origin\u00f3 la deficiencia apuntada, puesto que el actuar del aludido abogado no suple el debido conocimiento del tr\u00e1mite constitucional que hab\u00eda de proveerse directamente con aquellas, am\u00e9n que omiti\u00f3 aportar el mandato correspondiente para que pudiera actuar en dicha calidad\u2019 (auto del 4 de mayo de 2012, exp. 2012-00102-01) (CSJ ATC, 14 feb. 2013, rad. 2012-00973-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC750-2015, 19 feb. 2015, rad. 2014-00369-01). <\/p>\n
4. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal\u2026 Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces\u2026 <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador\u2026 (CC A-018\/05). <\/p>\n
5. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda Provincial de Santa Marta, a la Secretar\u00eda de Hacienda de esa misma ciudad, Jaime Cerchar Celed\u00f3n, Miguel Escaff Jaller, Gaspar Cerchar Henao, Reynaldo Su\u00e1rez, Wilmer Vel\u00e1squez, Ambrosio Plata Lucas Gnecco, Caf\u00e9 Sello Rojo y la Sociedad Cerro Blanco S.A, , as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la acci\u00f3n de tutela 47001-31-07-002-2019-00123, toda vez que al omitirlas les fue impedido intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendieran hacer valer. <\/p>\n
6. Por lo consignado, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda Provincial de Santa Marta, a la Secretar\u00eda de Hacienda de esa misma ciudad, Jaime Cerchar Celed\u00f3n, Miguel Escaff Jaller, Gaspar Cerchar Henao, Reynaldo Su\u00e1rez, Wilmer Vel\u00e1squez, Ambrosio Plata Lucas Gnecco, Caf\u00e9 Sello Rojo y la Sociedad Cerro Blanco S.A, , as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la acci\u00f3n de tutela 47001-31-07-002-2019-00123, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena regresar el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n para que renueve la actuaci\u00f3n, conforme a lo anotado en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC076-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC076-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01255-01 Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2021). 1. Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de septiembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53364","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53364","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53364"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53364\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53364"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53364"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53364"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}