ATC097-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC097-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2020-01812-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 1 de diciembre de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Myriam Araque Galvis, contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Procurador General de la Naci\u00f3n; si no fuese porque se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio la solicitante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, petici\u00f3n, igualdad, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, aparentemente conculcadas por las autoridades acusadas, puesto que no han emitido respuesta de fondo en relaci\u00f3n con la solicitud formulada el 20 de octubre de 2020. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refiere, en s\u00edntesis, que se adelant\u00f3 en su contra juicio penal por el delito de injuria, en el que result\u00f3 absuelta en primera instancia, no obstante, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, al desatar la apelaci\u00f3n emiti\u00f3 fallo condenatorio. <\/p>\n
Precisa, que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral revoc\u00f3 en su integridad el citado fallo, el 29 de julio de 2020, y que actualmente el asunto se encuentra ante la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Afirma, que como le fue desconocida su garant\u00eda a la doble conformidad, el 20 de octubre de 2020, formul\u00f3 petici\u00f3n al Procurador General de la Naci\u00f3n, en la que, entre otros requerimientos, pretend\u00eda que esta autoridad interviniera ante la Corte Constitucional en el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n de la prenombrada acci\u00f3n de tutela \u00ab(\u2026) por tratarse de un asunto sobre el cual hubo flagrante violaci\u00f3n de [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Agrega, que tambi\u00e9n solicit\u00f3 \u00ab(\u2026) intervenir en la actuaci\u00f3n del Procurador 56 judicial II penal de San Gil; por omitir en consecuencia realizar una verdadera intervenci\u00f3n en favor de [sus] intereses como agente especial dentro de las diferentes acciones constitucionales impetradas\u00bb. <\/p>\n
Sostiene, que a la fecha de radicaci\u00f3n del presente resguardo, esto es, 20 de noviembre de 2020, no ha recibido respuesta alguna en relaci\u00f3n con su solicitud. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene al Procurador General de la Naci\u00f3n (i) resolver de fondo la petici\u00f3n formulada, (ii) \u00abla intervenci\u00f3n inmediata del se\u00f1or procurador (\u2026) referente al recurso de insistencia en sede de revisi\u00f3n promovido en la Corte Constitucional (\u2026) frente a las decisiones proferidas por la Sala Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia que neg\u00f3 el amparo a su derecho a la doble conformidad\u00bb; (iii) avocar el conocimiento sobre lo informado (\u2026) frente a los que intervinieron en dichos asuntos y dem\u00e1s servidores p\u00fablicos de polic\u00eda judicial que fueron denunciados\u00bb. <\/p>\n
3. Mediante fallo de 1 de diciembre de 2020 la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el auxilio reclamado, decisi\u00f3n que fue impugnada por la convocante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 (que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) dictado por el Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, introdujo el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, que predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
2. Definici\u00f3n de la competencia. <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Corte la falta de competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, para resolver en primera instancia la presente tutela, al advertirse que involucra los fallos proferidos por las Salas de Casaci\u00f3n Civil, y Laboral, respectivamente, en virtud de la acci\u00f3n constitucional n\u00ba 2020-00842, pues n\u00f3tese que uno de los reclamos sobre los cuales gravita esta solicitud de amparo se circunscribe a requerir del Procurador General de la Naci\u00f3n su intervenci\u00f3n para que el asunto sea seleccionado en revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, debido al supuesto desconocimiento de esta Corporaci\u00f3n a su garant\u00eda a la doble conformidad. <\/p>\n
Bajo ese contexto, y conforme a lo preceptuado en el numerales 7 y 11 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1983 de 2017, el presente resguardo debi\u00f3 ser sometido a reparto a esta Corporaci\u00f3n para que fuese conocido en primera instancia. <\/p>\n
La referida normativa establece que \u00ab7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto\u00bb. <\/p>\n
\u00ab11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, en este caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
En este orden, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para conocer en primera instancia la salvaguarda y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por la colegiatura a-quo (proferido el 1 de diciembre de 2020) se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 1 de diciembre de 2020 en el asunto de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que sea sometida a reparto la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama u otro medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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