ATC098-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC098-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2020-00201-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de diciembre de 2020, mediante el cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Edinson Miguel P\u00e9rez Argumedo contra la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013ANI y la Concesi\u00f3n Ruta al Mar S.A.S., tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo \u2013Asuntos \u00c9tnicos y al Ministerio del Interior, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor del amparo en nombre propio y como integrante del Cabildo Ind\u00edgena Zen\u00fa de Carrillo, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al territorio, a la \u00abidentidad cultural\u00bb, a la \u00abautonom\u00eda\u00bb, a la \u00abseguridad y soberan\u00eda alimentaria\u00bb, al \u00abejercicio de pr\u00e1cticas tradicionales\u00bb y a \u00abun ambiente sano\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad y el particular convocados, en el tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n con miras a la expropiaci\u00f3n de una parte del predio denominado \u00abDios me vea\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar sus quejas expone, en s\u00edntesis, que el cabildo al que pertenece goza de los derechos fundamentales a la autonom\u00eda, autoreconocimiento, autodeterminaci\u00f3n, identidad cultural, a las pr\u00e1cticas tradicionales y al acceso a un territorio individual y colectivo, no obstante, en la ejecuci\u00f3n del proyecto para la Conexi\u00f3n vial Antioquia \u2013Bol\u00edvar, realizado bajo el esquema de APP No. 016 de 2015 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI y la Concesi\u00f3n Ruta al Mar S.A.S., se requiri\u00f3 la adquisici\u00f3n del referido predio, ubicado en la Vereda Carrillo, jurisdicci\u00f3n del municipio de San Pelayo, Departamento de C\u00f3rdoba, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 143-15956 de la ORI de Ceret\u00e9, el cual hace parte del \u00abTerritorio Ancestral del Cabildo Ind\u00edgena Carrillo\u00bb, predio donde, dice, su familia y comunidad desarrollan actividades tradicionales, culturales, espirituales y econ\u00f3micas, propias de su comunidad. <\/p>\n
Asegura que por la situaci\u00f3n, el 3 de noviembre de 2020 elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n a la Concesi\u00f3n Ruta al Mar SAS para que las anteriores circunstancias fueran tenidas en cuenta al momento del aval\u00fao del predio; no obstante, el d\u00eda 26 del mismo mes y a\u00f1o se le inform\u00f3 que la normatividad para la adquisici\u00f3n de predios para proyectos de infraestructura de transporte no contemplaba tal compensaci\u00f3n econ\u00f3mica, y, se le notific\u00f3 de la orden de la ANI para iniciar los tr\u00e1mites judiciales de expropiaci\u00f3n, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor y del cabildo del que hace parte. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras advertir, en suma, que el predio relacionado en la tutela \u00abno es un resguardo ind\u00edgena, sino un bien de propiedad [del accionante], que de acuerdo con lo expresado en sus hechos busca un beneficio econ\u00f3mico de las costumbres que \u00e9ste realiza al interior del bien inmueble. (\u2026) De lo anterior es claro que el actor busca con la presente acci\u00f3n que sean tasados econ\u00f3micamente cada uno de los aspectos culturales, econ\u00f3micos, espirituales al interior del bien inmueble en que convive, objeto de expropiaci\u00f3n. No obstante, la Sala advierte que, para los procesos de expropiaci\u00f3n, cuando \u00e9ste sea para una utilidad p\u00fablica se encuentran establecidos procedimientos, en los cuales la persona propietaria del bien objeto a expropiar, puede oponerse a la oferta econ\u00f3mica hecha por la entidad, en este caso Consorcio Ruta del Mar S.A.S.\u00bb, conforme establece el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que \u00abde concederse la presente acci\u00f3n, se entrar\u00eda a resolver puntos del proceso de expropiaci\u00f3n, que a\u00fan no han sido resueltos, donde todav\u00eda no se le ha notificado del auto admisorio de la demanda al accionante, sino del acto administrativo que ordena la expropiaci\u00f3n del bien\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Impugnada la sentencia por la parte accionante, fue remitida a esta Corte para lo pertinente, a trav\u00e9s del correo institucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica antes descrita, se desprende la falta de competencia de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda para desatar el resguardo rogado en primera instancia, por cuanto la queja se dirige, en realidad, frente a la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013ANI, la Concesi\u00f3n Ruta al Mar S.A.S., por ser la autoridad, y, el particular que suscribieron la APP No. 016 de 2015 para la construcci\u00f3n de la Conexi\u00f3n vial Antioquia \u2013Bol\u00edvar, proyecto en cuya etapa administrativa se hizo al actor la oferta para expropiaci\u00f3n del bien de su propiedad, con la cual aqu\u00e9l no est\u00e1 de acuerdo, porque no contempla compensaci\u00f3n por los aspectos culturales, espirituales, medicinales y ancestrales ligados a esa tierra ancestral del Cabildo Ind\u00edgena Zen\u00fa de Carrillo, al que \u00e9l pertenece. <\/p>\n
2. Entonces, como la acci\u00f3n de amparo involucra a la ANI, que \u00abes una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional1\u00bb, corresponde su conocimiento en primera instancia a los jueces con categor\u00eda circuito, de conformidad a lo establecido en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 20172. <\/p>\n
3. La Corte ha destacado que, \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC139-2020). <\/p>\n
4. En consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es menester declararla a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas y, se ordenar\u00e1 remitir el expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Ceret\u00e9, C\u00f3rdoba, para su conocimiento, por ser el circuito judicial donde se ubica el predio involucrado en los hechos y por ende donde se genera la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
5. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, esta Corporaci\u00f3n ha precisado de tiempo atr\u00e1s, que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (CSJ ATC554-2019). <\/p>\n
6. En este orden de ideas, se impone declarar la invalidez del fallo dictado en primera instancia y el env\u00edo del expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Ceret\u00e9, C\u00f3rdoba, pues como se advirti\u00f3, la protecci\u00f3n invocada se dirige realmente es contra una autoridad del orden nacional, siendo las dem\u00e1s vinculaciones aparentes. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 16 de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Ceret\u00e9, C\u00f3rdoba, con el fin de que se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026)2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
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