ATC154-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC154-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2020-00340-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n propuesta contra el fallo de 21 de enero de 2021, proferido por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Marlene Duque Bedoya y Daniel Garc\u00e9s Blanco contra los Juzgados Promiscuo Municipal y Civil del Circuito de L\u00e9rida, si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse: <\/p>\n
1. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la convocatoria de todos los sujetos que puedan tener inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, para que puedan ejercer su defensa como salvaguarda del debido proceso. <\/p>\n
La Corte Constitucional ha doctrinado sobre el acto de enteramiento que: <\/p>\n
\u2026lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal\u2026 Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces\u2026 <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador\u2026 (Corte Constitucional A-018\/05). <\/p>\n
2. Cuando el proceso de notificaci\u00f3n no es realizado o lo es de forma imperfecta se incurre en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 19921, el cual consagra que el proceso es inv\u00e1lido \u00abcuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aqu\u00e9llas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. En el presente asunto, por auto de 16 de diciembre de 2020 el tribunal a-quo admiti\u00f3 la demanda de tutela y orden\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de L\u00e9rida notificar su admisi\u00f3n \u00aby las dem\u00e1s decisiones que en el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n constitucional se profieran a las partes y dem\u00e1s personas intervinientes dentro del proceso reivindicatorio (\u2026), Radicaci\u00f3n No. 2017-00015-00\u00bb (sic). <\/p>\n
Sin embargo, el juzgado encargado de tal tr\u00e1mite no aport\u00f3 la constancia de notificaci\u00f3n de C\u00e9sar Antonio Robayo Garc\u00eda, demandante inicial en el proceso reivindicatorio que por esta v\u00eda se critica, y, el fallador constitucional omiti\u00f3 verificar el cumplimiento de la orden. <\/p>\n
Y aun cuando enter\u00f3 al profesional del derecho que en esa causa judicial represent\u00f3 a dicho interviniente, tiene dicho esta Corporaci\u00f3n que aquella omisi\u00f3n no se colma con este proceder, en tanto que: <\/p>\n
Frente al punto, la Corte explic\u00f3 en asunto semejante que \u2018[a]s\u00ed, es claro, como ya se dijera, que lo decidido en la presente acci\u00f3n tambi\u00e9n incumbe a las referidas demandantes,\u2026 sin que, a su vez, hubiesen sido enteradas, como era del caso, de esa tramitaci\u00f3n, gener\u00e1ndose el vicio expuesto, toda vez que la notificaci\u00f3n efectuada se surti\u00f3 con el apoderado\u2026, quien funge como su representante judicial en el litigio que origina esta actuaci\u00f3n de amparo y que al efecto actu\u00f3 en el presente asunto conforme se observa a folios 338 a 340 del cuaderno uno, enteramiento que no releva materializar la notificaci\u00f3n que origin\u00f3 la deficiencia apuntada, puesto que el actuar del aludido abogado no suple el debido conocimiento del tr\u00e1mite constitucional que hab\u00eda de proveerse directamente con aquellas, am\u00e9n que omiti\u00f3 aportar el mandato correspondiente para que pudiera actuar en dicha calidad\u2019 (auto del 4 de mayo de 2012, exp. 2012-00102-01) (CSJ ATC, 14 feb. 2013, rad. 2012-00973-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC750-2015, 19 feb. 2015, rad. 2014-00369-01). <\/p>\n
En este sentido, am\u00e9n que los efectos de la decisi\u00f3n constitucional que se adopte podr\u00edan irradiar sobre \u00e9l, su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite constitucional deviene imperativa, con el fin de que pueda utilizar los mecanismos de defensa y, por ende, se le garantice su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
4. Por lo consignado se dispondr\u00e1 devolver el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil – Familia, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de C\u00e9sar Augusto Robayo Garc\u00eda, sin perjuicio de la validez de las pruebas recolectadas con anterioridad, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del CGP. <\/p>\n
2. Se ordena regresar el expediente de tutela al Tribunal de origen para que renueve la actuaci\u00f3n, conforme a lo anotado en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del decreto n.\u00b0 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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