ATC169-2021<\/p>\n
<\/p>\n
ATC169-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00322-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1 y el Juzgado Civil Municipal de Madrid, Cundinamarca, para conocer de la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Jableidy Romero Carrero contra Gaseosas Lux S.A.S. y Gaseosas Posada Tob\u00f3n S.A., Postob\u00f3n S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales a no ser discriminada, al trabajo, a la salud, a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, al m\u00ednimo vital de su n\u00facleo familiar, a la dignidad humana y a la solidaridad, presuntamente vulnerados por las accionadas, al haberle terminado su contrato de trabajo de forma intempestiva y sin justa causa. En consecuencia, solicit\u00f3 el reintegro a su puesto de trabajo, por parte del empleador. <\/p>\n
Es de anotar que si bien en el asunto de la tutela se indica que \u00e9sta tambi\u00e9n se dirige contra el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de la Seguridad Social en Salud -ADRESS, COMPENSAR, en el contenido de la misma se establece claramente como demandados \u00fanicamente a las empresas antes mencionadas, frente a las cuales se enfilan las s\u00faplicas y pretensiones de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. La tutela fue asignada al Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1, el cual, mediante auto del 1 de febrero del a\u00f1o en curso, manifest\u00f3 que \u00abse tiene que el tutelante reside en la Carrera 1B este # 17 A \u2013 08 barrio primero de mayo, Madrid (Cundinamarca) y que las entidades accionadas, esto es, GASEOSAS LUX S.A.S, GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y POSTOBON S.A. tienen su domicilio para notificaciones judiciales en la ciudad de MEDELLIN (ANTIOQUIA), tal como se desprende de los certificados de C\u00e1mara y Comercio\u00bb. En este sentido, indic\u00f3 que \u00abla competencia para conocer la presente acci\u00f3n se encuentra en las autoridades judiciales de estas ciudades, y no en este Despacho donde se incoa la acci\u00f3n, por lo cual se proceder\u00e1 a remitir las diligencias a la autoridad judicial del domicilio del accionante, por el factor territorial (\u2026) para que sea all\u00ed donde se le desate esta controversia constitucional\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, dicha autoridad judicial decidi\u00f3 remitir el asunto \u00abal Juzgado Civil Municipal de Madrid\u00bb. <\/p>\n
3. El tr\u00e1mite fue asignado al Juzgado Civil Municipal de Madrid, Cundinamarca, el cual, a trav\u00e9s de auto del 1 de febrero del presente a\u00f1o, consider\u00f3 que \u00abPor v\u00eda normativa y jurisprudencial se impuso en consecuencia la imposibilidad de los jueces para desconocer la decisi\u00f3n de la parte accionante respecto de quien tramitar\u00e1 su proceso y por ello tal expresi\u00f3n prima y prevalece sobre el criterio territorial que invoca el remitente\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, declar\u00f3 que carec\u00eda de competencia por el factor prevalente y envi\u00f3 las diligencias a la Corte Suprema de Justicia para que dirima el conflicto. <\/p>\n
4. De conformidad con lo expuesto, se procede a resolver lo pertinente, con base en las siguientes, <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, en esta Sala radica la competencia para resolver el presente conflicto. Ello, en raz\u00f3n a que los despachos enfrentados pertenecen a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y son de diferentes distritos judiciales. <\/p>\n
2. Al respecto, esta Colegiatura, de manera insistente, ha explicado que el Decreto 1983 de 2017 reitera lo codificado en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan el cual en este amparo constitucional la competencia se atribuye a prevenci\u00f3n y, de modo general, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n \u00abdonde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n
\u00abfacilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionada, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos\u00bb (CSJ ATC299-2020, se resalta). <\/p>\n
3. En el caso sub examine, se evidencia que, a pesar de que la accionante escogi\u00f3 a los Jueces de Bogot\u00e1 para radicar la salvaguarda, no existe ninguna conexi\u00f3n entre esta ciudad y los lugares donde ocurri\u00f3 la presunta violaci\u00f3n o amenaza, ni donde se producen sus efectos. Por lo que, no se cumple con los preceptuado por el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, del escrutinio de las documentales allegadas, se observa que en el escrito genitor la actora manifest\u00f3 residir en Madrid, Cundinamarca; asimismo, indic\u00f3 como lugar de notificaciones la citada entidad territorial1. En cuanto al domicilio principal de las accionadas adujo que era Medell\u00edn, Antioquia. <\/p>\n
En este sentido, como lo que pretende con el amparo es el reintegro a sus labores, la competencia por factor territorial recaer\u00e1 en la ciudad donde la peticionaria tiene su domicilio por ser este el lugar donde se desenvuelve en forma cotidiana y donde se est\u00e1n produciendo los efectos de la actuaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, en aras de hacer prevalecer lo dispuesto por el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia citada, se declarar\u00e1 competente para conocer el asunto en cuesti\u00f3n al Juzgado Civil Municipal de Madrid, Cundinamarca, en concordancia con lo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1983 de 2017, por el cual \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Civil Municipal de Madrid, Cundinamarca. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido en esta providencia al Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la autoridad judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: La Secretar\u00eda librar\u00e1 los oficios correspondientes y dejar\u00e1 constancia del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 77 y 91, \u201c01Acci\u00f3ndetutela.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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