ATC175-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC175-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00010-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia del 25 de enero de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la salvaguarda promovida por Manuel Gonzalo Sabogal Restrepo contra el Juzgado Tercero de Familia de esa urbe, con ocasi\u00f3n del proceso \u201cejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer\u201d (cumplimiento r\u00e9gimen de visitas), seguido por el aqu\u00ed querellante en favor suyo y en el de su menor hija Mariana Sabogal P\u00e1ez1, frente a Tatiana P\u00e1ez P\u00e9rez, radicado bajo el n\u00famero 2018-00330. No obstante, en la actuaci\u00f3n surtida se advierte una causal de nulidad, la cual afecta la actividad desplegada, como a continuaci\u00f3n se procede a explicar. <\/p>\n
1. El promotor del auxilio demanda la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, presunci\u00f3n de inocencia, defensa y contradicci\u00f3n, igualdad, buena fe y confianza leg\u00edtima, \u201ccosa juzgada procesal\u201d, prevalencia del derecho sustancial, \u201cprincipio de perentoriedad y preclusi\u00f3n de los t\u00e9rminos procesales\u201d, presuntamente vulneradas por la autoridad encartada. <\/p>\n
2. Del extenso el escrito tutelar y las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos soporte de esta salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
El 18 de abril de 2018, el Juez Tercero de Familia de Bucaramanga, en audiencia adelantada dentro del juicio de reglamentaci\u00f3n de visitas radicado bajo el n\u00famero 2017-00339, aprob\u00f3 el acuerdo conciliatorio entre Manuel Gonzalo Sabogal Restrepo y Tatiana P\u00e1ez P\u00e9rez. <\/p>\n
El 9 de julio siguiente, estimando incumplido el memorado pacto, Sabogal Restrepo formul\u00f3, ante el referido estrado, demanda ejecutiva \u201cpor obligaci\u00f3n de hacer\u201d a la mam\u00e1 de su hija, litigio donde, luego de varios tr\u00e1mites, mediante providencia del 10 de diciembre siguiente, se libr\u00f3 el mandamiento reclamado y se orden\u00f3 el emplazamiento de la all\u00ed convocada, ante el supuesto desconocimiento de su paradero. <\/p>\n
El 7 de febrero de 2019, la demandada se notific\u00f3 personalmente de la decisi\u00f3n referida y, en oposici\u00f3n a ella, propuso excepciones de m\u00e9rito, de las cuales se corri\u00f3 traslado al ejecutante el 4 de marzo siguiente. <\/p>\n
Afirma el quejoso que el 8 de abril de 2019, el despacho confutado, atendiendo lo reglado en el art\u00edculo 443 del C\u00f3digo General del Proceso, fij\u00f3 el 28 de mayo ulterior para audiencia; no obstante, el 22 de mayo, dispuso suspender el decurso, hasta tanto, se dictara el fallo del tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos de la menor, adelantado ante el I.C.B.F. <\/p>\n
Manifiesta que, tras definirse dicho proceso administrativo, mediante Resoluci\u00f3n 017 del 26 de junio de 2019, y, luego de varias solicitudes de reactivaci\u00f3n del litigio cuestionado, elevadas por \u00e9l, la Defensor\u00eda de Familia e, incluso, la Procuradora 6 Judicial para asuntos de Familia, el juzgador encausado, en auto del 31 de julio ulterior, reanud\u00f3 el decurso, estableciendo el 25 de septiembre de 2019, para adelantar la audiencia pertinente. <\/p>\n
Sostiene que el 14 de agosto de 2019, de \u201cforma irregular y extempor\u00e1nea\u201d, la ejecutada interpuso incidente de nulidad, sustentado en la causal 3\u00aa del canon 133 \u00edbidem2. <\/p>\n
El 24 de septiembre del mismo a\u00f1o, el juzgado cognoscente dispuso dejar sin efecto el prove\u00eddo de 31 de julio anterior y, orden\u00f3, nuevamente, la suspensi\u00f3n del pleito, tras argumentar que, \u201cpara cuando se tom\u00f3 la decisi\u00f3n de reanudar el proceso, no se encontraba en firme la resoluci\u00f3n que puso fin a la actuaci\u00f3n administrativa\u201d, la cual fue controvertida, \u201cfaltando a\u00fan su homologaci\u00f3n por la autoridad judicial competente\u201d. <\/p>\n
En ese mismo pronunciamiento, el estrado querellado precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En este momento se cuenta en el plenario con copia de la providencia emitida por la autoridad judicial que conoci\u00f3 del tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n del proceso administrativo en menci\u00f3n, [Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga], cuya decisi\u00f3n final fue no homologar la decisi\u00f3n de fondo proferida por el funcionario administrativo, de suerte que ninguna fuerza vinculante tiene en este momento tal decisi\u00f3n, circunstancia que nos lleva a concluir que el motivo por el que este Despacho decidi\u00f3 suspender la acci\u00f3n judicial e curso no se ha superado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Posteriormente agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [M]ientras no exista actuaci\u00f3n judicial o administrativa en firme que dirima lo relacionado con la restricci\u00f3n impuesta al aqu\u00ed demandante para ejercer las visitas o acercamientos a la citada peque\u00f1a, lo ordenado en nuestra providencia de 22 de mayo pasado deben continuar produciendo los efectos procesales all\u00ed establecidos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Arguye el censor que, desde esa fecha present\u00f3 \u201cm\u00e1s de diez escritos\u201d suplic\u00e1ndole al titular accionado la continuaci\u00f3n del juicio aqu\u00ed criticado; adem\u00e1s, afirma, el 18 de diciembre de 2019, alleg\u00f3 la decisi\u00f3n emitida por el \u201cJuez Primero de Familia de Bucaramanga, dentro del proceso de restablecimiento de derechos de su menor hija, con radicado 2019-00512\u201d, donde se orden\u00f3 mantener, como medida de protecci\u00f3n provisional, el r\u00e9gimen de visitas pactado el 18 de abril de 2018. <\/p>\n
El 6 de febrero de 2020, la autoridad accionada resolvi\u00f3 modificar el tr\u00e1mite procesal impartido a la demanda \u201cejecutiva\u201d presentada por Sabogal Restrepo para en su lugar, resolver sus reclamos \u201cpor v\u00eda incidental\u201d, conforme las ritualidades contenidas en los art\u00edculos 127 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso; en consecuencia, orden\u00f3 incorporar la gesti\u00f3n surtida al asunto bajo el n\u00famero 2017-00339. Asimismo, decret\u00f3 pruebas y fij\u00f3 el 1\u00ba de abril de 2020, como fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el canon 129 \u00edbidem. <\/p>\n
Frente a la anterior determinaci\u00f3n, ambos extremos de la lid interpusieron reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n; sin embargo, el decurso se vio interrumpido hasta el 25 de mayo de 2020, dada la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura en virtud de la situaci\u00f3n de emergencia sanitaria causada por la Covid-19. <\/p>\n
Acota el quejoso que, el 11 de noviembre posterior, present\u00f3 memorial argumentando la p\u00e9rdida de competencia autom\u00e1tica consagrada en el precepto 121 del estatuto ritual civil, por haberse superado, con suficiencia, el plazo establecido para fallar dentro del proceso ejecutivo con radicado n\u00famero 2018-00330. <\/p>\n
El 4 de diciembre de 2020, la c\u00e9lula judicial cuestionada despach\u00f3, desfavorablemente, los recursos horizontales incoados, as\u00ed como la solicitud de p\u00e9rdida de competencia y, deneg\u00f3 la alzada subsidiaria deprecada por Sabogal Restrepo, por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia. <\/p>\n
En sentir del libelista, se ha incurrido en v\u00eda de hecho con las actuaciones atacadas, vulnerando sus prerrogativas fundamentales, pues, sostiene, que \u201cpretender aplicar un control de legalidad de forma extempor\u00e1nea, es quebrantar frontalmente, la Constituci\u00f3n y la ley\u201d; en consecuencia, refiere, no es obligaci\u00f3n de las partes, soportar los yerros que comete el juez cognoscente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, considera incomprensible que el fallador, \u201ccuando ya existen unas actuaciones debidamente surtidas y ejecutoriadas, decida tres a\u00f1os despu\u00e9s darle un tr\u00e1mite diferente\u201d, algo que, en su criterio debi\u00f3 decidirse al momento de la admisi\u00f3n de la demanda, de conformidad con el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Insiste, igualmente, en la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia estipulada en el canon 121 \u00edbidem, aduciendo la negligencia del fallador en sus decisiones, dentro de un litigio iniciado en busca de hacer \u201crespetar su propia providencia\u201d. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto dejar sin efecto los autos del 6 de febrero y 4 de diciembre de 2020, emitidos por el estrado fustigado y, en su lugar, remitir el expediente a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para que sea enviado al Juzgado Cuarto, \u201cque le sigue en turno\u201d; ello, con el fin de lograr la continuaci\u00f3n de las actuaciones propias del proceso ejecutivo y una decisi\u00f3n de fondo, respecto al cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas. <\/p>\n
4. El 13 de enero de 2021, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, admiti\u00f3 el resguardo y dispuso vincular a Tatiana P\u00e1ez P\u00e9rez, al Defensor de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al juzgado accionado. <\/p>\n
5. Mediante sentencia del 25 de enero postrero, el a-quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada al considerar razonables y ajustadas a derecho las decisiones atacadas. Al respecto expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Pues bien, para el Tribunal no saltan de bulto los defectos procedimentales que se imputan al JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA por incurrir supuestamente en una violaci\u00f3n al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al debido proceso del se\u00f1or MANUEL GONZALO SABOGAL RESTREPO, pues, contrario a lo indicado en el libelo genitor acerca de que los aludidos autos no cuentan con motivaci\u00f3n suficiente, adem\u00e1s de que el Juez accionado dio prevalencia al derecho formal sobre el sustancial, lo cierto es que en lo que ata\u00f1e a las providencias aludidas no parecen descabellados los argumentos all\u00ed vertidos, puesto que m\u00e1s all\u00e1 de que se compartan o no, no cabe duda que la actuaci\u00f3n del estrado judicial increpado tiene un fundamento normativo adecuado, el cual no se puede desdibujar a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, siendo palpable que el promotor acude a esta v\u00eda residual a controvertir la tesis del fallador ordinario, pretendiendo que el Juez de tutela acoja su posici\u00f3n como m\u00e1s id\u00f3nea, cuesti\u00f3n que excede los prop\u00f3sitos de este escenario constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6. Ante esta decisi\u00f3n, el actor, present\u00f3 impugnaci\u00f3n, la cual fue concedida, remiti\u00e9ndose a esta Sala para lo de su cargo. <\/p>\n
En la sustentaci\u00f3n de la misma, advirti\u00f3 que su inconformismo versaba sobre la forma intempestiva, en la cual, el querellado anul\u00f3 el proceso ejecutivo N\u00ba 2018-00330, y el manejo que aqu\u00e9l le ha dado al asunto durante tres (3) a\u00f1os de litigio. <\/p>\n
Sostuvo que solicit\u00f3 al tribunal a quo la vinculaci\u00f3n de los Juzgados Primero de Familia y S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de Bucaramanga; sin embargo, reprocha, el fallador no procedi\u00f3 con su petici\u00f3n, ni tampoco esgrimi\u00f3 las razones sustento de su negativa, transgrediendo as\u00ed su prerrogativa al debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
1. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien la acci\u00f3n de tutela instituida por el Constituyente como tr\u00e1mite judicial para la defensa de los derechos fundamentales se caracteriza por su informalidad y sumariedad, no es ajena a las reglas del debido proceso consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, donde se prev\u00e9 la obligaci\u00f3n de notificar a las partes o intervinientes las providencias emitidas, como as\u00ed lo disponen las reglas 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5\u00aa del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Esos mandatos cobran mayor relevancia cuando se trata de informar a los interesados respecto de la iniciaci\u00f3n del asunto y desde luego sobre su resultado, pues en esas oportunidades es posible ejercer el derecho de defensa o de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
La irregularidad consistente en no vincular en debida forma a los terceros, eventualmente, afectados con la decisi\u00f3n o a quienes incluso puede estar dirigida la orden constitucional, est\u00e1 contemplada como causal de nulidad en el numeral 8\u00ba del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, preceptiva aplicable a este mecanismo extraordinario en virtud de lo normado en el canon 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
2. Del examen de las pruebas adosadas, se evidencia la falta de vinculaci\u00f3n y enteramiento del tr\u00e1mite constitucional de los Juzgados Primero y Sexto, ambos de Familia de Bucaramanga, as\u00ed como de Juli\u00e1n Barrag\u00e1n en su calidad de Defensor de Familia, adscrito al Centro Zonal \u201cCarlos Lleras Restrepo\u201d del IC.B.F. Regional Santander, quienes conocieron del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de la menor, el cual origin\u00f3 la suspensi\u00f3n en varias oportunidades, del decurso aqu\u00ed cuestionado. <\/p>\n
Lo anterior genera, por tanto, la invalidez de la gesti\u00f3n surtida a partir del auto admisorio del libelo introductor, inclusive, conforme al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto se les impidi\u00f3, a tales autoridades, intervenir en este particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar los elementos de convicci\u00f3n que pretendiera hacer valer3. <\/p>\n
3. Siguiendo el criterio de la Corte Constitucional, esta Sala <\/p>\n
\u201c(\u2026) ha hecho \u00e9nfasis en la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite que se origina con motivo de la instauraci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026). Si bien es cierto que (\u2026) la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otro medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa (\u2026), el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
4. Tal como lo ha hecho esta Corporaci\u00f3n en otras oportunidades5, no se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n a lo previsto en el canon 137 \u00eddem, por contrariar los principios de celeridad y eficacia de esta salvaguarda, los cuales se encuentran comprometidos con la presente nulidad. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a partir del auto admisorio; sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, para que reponga la actuaci\u00f3n, disponiendo la vinculaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de los Juzgados Primero y Sexto, ambos de Familia de la misma ciudad, as\u00ed como de la Defensor\u00eda de Familia -Centro Zonal \u201cCarlos Lleras Restrepo\u201d del IC.B.F.- Regional Santander, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto a la Corporaci\u00f3n de origen y a las partes mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Antes de entrar al estudio del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2 \u201cART\u00cdCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos\u201d: <\/p>\n
\u201c3. Cuando se adelanta despu\u00e9s de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupci\u00f3n o de suspensi\u00f3n, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida\u201d. <\/p>\n
3 CSJ. ATC 5429 de 2015. <\/p>\n
4 CSJ. Civil. Auto de 30 de abril de 2015, exp. 41001-22-14-000-2015-00044-01. <\/p>\n
5 CSJ. ATC de 1\u00b0 de abril de 2016, exp. 15693-22-08-003-2015-00284-01. <\/p>\n
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