ATC187-2021<\/p>\n
<\/p>\n
ATC187-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01744-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta por Claudia Margarita Schuster Rodr\u00edguez, Miguel Arnulfo P\u00e9rez Rodr\u00edguez, Luz Dary Robles Herrera y Edgar Ignacio Rodr\u00edguez Garc\u00eda contra la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 17 de noviembre de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por aquellos frente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado 31 Penal del Circuito con funciones de Conocimiento y la Fiscal\u00eda 37 Local de la Unidad Especializada contra el lavado de activos -DECLA-, todos de esa ciudad, si no fuera por la circunstancia que afecta la validez de las actuaciones procesales, como pasa a explicarse. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, instaron el respeto de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas, al interior del proceso penal de radicado 110016000000201801259. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. En abril de 2018, la Fiscal\u00eda formul\u00f3 imputaci\u00f3n de cargos a Ana Milena Aguirre Mej\u00eda1 y Delvis Sugey Medina Herrera2 por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, estafa agravada, captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro y enriquecimiento il\u00edcito. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite correspondiente, el 10 de julio de 2019, el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 instal\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, en la cual, el apoderado de algunas de las v\u00edctimas -entre ellas la ac\u00e1 accionantes- solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado, b\u00e1sicamente, porque no se incluy\u00f3 en el acto de formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n y en el escrito de acusaci\u00f3n los delitos de lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito. <\/p>\n
2.3. El juez de conocimiento neg\u00f3 la solicitud. Tal decisi\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. Sin embargo, dicha autoridad mantuvo su postura y concedi\u00f3 la alzada3. <\/p>\n
2.4. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al desatar la apelaci\u00f3n el 3 de septiembre de 2020, resolvi\u00f3 confirmar el prove\u00eddo atacado4. <\/p>\n
Los promotores manifiestan su descontento con la anterior determinaci\u00f3n, porque en su sentir se incurri\u00f3 en defecto material o sustantivo, desconocimiento del precedente, aplicaci\u00f3n de normas inexistentes y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan \u00abtutelar y ordenar enmendar este proceso de acuerdo a las peticiones hechas en fiscal\u00eda, en las audiencias respectivas y, sobre todo en la audiencia del art\u00edculo 339 del C.P.P. realizada en el Juzgado 31 Penal del Circuito. Esto es, nulitar y\/o ordenar la correcci\u00f3n de yerros procesales\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Dentro del derecho al debido proceso convergen una serie de garant\u00edas, entre las que se destaca la posibilidad de enfrentar en igualdad de condiciones los cargos y las condenas que se piden judicialmente ordenar. Para ello, resulta indispensable concurrir al litigio y contar con la posibilidad de aportar pruebas y controvertir las allegadas por el extremo contrario. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, la acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas esenciales, no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no puede ser ajena a las reglas del debido proceso. En ella debe primar la defensa de las garant\u00edas superiores, dentro de las cuales se contempla la obligaci\u00f3n de notificar a las partes o intervinientes las providencias que se dicten, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5\u00ba del Decreto 306 de 1992, compilado en el canon 2.2.3.1.1.4 del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
2.- En el presente asunto, como se anticip\u00f3, se advierte una irregularidad consistente en la omisi\u00f3n de notificar debidamente a las v\u00edctimas, terceros con inter\u00e9s y al Ministerio P\u00fablico -Procurador 358 Judicial II Penal-, a quienes le asiste un leg\u00edtimo inter\u00e9s jur\u00eddico en las resultas de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Ciertamente, revisada la documental, no aparece prueba que evidencia la notificaci\u00f3n de dichas partes, las cuales, dada su calidad de intervinientes en el asunto debatido -conforme se extracta de los elementos de juicio aportados a esta tramitaci\u00f3n-, refleja que pueden resultar afectadas con la determinaci\u00f3n que se llegue a impartir. Por lo tanto, resulta imperativo darles a conocer la existencia de este amparo, para que ejerzan su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Esta circunstancia, genera la nulidad de lo actuado ante la indebida notificaci\u00f3n a las partes referidas, a las cuales, les fue impedido intervenir en ese escenario para exponer sus argumentos en defensa de sus particulares intereses y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendieran hacer valer. <\/p>\n
Sobre un asunto similar en que se omiti\u00f3 vincular al Ministerio P\u00fablico, esta Sala indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda, toda vez que al omitirla le fue impedido intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendiera hacer valer\u00bb. (ATC019-2020 Rad.2019-00762-01 del 21 ene. 2020) <\/p>\n
Lo anterior desemboca en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992.5 <\/p>\n
3.- No sobra advertir, que si bien la Sala Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal adelant\u00f3 la notificaci\u00f3n por aviso -de forma indeterminada-, lo cierto es que no despleg\u00f3 otra actividad tendiente a dirigirles a los mencionados intervinientes el enteramiento de la admisi\u00f3n de la s\u00faplica a las direcciones f\u00edsicas o electr\u00f3nicas registradas en el expediente del proceso penal. Adicionalmente, tampoco demostr\u00f3 una imposibilidad f\u00edsica de lograr tal comunicaci\u00f3n por esos medios que habilitara y justificara el mentado aviso. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la notificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas en esta v\u00eda excepcional, la Corte Constitucional ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab\u2026en principio, lo ideal es la notificaci\u00f3n personal. Sin embargo, si \u00e9sta es imposible de efectuar se debe proceder \u201ca informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019 (Auto 012A de 1996), y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador; adecuando en cada caso el desarrollo de la diligencia a la urgencia inherente a la acci\u00f3n de tutela, para lo cual el juez podr\u00e1 dar cumplimiento al art\u00edculo 319 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en la parte que indica que a falta de un t\u00e9rmino legal para un acto, \u2018el juez se\u00f1alar\u00e1 el que estime necesario para su realizaci\u00f3n de acuerdo con las circunstancias\u2019 (Auto 012A de 1996)\u201d (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
De lo anterior se concluye que la notificaci\u00f3n es eficaz solamente cuando el interesado conoce efectivamente el contenido de la respectiva providencia, por lo que en el desarrollo de esa diligencia se le exige al juez desplegar toda su diligencia, de modo que si no es dable la notificaci\u00f3n personal deber\u00e1 acudir a otros medios de notificaci\u00f3n expeditos y oportunos\u00bb (se enfatiza, C. Constitucional A123-2019). <\/p>\n
4.- Por lo expuesto, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir del auto admisorio de la demanda, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretar\u00eda se devuelva el expediente al a-quo constitucional para que reponga la actuaci\u00f3n anulada, conforme a las consideraciones prenotadas. <\/p>\n
TERCERO. NOTIFICAR a los interesados esta decisi\u00f3n por el medio m\u00e1s expedito y eficaz. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 63-68 Carpeta 1 pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 70 ibidem <\/p>\n
3\u0002 Folios 203-204 y 208-209 Carpeta 1 pdf <\/p>\n
4\u0002 p\u00e1gina 87-97 Cuaderno Tribunal pdf <\/p>\n
5\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC187-2021 ATC187-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01744-01 Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta por Claudia Margarita Schuster Rodr\u00edguez, Miguel Arnulfo P\u00e9rez Rodr\u00edguez, Luz Dary Robles Herrera y Edgar Ignacio Rodr\u00edguez Garc\u00eda contra la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53394","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53394","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53394"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53394\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53394"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53394"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53394"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}