ATC192-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC192-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05000-22-13-000-2015-00164-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la consulta de la providencia proferida el 1\u00ba de febrero de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, que sancion\u00f3 al Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, Brigadier General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, con \u00abcinco (5) d\u00edas de arresto, y multa de 125,113 UVT\u00bb, por desacatar el fallo emitido por esa corporaci\u00f3n el 20 de agosto de 2015, modificado por esta Sala, mediante sentencia del 9 de octubre siguiente, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por M\u00f3nica Mercedes Fl\u00f3rez Rivera, en representaci\u00f3n de su hija menor de edad B.V.P.F.. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En sentencia de 20 de agosto de 2015, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia concedi\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales de la ni\u00f1a, representada por su progenitora. <\/p>\n
En virtud de ello, orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional que, en el t\u00e9rmino improrrogable de 48 horas, \u00abautorice y realmente le sea realizado el examen electroencefalograma y la cita con especialista en Neuropediatr\u00eda que le fueron ordenados a la menor\u00bb; y a la Direcci\u00f3n General de las Fuerzas Armadas que adoptara las medidas necesarias para que siempre se le prestaran a la ni\u00f1a los servicios m\u00e9dicos en forma oportuna (numeral 3\u00ba). <\/p>\n
Al resolver la impugnaci\u00f3n propuesta por la convocante, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n modific\u00f3 la providencia del a quo en el referido numeral y, en su lugar, impuso ordenar a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional \u00ab(\u2026) adoptar las medidas necesarias para que en adelante preste a la menor XXX todos los servicios de salud que sean ordenados por el m\u00e9dico tratante en debida forma y oportunamente\u00bb. As\u00ed mismo, requiri\u00f3 a la precitada autoridad que, en lo sucesivo, \u00ab(\u2026) en el evento donde el especialista autorice procedimientos cl\u00ednicos en otras ciudades distintas a la del lugar de residencia del tutelante, garantice el traslado a\u00e9reo del paciente y su estad\u00eda en la ciudad donde vaya a llevarse a cabo su intervenci\u00f3n, al igual que a su acompa\u00f1ante\u00bb. <\/p>\n
2. Con escrito suscrito el 18 de diciembre de 2020, la tutelante solicit\u00f3 el cumplimiento del fallo y la apertura del incidente de desacato respectivo, en raz\u00f3n a que la ni\u00f1a tiene unas \u00f3rdenes m\u00e9dicas desde el 21 de noviembre de 2019, para realizarse los ex\u00e1menes de \u00abresonancia de cerebro y columna cervical\u00bb bajo sedaci\u00f3n, las cuales han sido mal autorizadas, por cuanto la han remitido a entidades que no prestan el servicio y las han cambiado varias veces. Adujo que su \u00abhija necesita esos ex\u00e1menes de urgencia ya que la patolog\u00eda se ha ido complicando\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, afirm\u00f3 que ha tenido inconvenientes con los vi\u00e1ticos y el transporte para realizar algunos ex\u00e1menes en municipios cercanos y que \u00abunas autorizaciones de unas citas y procedimientos (\u2026) se vencieron y ahora ya no quieren autorizarme el examen y en estos momentos pasa lo mismo que Medell\u00edn manda al dispensario de la brigada 17 que ya los procedimientos se encuentran ordenados y no es as\u00ed\u00bb. <\/p>\n
3. El 13 de enero de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia requiri\u00f3 a la Subdirectora de Salud y al Director General de Sanidad Militar, como superior de aquella, para que, en el t\u00e9rmino de 2 d\u00edas, \u00abcumplan el fallo de tutela proferido por esta Corporaci\u00f3n o manifiesten los motivos por los cuales no ha dado cumplimiento al mismo\u00bb. <\/p>\n
4. El 18 de enero de este a\u00f1o, el Director General de Sanidad Militar solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de dicha unidad, por cuanto sus funciones son netamente administrativas, e inform\u00f3 que correspond\u00eda a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, en coordinaci\u00f3n con el Establecimiento de Sanidad Militar \u2013 Batall\u00f3n de ASPC 17, \u00abprestar los servicios m\u00e9dicos asistenciales a favor de los usuarios\u00bb. <\/p>\n
5. El 19 de enero siguiente, ante la respuesta recibida por parte de la entidad accionada, el a quo requiri\u00f3 \u00abal Brigadier General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, como Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, por ser el competente\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, precis\u00f3 que \u00abTeniendo en cuenta que el superior de \u00e9ste es el Mayor General Javier Alonso D\u00edaz G\u00f3mez como Director General de Sanidad Militar, no se desvincular\u00e1 del presente tr\u00e1mite constitucional y se le requerir\u00e1 para que, en su condici\u00f3n de superior del Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito, ordene el cumplimiento de la orden de tutela que se se\u00f1ala es desacatada\u00bb; y desvincul\u00f3 del tr\u00e1mite a la \u00abSubdirectora de Salud quien hab\u00eda sido requerida previamente\u00bb. <\/p>\n
En dicha comunicaci\u00f3n, el Tribunal puso de presente lo referido por la peticionaria en el escrito correspondiente, as\u00ed como que, a trav\u00e9s de llamada telef\u00f3nica, aquella precis\u00f3 al despacho que los otros servicios pendientes de realizarse en Medell\u00edn o en Bogot\u00e1 eran \u00abNefrolog\u00eda, estudio molecular de arreglos espec\u00edficos, faringolaringograf\u00eda din\u00e1mica, resistencia total de v\u00edas \u00e1reas, Otorrinolaringolog\u00eda y Neurolog\u00eda\u00bb. <\/p>\n
6. Dado que no se recibi\u00f3 respuesta sobre los hechos en los que se soportaba el incumplimiento, el 25 de enero postrero se dio inicio al incidente de desacato frente al Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional y el Director de Sanidad Militar y se orden\u00f3 correrles el respectivo traslado. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA PROVIDENCIA CONSULTADA <\/p>\n
El a quo profiri\u00f3 la decisi\u00f3n objeto de consulta contra el Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, en consideraci\u00f3n a que \u00abEl escrito aportado por la se\u00f1ora Fl\u00f3rez Rivera da cuenta del incumplimiento de la orden proferida. Se deja constancia que la solicitud por incidente de desacato ha ingresado por tercera ocasi\u00f3n a esta Corporaci\u00f3n. Ha sido clara la renuencia que ha mostrado la entidad accionada para obedecer lo mandado en el fallo de tutela emitido por la Corte Suprema de Justicia, que a\u00fan sigue sin ser atendido por el destinatario de la orden impartida en esa sentencia constitucional, toda vez que, seg\u00fan lo afirma la accionante, y sin ser desmentida por los llamados en tutela, la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional no le ha dispensado la m\u00faltiples atenciones en salud que requiere su hija, ni le ha suministrado los vi\u00e1ticos necesarios para el traslado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que \u00abno queda duda alguna de la responsabilidad que puede imput\u00e1rsele al Brigadier General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, en su calidad de Director de Sanidad del Ejercito Nacional, pues no obstante hab\u00e9rsele requerido e indicado que no hab\u00eda cumplido o acatado la orden de tutela a \u00e9l impartida, no hizo lo correcto para enmendar su actuar y cumplir lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en providencia del 9 de octubre de 2015\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, determin\u00f3 que, comoquiera que el incumplimiento de la orden constitucional era reiterativo, \u00abdesconoci\u00e9ndose los derechos prevalecientes de la menor\u00bb, era procedente remitir copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00abpara que investigue la posible conducta de fraude a resoluci\u00f3n judicial o la que considere se tipifique en el caso espec\u00edfico\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SOLICITUD DE INAPLICACI\u00d3N <\/p>\n
1. El 5 de febrero de 2021, por orden del Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, el \u00e1rea de Gesti\u00f3n Jur\u00eddica de la instituci\u00f3n inform\u00f3 al Tribunal Constitucional que la ni\u00f1a estaba activa en los servicios de salud y que ten\u00eda programadas las valoraciones de neurolog\u00eda, nefrolog\u00eda, endocrinolog\u00eda, anestesiolog\u00eda y la prueba de neuropsicolog\u00eda en Medell\u00edn, con los gastos de traslado, estad\u00eda y alimentaci\u00f3n cubiertos, para ser realizadas entre el 4 de enero y 9 de febrero de este a\u00f1o; en consecuencia, solicit\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
2. El 11 de febrero postrero, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia neg\u00f3 la solicitud, en raz\u00f3n a que \u00abno se ha cumplido la orden constitucional a cabalidad, sin que se hubiera satisfecho los requerimientos m\u00e9dicos que motivaron la presentaci\u00f3n del incidente de desacato. Es claro que de los servicios m\u00e9dicos solicitados \u00fanicamente se han dispensado las valoraciones por neurolog\u00eda y nefrolog\u00eda y, la expedici\u00f3n de la autorizaci\u00f3n para la resonancia de cerebro. Sin embargo, no se han prestado los dem\u00e1s servicios requeridos, eso es, resonancia de columna cervical bajo sedaci\u00f3n, estudio molecular de arreglos espec\u00edficos, farngolaringograf\u00eda din\u00e1mica, resistencia total de v\u00edas a\u00e9reas y otorrinolaringolog\u00eda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Ha sido reiterativa la jurisprudencia al se\u00f1alar que, por la finalidad que tienen los fallos proferidos dentro de una acci\u00f3n de tutela, su cumplimiento deviene forzoso, comprometiendo, a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del destinatario de ese mandato judicial. Debido a ello, el juez del amparo estar\u00e1 compelido a propender por su cumplimiento y, de ser necesario, a imponer las sanciones previstas en la ley por su desacato. Para lo anterior, deber\u00e1 constatar los aspectos relacionados con el contenido y alcance de la orden de protecci\u00f3n, su destinatario y el t\u00e9rmino concedido para su cumplimiento. <\/p>\n
En ese ejercicio valorativo es deber del funcionario examinar no solo el hecho objetivo del incumplimiento, sino las motivaciones de este, atendiendo los elementos propios de un r\u00e9gimen sancionatorio, como son la culpa del obligado, su voluntariedad de no obedecer, cualquier causal de justificaci\u00f3n que pudiera presentarse y el nivel de inobservancia, si fuere total o parcial, con miras a definir las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho amparado. <\/p>\n
2. En el sub examine, se advierte que el Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional fue sancionado por desacatar el fallo de tutela de 20 de agosto de 2015, modificado por esta Sala el 9 de octubre siguiente. <\/p>\n
2.2. Frente a lo anterior, la tutelante solicit\u00f3 abrir el tr\u00e1mite de desacato, indicando que estaban pendientes de autorizaci\u00f3n y realizaci\u00f3n las resonancias de cerebro y de columna bajo sedaci\u00f3n. De otro lado, inform\u00f3 al despacho de conocimiento, a trav\u00e9s de llamada telef\u00f3nica, que no se hab\u00edan prestados los servicios, valoraciones y\/o ex\u00e1menes de nefrolog\u00eda, estudio molecular de arreglos espec\u00edficos, faringolaringograf\u00eda din\u00e1mica, resistencia total de v\u00edas \u00e1reas, otorrinolaringolog\u00eda y neurolog\u00eda, todo lo cual fue informado al convocado, en los autos del 19 y el 25 de enero de esta anualidad. No obstante, ante el silencio de la entidad accionada, el a quo constitucional declar\u00f3 el desacato e impuso la sanci\u00f3n que es objeto de consulta. <\/p>\n
2.3. Ahora bien, despu\u00e9s de emitida dicha providencia se recibi\u00f3 respuesta de la entidad, con la cual demostr\u00f3 que la amparada se encontraba activa en los servicios de salud de dicha instituci\u00f3n y acredit\u00f3, con los respectivos soportes, la autorizaci\u00f3n y programaci\u00f3n inmediata de algunos de los servicios m\u00e9dicos reclamados por la promotora y de otros, con inclusi\u00f3n de los gastos de transporte, estad\u00eda y alimentaci\u00f3n para la ni\u00f1a y su acompa\u00f1ante, a fin de que aquellos pudieran realizarse en la ciudad de Medell\u00edn. <\/p>\n
3. Lo anterior demuestra que no hubo falta de voluntad para obedecer y que la entidad no tuvo una actitud pasiva. Por el contrario, ha venido desplegado acciones tendientes a continuar garantizando los servicios a la ni\u00f1a, sin que se vislumbre negligencia directa o la intenci\u00f3n de no acatar la orden constitucional por parte del sancionado. As\u00ed las cosas, no resulta razonable para la Sala mantener la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
No puede perderse de vista que el fin perseguido con el desacato no es la sanci\u00f3n propiamente dicha, sino aquella como un medio para lograr que se cumpla el fallo. En este aspecto, debe resaltarse que lo dispuesto por el juez constitucional, en este caso, no se cumple con un solo acto, sino que su acatamiento trae consigo acciones sucesivas que se han desarrollado a lo largo de este tiempo, dado que la ni\u00f1a -persona de especial protecci\u00f3n- contin\u00faa recibiendo los servicios m\u00e9dicos por cuenta del sistema de salud de las Fuerzas Militares. <\/p>\n
De otro lado, debe resaltarse que mientras se surt\u00eda el tr\u00e1mite incidental se gestionaron varias de las actividades pendientes, pues como se observa de las autorizaciones allegadas \u00e9stas fueron emitidas el 23 de diciembre de 2020, el 19 de enero y el 3 de febrero del a\u00f1o en curso, es decir, que gran parte de las ejecuciones reclamadas se concretaron antes y despu\u00e9s de que se diera inicio al desacato -25 de enero de 2021-. <\/p>\n
4. En consonancia con lo anterior, sin que sean necesarias m\u00e1s disquisiciones, se dejar\u00e1 sin efecto la medida objeto de consulta. <\/p>\n
<\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO. DEJAR SIN EFECTO la sanci\u00f3n impuesta el 1 de febrero de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, a Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, en su calidad de Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y devu\u00e9lvase las presentes diligencias a la oficina de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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