ATC203-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC203-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00468-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, adscrito a ese Distrito Judicial, y, el Juzgado Promiscuo Municipal de Silvania, perteneciente al Distrito Judicial de Cundinamarca. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El se\u00f1or Pablo Dar\u00edo Ot\u00e1lora Rinc\u00f3n present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de la Gerente (E) de la E.S.E. Hospital Ismael Silva de Silvania, doctora Blanca Eneida Russi Quiroga, por considerar que su prerrogativa fundamental de petici\u00f3n le fue quebrantada por \u00e9sta, con la respuesta que le brind\u00f3 a la solicitud que radic\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico en sus dependencias el 28 de enero de los corrientes, puesto que, a su juicio, no responde de fondo lo pedido. <\/p>\n
Es por ello por lo que pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional, es que se ordene a la convocada, \u00abque dentro del t\u00e9rmino no superior a 48 horas contadas a partir de su notificaci\u00f3n, de respuesta de fondo, clara y oportuna, a la petici\u00f3n [referida]\u00bb1. <\/p>\n
2. La acci\u00f3n de tutela le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, quien mediante providencia del 12 de febrero hoga\u00f1o resolvi\u00f3 abstenerse de conocer el asunto, bajo el argumento que \u00abel accionante manifiesta que fueron en el MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA, lugar donde se presume ocurri\u00f3 la violaci\u00f3n de sus derechos y donde, adem\u00e1s se producen sus efectos\u00bb, por lo que remiti\u00f3 las diligencias a los Juzgados Municipales de dicha urbe, para lo pertinente2. <\/p>\n
3. Recibido el expediente por el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad, en prove\u00eddo del pasado 16 de febrero tambi\u00e9n reh\u00faso la competencia, tras considerar, en suma, que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, \u00ab[c]uando hay una divergencia entre los dos criterios que definen el alcance del factor territorial, es decir, cuando el lugar de la vulneraci\u00f3n o amenaza difiere del de sus efectos, se confiere prevalencia a la elecci\u00f3n del accionante\u201d\u00bb, y como \u00abla discusi\u00f3n gira en torno a la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, pues indica el actor que pese a recibir respuesta del mismo, la entidad accionada no lo hizo de fondo, de manera clara y precisa\u00bb; de ah\u00ed que, \u00abno es Silvania el lugar de ocurrencia de la vulneraci\u00f3n, como equivocadamente lo estim\u00f3 el juzgado de Ibagu\u00e9, pues pese a que la entidad accionada se ubica en esta municipalidad, fueron los juzgados de Ibagu\u00e9 los que escogi\u00f3 el accionante para interponer la acci\u00f3n de tutela\u00bb, sitio donde se domicilia el tutelante, y \u00absi el lugar del domicilio es un factor a considerar para determinar donde la vulneraci\u00f3n extiende sus efectos, no hay duda que son los jueces de dicha poblaci\u00f3n y no el suscrito, el competente para conocer de este asunto\u00bb, por lo que procedi\u00f3 a suscitar, entonces, \u00abconflicto negativo de competencia\u00bb3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, \u00abLas Salas de Casaci\u00f3n Civil y Agraria Laboral y Penal, actuar\u00e1n seg\u00fan su especialidad como Tribunal de Casaci\u00f3n, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos. Tambi\u00e9n conocer\u00e1n de los conflictos de competencia que, en el \u00e1mbito de sus especialidades, se susciten entre las Salas de un mismo tribunal, o entre Tribunales, o entre estos y juzgados de otro distrito, o entre juzgados de diferentes distritos\u00bb (resalte fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed mismo, el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso -Ley 1564 de 2012, establece que \u00abSiempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenar\u00e1 remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitar\u00e1 que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional com\u00fan a ambos, al que enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n. Estas decisiones no admiten recurso\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed, que a esta instancia corresponda pronunciarse sobre el asunto planteado, teniendo en cuenta que la declaraci\u00f3n de incompetencia fue declarada por sedes judiciales pertenecientes a distintos distritos judiciales. <\/p>\n
2. Ahora, si bien anteriormente las decisiones de este tipo eran adoptadas por la Sala, del art\u00edculo 35 del C\u00f3digo General del Proceso, normativa que, en cuanto a sus principios, es aplicable al tr\u00e1mite de la tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, deviene que al Magistrado ponente corresponde dictar el prove\u00eddo que resuelva las controversias de esta naturaleza. <\/p>\n
3. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000 se\u00f1ala, que \u00ab[p]ara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb (resalte de la Sala); de ah\u00ed, que el principal objetivo del legislador con lo dispuesto, no fue otro que permitir al afectado la escogencia de la autoridad que deba resolver sobre la protecci\u00f3n constitucional deprecada, ya sea por el lugar en que, seg\u00fan sus afirmaciones, est\u00e1n ocurriendo los hechos denunciados o produce sus efectos la acci\u00f3n u omisi\u00f3n generadora del agravio, cualquiera de los cuales, por lo general, puede coincidir con el del domicilio de \u00e9ste, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
En este sentido, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que la finalidad de la regla contenida en el precepto citado es la de \u00abfacilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos\u00bb (CSJ ATC299-2020). <\/p>\n
4. En el caso bajo examen, el accionante eligi\u00f3 a los jueces de la municipalidad de Ibagu\u00e9 (Tolima), para radicar el libelo contentivo de su solicitud de amparo, por ser el lugar donde, de acuerdo con lo que se puede extraer de las documentales allegadas, adquiri\u00f3 materialidad la violaci\u00f3n o amenaza endilgada a la Gerente (E) de la E.S.E. Hospital Ismael Silva de Silvania, es decir, donde se producen los efectos de la conducta que se cuestiona, relacionada con que la respuesta que le fue brindada por \u00e9sta no atiende de fondo la petici\u00f3n que le elev\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico el pasado 28 de enero, dado que, seg\u00fan lo se\u00f1ala el peticionario, no le hizo entrega de los documentos requeridos y, si bien lo direccion\u00f3 a la p\u00e1gina Web del \u201cSecop\u201d para descargarlos, all\u00ed no est\u00e1n publicados todos; adem\u00e1s, dicha ciudad es su domicilio. <\/p>\n
5. Con apoyo en lo descrito, para hacer prevalecer la voluntad expresada por el tutelante, sin m\u00e1s reflexiones se ordenar\u00e1 enviar inmediatamente la actuaci\u00f3n a la autoridad judicial que inicialmente declin\u00f3 su tr\u00e1mite, para que d\u00e9 curso y decida la solicitud de protecci\u00f3n incoada con fundamento en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, pues la supuesta falta de competencia por el factor territorial no constituye una nulidad insubsanable en atenci\u00f3n a las previsiones legales antes comentadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Despachos judiciales mencionados, en raz\u00f3n de lo cual se\u00f1ala que la competencia de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Pablo Dar\u00edo Ot\u00e1lora Rinc\u00f3n corresponde al Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9 (Tolima). <\/p>\n
En consecuencia, devu\u00e9lvase el expediente a la mentada autoridad para lo de su competencia, y comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a la otra sede judicial que intervino en el conflicto y al accionante. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Folios 1 a 7 del expediente, remitido en copia digital. <\/p>\n
2 Folios 11 y 12, ib\u00eddem. <\/p>\n
3 Folios 16 y 17, Cit. <\/p>\n
6 <\/p>\n
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