ATC208-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC208-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2021-00005-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 26 de enero de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Paola Andrea Berbesi Lobo en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijos menores XX, Y y Z, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio compulsivo a que alude el escrito de tutela, si no fuese porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuaci\u00f3n cumplida hasta este momento, como pasa a verse: <\/p>\n
2. Revisado el tr\u00e1mite de la primera instancia, se observa que al Defensor de Familia y a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, no fueron notificados del inicio de la presente acci\u00f3n, pese a que la determinaci\u00f3n de fondo a adoptarse puede repercutir en los intereses de los menores XX, Y, Z si en cuenta se tiene que el numeral 11 del art\u00edculo 82 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia establece como imperativa la intervenci\u00f3n del Defensor de Familia en los procesos en los que se discuten derechos de \u00e9stos (ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes), sin perjuicio de la actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico y de la representaci\u00f3n judicial a que haya lugar. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto de similares contornos, la Sala puntualiz\u00f3 que la citaci\u00f3n de los aludidos funcionarios para que intervinieran en la tutela como garant\u00eda de la protecci\u00f3n de los derechos de tres menores, guardaba armon\u00eda con las siguientes normas de la Ley 1098 de 2006: <\/p>\n
\u00abart\u00edculo 82 numeral 11 \u2018Funciones del Defensor de Familia\u202611. Promover los procesos o tr\u00e1mites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as o los adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan derechos de estos, sin perjuicio de la actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico y de la representaci\u00f3n judicial a que haya lugar\u2019, art\u00edculo 95, par\u00e1grafo, inciso 2\u00ba \u2018Los procuradores judiciales de familia obrar\u00e1n en todos los procesos judiciales y administrativos, en defensa de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, y podr\u00e1n impugnar las decisiones que se adopten\u2019 y art\u00edculo 211 \u2018La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n ejercer\u00e1 las funciones asignadas en esta ley anterior por intermedio de la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa del Menor y la familia, que a partir de esta ley se denominar\u00e1 la Procuradur\u00eda Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, la cual a trav\u00e9s de las procuradur\u00edas judiciales ejercer\u00e1 las funciones de vigilancia superior, de prevenci\u00f3n, control de gesti\u00f3n y de intervenci\u00f3n ante las autoridades administrativas y judiciales tal como lo establece la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley\u00bb (Prove\u00eddo de 11 de julio de 2012, exp. 2012-00205-01, reiterado entre otros en ATC449-2020 y ATC854-2020). <\/p>\n
3. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece, que las actuaciones que se surtan dentro del tr\u00e1mite constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza a los terceros la protecci\u00f3n de los intereses que pueden verse afectados con la determinaci\u00f3n que se adopte. <\/p>\n
4. As\u00ed mismo, dicho ordenamiento garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite constitucional de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se garantice el debido proceso, posibilidad que no se otorg\u00f3 en el sub lite al Defensor de Familia y al Ministerio P\u00fablico, a pesar de que el fallo que llegue a emitirse podr\u00eda llegar a producir efectos sobre los prenombrados infantes, como antes se indic\u00f3, el Juez constitucional de primer grado prescindi\u00f3 de su vinculaci\u00f3n, omisi\u00f3n que les afecta su derecho al debido proceso. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional, <\/p>\n
\u00abha hecho \u00e9nfasis en la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite que se origina con motivo de la instauraci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026). Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026). <\/p>\n
\u201c\u2018La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador (…)\u2019\u00bb (C.C. A-018\/05, citado entre otros, ATC315-2020 y ATC047-2021). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, la circunstancia que viene de advertirse, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia, momento l\u00edmite en que debi\u00f3 producirse de manera efectiva la vinculaci\u00f3n de los aludidos interesados, toda vez que se les impidi\u00f3 intervenir en este particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendieran hacer valer. <\/p>\n
En consecuencia, se ordenar\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se invalida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir de la sentencia proferida el 29 de enero de los corrientes; sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos del inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Devu\u00e9lvase el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta para que reponga la actuaci\u00f3n invalidada, previa notificaci\u00f3n del Defensor de Familia y la Procuradur\u00eda Delegada para Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a la interesada mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
6 <\/p>\n
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