ATC210-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC210-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00574-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 15 de septiembre de 2020, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Edinson Cueto Quintero, contra el Ministro de Defensa Nacional, el Fiscal General de la Naci\u00f3n, el Consejo Superior de la Judicatura y Keyla Rodelo Jaraba, Analista Jur\u00eddica de Coomeva EPS; si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor implora la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente transgredidos por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
Mediante fallo de 27 de septiembre de 2018, el Juzgado Noveno Municipal de Cartagena concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el aqu\u00ed actor contra la EPS Coomeva1, ordenando a esta \u00faltima: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [que] en un t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la comunicaci\u00f3n que as\u00ed se lo indique proceda a AUTORIZAR la entrega de los LENTES MONOFOCALES ZEISS CON FILTRO TERAPEUTICO CLASE 3 F80 MARRON CLARO + AR DURAVISI\u00d3N SILVER, y el SUMINISTRO de los medicamentos OMEGA 3, VITAMINA C, VITAMINA E, ZINC, COBRE, LUTEINA, ZEAXANTINA 84% (200- 150-20-1) MG 20%-20% CAJA POR 6 BLISTER POR 10 C\u00c1PSULAS (TOTAL 60 C\u00c1PSULAS) por el t\u00e9rmino y en la cantidad que determine el m\u00e9dico tratante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Seg\u00fan afirma, mediante oficio n\u00b0. 09282 de septiembre de 2020, dicho estrado le inform\u00f3 que, de manera oficiosa, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) PRIMERO: DECLARAR que COOMEVA EPS a trav\u00e9s de su Directora de Salud de Zona Norte de Coomeva EPS ha incurrido en desacato a la orden impartida por este Despacho en fallo adiado 27 de septiembre de 2018. <\/p>\n
\u201cSEGUNDO: SANCIONAR POR DESACATO a la Directora de Salud de Zona Norte de Coomeva EPS, Doctora Claudia Ivonne Polo Urrego identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 43. 579.076, con Dos (2) d\u00edas de arresto y multa de Tres (3) salarios m\u00ednimos mensuales vigentes, por el incumplimiento a las \u00f3rdenes contenidas en la sentencia de tutela de fecha 27 de septiembre de 2018 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El accionante indica que, a pesar de lo antelado, y de las reiteradas solicitudes por \u00e9l dirigidas a Coomeva EPS, a la fecha, esa entidad sigue sin dar cumplimiento al fallo de tutela de 27 de septiembre de 2018. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Formula, en concreto, las siguientes peticiones: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Ord\u00e9nese al Sr. Ministro de Defensa Nacional, Dr. Carlos Holmes Trujillo Garc\u00eda que agencia ante su subalterno el se\u00f1or Director General de la Polic\u00eda Nacional, Sr. Mayor General \u00d3scar Atehort\u00faa, el cumplimiento de la orden de arresto a nivel nacional del L\u00edder de Cumplimiento de Fallos de Tutela de Coomeva, sea este el se\u00f1or Juan David Salcedo Salgado o a quien indique el Juzgado 9\u00ba Penal Municipal de Cartagena. 2. Solic\u00edtesele al Se\u00f1or Ministro de Defensa que le oficie a la Inspecci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional y a la Procuradur\u00eda que investigue s\u00ed las conductas referidas en este proceso ameritan apertura de proceso disciplinario contra el se\u00f1or Brigadier General Henry Armando Sanabria Cely en su calidad de comandante de la MECAR. 3. Solic\u00edtesele al Sr. Fiscal General de la Naci\u00f3n Francisco Barbosa, que imparta la orden pertinente para la Fiscal\u00eda le d\u00e9 curso a la denuncia interpuesta por el accionante contra el L\u00edder Regional de Cumplimientos de Fallos de Tutelas de Coomeva EPS el 27 de febrero de 2019. 4. Compulsar copia al Consejo Superior de la Judicatura para que revise las actuaciones de la se\u00f1ora Keyla Rodelo Jaraba en su calidad de analista jur\u00eddica de Coomeva EPS y las actuaciones del Juzgado 9\u00ba Penal Municipal, y determine s\u00ed se encuentran ajustadas al Decreto 2591, a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. 5. Solic\u00edtese a la se\u00f1ora Keyla Rodelo Jaraba o a quien haga las veces de analista jur\u00eddico de Coomeva EPS que informe, de manera urgente y bajo la gravedad de juramento, sobre el nombre y el domicilio empresarial o privado del L\u00edder Regional de Cumplimiento de Fallos de Tutelas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. El a quo constitucional no accedi\u00f3 al resguardo deprecado, tras estimar que la queja <\/p>\n
\u201c(\u2026) corresponde a una solicitud de amparo dentro de un proceso de tutela, con la circunstancia espec\u00edfica de que el agravio sucede con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, circunstancia frente a la cual la jurisprudencia constitucional es categ\u00f3rica en se\u00f1alar la improcedencia de una nueva acci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
No obstante, exhort\u00f3 al estrado municipal accionado, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En esas condiciones, la Corte apremiar\u00e1 al titular del Juzgado 9\u00ba Penal Municipal de Cartagena, para que, entre otras medidas, disponga a la brevedad del tiempo una audiencia (virtual) con asistencia de directivos principales de COOMEVA EPS, el accionante, con apoyo de entidades con poder administrativo sobre las empresas prestadoras del servicio de salud (Superintendencia, Ministerio de Salud), en la que, escuchadas las partes, se establezcan las razones del prolongado incumplimiento y, atendidas las mismas, se se\u00f1ale el plazo perentorio para el cumplimiento y se haga efectivo el mismo. <\/p>\n
\u201cDe las gestiones emprendidas con tal finalidad y de la realizaci\u00f3n de la audiencia, el funcionario judicial informar\u00e1 de manera precisa a la Corte. La Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, adem\u00e1s, har\u00e1 el seguimiento que corresponda. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5. El petente impugn\u00f3 exponiendo motivos an\u00e1logos a los aducidos en el escrito genitor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De las circunstancias narradas se desprende la falta de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para desatar la salvaguarda deprecada contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y Keyla Rodelo Jaraba, Analista Jur\u00eddica de Coomeva EPS. <\/p>\n
2. Lo anterior por cuanto las prenombradas entidades son organismos del orden nacional, mientras que la \u00faltima es un particular, de manera que en virtud de lo preceptuado en los incisos 4\u00ba y 11 del art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 20172, vigente, modificatorio de la pauta 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, esta demanda constitucional debi\u00f3 ser definida, en primer grado, por los estrados civiles del circuito judicial de Cartagena, y atendiendo, adem\u00e1s, al lugar de elecci\u00f3n y domicilio de la solicitante. <\/p>\n
Ahora, conforme a lo antelado, quien tendr\u00eda competencia para desatar el ruego tutelar ser\u00edan los tribunales del distrito judicial, sin embargo, como el motivo origen de la queja no ha implicado la intervenci\u00f3n del Ministro de Defensa ni del Fiscal General de la Naci\u00f3n, pues ninguno de dichos funcionarios est\u00e1 llamado a lograr el cumplimiento efectivo del aludido fallo constitucional, resulta inaplicable al sub\u00e9xamine la previsi\u00f3n fijada en el inciso 5\u00ba del citado precepto 1 del aludido Decreto 19833, raz\u00f3n por la cual la tutela debe remitirse a los estrados del circuito. <\/p>\n
En efecto, del escrito inicial y las pruebas que reposan en el plenario, se advierte que el quejoso reprocha, en \u00faltimas, el incumplimiento por parte de Coomeva EPS de la sentencia de tutela de 27 de septiembre de 2018, a pesar de haber sido declarada en desacato. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, en un asunto asimilable, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Es inaplicable al sub\u00e9xamine la previsi\u00f3n fijada en el inciso 5\u00ba del citado precepto 1 del aludido Decreto 1983, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que el motivo origen de la queja no ha implicado la intervenci\u00f3n del Fiscal General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cLe\u00eddo con detenimiento el escrito contentivo del ruego, se colige que el descontento del actor ata\u00f1e exclusivamente a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, dependencia que conforme a la Circular N\u00ba 010 de 10 de febrero de 2017 de dicha entidad, emiti\u00f3 las decisiones administrativas cuestionadas por el aqu\u00ed tutelante. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, la vinculaci\u00f3n del Fiscal General de la Naci\u00f3n, N\u00e9stor Humberto Mart\u00ednez Neira, es meramente aparente. (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Ahora, el ataque frente al Consejo Superior de la Judicatura es solo aparente porque si bien se propuso la tutela respecto a dicho ente, no se formul\u00f3 un reproche concreto sino una petici\u00f3n de remisi\u00f3n de copias. <\/p>\n
En un caso de similares contornos, conceptu\u00f3 esta colegiatura: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n el presente asunto, a pesar de que la solicitud de amparo se dirigi\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, y que el Tribunal consider\u00f3 que era competente para conocerlo en primera instancia, lo cierto es que al verificar con detenimiento el escrito de tutela, se evidencia que ning\u00fan reproche se le hizo a esa autoridad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En ese orden, conforme a lo se\u00f1alado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, \u201ccuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra un funcionario o corporaci\u00f3n judicial, le ser\u00e1 repartida al respectivo superior funcional del accionado\u201d, de donde se colige que, quien conoci\u00f3 la presente acci\u00f3n en primera instancia, carec\u00eda de competencia para decidirla, en tanto est\u00e1 claro que corresponde a los jueces civiles del circuito tramitar y resolver las tutelas instauradas en contra de los jueces civiles municipales; de ah\u00ed que se configure la causal de invalidez prevista en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por contera, se declarar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que admiti\u00f3 la presente acci\u00f3n, y se ordenar\u00e1 el env\u00edo del expediente de tutela a la Oficina de Reparto para que sea asignada entre los juzgados civiles del circuito de Cali, con el fin de que se asuma el conocimiento de la misma en primera instancia (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
En torno a la vinculaci\u00f3n aparente, reliev\u00f3 esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
4. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo atinente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el precepto 4 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual prev\u00e9 acudir a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los presupuestos de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
5. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [R]especto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d7. <\/p>\n
6. En consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir de la admisi\u00f3n de la presente demanda de amparo y se dispondr\u00e1 su remisi\u00f3n inmediata a la Oficina Judicial de Cartagena, para ser repartida entre los jueces civiles del circuito de esa localidad, por ser los competentes para conocer de ella en primera instancia. <\/p>\n
En cuanto a la orden impartida, no est\u00e1 dem\u00e1s memorar lo indicado por esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
7. Sin perjuicio de lo anterior, en aras de proteger los intereses constitucionales del accionante y, evitar la consolidaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, emerge imperativo decretar, como medida cautelar, la exhortaci\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la sentencia de 15 de septiembre de 2020, tal como qued\u00f3 transcrita en este pronunciamiento, en el numeral 4 del ac\u00e1pite de los antecedentes. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Segundo: Se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial de Cartagena, para ser repartido entre los jueces civiles del circuito, para lo de su competencia. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Decretar como medida cautelar, la exhortaci\u00f3n emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tal como qued\u00f3 transcrita en este pronunciamiento, en el numeral 4 del ac\u00e1pite de los antecedentes. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese, mediante mensaje de datos o correo electr\u00f3nico, lo resuelto en esta providencia a los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Radicado n\u00b0 2018-00196. <\/p>\n
2\u0002 \u201cArt. 1. Modificaci\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015. Modificase el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara as\u00ed: <\/p>\n
\u00abArt. 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acci\u00f3n de tutela. Para los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (\u2026) 2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u201d <\/p>\n
\u201c11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y \u00e9stas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u201d. <\/p>\n
3\u0002 \u201c4. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los Fiscales y Procuradores ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. ATC 1962 de 2018. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. ATC de 26 de abril de 2012, Rad.. 2012-00127-01. <\/p>\n
6\u0002 CSJ ST 24 de julio de 2007, Rad. No. 00156-01, y 17 de agosto de 2011, Rad. No. 2011-00430-01. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. ATC de 16 de julio de 2010, exp. 81001-22-08-000-2010-00022-01; reiterado el 9 de agosto de 2010, exp. 63001-22-14-000-2010-00064-01; y el 28 de febrero de 2014, exp. 08001-22-13-000-2013-00648-01. <\/p>\n
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