SC205-2021 (2009-00832-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC205-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-005-2009-00832-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de marzo de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante, se\u00f1or GUSTAVO ADOLFO ARANGO DUQUE, frente a la sentencia del 6 de noviembre de 2014, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, en el proceso ordinario que el impugnante adelant\u00f3 contra el se\u00f1or RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Apreciadas en conjunto las manifestaciones que efectu\u00f3 el actor en la demanda (fls. 31 a 40, cd. 1), en la reforma de la misma (fls. 54 y 55, cd. 1) y en la etapa de fijaci\u00f3n de hechos y pretensiones surtida en la audiencia del 30 de junio de 2010 (fls. 70 y 70 vuelto, cd. 1), se establece que \u00e9l, en definitiva, solicit\u00f3 declarar que el accionado incumpli\u00f3 el contrato de promesa de compraventa que los dos celebraron, pero s\u00f3lo en cuanto hace al \u201cpredio denominado \u2018La Manada\u2019, propiedad identificada con la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 038-0002022 de la Oficina de Registro del C\u00edrculo de Yolomb\u00f3 \u2013 Antioquia\u201d; disponer su \u201cresoluci\u00f3n\u201d; ordenar a aqu\u00e9l restituir a \u00e9ste dicho bien; y condenarlo a pagarle \u201clos intereses moratorios liquidados a la m\u00e1xima tasa legal permitida\u201d, que estim\u00f3 en la suma de $1.566.697.856.20, junto con la correcci\u00f3n monetaria y las costas de proceso. <\/p>\n
En subsidio, el gestor del litigio pidi\u00f3 condenar al convocado a pagarle la cl\u00e1usula penal pactada en cuant\u00eda de $698.130.800.oo y los \u201cperjuicios morales\u201d que sufri\u00f3, \u201cequivalentes a(\u2026) 1.000 gramos oro\u201d. <\/p>\n
2. Los hechos en que se soportaron tales reclamaciones, en resumen, refirieron que: <\/p>\n
2.1. El demandante, en su condici\u00f3n de propietario de los inmuebles rurales denominados \u201cHACIENDA LA MANADA\u201d y \u201cHACIENDA SAN CIPRIANO\u201d, prometi\u00f3 en venta los mismos al se\u00f1or Zapata Sierra, contrato que consignaron por escrito y del cual se reprodujeron un buen n\u00famero de sus cl\u00e1usulas. <\/p>\n
2.2. Con base en la medici\u00f3n topogr\u00e1fica realizada por acuerdo de los contratantes, se estableci\u00f3 que el \u00e1rea prometida en venta fue de 1.623,56 hect\u00e1reas y que, por lo tanto, el precio a pagar era la suma de $3.490.654.000.oo, m\u00e1s $100.000.000.oo, en que ellos fijaron el valor de los muebles y enseres que se encontraban dentro de las fincas. <\/p>\n
2.3. La entrega material de los predios se realiz\u00f3 en el mes de diciembre de 2004, conforme a lo convenido. <\/p>\n
2.4. El prometiente comprador, no obstante que realiz\u00f3 distintos abonos parciales, que se relacionaron pormenorizadamente, incumpli\u00f3 el contrato, raz\u00f3n por la cual, mediante otros\u00ed, se redefini\u00f3 la forma de pago, acuerdo que tampoco atendi\u00f3. <\/p>\n
2.5. El d\u00eda 20 de junio de 2005, a la hora de las tres de la tarde, oportunidad prevista para el otorgamiento de la correspondiente escritura p\u00fablica, solamente se present\u00f3 en la Notar\u00eda Veintis\u00e9is de Medell\u00edn el se\u00f1or Arango Duque, como consta en la certificaci\u00f3n que al respecto se expidi\u00f3. <\/p>\n
2.6. \u201cEstando el se\u00f1or GUSTAVO ADOLFO ARANGO DUQUE privado de la posesi\u00f3n real de los inmuebles y del derecho a percibir los frutos civiles y naturales desde (\u2026) diciembre de dos mil cuatro (2004), suscrib[i\u00f3] y protocoliz[\u00f3] un contrato de compraventa y tradici\u00f3n del predio HACIENDA SAN CIPRIANO de cabida de (669,22) hect\u00e1reas a la sociedad INTERGRANJAS S.A. tal y como indic\u00f3 RODRIGO A. ZAPATA SIERRA que se hiciera\u201d. <\/p>\n
2.7. A partir del 13 de julio de 2005, el comprador pag\u00f3 las sumas relacionadas en el hecho 21 del libelo, por concepto de intereses, para un total de $830.126.585.oo, adeudando, por tal rubro, al 30 de octubre de 2009, la cantidad de $1.566.697.856.20. <\/p>\n
3. La demanda fue admitida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn, mediante auto del 22 de enero de 2010 (fl. 42, cd. 1), que notific\u00f3 personalmente el 29 siguiente al apoderado general del convocado, como figura en el acta que obra en el folio 47 del mismo cuaderno principal. <\/p>\n
4. El actor reform\u00f3 el libelo introductorio mediante escrito que obra en los folios 54 y 55 del cuaderno principal, modificaci\u00f3n aceptada por auto del 23 de marzo de 2010 (fl. 58, cd. 1), que se publicit\u00f3 por anotaci\u00f3n en estado. <\/p>\n
5. En tiempo, el accionado, por intermedio del mandatario que lo represent\u00f3, contest\u00f3 la demanda (fls. 48 a 52, cd. 1) y su reforma (fls. 59 a 62, cd. 1), escritos en los que se opuso al acogimiento de las pretensiones elevadas y se pronunci\u00f3 de distinta manera sobre los hechos que las soportaron. Con car\u00e1cter de meritorias, propuso las excepciones que design\u00f3 como \u201c[p]ago parcial\u201d e \u201c[i]mputabilidad del incumplimiento\u201d. <\/p>\n
6. Surtido el tr\u00e1mite de la primera instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia del 5 de marzo de 2013 (fls. 119 a 134, cd. 1), en la que declar\u00f3 la \u201cnulidad absoluta\u201d del contrato de promesa base de la acci\u00f3n y del otros\u00ed que lo adicion\u00f3, \u201cen lo que atiende al inmueble identificado con folio de matr\u00edcula 038-0002022 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Yolomb\u00f3 \u2013 Antioquia\u201d. <\/p>\n
Le orden\u00f3 al actor restituirle al demandado, dentro de los 15 d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo, so pena de pagar intereses civiles al 6% anual, la suma de $1.018.952.300.oo, ya indexada a febrero de 2013; y al segundo entregarle al primero, en el mismo t\u00e9rmino, la hacienda \u201cLa Manada\u201d, a la que corresponde la matr\u00edcula inmobiliaria atr\u00e1s relacionada. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, dispuso informarle lo decidido al Juez Primero Civil el Circuito de Medell\u00edn para los fines de la medida cautelar que decret\u00f3 y se abstuvo de condenar en costas. <\/p>\n
7. Apelado que fue dicho fallo por ambas partes, el Tribunal Superior de Medell\u00edn, mediante el suyo, que data del 6 de noviembre de 2014, lo confirm\u00f3 (fls. 71 a 86 vuelto, cd. 3). <\/p>\n
8. Contra la sentencia de segunda instancia, los dos extremos procesales interpusieron recurso de casaci\u00f3n, impugnaciones que fueron concedidas por el ad quem. En la oportunidad para presentar las correspondientes demandas sustentantes de las mismas, solamente lo hizo el actor, raz\u00f3n por la cual, mediante prove\u00eddo del 27 de agosto de 2015 (fls. 52 y 53 precedentes), se declar\u00f3 desierto el reproche extraordinario del demandado. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL AD QUEM <\/p>\n
Luego de dejar memoria de lo acontecido en el proceso, de compendiar el fallo de primera instancia y de condensar los cuestionamientos que cada una de las partes le formularon, el Tribunal, para arribar a la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3, consign\u00f3 los fundamentos que a continuaci\u00f3n se plasman: <\/p>\n
1. La eventual confirmaci\u00f3n del prove\u00eddo apelado, \u201char\u00eda innecesario\u201d examinar otros defectos o vicios del contrato base de la acci\u00f3n, pues el detectado por el a quo sustenta suficientemente su invalidaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de los art\u00edculos 1740 a 1742 del C\u00f3digo Civil, permite colegir que la insatisfacci\u00f3n de un requisito o formalidad que la ley prescribe para el valor de ciertos actos o contratos, en consideraci\u00f3n a su naturaleza, es causa de nulidad absoluta de los mismos; y que en tanto aparezca de manifiesto en ellos, puede y debe ser declarada por el juez, aun sin mediar petici\u00f3n de parte. <\/p>\n
3. A t\u00e9rminos del art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887, reformatorio del 1611 del C\u00f3digo Civil, la promesa de contratar produce obligaciones cuando cumple la totalidad de los requisitos all\u00ed enlistados, entre ellos, \u201c[q]ue se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo solo falte la tradici\u00f3n de la cosa o las formalidades legales\u201d. <\/p>\n
4. De la cl\u00e1usula sexta del convenio ajustado entre los litigantes, que el ad quem transcribi\u00f3, \u201c[s]e desprende (\u2026), sin mayor esfuerzo interpretativo, que adicional a los dos (2) inmuebles descritos en el numeral 3 del aludido contrato, finca rural denominada LA MANADA y HACIENDA SAN CIPRIANO, hac\u00edan parte otros que no fueron especificados ni individualizados, \u2018\u2026propiedades ubicadas en Medell\u00edn y Bogot\u00e1\u2026\u2019. (\u2026). En la presente cl\u00e1usula, es evidente la falta de claridad y de identificaci\u00f3n de los bienes inmuebles que eran objeto como parte de pago del precio, de los cuales, solo se dijo que eran \u2018propiedades ubicadas en Medell\u00edn y Bogot\u00e1\u2019, sin describirlas con sus respectivos linderos o en su defecto, fijarlas de una forma m\u00e1s espec\u00edfica, lo cual evitar\u00eda la indeterminaci\u00f3n avizorada\u201d. <\/p>\n
5. La destacada vaguedad, constituye infracci\u00f3n a la comentada exigencia normativa, como lo tiene dilucidado la Corte, en la pluralidad de fallos que reprodujo parcialmente el Tribunal. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, el ad quem concluy\u00f3 que, en el caso sub lite, \u201cal no cumplir la respectiva cl\u00e1usula con los requisitos establecidos por las normas citadas, se confirma la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa suscrito por GUSTAVO ADOLFO ARANGO DUQUE y RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA\u201d. <\/p>\n
7. Pas\u00f3 el sentenciador de segunda instancia a examinar el tema de las prestaciones mutuas, en relaci\u00f3n con el cual puso de presente que la regla general aparece prevista en el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, norma que explic\u00f3 con ayuda de la jurisprudencia. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se ocup\u00f3 por separado de los siguientes subtemas: <\/p>\n
7.1. Mejoras: Tras reproducir la primera parte del art\u00edculo 966 del C\u00f3digo Civil, observ\u00f3 que \u201c[n]o existe ning\u00fan elemento probatorio, en el sentido que el demandado -prometiente comprador, haya realizado mejoras en el inmueble que debe restituir al prometiente vendedor – demandante, a pesar de las pruebas que se intent\u00f3 evacuar en primera instancia, como se explicar\u00e1 en ac\u00e1pites posteriores\u201d. <\/p>\n
7.2. Frutos: Previa alusi\u00f3n al contenido de los art\u00edculos 961, 964 y 717 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como a un fallo de esta Corporaci\u00f3n y a la buena fe del demandado, el Tribunal infiri\u00f3 que \u00e9ste \u201cte\u00f3ricamente estar\u00eda obligado a restituir los frutos percibidos a partir de la contestaci\u00f3n de la demanda\u201d; y que \u201c[s]in embargo, no hay pruebas en tal sentido\u201d. <\/p>\n
8. En ac\u00e1pite posterior, en el que relacion\u00f3 los elementos de juicio pedidos y decretados, as\u00ed como todas las medidas que se adoptaron para que el dictamen pericial ordenado en primera instancia lograra evacuarse, a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
En este orden, considera esta Sala de Decisi\u00f3n Civil, que en primera instancia, se intent\u00f3 evacuar la prueba referente a los frutos que hipot\u00e9ticamente produjo el inmueble, pero no fue posible debido a las dificultades en el desarrollo de la experticia, a la actitud de las partes, m\u00e1xime que se dict\u00f3 auto ordenando pasar el expediente al Despacho con el fin de dictar sentencia, y los involucrados en el proceso guardaron silencio; ello de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 361 del C. de P.C., en lo tocante a las pruebas de segunda instancia, para concluir que no es dable practicar pruebas en esta etapa del proceso. <\/p>\n
9. Al cierre, estim\u00f3 improcedente el derecho de retenci\u00f3n solicitado. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contiene dos cargos, ambos fincados en la causal primera de casaci\u00f3n, mediante los cuales se denunci\u00f3, por igual, la violaci\u00f3n del art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, habida cuenta que el ad quem, en desarrollo de las prestaciones mutuas derivadas de la nulidad contractual que decret\u00f3, no conden\u00f3 al pago de frutos, con la diferencia de que tal quebranto se plante\u00f3, en la censura inicial, por la v\u00eda directa y, en la otra, por la indirecta. <\/p>\n
La Corte solo se ocupar\u00e1 de la segunda acusaci\u00f3n, por ser la llamada a prosperar. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Como se dijo, con estribo en el motivo inicial del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se enrostr\u00f3 al Tribunal haber quebrantado indirectamente el 1746 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de error de derecho consistente en la falta de aplicaci\u00f3n del 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y en la indebida utilizaci\u00f3n del 361 de la misma obra. <\/p>\n
Luego de trascribir esos dos preceptos, la proponente de la censura, en apoyo de ella, adujo: <\/p>\n
1. Esa autoridad \u201celigi\u00f3 incorrectamente la norma procesal aplicable, de cara a la renuncia realizada por el [d]emandante a la prueba pericial, error que a groso modo consisti\u00f3 en dar una estricta aplicaci\u00f3n al [a]rt\u00edculo 361 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil cuando en su lugar ha debido aplicar el [a]rt\u00edculo 307 de la misma codificaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2. El ad quem justific\u00f3 su negativa al reconocimiento de los frutos, de un lado, en \u201cla renuncia de la prueba pericial\u201d por parte del actor; y, de otro, en la aplicaci\u00f3n del canon 361 del estatuto procesal civil, postura que comport\u00f3 el desconocimiento del art\u00edculo 307 ib\u00eddem. <\/p>\n
3. Traduce lo anterior, que dicha autoridad \u201cdesconoci\u00f3 el deber oficioso que se consagra con (\u2026) car\u00e1cter de principio general de la condena en concreto, dispuesto en el [a]rt\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que establece que cuando el juez considere que no existe prueba suficiente para condenar en concreto deber\u00e1 decretar de oficio las pruebas que estime necesarias, en instancia superior como lo fue el caso objeto de estudio, y no podr\u00e1 eximirse de dicho deber aduciendo que las partes \u2018guardaron silencio\u2019 cuando se dict\u00f3 auto ordenando pasar el expediente al Despacho para fallo\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Debe dejarse en claro que las normas aplicables para definir la acusaci\u00f3n de que ahora se trata, son las del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no s\u00f3lo porque ese era el ordenamiento jur\u00eddico vigente al momento de la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n (numeral 5\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso), sino porque fue el que rigi\u00f3 el impulso, en su integridad, de las dos instancias del proceso. <\/p>\n
2. Con el prop\u00f3sito de poner las cosas en el contexto que les corresponde, debe destacarse que el Tribunal, pese a colegir que el demandado \u201cte\u00f3ricamente estar\u00eda obligado a restituir los frutos percibidos a partir de la contestaci\u00f3n de la demanda\u201d, se abstuvo de imponer condena alguna al respecto, toda vez que \u201cno hay pruebas en tal sentido\u201d y que de conformidad con el art\u00edculo 361 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no hab\u00eda lugar a decretarlas en segunda instancia. <\/p>\n
La recurrente, en el cargo que se examina, le reproch\u00f3 al citado juzgador haber desatendido el mandato del art\u00edculo 307 de la obra en cita y, en tal virtud, no haber ordenado de oficio las pruebas necesarias para concretar los frutos, so pretexto de que no era procedente su decreto en segunda instancia, como quiera que no estaban cumplidas las exigencias del art\u00edculo 361 ib\u00eddem. <\/p>\n
3. A voces del primero de los preceptos atr\u00e1s invocados, conforme a la modificaci\u00f3n que le introdujo el Decreto 2282 de 1989: <\/p>\n
La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se har\u00e1 en la sentencia por cantidad y valor determinado. Cuando el juez considere que no existe prueba suficiente para la condena en concreto, decretar\u00e1 de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin. <\/p>\n
De la misma manera deber\u00e1 proceder el superior para hacer la condena en concreto omitida total o parcialmente por el inferior, o para extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado (se subraya). <\/p>\n
4. Se trata, pues, de uno de los casos en los que el legislador impuso a los sentenciadores tanto de primera como de segunda instancia, el deber de decretar pruebas de oficio, obligaci\u00f3n cuyo desconocimiento comporta la comisi\u00f3n de error de derecho, por falta de aplicaci\u00f3n de una norma de disciplina probatoria. <\/p>\n
Sobre el particular, se ha expuesto: <\/p>\n
Relativamente a ese poder \u2013 deber otorgado por la ley al juez para decretar de oficio las pruebas que considere \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos afirmados por las partes (art\u00edculo 179 C\u00f3digo de Procedimiento Civil), ha dicho la Corte que si bien es cierto constituye, no s\u00f3lo una facultad sino, tambi\u00e9n, dado el inter\u00e9s p\u00fablico del proceso, un deber orientado al establecimiento de \u2018la verdad real\u2019; no es menos cierto \u2018que s\u00f3lo le corresponde al mencionado funcionario juzgador, juez o magistrado, determinar previamente a la decisi\u00f3n del decreto de oficio de pruebas, cu\u00e1les son las alegaciones de las partes y los hechos relacionados con \u00e9stas, as\u00ed como cu\u00e1les de estos hechos requieren de su verificaci\u00f3n o prueba y cu\u00e1les estima o considera \u00fatiles para tal efecto. De all\u00ed que si bien no se trata de una mera discrecionalidad del juzgador la atribuci\u00f3n para decretar o no decretar de oficio una prueba, sino de un deber edificado sobre el juicio y conclusi\u00f3n razonable del juzgador, no es menos cierto que s\u00f3lo a \u00e9l le compete hacer dicho an\u00e1lisis y adoptar la decisi\u00f3n que estime pertinente de decretar o no la prueba de oficio (art\u00edculo 179, inc. 2\u00ba C\u00f3digo de Procedimiento Civil) o simplemente abstenerse de hacerlo (pues, s\u00f3lo depende de su iniciativa). Por ello resulta explicable que no se incurra en error de derecho cuando el juez, en uso de sus atribuciones, se abstiene de decretar pruebas de oficio y, por consiguiente, no procede a darle valoraci\u00f3n a prueba inexistente o a prueba irregularmente presentada o incorporada al proceso\u2019 (Sentencia del 12 de septiembre de 1994). <\/p>\n
Pero, es m\u00e1s, es[e] poder del juez, caracterizado como se encuentra, seg\u00fan se ha dicho, de un razonable grado de discrecionalidad, se trueca, en algunas hip\u00f3tesis claramente definidas en el aludido estatuto, en un verdadero deber, despojado, por consiguiente, de aqu\u00e9l cariz potestativo, manifest\u00e1ndose, entonces, como una exigencia que el juzgador, como director del proceso, debe satisfacer; se trata, entonces, de espec\u00edficos eventos en los cuales la ley impone la pr\u00e1ctica de una determinada prueba en ciertos procesos, en cuyo caso, incumbe al juzgador cerciorarse de la realizaci\u00f3n de la misma, como acontece, por ejemplo, con las pruebas ordenadas por el art\u00edculo 407 y 415 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, entre otras, o el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 75 de 1968; o la realizaci\u00f3n de cierta actividad complementaria de la de las partes, como acontece, v. gr., con lo previsto en el art\u00edculo 256 ejusdem. <\/p>\n
En los supuestos de esta especie, la actividad oficiosa del juzgador no depende de su prudente y razonable juicio, sino que ella debe desplegarse por requerimiento legal, de manera que su incumplimiento genera la inobservancia de un deber de conducta que pesa sobre \u00e9l (CSJ, SC del 7 de noviembre de 2000, Rad. n.\u00b0 5606; se subraya). <\/p>\n
En tiempo m\u00e1s pr\u00f3ximo, la Sala puntualiz\u00f3: <\/p>\n
A este respecto, el juzgador, tiene el deber-poder de decretar y practicar pruebas de oficio (arts. 37, num. 4\u00ba, 179 y 180 C\u00f3digo de Procedimiento Civil), en principio, seg\u00fan su an\u00e1lisis prudencial y razonable en cuanto a su pertinencia, necesidad y coherencia (Sentencia de 12 de diciembre de 1994, exp. 4293). <\/p>\n
Empero, se impone este deber, cuando expresamente \u2018la utilidad y necesidad de la prueba, surgiera de la misma ley, por \u00e9sta exigirla imperativamente, o de las circunstancias propias del proceso respectivo, como cuando indubitablemente conduce al hallazgo de la verdad real y a determinar la decisi\u00f3n final\u2019 (Sentencia de casaci\u00f3n de 5 de mayo de 2000, expediente 5165), espec\u00edficamente, en los casos \u2018en que es obligatorio ordenarlas y practicarlas, como por ejemplo la gen\u00e9tica en los procesos de filiaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n; la inspecci\u00f3n judicial en los de declaraci\u00f3n de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto por frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. De an\u00e1logo modo para impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades\u2019, eventos, en los cuales, \u2018es ineludible el \u2018decreto de pruebas de oficio\u2019, so pena de que una omisi\u00f3n de tal envergadura afecte la sentencia\u2019 (cas. civ. sentencia de 15 de julio de 2008, [SC-069-2008], exp. 1100131030422003-00689-01). <\/p>\n
En particular, el legislador sienta la regla de la condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, por cantidad y valor determinados y \u2018[c]uando el juez considere que no existe prueba suficiente para la condena en concreto, decretar\u00e1 de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin\u2019 (art\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, art. 1\u00ba, num. 137), por manera que en esta hip\u00f3tesis, tiene el deber legal de decretar ex officio las probanzas respectivas. <\/p>\n
(\u2026) Dado el car\u00e1cter instrumental del art\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u2018esto es, de regla orientadora de la actividad procesal del juez\u2019 (cas. civ. sentencia de 25 de febrero de 2005, exp. 7232), la inobservancia del deber consagrado en el precepto, \u2018podr\u00e1 estructurar un error de derecho (Cas. Civ. 12 de septiembre de 1994, expediente 4293)\u2019 (Sent. Cas. Civ. de 13 de abril de 2005, Exp. No. 1998-0056-02, reiterada en Sent. Cas. Civ. de 29 de noviembre de 2005, Exp. No. 01592-01) (cas. civ. sentencia de 12 de diciembre de 2006, [SC-174-2006], expediente 11001-31-03-035-1998-00853-01) denunciable \u2018a trav\u00e9s de la v\u00eda del recurso extraordinario de casaci\u00f3n apoyado en la causal primera, por la transgresi\u00f3n de normas de disciplina probatoria que conducen fatalmente a la violaci\u00f3n de preceptos sustanciales, obviamente en el entendido de que se re\u00fanan los dem\u00e1s requisitos de procedibilidad, y la preterici\u00f3n de tales medios de convicci\u00f3n tenga trascendencia para modificar la decisi\u00f3n adoptada\u2019 (cas. civ. sentencia de 15 de julio de 2008, [SC-069-2008], exp.1100131030422003-00689-01) (CSJ, SC del 28 de mayo de 2009, Rad. n. \u00b0 2001-00177-01; se subraya). <\/p>\n
A modo de compendio, la Corte, en reciente oportunidad, observ\u00f3: <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, el juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio cuando la ley se lo impone, como por ejemplo, trat\u00e1ndose de la prueba gen\u00e9tica en los procesos de filiaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad; la inspecci\u00f3n judicial en los de declaraci\u00f3n de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto al pago de frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. De igual modo debe practicarlas para impedir fallos inhibitorios y evitar nulidades. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, cuando con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda sobreviene un hecho que altera o extingue la pretensi\u00f3n inicial y ese hecho es demostrado con una prueba id\u00f3nea que no ha sido legal y oportunamente incorporada al proceso (CSJ SC, 12 Sep 1994. Rad. 4293). <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, debe hacer uso de tal prerrogativa cuando existen elementos de juicio suficientes que indican con gran probabilidad la existencia de un hecho que reviste especial trascendencia para la decisi\u00f3n, de suerte que solo falte completar las pruebas que lo insin\u00faan (CSJ, SC 11337 del 27 de agosto de 2015, Rad. n.\u00b0 2004-00059-01; se subraya). <\/p>\n
5. Visible es, entonces, la transgresi\u00f3n por parte del Tribunal del art\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues teniendo el deber de decretar de oficio las pruebas necesarias para concertar la condena al pago de frutos, omitida por el sentenciador de primera instancia precisamente debido a la carencia de medios de convicci\u00f3n, se abstuvo de adoptar dicha medida y, en cambio, opt\u00f3 por confirmar el fallo del a quo. <\/p>\n
6. Ahora bien, el incumplimiento de ese deber legal no aparece justificado, pues su acatamiento no depend\u00eda del comportamiento desplegado por las partes respecto de la actividad probatoria cumplida en primera instancia, ni de que ellas hubiesen solicitado la pr\u00e1ctica de pruebas en segunda. <\/p>\n
De conformidad con el ya transcrito art\u00edculo 307 del estatuto procesal civil, el decreto oficioso de pruebas es obligatorio por el s\u00f3lo hecho de que en el proceso no militen las necesarias para imponer en concreto las condenas a que se refiere el precepto, entre ellas, la atinente a los frutos. Nada m\u00e1s, pero tampoco nada menos, que eso. <\/p>\n
De suyo, entonces, que la circunstancia de que las pruebas decretadas en primera instancia no se hubieren materializado por descuido o negligencia de las partes, no era un factor atendible para decidir sobre la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 307 ib\u00eddem. Tampoco que el interesado en una determinada condena, hubiese omitido solicitar en segunda instancia la pr\u00e1ctica de las pruebas correspondientes para su concreci\u00f3n. <\/p>\n
7. Se colige, en definitiva, que doble fue el error de derecho cometido por el Tribunal. De un lado, no aplic\u00f3 el art\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en tanto que se abstuvo de decretar pruebas de oficio que le permitieran concretar la condena al pago de frutos; y, de otro, hizo actuar indebidamente el art\u00edculo 361 de la misma obra, con el prop\u00f3sito de justificar esa omisi\u00f3n. <\/p>\n
Aunque la casaci\u00f3n debi\u00f3 guiarse, como ya se advirti\u00f3, por las normas del c\u00f3digo de procedimiento civil, se debe se\u00f1alar que ese hecho se resuelve hoy a la luz del art\u00edculo 133, numeral 5\u00ba, declarando la nulidad que all\u00ed se establece, en raz\u00f3n de que dicha norma se\u00f1ala que existe \u201cCuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u201d, lo que conducir\u00eda a lo mismo, o sea a que una vez definida la casaci\u00f3n, sea necesario proceder a dictar la sentencia sustitutiva una vez decretadas las pruebas que se echan de menos. En ese sentido se abre paso el cargo. <\/p>\n
8. Si bien es verdad, que como consecuencia de la advertida prosperidad de la acusaci\u00f3n, le corresponder\u00eda a la Corte, en sede de segunda instancia, atender el deber de decretar de oficio, al tenor del art\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, las pruebas que le permitieran, al dictar luego el correspondiente fallo sustitutivo, condenar en concreto al pago de los frutos percibidos y\/o que con mediana inteligencia y actividad, el actor hubiese podido percibir, desde la contestaci\u00f3n de la demanda y hasta cuando se verifique le efectiva restituci\u00f3n del predio sobre el que vers\u00f3 el litigio, tambi\u00e9n es cierto, que no hay lugar a adoptar esas medidas, por las razones que siguen a explicarse: <\/p>\n
8.1. En el tiempo que ha permanecido el expediente al despacho para el proferimiento del presente prove\u00eddo, se recibi\u00f3 copia del AUTO INTERLOCUTORIO No. 0401 dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja el 7 de mayo de 2018, mediante el cual, entre otras muchas determinaciones, se adoptaron las que pasan a reproducirse: <\/p>\n
PRIMERO: ADMITIR la presente solicitud de Restituci\u00f3n o Formalizaci\u00f3n de Tierras, entendi\u00e9ndose que va inmersa la prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio[,] en relaci\u00f3n [con el] predio denominado \u2018LA MANADA\u2019[,] ubicado en el departamento de Antioquia[,] municipios de Maceo y Yolomb\u00f3[,] identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 038-3380, solicitud promovida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTI\u00d3N DE RESTITUCI\u00d3N DE TIERRAS DESPOJADAS DE ANTIOQUIA, a trav\u00e9s de apoderada judicial y en favor del se\u00f1or GUSTAVO ADOLFO ARANGO DUQUE, respecto de los predios denominados \u2018La Manada\u2019, ubicado en la vereda San Laureano del municipio de Maceo[,] y \u2018San Cipriano\u2019, ubicado en la vereda San Cipriano del municipio de Maceo \u2013Antioquia. <\/p>\n
<\/p>\n
NOMBRE DEL PREDIO <\/p>\n
F\u00d3LIO DE MATR\u00cdCULA INMOBILIARIA <\/p>\n
N\u00daMERO PREDIAL <\/p>\n
\u00c1REA GEORREFEREN-CIADA <\/p>\n
MUNICIPIO <\/p>\n
\u201cLA MANADA\u201d <\/p>\n
038-3380 <\/p>\n
05425000010000004000010000-00000 <\/p>\n
774 Ha 4128 mts2 <\/p>\n
\u201cLA MANADA\u201d <\/p>\n
038-3380 <\/p>\n
89020020000150002700000000 <\/p>\n
189 Ha 6524 mts2 <\/p>\n
YOLOMB\u00d3 <\/p>\n
\u201cSAN CIPRIANO\u201d <\/p>\n
019-2310 <\/p>\n
425200100000080000700000000 <\/p>\n
645 Ha 4209 mts2 <\/p>\n
MACEO <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR la suspensi\u00f3n de los procesos judiciales, notariales y administrativos que se hayan iniciado en relaci\u00f3n con el bien objeto de la solicitud, con excepci\u00f3n de los procesos de expropiaci\u00f3n y para ello inf\u00f3rmese a las dem\u00e1s autoridades judiciales a trav\u00e9s del LINK Restituci\u00f3n de Tierras \u2013 INFORMES ACUMULACI\u00d3N POCESAL[,] dispuesto por el CENDOJ en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, la iniciaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, en pro de facilitar la acumulaci\u00f3n procesal de que trata el art\u00edculo 95 de la ley 1448 de 2011 y en cumplimiento del acuerdo No. PSAA13-9857 de Marzo 6 de 2013 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y con el fin de concentrar en este tr\u00e1mite especial, todos los procesos o actos judiciales, administrativos o de cualquier otra naturaleza que adelanten las autoridades p\u00fablicas o notariales, en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto de restituci\u00f3n o de los predios sobre los cuales se encuentra traslapado, evento en el cual perder\u00e1n competencia sobre dichos tr\u00e1mites, debiendo remitirlos a este juzgado en el t\u00e9rmino de la distancia. <\/p>\n
8.2. La prosperidad del cargo atr\u00e1s analizado determina que la sentencia impugnada deba casarse y que, por lo mismo, la controversia haya readquirido su car\u00e1cter procesal, pues el quiebre de dicho fallo traduce que est\u00e1 pendiente de resolverse la segunda instancia, esto es, los recursos de apelaci\u00f3n que las partes interpusieron frente a la sentencia del a quo. <\/p>\n
8.3. As\u00ed las cosas, encontr\u00e1ndose en firme la medida de suspensi\u00f3n procesal adoptada en el prove\u00eddo atr\u00e1s reproducido; proviniendo ella de la autoridad que la ley sign\u00f3 como competente para adoptarla; y habiendo retornado el presente litigio a una fase procesal anterior a la casaci\u00f3n, se colige que habr\u00e1 de atenderse ese mandato y, en tal virtud, ordenarse la remisi\u00f3n de este asunto litigioso al proceso de restituci\u00f3n de tierras atr\u00e1s identificado, para su acumulaci\u00f3n. <\/p>\n
Es claro que la suspensi\u00f3n no pod\u00eda darse estando pendiente el recurso de casaci\u00f3n porque la jurisdicci\u00f3n de tierras no pod\u00eda resolver este recurso extraordinario, pero una vez dictada la sentencia por la Sala Civil, y habiendo salido avante el recurso, el proceso queda de nuevo en segunda instancia, caso en el cual la Corte queda investida como Tribunal de apelaci\u00f3n, y en este punto, es pertinente tener en cuenta la comunicaci\u00f3n del juez de tierras y en consecuencia proceder a suspender la actuaci\u00f3n y remitir el proceso para que se acumule ante esa jurisdicci\u00f3n como lo prev\u00e9n los art\u00edculos 86, literal c. y 95 de la ley 1448 de 2011, porque ya como Tribunal de instancia debe observar el texto legal y por esa raz\u00f3n no le es posible continuar conociendo del proceso para dictar la sentencia sustitutiva, que en caso de ser necesaria para los fines de la ley especial ser\u00e1 dictada luego de la acumulaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
Primero: CASAR la sentencia del 6 de noviembre de 2014, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado en los comienzos de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Segundo: ORDENAR, en sede de segunda instancia y en atenci\u00f3n a las determinaciones adoptadas en el auto a que se hizo menci\u00f3n al final de las consideraciones de este fallo: <\/p>\n
A) La SUSPENSI\u00d3N del presente asunto, en los t\u00e9rminos del literal c) del art\u00edculo 86 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
B) La REMISI\u00d3N del mismo al proceso de restituci\u00f3n de tierras atr\u00e1s identificado, para su acumulaci\u00f3n, de conformidad con las previsiones del art\u00edculo 95 de la precitada ley. Of\u00edciese. <\/p>\n
C) Se informe lo aqu\u00ed decidido a los sentenciadores de instancia, para todos los efectos legales; y al Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn, para los de la medida cautelar que decret\u00f3 y comunic\u00f3 en el oficio No. 398-2008-00288 librado dentro del proceso ejecutivo 2009-00524. Of\u00edciese con agregaci\u00f3n de copia de este fallo. <\/p>\n
Tercero: Sin costas en casaci\u00f3n, por la prosperidad del recurso. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, env\u00edese el expediente en la forma ordenada. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-005-2009-00832-01 <\/p>\n
Estimo necesario aclarar mi voto, en relaci\u00f3n con algunos aspectos relativos con la soluci\u00f3n procesal del litigio en cuanto corresponde con la fase sustitutiva del presente recurso de casaci\u00f3n, tocante con las causas ligadas con la jurisdicci\u00f3n especial creada por la Ley 1448 de 2011, en donde se dictan medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno y se expiden otras disposiciones. <\/p>\n
Sin duda se advert\u00eda y compel\u00eda casar la recurrida, como en efecto acaeci\u00f3, para la concretizaci\u00f3n del pago de los frutos, intereses, mejoras y perjuicios, decretando las pruebas de rigor, decisi\u00f3n que comparto plenamente. Surgen problemas para la fase ulterior y consecuencial que era preciso clarificar. <\/p>\n
1. La causa objeto de juzgamiento. La parte actora solicit\u00f3 declarar el incumplimiento y posterior resoluci\u00f3n de un contrato de promesa de compraventa de un predio rural: \u201cLa Manada\u201d, de m\u00e1s de mil hect\u00e1reas, con la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 038-002022 de la Oficina de Registro del C\u00edrculo de Yolomb\u00f3- Antioquia\u201d. Adem\u00e1s peticion\u00f3, las consecuencia del caso. <\/p>\n
3. La demanda fue admitida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn, mediante auto del 22 de enero de 2010. <\/p>\n
Surtido el tr\u00e1mite de la primera instancia, el juzgado de conocimiento le puso fin con sentencia del 5 de marzo de 2013, en la que declar\u00f3 la \u201cnulidad absoluta\u201d del contrato de promesa base del otros\u00ed que lo adicion\u00f3, \u201cen lo que atiende al inmueble identificado con folio de matr\u00edcula 038-0002022 de la Oficina de Registro de Instrumento P\u00fablicos de Yolomb\u00f3- Antioquia\u201d. Esa decisi\u00f3n fue confirmada por el Tribunal, y ambas partes, acudieron en casaci\u00f3n, hallando pr\u00f3spero el recurso esta Sala. <\/p>\n
4. La decisi\u00f3n de casaci\u00f3n. Cas\u00f3 la Corte y dispuso consecuencialmente: <\/p>\n
\u201cSegundo: ORDENAR, en sede de segunda instancia y en atenci\u00f3n a las determinaciones adoptadas en el auto a que hizo menci\u00f3n al final de las consideraciones de este fallo: <\/p>\n
\u201cA)La SUSPENSI\u00d3N del presente asunto, en los t\u00e9rminos del literal c) del art\u00edculo 86 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
\u201cB) La REMISI\u00d3N del mismo proceso de restituci\u00f3n de tierras atr\u00e1s identificado, para su acumulaci\u00f3n, de conformidad con las previsiones del art\u00edculo 95 de la ley\u201d. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n la encamin\u00f3 de ese modo la Sala, tras haber recibido copia del auto interlocutorio del 7 de mayo de 2018 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restituci\u00f3n de tierras de Barrancabermeja, en el cual dispuso la suspensi\u00f3n de los procesos judiciales en cumplimiento del art. 95 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Record\u00f3 entonces, el literal C del art\u00edculo 86 de ese mismo estatuto que ordena: el \u201c(\u2026) auto que admita la solicitud deber\u00e1 disponer (\u2026) c) La suspensi\u00f3n de los procesos declarativos de derechos reales sobre el predio cuya restituci\u00f3n se solicita, los procesos sucesorios, de embargo, divisorios, de deslinde y amojonamiento, de servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restituci\u00f3n de tenencia, de declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, que se hubieran iniciado ante la justicia ordinaria en relaci\u00f3n con el inmueble o predio cuya restituci\u00f3n se solicita, as\u00ed como los procesos ejecutivos, judiciales, notariales y administrativos que afecten el predio, con excepci\u00f3n de los procesos de expropiaci\u00f3n\u201d. Y en ese sentido; luego de casado el fallo, la Corte, procede a despojarse de su compentencia para disponer la \u201cREMISI\u00d3N del mismo proceso de restituci\u00f3n de tierras atr\u00e1s identificado, para su acumulaci\u00f3n, de conformidad con las previsiones del art\u00edculo 95 de la ley\u201d. <\/p>\n
Ese art\u00edculo de esa ley, de V\u00edctimas, se\u00f1ala: \u201cAcumulaci\u00f3n procesal. Para efectos del proceso de restituci\u00f3n de que trata la presente ley, se entender\u00e1 por acumulaci\u00f3n procesal, el ejercicio de concentraci\u00f3n en este tr\u00e1mite especial de todos los procesos o actos judiciales, administrativos o de cualquier otra naturaleza que adelanten autoridades p\u00fablicas o notariales en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto de la acci\u00f3n. Tambi\u00e9n ser\u00e1n objeto de acumulaci\u00f3n las demandas en las que varios sujetos reclamen inmuebles colindantes, o inmuebles que est\u00e9n ubicados en la misma vecindad, as\u00ed como las impugnaciones de los registros de predios en el Registro de Tierras Despojadas y abandonadas forzosamente. <\/p>\n
\u201cCon el fin de hacer efectiva esta acumulaci\u00f3n, desde el momento en que los funcionarios mencionados sean informados sobre la iniciaci\u00f3n del procedimiento de restituci\u00f3n por el magistrado que conoce del asunto, perder\u00e1n competencia sobre los tr\u00e1mites respectivos y proceder\u00e1n a remit\u00edrselos en el t\u00e9rmino que este se\u00f1ale. <\/p>\n
\u201cLa acumulaci\u00f3n procesal est\u00e1 dirigida a obtener una decisi\u00f3n jur\u00eddica y material con criterios de integralidad, seguridad jur\u00eddica y unificaci\u00f3n para el cierre y estabilidad de los fallos. Adem\u00e1s, en el caso de predios vecinos o colindantes, la acumulaci\u00f3n est\u00e1 dirigida a criterios de econom\u00eda procesal y a procurar los retornos con car\u00e1cter colectivo dirigidos a restablecer las comunidades de manera integral bajo criterios de justicia restaurativa\u201d. <\/p>\n
5. Sobre el particular deben hacerse varias precisiones, omiitidas en la decisi\u00f3n: <\/p>\n
5.1. El sendero escogido, desconoce las finalidades de la Ley de victimas, como la propia arquitectura del sistema jur\u00eddico colombiano, en cuanto corresponde a la Corte por atribuci\u00f3n constitucional prelativamente, seg\u00fan el art\u00edculo 235 de la Carta, \u201c1. Actuar como Tribunal de casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Para el ejercicio de esta tarea por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Civil se le tiene asignado en el art. 333 del C. G. del P., el siguiente encargo: \u201c (\u2026) defender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida\u201d. De tal forma, que si \u00e9ste es el prop\u00f3sito que entrega a \u00e9sta Sala la propia Constituci\u00f3n, esa finalidad suprema no la pod\u00eda cumplir despoj\u00e1ndose de ella para entreg\u00e1rsela a los jueces de instancia, y especialmente a un juez, el Primero Civil del Circuito especializado en jurisdicci\u00f3n de tierras, que ni siquieras puede fallar un litigio de esta naturaleza, porque la misma Ley de v\u00edctimas se\u00f1ala en el art. 79 que de llegar a existir oposici\u00f3n, no puede decidir, sino que debe remitir el asunto al superior, la Sala correspondiente a tierras. Esto por cuanto en la presente causa existe oposici\u00f3n. <\/p>\n
5.2. Del mismo modo se advierte que el prop\u00f3sito de la concurrencia de las figuras de la suspensi\u00f3n y consecuencial acumulaci\u00f3n consistente en \u201cobtener una decisi\u00f3n jur\u00eddica y material con criterios de integralidad, seguridad jur\u00eddica y unificaci\u00f3n para el cierre y estabilidad de los fallos. Adem\u00e1s, en el caso de predios vecinos o colindantes, la acumulaci\u00f3n est\u00e1 dirigida a criterios de econom\u00eda procesal y a procurar los retornos con car\u00e1cter colectivo dirigidos a restablecer las comunidades de manera integral bajo criterios de justicia restaurativa\u201d; no se est\u00e1 cumpliendo sino omitiendo. <\/p>\n
No puede predicarse que esa funci\u00f3n juzgadora con criterios de integralidad, seguridad jur\u00eddica y unificaci\u00f3n para el cierre y estabilidad de los fallos se halle en la base de una pir\u00e1mide estructural de la justicia, sino que es la misma Carta Pol\u00edtica, la doctrina consolidada de la Sala de Casaci\u00f3n, la doctrina especializada y el propio ordenamiento quienes otorgan esa funci\u00f3n a la c\u00faspide, la Sala de Casaci\u00f3n respectiva de la Corte Suprema, tal cual lo ense\u00f1a la regla 333 del C. G. del P. trasuntado, atribuy\u00e9ndosela a la Sala de Casaci\u00f3n Civil y no a un Juez especializado del Circuito la ejecuci\u00f3n de tan magna tarea. Ella no puede ser de ese modo por razones de competencia y de jurisdicci\u00f3n, por ejemplo, enunciado un solo detalle, el juez especializado \u00fanicamente tiene tarea en sector de la naci\u00f3n, la Corte la despliega para todo el territorio nacional. <\/p>\n
5.3. La funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica del recurso de Casaci\u00f3n se halla en la Corte Suprema, del mismo modo, la de unificar la jurisprudencia para dar seguridad confianza leg\u00edtima a la ciudadan\u00eda en el ordenamiento, y ese labor\u00edo no puede hallarse en los jueces de primera o \u00fanica instancia. La jurisdicci\u00f3n de tierras regulada por la Ley 1148 de 2011 tiene muchos vac\u00edos, ambiguedades, contradicciones que el propio legislador no ha resuelto, y era por medio de la sentencia sustitutiva del recurso de casaci\u00f3n como deb\u00eda resolver esta Corte la problem\u00e1tica; era la oportunidad, atendiendo que el accionante en la jurisdicci\u00f3n de tierras era el msmo demandante del juicio casacional, o ya en raz\u00f3n de la existencia com\u00fan del mismo objeto jur\u00eddico, la finca \u201cManada\u201d materia de juzgamiento reciente en la jurisdicci\u00f3n de tierras y, objeto juridico material id\u00e9ntico que ocupa a este recurso de casaci\u00f3n, que por consiguiente, permit\u00eda que la Corte tomara la alternativa seria de elaborar una sentencia estructural con car\u00e1cter unificador e interpretativo en materia de tierras. <\/p>\n
La oportunidad queda frustrada, porque por inercia a Corte se despoja de esta acci\u00f3n para dejar en manos de los jueces de instancia la soluci\u00f3n desordenada y arbitraria de tales puntos, respecto de los cuales, correspond\u00eda a la Corte se\u00f1alar cu\u00e1l debe ser el camino que se debe seguir, la forma de hacerlo, la manera como se deben restitu\u00edr prestaciones y pagar frutos, la inteligencia del concepto de usurpador, de v\u00edctima, de terceros ocupantes, de buena fe, de interpretaci\u00f3n contractual, y en fin. Se trataba de un sinn\u00famero de aspectos relativos a tierras con ocasi\u00f3n del conflicto colombiano y relacionados con una jurisdicci\u00f3n, como la de Tierras, que ha estado ejerciendo su tarea en forma extrasist\u00e9mica frente al propio ordenamiento del C. C. y de la Carta, y al margen del Acuerdo Uno de la Habana, tomando posturas, que s\u00f3lo excepcionalmente corrige esta Corte por v\u00eda del recurso de revisi\u00f3n o de la acci\u00f3n de tutela, porque, reit\u00e9rase carece de recurso de apelaci\u00f3n y de casaci\u00f3n. <\/p>\n
5.4. La ausencia expresa del recurso de casaci\u00f3n para la clase de procesos de la jurisdicci\u00f3n de tierras, previstos en la Ley 1148 de 2011. Como lo anunci\u00e9 anteriormente, este aspecto, por s\u00ed s\u00f3lo, y al estar requerido el asunto por un Juez de tierras, impon\u00eda que la Corte, siendo \u00e9ste recursos extraordinario el medio id\u00f3neo, zanjara todos los problemas planteados ante la jurisdicci\u00f3n de tierras relacionados con el predio La Manada, tras haber casado el fallo recurrido en sede extraordinario, estando expedito el espacio procesal para lo pertinente. Arredrar y despojarse de esta tarea no era lo acertado, y con mayor raz\u00f3n, cuando en la jurisdicci\u00f3n de tierras no existe recurso de casaci\u00f3n que pudiera agitar nuevamente el asunto ante esta Sala. <\/p>\n
5.5. El car\u00e1cter restringido de la jurisdicci\u00f3n de tierras al tratarse de una jurisdicci\u00f3n temporal, la estructurada en la Ley 1148, pero neural en la historia y futuro del pa\u00eds, compel\u00eda con mayor raz\u00f3n aprender por la propia Corte la soluci\u00f3n integral y plena de la controversia. <\/p>\n
El art. 79 del Estatuto en cuesti\u00f3n dispone: \u201cLos Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restituci\u00f3n de tierras, decidir\u00e1n en \u00fanica instancia los procesos de restituci\u00f3n de tierras, y los procesos de formalizaci\u00f3n de t\u00edtulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que se reconozcan opositores dentro del proceso. As\u00ed mismo, conocer\u00e1n de las consultas de las sentencias dictadas por los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
\u201cLos Jueces Civiles del Circuito, especializados en restituci\u00f3n de tierras, conocer\u00e1n y decidir\u00e1n en \u00fanica instancia los procesos de restituci\u00f3n de tierras y los procesos de formalizaci\u00f3n de t\u00edtulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que no se reconozcan opositores dentro del proceso. <\/p>\n
\u201cEn los procesos en que se reconozca personer\u00eda a opositores, los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restituci\u00f3n de tierras, tramitar\u00e1n el proceso hasta antes del fallo y lo remitir\u00e1n para lo de su competencia al Tribunal Superior de Distrito Judicial\u201d. <\/p>\n
Si el juicio de tierras en su fase contenciosa es de \u00fanica instancia, la cuesti\u00f3n litigiosa se hac\u00eda mucho m\u00e1s problem\u00e1tica, frente a la aplicaci\u00f3n de un estatuto que contiene enormes lagunas en la soluci\u00f3n del problema m\u00e1s complejo y grave que por siglos ha estado latente en Colombia, al punto que ha sido, siempre materia de negociaci\u00f3n con los sectores beligerantes en las respectivas mesas de di\u00e1logos y de acuerdos desde el siglo XIX. <\/p>\n
La propia naturaleza del recurso de casaci\u00f3n implicaba, por la importancia del tema dictar una sentencia estructural e interpretativa de la Ley de Tierras. Explico: el juicio casacional, como en general, los que se ocupan de las decisiones tocantes con los recursos extraordinarios, transitan por dos etapas o fases, la primeras referente a una de car\u00e1cter negativo, conocida como iudicium rescindes; la otra concerniente a una fase de car\u00e1cter positivo conocida como iudicium rescissorium. <\/p>\n
Si la Corte cumpli\u00f3 la primera fase y cas\u00f3 la sentencia impugnada en casaci\u00f3n, para la segunda fase, a fin de dictar la sentencia sustitutiva o ejecutar el iudicium rescissorium, deb\u00eda haber solicitado por la propia autoridad de la Constituci\u00f3n y como juez de cierre, los juicios existentes ante el Juez de Tierras, para fijar las l\u00edneas y pautas del modo como aqu\u00e9l deb\u00eda proceder frente a los eventuales derechos de las v\u00edctimas, de los terceros y de los leg\u00edtimos propietarios. <\/p>\n
Fecha, ut supra <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-005-2009-00832-01 <\/p>\n
A partir de la consideraci\u00f3n de que la Corte Suprema de Justicia tiene un rol central en el funcionamiento de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en atenci\u00f3n a su condici\u00f3n de \u00f3rgano de cierre, entre otros, en asuntos civiles, comerciales, de familia, agrarios y, recientemente, de restituci\u00f3n de tierras, el cual no puede rehusar bajo ning\u00fan pretexto, estimo que la Sala adopt\u00f3 una decisi\u00f3n perturbadora del sistema jur\u00eddico, frente a la cual me aparto respetuosamente. <\/p>\n
Considero que lo que proced\u00eda era la acumulaci\u00f3n del presente litigio con el adelantado por el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, lo que habr\u00eda permitido a esta Corporaci\u00f3n, como \u00f3rgano de cierre, unificar la interpretaci\u00f3n sobre las normas que gobiernan la jurisdicci\u00f3n especializada de tierras, que pretende responder a las necesidades derivadas del conflicto que ha vivido el pa\u00eds desde la emancipaci\u00f3n espa\u00f1ola, con un enfoque de justicia transicional, como explicar\u00e9 en lo sucesivo. <\/p>\n
1. La justicia transicional. <\/p>\n
1.1. Los cambios pol\u00edticos abruptos, o la conformaci\u00f3n de grupos que propenden por su realizaci\u00f3n, han generado escenarios de violencia a lo largo de la humanidad, los cuales demandan instrumentos jurisdiccionales especiales que favorezcan la pacificaci\u00f3n y reconciliaci\u00f3n, cuyos antecedentes hist\u00f3ricos son profundos. <\/p>\n
Verbi gratia la restauraci\u00f3n de la democracia en Atenas, despu\u00e9s de los enfrentamientos entre las facciones y la guerra entre griegos y persas, \u00fanicamente se hizo viable cuando \u00abTrasybulos ingres\u00f3 en Atenas\u2026 y logr\u00f3 una ley de amnist\u00eda (Jenof. Hell. II-4), convoc\u00f3 la Ekklesia, donde pronunci\u00f3 un significativo discurso en defensa de la demokratia y se dispuso que los atenienses ser\u00edan gobernados de acuerdo a la patrios politeia\u2026 Logrado el acuerdo entre Trasybulos y los Diez, fue elegido arconte Euklides (403) y \u00e9ste promulg\u00f3 la amnist\u00eda para todos, excepto para los Treinta\u00bb1. <\/p>\n
Algo similar sucedi\u00f3 con la restauraci\u00f3n inglesa de 1660, momento en el que se reintegr\u00f3 la monarqu\u00eda en cabeza de Carlos II, quien profiri\u00f3 el Acta de perd\u00f3n y olvido con el fin de condonar todas las traiciones a la corona, salvo los hechos relativos al juicio y ejecuci\u00f3n de Carlos I. <\/p>\n
La misma l\u00ednea traseg\u00f3 el restablecimiento de los Borbones en 1814 en Francia, que aparej\u00f3 una amnist\u00eda a todos los opositores que se sometieran al r\u00e9gimen constituido. <\/p>\n
De forma m\u00e1s reciente los fen\u00f3menos tocantes a las guerras mundiales, la violencia de los modelos dictatoriales y los conflictos internos para lograr el control del aparato estatal2, generaron masivas violaciones de derechos humanos, con variadas respuestas jur\u00eddicas para pretender su superaci\u00f3n, tales como (a) perdones sin ning\u00fan tipo de verdad o reparaci\u00f3n, (b) perdones compensadores basados en la revelaci\u00f3n de la verdad, (c) perdones con castigo punitivo a los delitos m\u00e1s atroces, y (d) transiciones punitivas por jueces ad hoc. <\/p>\n
1.2. Las mencionadas instituciones se conocen con el nombre de justicia transicional, definida por la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas como \u00abtoda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliaci\u00f3n. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participaci\u00f3n internacional (o carecer por completo de ella), as\u00ed como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la b\u00fasqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigaci\u00f3n de antecedentes, la remoci\u00f3n del cargo o combinaciones de todos ellos\u00bb3. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n la define como \u00abel conjunto de pol\u00edticas, medidas judiciales y\/o administrativas, asociadas con los intentos de resolver los problemas derivados de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y de las violaciones masivas de derechos humanos, originadas en el conflicto armado interno\u00bb (AC3799, 7 jul. 2015, rad. n.\u00b0 2013-01603-00). <\/p>\n
En palabras de la Corte Constitucional: \u00ab[es] una instituci\u00f3n jur\u00eddica a trav\u00e9s de la cual se pretende integrar diversos esfuerzos que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o sistem\u00e1ticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de paz, respeto, reconciliaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de la democracia, situaciones de excepci\u00f3n frente a lo que resultar\u00eda de la aplicaci\u00f3n de las instituciones penales corrientes\u00bb (C-280\/13). <\/p>\n
Los mencionados mecanismos se mueven entre los extremos de amnist\u00edas generalizadas sin ning\u00fan condicionamiento y juzgamientos individuales para castigar todos los delitos cometidos, dando lugar a tres (3) tipos abstractos: (i) juicios de responsabilidad para condenar todas las atrocidades del enfrentamiento armado; (ii) acuerdos de amnist\u00eda y verdad; y (iii) procesos de justicia especializados, con reglas particulares para evitar la impunidad frente a las violaciones m\u00e1s relevantes del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Soluciones mediadas, modernamente, por la instauraci\u00f3n de comisiones de verdad, procesos cuasijudiciales, tr\u00e1mites judiciales especiales, iniciativas de conmemoraci\u00f3n, instrumentos de reparaci\u00f3n, entre otros. En cualquier caso, \u00abla justicia transicional se sumerge en las dimensiones restauradoras y transformadoras\u00bb4. <\/p>\n
Sin embargo, cualquiera sea la opci\u00f3n adoptada, los procedimientos deben estar guiados por el deber \u00abde prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del \u00e1mbito de su jurisdicci\u00f3n a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la v\u00edctima una adecuada reparaci\u00f3n\u00bb. Total que \u00ab[e]l Estado est\u00e1\u2026 obligado a investigar toda situaci\u00f3n en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convenci\u00f3n [Americana sobre Derechos Humanos]. Si el aparato del Estado act\u00faa de modo que tal violaci\u00f3n quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la v\u00edctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicci\u00f3n. Lo mismo es v\u00e1lido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos act\u00faen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convenci\u00f3n\u00bb (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 29 jul. 1988, Caso Vel\u00e1squez Rodr\u00edguez Vs. Honduras). <\/p>\n
La Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas ha se\u00f1alado que la justicia transicional debe responder a \u00aba) la obligaci\u00f3n del Estado de investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluida la violencia sexual, y de castigar a los culpables; b) el derecho a conocer la verdad sobre los abusos del pasado y la suerte que han corrido las personas desaparecidas; c) el derecho de las v\u00edctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a obtener reparaci\u00f3n; y d) la obligaci\u00f3n del Estado de impedir, mediante la adopci\u00f3n de distintas medidas, que tales atrocidades vuelvan a producirse en el futuro\u00bb5. <\/p>\n
1.3. La anterior tendencia no ha sido extra\u00f1a a nuestro pa\u00eds, caracterizado por un conflicto armado de larga duraci\u00f3n, en el que han participado guerrillas, agentes paraestatales y estatales, con el resultado de una \u00abmasiva violaci\u00f3n de\u2026 derechos a grandes sectores de la poblaci\u00f3n\u00bb (CC, C-280\/13). <\/p>\n
Se trata de \u00abde un per\u00edodo prolongado de violencia sistem\u00e1tica y generalizada causada por diferentes actores, tales como grupos armados organizados al margen de la ley, as\u00ed como los grupos criminales organizados con una fuerte estructura de poder y presencia en diferentes partes del territorio nacional\u2026 [H]an sido miles de personas las que han sido forzadas a desplazarse de sus lugares de origen por las acciones de los Grupos Armados al Margen de la Ley\u00bb6. <\/p>\n
2. Enfoque desde el derecho privado. <\/p>\n
2.1. Desde una mirada retrospectiva, se tiene que el conflicto que ha vivido Colombia hunde sus ra\u00edces, en gran parte, en el inequitativo acceso a los medios productivos, en especial, la tierra, con profundas divisiones sociales, como fue puesto de presente en el salvamento de voto emitido en el proceso con radicaci\u00f3n n.\u00b0 85230-31-89-001-2008-00009-01, los cuales conviene compendiar los siguientes factores: <\/p>\n
Se encuentra decantado que las inestables pol\u00edticas relativas a la propiedad agraria dieron lugar al surgimiento del conflicto social entre los colonos (compelidos a desarrollar una agricultura campesina de subsistencia) y terratenientes (que propend\u00edan por grandes latifundios productores para el comercio interno y externo), producto de una contraposici\u00f3n de intereses entre los peque\u00f1os productores y los propietarios en punto al acceso a la tierra, ora privada o resultante del dominio preminente del Estado sobre los fundos que carec\u00edan propietario reconocido\u2026 <\/p>\n
Pero el gobierno nacional, as\u00ed como sus habitantes, desconoc\u00edan con precisi\u00f3n qu\u00e9 terrenos eran de propiedad privada y cu\u00e1les bald\u00edos, al punto que los latifundistas a finales del siglo XIX, aprovecharon la ley 61 de 1874 para lograr el acaparamiento de grandes extensiones de tierras\u2026 <\/p>\n
Otro factor determinante en el acrecentamiento de ese conflicto social fue el fomento y la ampliaci\u00f3n de la frontera agr\u00edcola, la cual tuvo su inicio en la econom\u00eda de las naciones de Am\u00e9rica Latina que era impulsada inicialmente de la exportaci\u00f3n de materias primas; a partir de 1850 se produjo un crecimiento de tal sector a trav\u00e9s de la expansi\u00f3n de la agricultura y la ganader\u00eda, motivado por la demanda en los centros industriales de Europa y Norteam\u00e9rica de productos como el caf\u00e9, az\u00facar, trigo, bananos, carnes, entre otros. <\/p>\n
Esta necesidad de abastecimiento gener\u00f3 disputas de orden social entre terratenientes y colonos, habida cuenta del nuevo papel relevante de la tierra y la mano de obra\u2026 <\/p>\n
Y con el prop\u00f3sito de fomentar y ampliar la frontera agr\u00edcola, el Estado adopt\u00f3 medidas como la desamortizaci\u00f3n de bienes de manos muertas de la iglesia y comunidades religiosas; la pol\u00edtica de colonizaci\u00f3n con peque\u00f1os propietarios que acced\u00edan a la tierra si la hab\u00edan cultivado en cantidad m\u00ednima de 10 fanegadas; la expedici\u00f3n del C\u00f3digo Fiscal de 1873 que orden\u00f3 el uso de las tierras bald\u00edas; todo bajo la condici\u00f3n de establecer, en el lapso m\u00e1ximo de 10 a\u00f1os, alguna destinaci\u00f3n agr\u00edcola o pecuaria, so pena de que los terrenos retornaran al Estado. <\/p>\n
Estas \u00faltimas reformas denotan que entre 1870 y 1930 la pol\u00edtica gubernamental vir\u00f3, al conceder t\u00edtulos a quienes cultivaran individualmente la tierra, generando la posibilidad de acceso para los colonos o campesinos independientes que pose\u00edan un porcentaje limitado de lotes, no sucedi\u00f3 lo mismo con la formalizaci\u00f3n de los t\u00edtulos de dominio; de un lado, porque los bonos territoriales ofrecidos por el Estado a los campesinos -entre muchos interesados- como mecanismo para hacerse due\u00f1o, solamente se pod\u00edan adquirir en las ciudades mayores, poco frecuentadas por aquellos; y porque carec\u00edan del dinero o los conocimientos para servirse de dichos instrumentos. <\/p>\n
Se form\u00f3, entonces, un grupo numeroso de colonos que carec\u00edan de t\u00edtulos, con una reducida clase que s\u00ed accedieron a tal prerrogativa. <\/p>\n
Con el trascurso del tiempo el problema agrario se hizo cada vez m\u00e1s visible, particularmente en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, en donde los arrendatarios de las haciendas (quienes laboraban mediando contrato de aparecer\u00eda la m\u00e1s de las veces), buscaron mejorar sus condiciones al sembrar caf\u00e9 en sus propias parcelas, es decir, reclamaron la propiedad de los predios en que trabajaban, rehusaron laborar gratis para los hacendados e, incluso, generaron los primeros brotes de violencia. <\/p>\n
Para mediados del siglo XX nacen los movimientos pol\u00edticos para abanderar las reclamaciones de los cultivadores, como el denominado Animista de Gait\u00e1n, entre otros; lo que motiv\u00f3 al gobierno nacional para intentar dar soluci\u00f3n al dif\u00edcil entorno, por mecanismos orientados a contrarrestar la concentraci\u00f3n de la tierra, muestra de lo cual fue la expedici\u00f3n de las leyes 71 de 1917, 119 de 1919, 74 de 1926 y 200 de 1936, \u00e9sta \u00faltima quiz\u00e1s la m\u00e1s significativa porque busc\u00f3 dar claridad a los derechos de propiedad y la posesi\u00f3n de los terrenos bald\u00edos mediante el reconocimiento de la funci\u00f3n social de la propiedad; adopt\u00f3 la expropiaci\u00f3n sin indemnizaci\u00f3n por razones de equidad; la extinci\u00f3n del dominio de las tierras otorgadas por el Estado y no explotadas (esto \u00faltimo mediante el Acto Legislativo 1 de 1936); y la presunci\u00f3n de que no eran bald\u00edos sino de propiedad privada los fundos pose\u00eddos por particulares, revelada a trav\u00e9s de su explotaci\u00f3n patrimonial. <\/p>\n
Aunque los conflictos por la tierra disminuyeron, en verdad no fueron solucionados y sigui\u00f3 consolid\u00e1ndose la estructura agraria caracterizada por la inequidad y, como respuesta de los afectados, la violencia, pues los aparceros y arrendatarios salieron de las haciendas; unos porque los propietarios les compraron las mejoras que hab\u00edan levantado, otros con desalojos violentos una vez se declaraban poseedores de las tierras que labraban y demandaban la declaratoria de prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio\u2026 <\/p>\n
A ra\u00edz de los acuerdos del Frente Nacional; de la Alianza para el Progreso con los Estados Unidos, que impuls\u00f3 reformas en Am\u00e9rica Latina auspiciadas con cr\u00e9ditos externos; y de las directrices de organismos internacionales como la FAO , naci\u00f3 un intento de reforma agraria que retomaba las bases de la ley 200 de 1936, esto es, la extinci\u00f3n de dominio de predios que durante 10 a\u00f1os no hubieran sido explotados econ\u00f3micamente y la posibilidad para los detentadores de solicitar la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u2026 <\/p>\n
Sin embargo, los prop\u00f3sitos no se cumplieron totalmente, pues no se cont\u00f3 con la institucionalidad que permitiera llevar a los beneficiarios los servicios requeridos para mantener la producci\u00f3n, incorporarla al mercado con las pertinentes garant\u00edas y las mejoras tecnol\u00f3gicas indispensables para aumentar la productividad e ingresos. <\/p>\n
En suma, la informalidad en la tenencia de la tierra para los campesinos colombianos, en muchas zonas del territorio nacional, ha contribuido durante varias d\u00e9cadas al despojo de que ha sido v\u00edctima ese sector de la poblaci\u00f3n, a trav\u00e9s de diversos medios como la coacci\u00f3n f\u00edsica, mental e, incluso, con la utilizaci\u00f3n de figuras jur\u00eddicas previstas en el ordenamiento pero en las cuales la desventaja de los aldeanos es aprovechada por personas con mayores recursos, educaci\u00f3n o poder pol\u00edtico, entre otros\u2026 <\/p>\n
Otro de los factores que ha profundizado la vulneraci\u00f3n de los derechos sobre la propiedad agraria es la violencia por motivos pol\u00edticos que, por el mismo espacio de tiempo, ha sufrido el pa\u00eds, ante la presencia de grupos guerrilleros, las fuerzas del Estado que les hacen frente y otros actores armados al margen de la ley, como los paramilitares e incluso la b\u00fasqueda de m\u00f3viles viles como los c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico. <\/p>\n
La aparici\u00f3n de estas organizaciones en las zonas rurales, donde m\u00e1s se han padecido las secuelas de la confrontaci\u00f3n armada, propici\u00f3 un ambiente de zozobra, generador de las condiciones ideales para el despojo de tierras o su abandono por parte de los lugare\u00f1os, m\u00e1xime cuando en las \u00e1reas rurales del pa\u00eds se dificult\u00f3 la presencia permanente del Estado. <\/p>\n
El Registro \u00danico de V\u00edctimas8, a la fecha, da cuenta de 9.048.515 personas reconocidas como tales, con un total de 11.329.916 eventos victimizantes, distribuidos, por orden de ocurrencia, entre desplazamientos forzados, homicidios, hostigamientos, amenazas, desapariciones forzadas, p\u00e9rdidas de bienes muebles o inmuebles, actos terroristas, entre otros. Relievase, por su importancia para el caso, el masivo despojo de tierras, cuya finalidad era lograr el control econ\u00f3mico o militar de los territorios, enmascarado en donaciones, ventas simuladas y otros mecanismos jur\u00eddicos. <\/p>\n
2.2. Para superar los efectos de tantos a\u00f1os de conflagraci\u00f3n y promover la pacificaci\u00f3n social, se emitieron disposiciones de contenido transicional que propenden, adem\u00e1s de otros importantes fines, por la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os producidos a las v\u00edctimas. <\/p>\n
Desarrollo normativo que alimenta la misi\u00f3n del derecho civil de garantizar los derechos de las v\u00edctimas frente al despojo, esto es, la verdad, justicia, reparaci\u00f3n y no repetici\u00f3n. <\/p>\n
En este punto conviene remarcar que, si bien algunos sectores de la sociedad colombiana han enfocado la justicia transicional a los aspectos penales, lo cierto es que a la justicia civil se le asign\u00f3 un papel activo, para cuyo ejercicio son indispensables instrumentos que permitan reconstruir una jurisprudencia transicional con enfoque diferencial, que permita ayudar en el mejoramiento de la situaci\u00f3n de las personas que han sido desplazadas de sus tierras por los grupos armados al margen de la ley, con una mirada retrospectiva y prospectiva del fen\u00f3meno del despojo. <\/p>\n
3. Desarrollos normativos relevantes en Colombia. <\/p>\n
Dentro de las normas transicionales expedidas en nuestro pa\u00eds, son de particular trascendencia en el campo del derecho privado las siguientes: <\/p>\n
3.1. La ley 975 de 2005, que tuvo por finalidad la de \u00abfacilitar los procesos de paz y la reincorporaci\u00f3n individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las v\u00edctimas a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0). <\/p>\n
En especial, consagr\u00f3 c\u00e1nones tendientes a promover la desmovilizaci\u00f3n de los actores armados, juzgar a los responsables de conductas delictivas y garantizar los derechos de las v\u00edctimas en los procesos judiciales, incluyendo la reparaci\u00f3n de perjuicios. <\/p>\n
3.2. El acto legislativo n.\u00b0 01 de 2012, conocido como marco jur\u00eddico para la paz, fij\u00f3 los derroteros de la justicia transicional en los subsiguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Art\u00edculo Transitorio 66. Los instrumentos de justicia transicional ser\u00e1n excepcionales y tendr\u00e1n como finalidad prevalente facilitar la terminaci\u00f3n del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garant\u00edas de no repetici\u00f3n y de seguridad para todos los colombianos; y garantizar\u00e1n en el mayor nivel posible, los derechos de las v\u00edctimas a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n. Una ley estatutaria podr\u00e1 autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se d\u00e9 un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y tambi\u00e9n para los agentes del Estado, en relaci\u00f3n con su participaci\u00f3n en el mismo\u2026 <\/p>\n
3.3. La ley 1448 de 2001 pretende dotar a las v\u00edctimas de herramientas para reclamar la protecci\u00f3n de sus derechos, por medio de \u00abprocesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones contempladas en el art\u00edculo 3\u00ba de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetici\u00f3n de los hechos y la desarticulaci\u00f3n de las estructuras armadas ilegales, con el fin \u00faltimo de lograr la reconciliaci\u00f3n nacional y la paz duradera y sostenible\u00bb (art\u00edculo 8\u00b0). <\/p>\n
Con este objetivo se previeron instrumentos de ayuda, atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n, para \u00ab(i) responder a la violencia generalizada y, por ende, asegurar el derecho a la paz; (ii) garantizar los derechos de las v\u00edctimas a la verdad, la justicia, la reparaci\u00f3n y la no repetici\u00f3n de los hechos violentos; (iii) fortalecer al Estado de derecho y a la democracia; y (iv) promover la reconciliaci\u00f3n social\u00bb (CC, C-007\/18). <\/p>\n
En concreto, la ley consagr\u00f3 \u00abun conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y econ\u00f3micas, individuales y colectivas, en beneficio de las v\u00edctimas\u00bb, para \u00abhacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n con garant\u00eda de no repetici\u00f3n, de modo que se reconozca su condici\u00f3n de v\u00edctimas y se dignifique a trav\u00e9s de la materializaci\u00f3n de sus derechos constitucionales\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba). <\/p>\n
En cuanto se refiere a la materia del presente litigio, la ley previ\u00f3 \u00abmedidas para aliviar el desplazamiento forzado y la posibilidad de retorno a las tierras que hubieren sido despojadas\u00bb, con el prop\u00f3sito de \u00abreparar un enorme da\u00f1o sufrido por casi medio mill\u00f3n de campesinos, sumidos en la indigencia y la pobreza en tugurios urbanos, y con ello, saldar una deuda insoluta que la sociedad y el Estado tienen con las v\u00edctimas del despojo\u00bb9. <\/p>\n
Total que \u00ablas v\u00edctimas de desplazamiento forzado merecen un especial esfuerzo y atenci\u00f3n de parte del Estado, como compensaci\u00f3n frente a la inaceptable y peligrosa situaci\u00f3n de restricci\u00f3n de derechos a la que se ven expuestos cuando el desplazamiento interno resulta ser la \u00fanica opci\u00f3n de protecci\u00f3n viable frente a la incapacidad de las autoridades para garantizar oportunamente aquellos\u00bb (C-280\/13). <\/p>\n
Su prop\u00f3sito, dicho en breve, es deshacer el despojo y abandono de las tierras padecida por los desplazados, retornarlos a los predios que detentaban con anterioridad a la situaci\u00f3n de violencia, o subsidiariamente permitir una restituci\u00f3n por equivalencia o mediante compensaci\u00f3n (CSJ, SC339, 25 jun. 2019, rad. n.\u00b0 2015-02695-00). <\/p>\n
Como este nuevo tr\u00e1mite se caracteriza por no ser adversarial y tiene una misi\u00f3n tutelar espec\u00edfica frente al derecho fundamental a la detentaci\u00f3n de la tierra, el proceso de construcci\u00f3n jurisprudencial debe tener en cuenta estas particularidades y, por tanto, la Corte Suprema de Justicia debe desempe\u00f1ar un papel activo, con el fin de acoger los postulados de la justicia transicional y, de ser el caso, tomar distancia del derecho ordinario. <\/p>\n
4. La especialidad del proceso de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
4.1. La finalidad transicional del procedimiento de restituci\u00f3n de tierras se expresa, entre otras formas, en la consagraci\u00f3n de un tr\u00e1mite gobernado por principios y reglas que buscan hacer realidad el ideal restaurativo que subyace al mismo. Ha dicho la Sala que \u00abes principio fundante de la acci\u00f3n prevista en la Ley 1448 de 2011, garantizar la eficacia del derecho a la reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas, para lo cual se dispuso de un procedimiento diferenciado, caracter\u00edstica esencial de la justicia transicional\u00bb (STC9666, 24 jul. 2019, rad. n.\u00b0 201-02260-00), disposiciones \u00abadicionales a las previamente contenidas en los principales c\u00f3digos y en otras leyes de car\u00e1cter ordinario\u2026 que en raz\u00f3n a este car\u00e1cter especial se superponen y se aplicar\u00e1n de manera preferente, o seg\u00fan el caso adicional, al contenido de esas normas ordinarias durante su vigencia, que de manera expresa se previ\u00f3 temporal\u00bb (C-280\/13). <\/p>\n
Ins\u00edstase, se trata de un \u00abprocedimiento diferenciado y con efectos sustantivos no asimilables a la legislaci\u00f3n ordinaria\u00bb (CSJ, STC315, 30 en. 2020, rad. n.\u00ba 2020-00114-00), cuya hermen\u00e9utica va m\u00e1s all\u00e1 de los c\u00e1nones usuales, al reclamar el elemento sociol\u00f3gico para \u00abestimular al juzgador\u00bb con el fin de \u00abevaluar los medios demostrativos en el contexto de la pugna por el acceso y explotaci\u00f3n de la propiedad rural en Colombia\u00bb (CSJ, STC5005, 31 jul. 2020, rad. n.\u00b0 2020-00044-02). <\/p>\n
La Corte Constitucional ha puntualizado los siguientes principios como esenciales al tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras: <\/p>\n
(i) el reconocimiento de la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material como medida preferente de reparaci\u00f3n integral; (ii) el derecho a la restituci\u00f3n opera independientemente de que se haga o no el efectivo el retorno de las v\u00edctimas; (iii) las medidas previstas buscan alcanzar de manera progresiva el restablecimiento del proyecto de vida de las v\u00edctimas; (iv) las v\u00edctimas tienen derecho a un retorno o reubicaci\u00f3n voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad; (v) las medidas de previstas en la ley buscan garantizar la seguridad jur\u00eddica de la restituci\u00f3n y el esclarecimiento de la situaci\u00f3n de los predios objeto de restituci\u00f3n; (vi) las medidas adoptadas deben adoptarse en un marco de prevenci\u00f3n del desplazamiento forzado, de protecci\u00f3n a la vida e integridad de los reclamantes y de protecci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00edsica de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas; (vii) se debe garantizar la participaci\u00f3n plena de las v\u00edctimas; y (viii) se garantiza la prevalencia del derecho a la restituci\u00f3n de las tierras despojadas o abandonadas de manera forzada a las v\u00edctimas que tengan un v\u00ednculo especial constitucionalmente protegido y a quienes sean los m\u00e1s vulnerables (C-099\/13). <\/p>\n
En el aspecto procesal tambi\u00e9n se previeron unos instrumentos especiales, a saber: (i) la \u00abinversi\u00f3n de la carga de la prueba, dando preferencia a los intereses de las v\u00edctimas por encima de otro tipo de sujetos\u00bb; (ii) \u00abobligaci\u00f3n de probar la buena fe exenta de culpa a los terceros opositores, al punto de valerse de un r\u00e9gimen extenso y severo de presunciones de despojo, a favor del solicitante en relaci\u00f3n con los inmuebles inscritos en el registro de tierras despojadas\u00bb (CSJ, STC315, 30 en. 2020, rad. n.\u00ba 2020-00114-00); (iii) \u00ab[l]as nociones sobre las cuales se ha hecho girar toda la teor\u00eda de la onus probandi, entendida como la conducta procesal que debe asumir un sujeto para conseguir el \u00e9xito de sus pretensiones, cambia notablemente en estos asuntos, toda vez que es al demandado u opositor en quien radica la obligaci\u00f3n, bien de desestimar la condici\u00f3n de v\u00edctima del demandante, o de acreditar su buena fe exenta de culpa para recibir una compensaci\u00f3n\u00bb (SC681, 4 mar. 2020, rad. n.\u00b0 2015-00963-00); y (iv) el tr\u00e1mite c\u00e9lere como garant\u00eda del \u00abinter\u00e9s, superior al concreto de las v\u00edctimas y al de los opositores -de que se resuelva su derecho de contradicci\u00f3n-, que pertenece a aqu\u00e9llas, tanto en su \u00f3rbita individual como colectiva, al Estado, a la sociedad y a la comunidad internacional\u00bb, de all\u00ed que \u00abel proceso mismo permita de manera expedita la b\u00fasqueda de la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas del conflicto armado interno, as\u00ed como la realizaci\u00f3n de la garant\u00eda de no repetici\u00f3n de los cr\u00edmenes atroces\u00bb (CSJ, AC3799, 7 jul. 2015, rad. n.\u00b0 2013-01603-00). <\/p>\n
4.2. La brevedad, entonces, es \u00abuna medida necesaria para proteger a las v\u00edctimas del empleo de artima\u00f1as jur\u00eddicas y del abuso del derecho para perpetuar el despojo jur\u00eddico de los predios. Tal finalidad es leg\u00edtima e importante y tiene en cuenta los derechos de las v\u00edctimas\u00bb (C-099\/13). <\/p>\n
5. Mecanismos para unificaci\u00f3n jurisprudencial en el proceso de restituci\u00f3n. <\/p>\n
5.1. La celeridad que inspir\u00f3 el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n tuvo aplicaciones concretas, no s\u00f3lo en materia de t\u00e9rminos procesales, sino frente a los escasos recursos que proceden contra las decisiones adoptadas. <\/p>\n
Y que el proceso se surte en \u00fanica instancia y con contenidos medios de impugnaci\u00f3n. As\u00ed, los fallos desestimatorios de primera instancia s\u00f3lo admiten consulta ante las salas especializadas del tribunal, en defensa del ordenamiento jur\u00eddico y la defensa de los derechos y garant\u00edas de los despojados (art\u00edculo 79 de la ley 1448); mientras que las decisiones de los tribunales \u00fanicamente pueden cuestionarse v\u00eda revisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte (art\u00edculo 92 ibidem), cuyo contenido est\u00e1 circunscrito a cuestiones procesales y dentro del estricto marco de competencias de ese instrumento extraordinario (CSJ, SC681, 4 mar. 2020, rad. n.\u00b0 2015-00963-00). <\/p>\n
5.2. Este dise\u00f1o institucional limit\u00f3 los instrumentos de unificaci\u00f3n jurisprudencial, ante la inexistencia de un \u00f3rgano de cierre que permita estandarizar la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sustanciales de la ley 1448, as\u00ed como de las adjetivas que no pueden invocarse por medio de las causales de revisi\u00f3n. <\/p>\n
M\u00e1xime frente a una reglamentaci\u00f3n que, es bien sabido, presenta \u00abalgunos vac\u00edos que han surgido en la implementaci\u00f3n de este nuevo procedimiento judicial\u2026 y que deber\u00e1n ser corregidos para asegurar la protecci\u00f3n plena de los derechos de las v\u00edctimas, de opositores, intervinientes y terceros\u00bb (CC, C-099\/13). <\/p>\n
En este escenario corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por fuerza del art\u00edculo 234 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, fungir como \u00abel m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb y propender porque, en el ejercicio de sus funciones, satisfaga el rol unificador que es ing\u00e9nito a su creaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Consolidaci\u00f3n de procesos. <\/p>\n
6.1. La consolidaci\u00f3n de procesos es un fen\u00f3meno jur\u00eddico, fruto de la econom\u00eda procesal, que tiene por finalidad que un \u00fanico juzgador resuelva las controversias que est\u00e1n interconectadas, con el fin de que haya un manejo probatorio integrado y se eviten eventuales decisiones contradictorias. <\/p>\n
La Sala doctrin\u00f3 que \u00abcon el fin de garantizar los principios de celeridad y econom\u00eda procesal en la administraci\u00f3n de justicia, [es pertinente] aplicar las normas que regulan la \u2018acumulaci\u00f3n de procesos\u2019, estatuidas precisamente como uno de los mecanismos para alcanzar dicho prop\u00f3sito\u00bb (AC1021, 5 mar. 2014, rad. n.\u00b0 2009-01877-00); en otras palabras, \u00abel legislador propende, a toda costa, salvar el principio de econom\u00eda, fundamento, precisamente, del instituto de la acumulaci\u00f3n de procesos, entre otros\u00bb (SC, 22 nov. 2010, rad. n.\u00b0 2000-00115-01). <\/p>\n
6.2. De cara a la anterior finalidad y con el fin de que la gesti\u00f3n del conflicto, en la justicia de restituci\u00f3n de tierras, se haga de forma integral, el legislador estableci\u00f3 una consolidaci\u00f3n de procesos alrededor de ese tr\u00e1mite judicial, frente a \u00abtodos los procesos o actos judiciales, administrativos o de cualquier otra naturaleza que adelanten autoridades p\u00fablicas o notariales en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto de la acci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como \u00ablas demandas en las que varios sujetos reclamen inmuebles colindantes, o inmuebles que est\u00e9n ubicados en la misma vecindad\u00bb y \u00ablas impugnaciones de los registros de predios en el Registro de Tierras Despojadas y abandonadas forzosamente\u00bb (art\u00edculo 95). <\/p>\n
Una vez opere la consolidaci\u00f3n, el juez de la restituci\u00f3n deber\u00e1 emitir una \u00abdecisi\u00f3n jur\u00eddica y material con criterios de integralidad, seguridad jur\u00eddica y unificaci\u00f3n\u00bb (idem), en la cual tendr\u00e1 que resolver los problemas jur\u00eddicos que, conforme a criterios de \u00abnecesidad, impostergabilidad, procedencia y conveniencia\u00bb, sean indispensables para resolver los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra (CC, T364\/17). <\/p>\n
6.3. Para que la acumulaci\u00f3n surta efectos se requiere que el juez de restituci\u00f3n, una vez admitida la solicitud restitutoria, ordene la suspensi\u00f3n de \u00ablos procesos declarativos de derechos reales sobre el predio cuya restituci\u00f3n se solicita, los procesos sucesorios, de embargo, divisorios, de deslinde y amojonamiento, de servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restituci\u00f3n de tenencia, de declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, que se hubieran iniciado ante la justicia ordinaria en relaci\u00f3n con el inmueble o predio cuya restituci\u00f3n se solicita, as\u00ed como los procesos ejecutivos, judiciales, notariales y administrativos que afecten el predio, con excepci\u00f3n de los procesos de expropiaci\u00f3n\u00bb (literal c. del art\u00edculo 86 de la ley 1448). <\/p>\n
Esta determinaci\u00f3n deber\u00e1 ser informada a los funcionarios administrativos o judiciales que adelanten los tr\u00e1mites, momento a partir del cual \u00abperder\u00e1n competencia\u2026 y proceder\u00e1n a remit\u00edrselos en el t\u00e9rmino que\u2026 se\u00f1ale\u00bb el sentenciador (negrilla fuera de texto, art\u00edculo 95). <\/p>\n
Acumulaci\u00f3n que \u00aben principio no requiere de una solicitud en ese sentido\u00bb, sino que debe ordenarse de forma oficiosa, y deber\u00e1 ejecutarse en \u00abel t\u00e9rmino que el juez de restituci\u00f3n disponga para remitir las diligencias que ven\u00edan conociendo relativas al mismo predio, situaci\u00f3n que aplicar\u00eda para el caso de procesos o actuaciones que se encontraban ya surtiendo por otras autoridades\u00bb (CC, T-119\/19). <\/p>\n
6.4. La consolidaci\u00f3n prevista en la nueva regulaci\u00f3n no encuentra l\u00edmites en relaci\u00f3n con la naturaleza de reclamaci\u00f3n, tipolog\u00eda de actuaci\u00f3n, autoridad cognoscente o cualquier otra circunstancia, pues se redact\u00f3 para que fuera aplicada de forma generalizada. <\/p>\n
De esta forma se hace efectivo el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras, sin cortapisas de ning\u00fan orden, lo que \u00fanicamente ser\u00e1 posible frente a un \u00fanico fallo comprensivo de todos los asuntos relativos al inmueble despojado. <\/p>\n
6.5. Sin embargo, esta directriz debe entenderse en armon\u00eda con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concreto, con las reglas de competencia all\u00ed previstas, las cuales resultan imperativas por corresponder a normas de normas (art\u00edculo 4\u00b0), sin admitirse su delegaci\u00f3n en raz\u00f3n de una exacerbada acumulaci\u00f3n de procesos. <\/p>\n
En lo relativo a la Corte Suprema de Justicia es de particular importancia el numeral 1\u00b0 del canon 235 de la norma fundamental, el cual establece que a esta Corporaci\u00f3n le corresponde \u00ab[a]ctuar como tribunal de casaci\u00f3n\u00bb. Se trata sin duda de una competencia privativa o \u00fanica, porque \u00abse ejerce por determinado juez con exclusi\u00f3n de los dem\u00e1s\u00bb10. <\/p>\n
Tesis que encuentra apoyadura en el numeral 1\u00b0 del precepto 25 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual fij\u00f3 que la decisi\u00f3n de los recursos de casaci\u00f3n es una \u00ab[c]ompetencia funcional de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb11. <\/p>\n
Sobre este mandato se ha afirmado que \u00ab[e]n virtud del factor funcional en estricto sentido, que es el que aqu\u00ed interesa, el legislador toma en cuenta la diversa \u00edndole de las funciones que deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias de un mismo proceso (competencia por grados), de modo que habr\u00e1 jueces de primera y de segunda instancia; pero se sabe adem\u00e1s que el C\u00f3digo de Procedimiento Civil colombiano aplica el factor funcional seg\u00fan la clase de funci\u00f3n que el juez desempe\u00f1a en un proceso, distinta del grado, y as\u00ed por ejemplo tiene la Corte competencia funcional para conocer del recurso de casaci\u00f3n o de revisi\u00f3n (CS SC 26 Jun 2003, Rad. 7258)\u00bb (AC2727, 28 jun. 2018, rad. n.\u00b0 2009-01877-00). <\/p>\n
La calificaci\u00f3n como factor funcional de competencia trasluce la imposibilidad de que cualquiera otra autoridad pueda conocer y decidir de un remedio casacional12, so pena de que lo actuado resulta ineficaz por vigor del ordinal 5\u00b0 del art\u00edculo 144 de la anterior codificaci\u00f3n. Consecuencia explicable por cuanto \u00ab[c]omo la distribuci\u00f3n funcional de la competencia es de ius cogens no es \u2018prorrogable\u2019, esto es, un juez o tribunal no puede conocer de un asunto que seg\u00fan la ley no le est\u00e9 funcionalmente atribuido\u00bb13. <\/p>\n
6.6. La contraposici\u00f3n denunciada, esto es, la que reluce del estricto cumplimiento de la acumulaci\u00f3n de procesos en los juicios de restituci\u00f3n de tierras y la competencia funcional de la Sala de Casaci\u00f3n para desatar el remedio extraordinario, debe resolverse en favor de aquella que propenda porque la Corte cumpla su rol como tribunal de cierre. <\/p>\n
Esto debido a que, para el logro de los fines del estado de derecho, resulta \u00abindispensable que la Corte de Casaci\u00f3n se encuentre en las mejores condiciones para poder desarrollar, de modo \u00f3ptimo y al nivel m\u00e1s elevado, las fundamentales funciones de nomofilaquia y de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia\u2026 Para que ello pueda suceder, y para que la Corte pueda recuperar la posici\u00f3n suprema y central que el cuadro institucional le asigna\u2026, son necesarias profundas innovaciones en el plano de la funcionalidad\u00bb14. <\/p>\n
La soluci\u00f3n, entonces, debe ser que la Corte reclame la competencia sobre todo el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras, antes de resolver la casaci\u00f3n, con lo cual se garantiza, al mismo tiempo, la consolidaci\u00f3n de los procesos, la atribuci\u00f3n constitucional exclusiva para conocer de la impugnaci\u00f3n extraordinaria y la finalidad unificadora de este tribunal de cierre. <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que se sustenta en las premisas explicadas a lo largo de este salvamento, y que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
(i) Es indispensable garantizar la consolidaci\u00f3n de procesos en el tr\u00e1mite de tierras, por consistirse en un instituto necesario para garantizar el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de los inmuebles despojados; <\/p>\n
(ii) El juez de conocimiento, una vez se comunica la decisi\u00f3n de consolidar los juicios en el tr\u00e1mite de tierras, pierde competencia para decidir los asuntos ordinarios sometidos a su resoluci\u00f3n; <\/p>\n
(iii) La Corte tiene asignada una competencia privativa para resolver los recursos de casaci\u00f3n, por mandato constitucional, que de ninguna manera puede ser transferida a otro sentenciador; <\/p>\n
(iv) La Corporaci\u00f3n es el \u00f3rgano unificador de las materias sometidas a su conocimiento, el cual debe servir de pauta interpretativa para el cumplimiento de sus funciones; y <\/p>\n
(v) La insuficiencia de mecanismos estandarizadores de la jurisprudencia en materia de tierras, requiere hermen\u00e9uticas renovadas para superar el vac\u00edo. <\/p>\n
7. El caso concreto: una oportunidad desatendida. <\/p>\n
7.1. En el sub examine se advierte que, una vez concedidos (folios 104 a 106 del cuaderno 3) y admitidos (folio 18 del cuaderno Corte) los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por las partes, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, por oficio OA3160 de 22 de julio de 2015 (folios 47 a 50), puso de presente a la Corte Suprema de Justicia que: <\/p>\n
A \u00e9sta (sic) Direcci\u00f3n Territorial se present\u00f3 el se\u00f1or Gustavo Adolfo Arango Duque\u2026 quien reclama dos predios denominados La Manada y San Cipriano ubicados en la vereda San Laureano o Laureteano del municipio de Maceo – Antioquia, por hechos relacionados con el conflicto armado interno, espec\u00edficamente con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien solicita la inclusi\u00f3n en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. <\/p>\n
Al tr\u00e1mite administrativo se dio inicio mediante Resoluci\u00f3n RA 1202 del 29 de mayo de 2015, en el que se orden\u00f3 comunicar en el predio que todas aquellas personas que consideren tener inter\u00e9s sobre la solicitud realizada por el se\u00f1or Arando (sic) Duque se presentaran\u2026 Dentro de dicho t\u00e9rmino se hizo presente a trav\u00e9s de apoderada el se\u00f1or Rodrigo Alberto Zapata Sierra\u2026 (folio 48). <\/p>\n
En desarrollo deprec\u00f3 que, \u00aben atenci\u00f3n al car\u00e1cter transicional del proceso de restituci\u00f3n de tierras, en procura de salvaguardar los derechos de las v\u00edctimas del conflicto armado interno\u2026, decretar la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite por medio del cual ser\u00e1 resuelto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, hasta tanto se d\u00e9 por terminado el que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Tierras Despojadas\u00bb (folio 50). <\/p>\n
Petici\u00f3n de acumulaci\u00f3n reiterada el 11 de noviembre de 2015, con la advertencia de que \u00abel presente asunto merece una especial consideraci\u00f3n y una interpretaci\u00f3n integral en relaci\u00f3n a las normas relacionadas con las causales de suspensi\u00f3n del proceso civil, dado que el se\u00f1or Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias \u2018Ricardo\u2019, actualmente purga pena impuesta por el Juzgado Adjunto Quinto Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, por delitos de desplazamiento forzado\u00bb (folios 68 y reverso). <\/p>\n
De forma agregada, el 7 de mayo de 2018 el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, al admitir la solicitud de restituci\u00f3n o formalizaci\u00f3n con relaci\u00f3n a los predios La Manada y San Cipriano, dispuso: <\/p>\n
Ordenar la suspensi\u00f3n de los procesos judiciales, notariales y administrativos que se hayan iniciado en relaci\u00f3n con el bien objeto de la solicitud\u2026 y para ello inf\u00f3rmese a las dem\u00e1s autoridades judiciales a trav\u00e9s del LINK Restituci\u00f3n de Tierras\u2026 la iniciaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, en pro de facilitar la acumulaci\u00f3n procesal de que trata el art\u00edculo 90 de la ley 1448\u2026 y con el fin de concentrar en este tr\u00e1mite especial, todos los procesos o actos judiciales, administrativos o de cualquiera otra naturaleza que adelanten las autoridades p\u00fablicas o notariales, en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto de restituci\u00f3n o de los predios sobre los cuales se encuentra traslapado, evento en el cual perder\u00e1n competencia sobre dichos tr\u00e1mites, debiendo remitirlos a este juzgado en el t\u00e9rmino de la distancia (negrilla fuera de texto, folio 79 reverso). <\/p>\n
Prove\u00eddo comunicado a esta Corporaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico el 24 de agosto de 2018 (folios sin numerar). <\/p>\n
7.2. En este contexto, como con la admisi\u00f3n de la solicitud de restituci\u00f3n de tierras, por mandato del literal c) del art\u00edculo 86 de la ley 1448, deb\u00eda suspenderse el proceso adelantado por la justicia ordinaria, am\u00e9n de la p\u00e9rdida de competencia all\u00ed establecida (canon 95 idem), no era dable emitir un fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, en aras de garantizar la observancia de los numerales 1\u00ba de los art\u00edculos 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 25 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (actual 30 del C\u00f3digo General del Proceso), que imponen privativamente a la Sala la resoluci\u00f3n del recurso extraordinario, as\u00ed como en garant\u00eda de los principios de unidad, integridad, econom\u00eda y seguridad jur\u00eddica, propios de la justicia transicional, la \u00fanica posibilidad de la cual pod\u00eda hacerse uso era que la Corte asumiera el conocimiento de todo el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras sobre el predio La Manada y, en desarrollo del mismo, decidiera tanto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n como lo relativo al pedimento restitutorio. <\/p>\n
En otras palabras, el encontrarse pendiente de resoluci\u00f3n la casaci\u00f3n, cuyo estudio s\u00f3lo puede ser acometido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia ordinaria -por expresa disposici\u00f3n constitucional-, era menester que su decisi\u00f3n se realizara de forma concentrada con la solicitud de restituci\u00f3n de tierras despojadas, asumiendo la Sala el conocimiento de ambos procesos, en garant\u00eda de la acumulaci\u00f3n procesal prevista en favor de la justicia restaurativa. <\/p>\n
7.3. La posici\u00f3n adoptada mayoritariamente por la Sala, sin ning\u00fan tipo de motivaci\u00f3n, mantuvo la competencia en la Corte para resolver el recurso de casaci\u00f3n, sin detenerse a considerar que, por disposici\u00f3n del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 95, perdi\u00f3 su competencia una vez fue informada sobre la iniciaci\u00f3n del procedimiento de restituci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tal determinaci\u00f3n aparejar\u00e1 que el juez de tierras, por ser un inferior funcional de la Sala, no podr\u00e1 desatender lo dicho en casaci\u00f3n, lo que puede construir una talanquera a la resoluci\u00f3n jur\u00eddica del despojo; una tesis contraria, traslucir\u00eda que la decisi\u00f3n de casaci\u00f3n se torna una mera formalidad, por ser susceptible de ser desatendida en el marco del tr\u00e1mite restitutorio. La paradoja as\u00ed evidenciada se queda sin ninguna resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Se agrega que, la remisi\u00f3n del expediente a la justicia especializada antes del proferimiento el fallo de alzada, constituye en un completo olvido de su papel como \u00f3rgano de cierre, pues de haberlo hecho habr\u00eda asumido la competencia de todo el litigio, ordenando que el expediente acumulado se remitiera con el fin de salvaguardar su competencia privativa en temas casacionales, a partir de lo cual podr\u00eda emitir decisiones con fines de unificaci\u00f3n. <\/p>\n
8. En suma, la Sala no pod\u00eda fallar la casaci\u00f3n de espaldas al proceso de restituci\u00f3n de tierras, sino que, en su lugar, debi\u00f3 propender por la acumulaci\u00f3n procesal legislativamente establecida y asumir competencia para desatar todas las controversias relacionadas con el predio La Manada, raz\u00f3n para salvar mi voto frente al veredicto aprobado mayoritariamente. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Florencio Hube\u00f1ak, La revoluci\u00f3n del 404 en Atenas en el contexto de la crisis de decadencia de la polis, En Memorias de historia antigua, ISSN 0210-2943, n.\u00b0 8, 1987, p. 101. <\/p>\n
3 Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, El Estado de derecho y la justicia de transici\u00f3n en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, Nueva York, 2004, p. 6. <\/p>\n
4 Teitel Ruti G., Justicia Transicional, Universidad Externado de Colombia, Bogot\u00e1, 2017, p. 536. <\/p>\n
5 Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, Justicia transicional y derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales, Nueva York, 2014, p. 5. <\/p>\n
6 Exposici\u00f3n de motivos de la ley 1448 de 2001. <\/p>\n
7 Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, 10 nov. 1999, p. 4. <\/p>\n