SC279-2021 (2004-00088-02)_1 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC279-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001 31 03 021 2004 00088 02 <\/p>\n
(Aprobada en sala de veintinueve de octubre de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Jos\u00e9 del Carmen Carranza Ruiz, contra la sentencia del 13 de julio de 2012, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario promovido por Rosa Emilia Villamil de Rojas, quien cedi\u00f3 sus derechos litigiosos al ahora recurrente, en contra de los herederos de Dolcey Vergara Delgado, calidad en la que acudi\u00f3 Luis Felipe Vergara Cabal, y de los herederos indeterminados del mismo causante. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- De acuerdo con la adecuaci\u00f3n de las s\u00faplicas de la demanda, en acatamiento del auto que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de \u00abindebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u00bb (c. 2), la accionante pidi\u00f3 declarar la \u00abnulidad total\u00bb de la Escritura P\u00fablica n\u00b0 114 de enero 20 de 1956, otorgada en la Notar\u00eda Quinta del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, registrada en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 50S-290427 y 50S-835551, y oficiar a la mencionada notar\u00eda y a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, para que efectuaran las pertinentes anotaciones (fl. 63, c. 3). <\/p>\n
2.- Como soporte f\u00e1ctico se expuso que mediante Escritura 3290 de 1955, Rosa Emilia Villamil de Rojas adquiri\u00f3 a t\u00edtulo de compraventa los derechos de la sucesi\u00f3n il\u00edquida de Mar\u00eda del Rosario Ram\u00edrez Portilla, respecto de un inmueble denominado El Llano, ubicado en el municipio de Bosa \u2013 Cundinamarca, con folio inmobiliario Nro. 50S-290427. <\/p>\n
A petici\u00f3n de Dolcey Vergara Delgado, quien adujo la calidad de propietario del bien seg\u00fan la escritura 114 de 1956 de la Notar\u00eda Quinta de Bogot\u00e1, la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos Zona Sur de esta ciudad, emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n 398 de 8 de julio de 1991 y en virtud de ella abri\u00f3 el folio 50S-835551. <\/p>\n
Pese a que el se\u00f1or Vergara Delgado dijo haber adquirido la titularidad del bien por compra efectuada a Rosa Emilia Villamil de Rojas, ella asegura que no ha vendido ese inmueble a ninguna persona, de manera que la compraventa aludida se efectu\u00f3 dolosamente, adem\u00e1s, la firma y c\u00e9dula del presunto comprador son totalmente diferentes. <\/p>\n
Como la persona que solicit\u00f3 la correcci\u00f3n de las anotaciones en los certificados de tradici\u00f3n se identific\u00f3 con una c\u00e9dula de ciudadan\u00eda que no le correspond\u00eda, la actuaci\u00f3n surtida carece de validez y aquellas deben ser anuladas dejando vigente el folio inicial hasta la nota n\u00b0 6 de 22 de diciembre de 1955 (fls. 14 \u2013 20, c. 1). <\/p>\n
En el transcurso del proceso, la demandante cedi\u00f3 sus derechos litigiosos a Jos\u00e9 del Carmen Carranza Ruiz, quien fue reconocido como litisconsorte (fls. 90 y 171, c. 3). <\/p>\n
3.- Luis Felipe Vergara Cabal, en su calidad de heredero de Dolcey Vergara Delgado, acudi\u00f3 al juicio oponi\u00e9ndose al \u00e9xito de las pretensiones, y como excepciones de m\u00e9rito, aleg\u00f3: \u00abausencia, insuficiencia y falta de pertinencia de los fundamentos f\u00e1cticos aducidos en la demanda como soporte de las pretensiones; error de derecho y error en las conclusiones\u00bb; \u00abvalidez instrumental de la escritura p\u00fablica 114 de 1956 de la Notar\u00eda Quinta de Bogot\u00e1\u00bb; \u00abprescripci\u00f3n como medio de extinguir la acci\u00f3n judicial incoada, teniendo como causa directa el lapso de inactividad de la demandante sin haberla ejercido\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n extintiva del dominio de Rosa Emilia Villamil de Rojas respecto del inmueble \u201clas Delicias\u201d, como efecto de la correlativa prescripci\u00f3n adquisitiva del mismo inmueble por parte del maestro Dolcey Vergara y sus herederos\u00bb (fls. 88 \u2013 142, ib.). <\/p>\n
El curador designado a los herederos indeterminados de Dolcey Vergara Delgado, manifest\u00f3 atenerse a lo que resulte probado en el proceso (fls. 469 \u2013 471, ib). <\/p>\n
4.- Aunque la demanda fue dirigida tambi\u00e9n en contra del Instituto de Desarrollo Urbano \u2013 IDU, con pretensi\u00f3n de nulidad de la escritura p\u00fablica 4075 de 1987 de la Notar\u00eda Once del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, registrada en el folio 50S-835551, por virtud de la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de \u00abindebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u00bb la parte accionante modific\u00f3 sus pretensiones, circunscribi\u00e9ndolas a la declaratoria de nulidad de la escritura 114 de 1956, por lo que la entidad p\u00fablica qued\u00f3 excluida de este litigio (fls. 44 \u2013 48, 63 \u2013 65, c. 3). <\/p>\n
5.- El Juzgado Veinte Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, neg\u00f3 las s\u00faplicas por no encontrar acreditado ning\u00fan vicio que pudiera afectar la validez del negocio jur\u00eddico atacado (fls. 1236 \u2013 1246, c. 3). <\/p>\n
6.- Al resolver el recurso de alzada interpuesto por la accionante, el superior confirm\u00f3 la sentencia del a quo, pero por otras razones (fls. 81-88, c. 16). <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El ad quem consider\u00f3 que al margen de la discusi\u00f3n que propon\u00eda la censura, la acci\u00f3n de nulidad se encontraba llamada al fracaso por prescripci\u00f3n de la oportunidad para solicitar la invalidez del contrato. En sustento, expuso: <\/p>\n
La pretensi\u00f3n de declaratoria de nulidad del negocio contenido en la Escritura P\u00fablica 114 de 20 de enero de 1956, se edifica sobre la ausencia de consentimiento por parte de la demandante, lo que la inscribe en el campo de la nulidad absoluta por ausencia de uno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del contrato (arts. 1502, 1740 y 1741 C.C.). <\/p>\n
Al tenor del art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil, la nulidad absoluta cuando no es generada por objeto o causa il\u00edcitos puede sanearse por la ratificaci\u00f3n de las partes y en todo caso por prescripci\u00f3n extraordinaria, disposici\u00f3n que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en C-597 de 1998. <\/p>\n
A la luz de la prueba documental que milita en el plenario, Rosa Emilia Villamil de Rojas y Dolcey Vergara Delgado celebraron un contrato de compraventa de \u00ablos derechos, acciones que tiene, le corresponden o puedan corresponderle\u00bb a la primera, vinculados con el predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u00abEl Llano\u00bb, protocolizado en la escritura p\u00fablica 114 de 20 de enero de 1956; la demanda se present\u00f3 el 13 de enero de 2003, esto es, 47 a\u00f1os despu\u00e9s de su celebraci\u00f3n; su auto admisorio se notific\u00f3 a la gestora por estado del d\u00eda 28 siguiente y a la parte demandada el 16 de julio de 2003, de modo que, para esa data, el t\u00e9rmino de 20 a\u00f1os estaba superado, por lo que la nulidad absoluta cuya declaraci\u00f3n judicial se pretende qued\u00f3 saneada por prescripci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
La querella policiva instaurada por la promotora con miras a que se hiciera una inspecci\u00f3n ocular al predio \u00abLas Delicias\u00bb, no es \u00fatil para el prop\u00f3sito de interrumpir el t\u00e9rmino extintivo, porque all\u00ed nada se debati\u00f3 sobre la validez del mentado negocio jur\u00eddico, ni el comprador hizo reconocimiento alguno. Adem\u00e1s, ese lapso tampoco puede contabilizarse desde el 8 de julio de 1991, fecha en que se abri\u00f3 el folio No. 50S-835551, puesto que, al ser objetivo, corre a partir de la celebraci\u00f3n del contrato impugnado. <\/p>\n
Resulta inadmisible el argumento respecto a que la falsedad no puede extinguirse por prescripci\u00f3n, comoquiera que, seg\u00fan lo resalt\u00f3 la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad del art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil, precluido el t\u00e9rmino para denunciar dicho vicio, el acto contentivo del mismo queda purgado, adem\u00e1s, el tipo penal de \u00abfalsedad material en instrumento p\u00fablico\u00bb prescribe en seis a\u00f1os y expirados, se extinguen la acci\u00f3n y la pena. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, como la nulidad absoluta se sane\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria, la sentencia apelada debe ser confirmada. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon dos cargos, ambos con soporte en el numeral primero del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el primero por afrenta directa de normas sustanciales, y el segundo, por indirecta. <\/p>\n
Por virtud del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n y el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 625 de la Ley 1564 de 2012, conforme al cual los recursos interpuestos, \u00abse regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, en la definici\u00f3n de este asunto se tendr\u00e1n en cuenta las normas que establec\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil por ser las aplicables al momento en que se formul\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, que conservan vigencia hasta que culmine. <\/p>\n
IV. PRIMER CARGO <\/p>\n
Se acusa la sentencia de ser directamente violatoria, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 740, 742 inciso 1\u00b0, 745, 749, 751, 752, 753, 756 inciso 1\u00b0, 2530 inciso final, modificado por el art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 791 de 2002, y 2538 del C\u00f3digo Civil; 5, 6, 43, 44 y 49 del Decreto Ley 1250 de 1970; 2, 3 literales b), d) y e), 45, 46 y 47 de la Ley 1579 de 2012; y 8\u00b0 de la Ley 153 de 1887 en cuanto al principio general del derecho \u00abnadie puede transmitir a otro m\u00e1s derecho del que posee o tiene\u00bb; y por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n, 1740, 1741, 1742 y 2535 inciso 2\u00b0 del C\u00f3digo Civil y la sentencia C-597 de 1998 proferida por la Corte Constitucional, adem\u00e1s, por falta de aplicaci\u00f3n de los c\u00e1nones 21 de la Ley 600 de 2000 y 22 de la Ley 906 de 2004. En sustento, indic\u00f3 el inconforme: <\/p>\n
El Tribunal, debiendo hacerlo, no aplic\u00f3 al caso las disposiciones citadas y err\u00f3neamente concluy\u00f3 que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico que permanece oculto a quien perjudica debe contarse desde el momento en que el acto se perfecciona y no desde cuando se hace p\u00fablico. <\/p>\n
Desconoci\u00f3 que una de las caracter\u00edsticas de nuestro sistema jur\u00eddico civil es la diferencia entre t\u00edtulo y modo, en tanto aqu\u00e9l genera obligaciones, pero solo mediante la concreci\u00f3n de \u00e9ste se transfiere la propiedad. Al efecto, el art\u00edculo 756 del C\u00f3digo Civil dispone que \u00abse efectuar\u00e1 la tradici\u00f3n del dominio de los bienes ra\u00edces por la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos\u00bb y conforme al 759 ib\u00eddem \u00ablos t\u00edtulos traslaticios de dominio que deben registrarse, no dar\u00e1n o transferir\u00e1n la posesi\u00f3n efectiva del respectivo derecho mientras no se haya verificado el registro en los t\u00e9rminos que se dispone en el t\u00edtulo del registro de instrumentos p\u00fablicos\u00bb, y mientras tanto, \u00absolo hay un t\u00edtulo que apenas genera obligaciones pero no transfiere propiedad\u00bb. <\/p>\n
En este caso, no era factible esperar que la se\u00f1ora Rosa Emilia Villamil de Rojas hubiera conocido una escritura que se corri\u00f3 sin su participaci\u00f3n, por lo que constitu\u00eda un hecho oculto, y por lo mismo, tampoco se le pod\u00eda exigir que deb\u00eda impugnarla a partir de su fecha \u00absi s\u00f3lo la conoci\u00f3 en 1991 cuando con base en semejante t\u00edtulo espurio se abri\u00f3 el folio de matr\u00edcula inmobiliaria en cuesti\u00f3n\u00bb, distinto ser\u00eda si ella hubiera participado en ese acto. <\/p>\n
Conforme al inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, la prescripci\u00f3n s\u00f3lo se cuenta \u00ab(…) desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u00bb; esta disposici\u00f3n fue err\u00f3neamente interpretada por el Juzgador por haberle dado un sentido y alcance que no tiene, pues cont\u00f3 el t\u00e9rmino extintivo desde la fecha de la escritura p\u00fablica, aduciendo que se trataba de un \u00abplazo objetivo\u00bb, siendo esa una caracter\u00edstica propia de la caducidad y no de la prescripci\u00f3n, en claro desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte en esa materia, como la contenida en SC 9 sept. 2013. <\/p>\n
El ad quem, dej\u00f3 de aplicar los art\u00edculos 2541 y 2530 (modif. art. 3, L. 791\/02) del C\u00f3digo Civil, dado que el primero establece que \u00abla prescripci\u00f3n que extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas enumeradas en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 2530\u00bb, y al tenor del segundo, \u00abno se contar\u00e1 el tiempo de prescripci\u00f3n en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista\u00bb. En esa medida, si la escritura se inscribi\u00f3 en el folio 50S-835551 el 8 de julio de 1991, antes de esa data, ninguna persona estaba en posibilidad de controvertir su validez, porque no era oponible. <\/p>\n
El Tribunal desconoci\u00f3 el precedente de la Corte acerca de los requisitos para que proceda la declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta de un acto jur\u00eddico, previstos en los art\u00edculos 1740, 1741 y 1742 del C\u00f3digo Civil, que en este caso concurren, toda vez que , \u00ab(i) la nulidad es manifiesta y evidente, (ii) el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 114 de 1956 fue invocado como fuente de la tradici\u00f3n a favor del IDU, tambi\u00e9n demandada, y (iii) la demandante es perjudicada por dicho contrato y la parte demandada es causahabiente de los derechos derivados de \u00e9ste\u00bb, en esas condiciones, su raciocinio implica que un Juez de la Rep\u00fablica \u00abno puede declarar oficiosamente la nulidad absoluta de un acto jur\u00eddico cuando cumpla los requisitos previstos en la norma e interpretados por el precedente para su procedencia si hay prescripci\u00f3n, punto en el cual resulta introduci\u00e9ndole un elemento ajeno y extra\u00f1o a la norma\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La Corte no se detendr\u00e1 en disertaciones dogm\u00e1ticas acerca de las figuras de la inexistencia y la nulidad absoluta, ni respecto a su procedencia ante la ausencia de un requisito esencial del negocio jur\u00eddico como es el consentimiento, por cuanto frente al tratamiento de causal de nulidad absoluta como lo propuso el demandante y no lo refut\u00f3 su opositor, no hubo ning\u00fan reparo en casaci\u00f3n. Tampoco se incursionar\u00e1 en consideraciones sobre las diferencias entre la acci\u00f3n de nulidad de una escritura p\u00fablica y la dirigida contra el negocio jur\u00eddico all\u00ed documentado, porque lo discurrido a ese respecto no fue cuestionado por v\u00eda de apelaci\u00f3n ni en esta sede extraordinaria. <\/p>\n
2.- El siguiente razonamiento permitir\u00e1 arribar a las inferencias base de la definici\u00f3n del cargo que, en s\u00edntesis, se contraen a que, transcurrido el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n extraordinaria, la nulidad absoluta queda saneada; en esa medida, al juzgador no le es dable declararla por solicitud de parte ni de manera oficiosa. <\/p>\n
La forma como debe contabilizarse el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n en eventos como el de esta litis, dado que ni las normas que la disciplinan, ni las del saneamiento de la nulidad absoluta por su ocurrencia se\u00f1alan un hito espec\u00edfico, depende del momento en que surge el inter\u00e9s jur\u00eddico de quien la alega. Si la pretensi\u00f3n de invalidez se dirige contra un acto o negocio sujeto a registro, en cuya celebraci\u00f3n no haya participado el demandante, la falta de certeza del momento en que lo conoci\u00f3 determina que ese lapso \u00fanicamente puede empezar a correr a partir de la inscripci\u00f3n en el respectivo registro. <\/p>\n
2.1.- Dispone el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil, subrogado por el 2\u00b0 de la Ley 50 de 1936, que la nulidad absoluta cuando no es generada por objeto o causa il\u00edcitos, puede sanearse por la ratificaci\u00f3n de las partes y \u00aben todo caso por prescripci\u00f3n extraordinaria\u00bb, de donde emerge que todas las causales de nulidad absoluta, a\u00fan las derivadas de objeto o causa il\u00edcitos, pueden sanearse por la prescripci\u00f3n extraordinaria regulada en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 50 de 1936 que redujo a 20 a\u00f1os los t\u00e9rminos de las prescripciones treintenarias1, e incluy\u00f3 la de \u00absaneamiento de nulidades absolutas\u00bb. Tal fen\u00f3meno es de car\u00e1cter extintivo, pues su configuraci\u00f3n tiene por consecuencia el saneamiento de ese tipo de nulidad, lo que, de suyo apareja que en lo sucesivo no sea dable discutir la validez del negocio jur\u00eddico por la v\u00eda jurisdiccional. <\/p>\n
Seg\u00fan lo indic\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en SC-13 oct. 2009, exp. 2004-00605-01, el fundamento del instituto de la prescripci\u00f3n extintiva radica en el mantenimiento del orden p\u00fablico y la paz social; propende por otorgar certeza y seguridad a los derechos subjetivos mediante la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas prolongadas y la supresi\u00f3n de la incertidumbre que pudiera ser generada por la ausencia del ejercicio de las potestades, <\/p>\n
(\u2026) Por eso la Corte ha dicho que la instituci\u00f3n \u201c\u2026da estabilidad a los derechos, consolida las situaciones jur\u00eddicas y confiere a las relaciones de ese g\u00e9nero la seguridad necesaria para la garant\u00eda y preservaci\u00f3n del orden social\u201d, ya que \u201c\u2026la seguridad social exige que las relaciones jur\u00eddicas no permanezcan eternamente inciertas y que las situaciones de hecho prolongadas se consoliden\u2026\u201d (Sentencia, Sala Plena de 4 de mayo de 1989, exp. 1880). (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) En similar sentido se pronunci\u00f3 la Corte mediante fallo de 11 de enero de 2000, proferido en el proceso 5208, cuando dijo que \u201c\u2026no es bastante a extinguir la obligaci\u00f3n el simple desgranar de los d\u00edas, dado que se requiere, como elemento quiz\u00e1 subordinante, la inercia del acreedor.\u201d, de todo lo cual fluye claramente c\u00f3mo \u201c\u2026del art\u00edculo 2535 del C. C. se deduce que son dos los elementos de la prescripci\u00f3n extintiva de las acciones y derechos: 1\u00b0) el transcurso del tiempo se\u00f1alado por la ley, y 2\u00b0) la inacci\u00f3n del acreedor\u201d (Sent. S. de N. G., 18 de junio de 1940, XLIX, 726). <\/p>\n
Son requisitos de esta modalidad extintiva de las obligaciones: la prescriptibilidad del cr\u00e9dito, la inacci\u00f3n del acreedor y el transcurso de cierto tiempo2; reunidos esos presupuestos en la modalidad extraordinaria, los legitimados para invocar la nulidad absoluta de un acto o contrato pierden la posibilidad de ejercer la acci\u00f3n jurisdiccional, por ello, tampoco le es dable al juez decretarla de oficio, por cuanto el paso del tiempo, unido a la inactividad del interesado, tienen por efecto purgar el vicio y conferir certeza al acto o negocio jur\u00eddico torn\u00e1ndolo invulnerable frente a los ataques contra su validez; solo de esa manera puede entenderse el efecto del saneamiento de la nulidad absoluta por prescripci\u00f3n extraordinaria, al tenor del art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Espec\u00edficamente, sobre la tem\u00e1tica en estudio tambi\u00e9n consagrada en el art\u00edculo 1683 del C\u00f3digo Civil Chileno3, Arturo Alessandri Besa4, sostiene, <\/p>\n
La ley, en esa materia, ha tenido que decidir qu\u00e9 es m\u00e1s conveniente para la salvaguardia de los intereses generales: si permitir destruir una situaci\u00f3n ya establecida, aun despu\u00e9s de quince a\u00f1os, o dejarla subsistente, consider\u00e1ndola saneada del vicio que la afectaba. Desde todo punto de vista es m\u00e1s justo y conveniente para los intereses de todos esta \u00faltima soluci\u00f3n, porque son mayores los trastornos que se producir\u00edan al anular un acto jur\u00eddico pasados quince a\u00f1os de su celebraci\u00f3n, que considerarlo saneado y v\u00e1lido despu\u00e9s de ese plazo, aun cuando en \u00e9l se contengan disposiciones contrarias al orden p\u00fablico, la moral o a la ley misma. <\/p>\n
Enfatiza adem\u00e1s el autor que, acecido el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n, \u00abdesaparece el vicio o defecto del acto, por lo cual este no puede ser atacado por la v\u00eda de la nulidad absoluta, ya que este saneamiento implica la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de nulidad5\u00bb, y a continuaci\u00f3n, sobre la posibilidad judicial de declaraci\u00f3n oficiosa de la nulidad, una vez vencido el plazo prescriptivo, acota: <\/p>\n
(\u2026) de acuerdo con los t\u00e9rminos empleados por el art\u00edculo 1683 y con el esp\u00edritu general de la legislaci\u00f3n civil, (\u2026) el juez no puede declarar de oficio una nulidad absoluta que se ha saneado por el lapso del tiempo, porque el citado art\u00edculo dispone que es la nulidad absoluta misma la que se sanea por el lapso de tiempo de quince a\u00f1os, o sea, se refiere al saneamiento de la nulidad y no a la prescripci\u00f3n de las acciones de nulidad que correspondan a los interesados en pedirla. <\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional en C-597 de 1998, estim\u00f3 que el segmento de la disposici\u00f3n demandada (art. 1742 C.C.) se inscrib\u00eda en la potestad configurativa del legislador para \u00abreglamentar las relaciones jur\u00eddicas y adoptar mecanismos enderezados a solucionar los conflictos que de ellas se deriven, siempre y cuando al hacerlo no contrar\u00ede ning\u00fan precepto constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.2.- De conformidad con el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, \u00ab[l]a prescripci\u00f3n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u00bb; as\u00ed, es esta la regla general en materia de cr\u00e9ditos, y su aplicaci\u00f3n depende de la naturaleza de la obligaci\u00f3n a que se aluda, es decir, si es pura y simple, o sometida a plazo o condici\u00f3n suspensiva, pues en los \u00faltimos eventos transcurre desde la expiraci\u00f3n del plazo o una vez se haya cumplido la condici\u00f3n. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de obligaciones convencionales, en ciertas oportunidades y para casos espec\u00edficos, la ley fija momentos determinables a partir de los cuales empiezan a correr dichos t\u00e9rminos, por ejemplo, en lo concerniente a los contratos de transporte y seguro (arts. 9936 y 11317 C\u00f3digo de Comercio), y en otros, toma como punto de partida para tal efecto la fecha del contrato, vr. gr., en la acci\u00f3n pauliana (num. 3\u00b0, art. 24918 C\u00f3digo Civil), o la nacida del pacto comisorio (art. 19389 ib.). <\/p>\n
En materia de nulidades, para proponer la relativa, el art\u00edculo 1750 del C\u00f3digo Civil, consagra varias hip\u00f3tesis, <\/p>\n
El plazo para pedir la rescisi\u00f3n durara cuatro a\u00f1os. <\/p>\n
Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contar\u00e1 el cuatrienio desde el d\u00eda en que haya cesado esta incapacidad. <\/p>\n
Y precisa el art\u00edculo 1751 ejusdem, que, <\/p>\n
Los herederos mayores de edad gozaran del cuatrienio entero si no hubiere principiado a correr; y gozaran del residuo, en caso contrario. A los herederos menores empieza a correr el cuatrienio o su residuo desde que hubieren llegado a edad mayor. (\u2026). <\/p>\n
No obstante, el legislador guarda silencio respecto a la oportunidad precisa para demandar la nulidad absoluta de un acto o negocio jur\u00eddico, luego corresponde al int\u00e9rprete definir \u00aba partir de cu\u00e1ndo pod\u00eda ejercitarse la acci\u00f3n o el derecho\u00bb (SC-3 de mayo de 2002, exp. 6153), en cuyo labor\u00edo, es preciso verificar en qu\u00e9 momento el legitimado para invocarla tuvo o debi\u00f3 tener conocimiento de la existencia del acto de cuestionada validez; desde all\u00ed surgir\u00eda su inter\u00e9s jur\u00eddico, la posibilidad de controvertirlo y, por tanto, la carga de enfrentar las consecuencias desfavorables por su inactividad. <\/p>\n
A tono con el art\u00edculo 1849 del C\u00f3digo Civil, la compraventa es \u00abun contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aqu\u00e9lla se dice vender y \u00e9sta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio\u00bb. En el sistema jur\u00eddico colombiano ajustado a la tradici\u00f3n romanista, para transmitir efectivamente la propiedad de un bien, se requiere la convergencia de un t\u00edtulo y un modo; este contrato solo corresponde a un t\u00edtulo traslaticio de dominio (art. 745 ib.) que requiere unirse al modo de la tradici\u00f3n para que el comprador pueda convertirse en propietario de la cosa vendida. <\/p>\n
Conforme al art\u00edculo 740 ejusdem, la tradici\u00f3n es un modo de adquirir el dominio de las cosas y trat\u00e1ndose de bienes inmuebles, \u00e9sta se efectuar\u00e1 \u00abpor la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos\u00bb (art. 756 ib.), exigencia que armoniza con lo anteriormente dispuesto en el art\u00edculo 2637 del C\u00f3digo Civil, derogado por el art\u00edculo 2\u00b0 del Decreto 1250 de 1970, y en la actualidad, con el literal a) del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 1579 de 2012. <\/p>\n
Adem\u00e1s de ser la forma de perfeccionar la tradici\u00f3n del dominio sobre bienes ra\u00edces, la inscripci\u00f3n en el respectivo folio inmobiliario tiene una preponderante funci\u00f3n de dar publicidad respecto del acto que all\u00ed se inscribe; de manera espec\u00edfica as\u00ed qued\u00f3 plasmado en el art\u00edculo 2\u00b0 del actual estatuto de registro de instrumentos p\u00fablicos10, al precisarse que uno de los objetivos del registro de la propiedad inmueble es \u00abb) [d]ar publicidad a los instrumentos p\u00fablicos que trasladen, transmitan, muden, graven, limiten, declaren, afecten, modifiquen o extingan derechos reales sobre los bienes ra\u00edces\u00bb. <\/p>\n
El acatamiento de la publicidad apareja tambi\u00e9n el car\u00e1cter de oponible del acto registrado frente a terceros, dado que, con independencia de su licitud y de que en su perfeccionamiento se hayan observado todos los requisitos sustanciales, \u00e9ste puede afectar derechos de otras personas, aunque no hayan intervenido en la negociaci\u00f3n, quienes por esa raz\u00f3n pueden legitimarse para demandar la eficacia o validez de dichos actos, pues al tenor del art\u00edculo 44 del Decreto 1250 de 1970, \u00ab[p]or regla general ning\u00fan t\u00edtulo o instrumento sujeto a registro o inscripci\u00f3n surtir\u00e1 efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aqu\u00e9l\u00bb, como igualmente hoy lo indica el art\u00edculo 47 de la Ley 1579 de 201211. <\/p>\n
Al tamiz de lo expuesto, si se promueve demanda con pretensi\u00f3n de nulidad de la compraventa de un bien ra\u00edz por la causal de \u00abfalta de consentimiento\u00bb (art. 1502 C.C.), por quien acude a la jurisdicci\u00f3n aduciendo su calidad de verdadero due\u00f1o que fuera suplantado en aqu\u00e9l la prescripci\u00f3n debe contarse, necesariamente, a partir del momento en que \u00e9ste tuvo conocimiento del hecho, y en su defecto, desde que se perfeccion\u00f3 y se le dio publicidad al negocio jur\u00eddico, es decir, de su inscripci\u00f3n en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos, cual ordena el art\u00edculo 756 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En otras palabras, por la connotaci\u00f3n del motivo esgrimido, no es factible deducir inequ\u00edvocamente que el demandante antes del registro de la escritura p\u00fablica haya conocido la existencia del que califica como un fraudulento acto de enajenaci\u00f3n del bien de su propiedad, luego, la fecha de esa convenci\u00f3n no puede ser el punto de referencia temporal para contabilizar el plazo que ten\u00eda para impugnarla, a menos, claro est\u00e1, que de otros medios de convicci\u00f3n se deduzca sin lugar a dudas que antes de ese registro ya sab\u00eda del hecho. <\/p>\n
En suma, el t\u00e9rmino dentro del cual puede ejercerse la acci\u00f3n de nulidad absoluta de un acto contractual por parte de un tercero que no estuvo en la convenci\u00f3n, comienza a partir del momento en que tuvo conocimiento de su existencia o debi\u00f3 tenerlo, circunstancia que se supone aconteci\u00f3 en la fecha de la respectiva inscripci\u00f3n en la Oficina Registro de Instrumentos P\u00fablicos, salvo que se pruebe haberlo sabido antes. <\/p>\n
3.- En el asunto de litis, se ha de tener en cuenta como obra en el expediente la segunda copia de la Escritura P\u00fablica Nro. 114 de enero 20 de 1956 otorgada en la Notar\u00eda Quinta del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, que da cuenta de la \u00abventa real y efectiva\u00bb efectuada por Rosa Emilia Villamil de Rojas a favor de Dolcey Vergara Delgado, respecto de \u00ablos derechos y acciones que tiene, le corresponde o puedan corresponderle, vinculados en una finca de su propiedad con una cabida equivalente a tres (3) fanegadas de terreno, ubicada en el municipio de Bosa, hoy Distrito Especial de Bogot\u00e1, globo de terreno que se tom\u00f3 de uno de mayor extensi\u00f3n denominado El Llano, de las tierras blancas de la finca de Pastrana o sean los mismos que la compareciente vendedora hubo por compra hecha al se\u00f1or Jes\u00fas Mar\u00eda Ram\u00edrez Portilla\u00bb, por la suma de $15.000 (fls. 194 \u2013 200, c. 1). <\/p>\n
Ahora bien, revisado el certificado de tradici\u00f3n y libertad de la matr\u00edcula 50S-290427, se constata que en la anotaci\u00f3n 006 est\u00e1 inscrita la Escritura P\u00fablica 3290 del 26 de noviembre de 1955, que corresponde a la \u00abespecificaci\u00f3n 610\u00bb descrita como \u00abventa derecho cuota derechos sucesorales en la sucesi\u00f3n il\u00edquida de Rosario Ram\u00edrez Portilla\u00bb, de Jes\u00fas Mar\u00eda Ram\u00edrez Portilla a Rosa Emilia Villamil de Rojas; y a continuaci\u00f3n, la 007 efectuada el 13-03-1956, da cuenta de la inscripci\u00f3n de la Escritura Nro. 114 del 20 de enero de 1956, de la Notar\u00eda Quinta de Bogot\u00e1, \u00abespecificaci\u00f3n 610\u00bb, relacionada como \u00abcompraventa parte derechos cuota derechos sucesorales en la sucesi\u00f3n il\u00edquida de Rosario Ram\u00edrez Portilla\u00bb, de Rosa Emilia Villamil de Rojas a Dolcey Vergara Delgado (fls. 4 \u2013 5, c. 1). <\/p>\n
Tales inscripciones coinciden con las numeradas 01 y 02 de la matr\u00edcula 50S-835551 correspondiente al predio denominado \u00abLas Delicias\u00bb (fl. 5, ib.), pero con unas indicaciones adicionales que, seg\u00fan se infiere, obedecen a lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n 398 del 8 de julio de 1991, por la cual la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 \u2013 Zona Sur, corrigi\u00f3 las anotaciones 006 y 007 del folio 050-0290427, en el sentido de especificar, en la primera \u00abcompraventa derechos sucesorales \u2013 sucesi\u00f3n il\u00edquida de Mar\u00eda del Rosario Ram\u00edrez Portilla; 3 fanegadas del lote \u201cEl Llano\u201d al tiempo de hacerse la partici\u00f3n\u00bb; y en la segunda \u00abcompraventa derechos sucesorales \u2013 sucesi\u00f3n il\u00edquida de Mar\u00eda del Rosario Ram\u00edrez Portilla; 3 fanegadas de la finca \u201cEl Llano\u201d, y dispuso, adem\u00e1s, trasladarlas al folio 050-0835551 \u00ab\u00fanicamente para efectos de tradici\u00f3n para dar cumplimiento al art\u00edculo 752 del C.C. y como anotaciones 01 y 02. Corr\u00edjase el orden cronol\u00f3gico\u00bb (fls. 7 \u2013 10, c. 1). <\/p>\n
De esa determinaci\u00f3n administrativa, cuya legalidad no se desvirtu\u00f3 en este juicio, se colige sin mayor esfuerzo que las anotaciones en la matr\u00edcula originaria exist\u00edan y que las correcciones ordenadas solo se refer\u00edan a la especificaci\u00f3n de los derechos adquiridos sobre la porci\u00f3n de terreno posteriormente enajenados por Rosa Emilia Villamil de Rojas, de manera que, en s\u00ed misma, la inscripci\u00f3n de las escrituras 3290 del 26 de noviembre de 1955 y 114 del 20 de enero de 1956, no fue el objeto de ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
Por otra parte, en el libelo introductorio se afirm\u00f3 que la Escritura 114 de 1956 fue registrada en los folios 50S-290427 y 50S-835551, pero nada se mencion\u00f3 respecto a posibles irregularidades en dichas inscripciones, salvo lo concerniente a la identificaci\u00f3n de la persona que solicit\u00f3 \u00abla correcci\u00f3n de anotaciones en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 50S-290427 y 50S-835551\u00bb, que en el criterio del demandante, viciaban de nulidad la Resoluci\u00f3n 398 del 8 de julio de 1991 emitida por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 Zona Sur; no obstante, la discusi\u00f3n sobre la legalidad de ese acto administrativo qued\u00f3 por fuera del debate en esta causa ante la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones. <\/p>\n
Ahora, si bien es cierto que por la fecha en que se celebraron los negocios jur\u00eddicos relacionados en dichos consecutivos, el sistema registral era el anterior al establecido en el Decreto 1250 de 1970 (Ley 40 de 193212), en todo caso, se insiste, en el pliego introductorio ning\u00fan reparo se hizo frente a la publicidad de la Escritura 114 de 1956 en la matr\u00edcula original el 13 de marzo de 1956; por el contrario, ese hecho resulta probado con lo que revelan documentos adosados al expediente como el certificado de tradici\u00f3n y libertad 50S-290427 y la segunda copia de la escritura en menci\u00f3n expedida el 15 de marzo de 1960, \u00faltima que contiene el sello de la \u00abOficina de Registro del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb, conforme al cual, aquella fue registrada en marzo de 1956, en la p\u00e1gina 205 n\u00famero 6148 (fls. 194 \u2013 196). <\/p>\n
En el panorama descrito, con independencia de que la demandante hubiera participado o no en la celebraci\u00f3n del contrato, si el 13 de marzo de 1956 se inscribi\u00f3 dicha escritura en el Registro, se entiende que en esa data tuvo publicidad; por ende, desde all\u00ed empez\u00f3 a correr el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n para que la se\u00f1ora Rosa Emilia Villamil demandara la validez de ese acto, de haber estimado que estaba viciado de nulidad absoluta. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, no tiene asidero la censura acerca de que ese lapso solo pod\u00eda iniciar desde el 8 de julio de 1991 cuando se abri\u00f3 el folio derivado 50S-835551 porque a partir de ese hecho la accionante se enter\u00f3 de la existencia del t\u00edtulo, por cuanto, como ya se dijo, si el acto fustigado fue la compraventa de derechos sucesorales documentada en la Escritura 114 de 1956, y \u00e9sta fue inscrita en el certificado originario desde el mes de marzo de 1956, era ese el extremo de partida para contar el fen\u00f3meno extintivo veintenario, y no la fecha en que quien all\u00ed fungi\u00f3 como comprador obtuvo la correcci\u00f3n de algunas anotaciones efectuadas en el nuevo folio asignado, lo que no significa que las mismas no existieran con antelaci\u00f3n, al punto que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos accedi\u00f3 a lo pedido mediante Resoluci\u00f3n 398 del 8 de julio de 1991 (fls. 8 \u2013 10, c. 1). <\/p>\n
Infundado resulta tambi\u00e9n el argumento referido a que, al concurrir todos los requisitos de la nulidad absoluta el Tribunal debi\u00f3 declararla y que err\u00f3 al no obrar de ese modo, comoquiera que al haber quedado saneada la nulidad por prescripci\u00f3n extintiva, esa sola circunstancia tornaba innecesario que el sentenciador entrara a realizar elucubraciones acerca de las circunstancias en que se ajust\u00f3 la compraventa, pues por efecto de ese fen\u00f3meno quedaron eliminados los eventuales vicios y consolidados los derechos y situaciones jur\u00eddicas originados en ella. <\/p>\n
Por la misma raz\u00f3n, insustancial resulta el argumento de la censura dirigido a cuestionar que el tribunal, pese al saneamiento de la nulidad, con apoyo en normas de derecho penal y de procedimiento penal, no haya emitido una orden de restablecimiento del derecho procediendo a la \u00abanulaci\u00f3n de los t\u00edtulos e inscripciones fraudulentas\u00bb; adem\u00e1s, si el deber o la potestad que echa de menos el recurrente radica en los funcionaros de esa Rama de la Jurisdicci\u00f3n, en ninguna omisi\u00f3n puede incurrir el de la especialidad Civil por no considerarla. <\/p>\n
Tampoco fue afortunada la aseveraci\u00f3n del juzgador en punto a que el t\u00e9rmino corr\u00eda desde la celebraci\u00f3n del contrato por tratarse de un \u00abplazo objetivo\u00bb, porque ello es tanto como sostener que la prescripci\u00f3n transcurre de manera irremediable y sin soluci\u00f3n de continuidad a partir de ese hecho, desconociendo que existen circunstancias subjetivas que pueden dar pie a otra interpretaci\u00f3n, as\u00ed como expresas disposiciones que refieren eventos en que aquella se interrumpe o puede suspenderse. <\/p>\n
Al respecto, en SC 09 sep. 2013, exp. 2006-00339-01, la Sala precis\u00f3, <\/p>\n
Para que el fen\u00f3meno extintivo sea de recibo, se exige que dentro del t\u00e9rmino al efecto se\u00f1alado en la ley, la conducta del acreedor hubiere sido totalmente pasiva y adem\u00e1s que no hubieren concurrido circunstancias legales que lo alteraran, como las figuras de la interrupci\u00f3n o la suspensi\u00f3n. Esto mismo, desde luego, descarta la idea de que la prescripci\u00f3n pueda considerarse un asunto netamente objetivo, de simple c\u00f3mputo del t\u00e9rmino, y que, por lo tanto, corra en forma fatal, sin soluci\u00f3n de continuidad. <\/p>\n
Como tiene explicado la Sala, \u201cjam\u00e1s la prescripci\u00f3n es un fen\u00f3meno objetivo\u201d, pues existen \u201cfactores subjetivos, que, por razones m\u00e1s que obvias, no son comprobables de la \u2018mera lectura del instrumento\u2019 contentivo de la obligaci\u00f3n. La conducta de los sujetos de la obligaci\u00f3n es cuesti\u00f3n que siempre ameritar\u00e1 un examen orientado a establecer si concurrentemente se configuran todas las condiciones que deben acompa\u00f1ar al tiempo para que con certeza se pueda decir si la prescripci\u00f3n ocurri\u00f3 verdaderamente. S\u00f3lo as\u00ed se llegar\u00e1 a determinar lo relativo a la interrupci\u00f3n y suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u201d (Sentencia 001 de 11 de enero de 2000, expediente 5208). <\/p>\n
No obstante, el error advertido deviene intrascendente, como quiera que, inclusive admitiendo la tesis del recurrente en cuanto a que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n no pod\u00eda contarse desde la fecha de celebraci\u00f3n del contrato, si la controversia tuviera que ser examinada por la Sala en sede de instancia, no tendr\u00eda m\u00e1s alternativa que confirmar la sentencia del a-quo desestimatoria de las pretensiones, aunque por motivos diferentes, pues de todas maneras, si se mira el t\u00e9rmino extintivo desde la fecha de inscripci\u00f3n de la escritura cuestionada en el Registro inmobiliario (13 de marzo de 1956), para el momento en que se formul\u00f3 la demanda el 13 de enero de 2003, la nulidad absoluta definitivamente se hallaba saneada por prescripci\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil, siendo esa una de las excepciones alegadas en la contestaci\u00f3n del libelo (fl. 121, c.1). <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
5.- La precedente conclusi\u00f3n surte efecto tambi\u00e9n respecto al segundo cargo que acusa la sentencia de ser indirectamente violatoria del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de la sentencia C-597 de 1998 proferida por la Corte Constitucional sobre la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil y de los c\u00e1nones 1740, 1741, 1742 y 2535 inciso 2\u00b0 ib\u00eddem, por indebida aplicaci\u00f3n; que a su vez, deriv\u00f3 en la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 21 de la Ley 600 de 2000, 22 de la Ley 906 de 2004, 740, 742 inciso 10, 745, 749, 751, 752, 753, 756 inciso 1\u00b0, 2530 inciso final (modificado por el art. 3 de la Ley 791 de 2002), 2538 del C\u00f3digo Civil; 5, 6, 43, 44 y 49 del Decreto ley 1250 de 1970; 2, 3 literales b), d) y e), 45, 46 y 47 de la Ley 1579 de 2012; y 8 de la Ley 153 de 1887 en cuanto al principio general del derecho seg\u00fan el cual \u00abnadie puede transmitir a otro m\u00e1s derecho del que posee o tiene\u00bb, como consecuencia del error de hecho consistente en no haber tenido por probado, est\u00e1ndolo, que la escritura p\u00fablica No. 114 de 20 de enero de 1956 fue falsificada por calco de la firma, seg\u00fan se acredit\u00f3 con dictamen rendido por perito graf\u00f3logo. <\/p>\n
Ciertamente, si para la fecha de formulaci\u00f3n del libelo la aducida nulidad absoluta, de haberse presentado, en todo caso se encontraba saneada por la conjugaci\u00f3n del paso del tiempo y la inactividad de la interesada en invocarla, inane resulta incursionar en aspectos de valoraci\u00f3n de los medios que el recurrente estima fueron omitidos y daban cuenta de la veracidad de sus afirmaciones en torno a la falsificaci\u00f3n de la firma de la vendedora. Es m\u00e1s, en ese sentido, resulta ilustrativo lo indicado en la invocada C597 de 1998, en la cual la Corte Constitucional enfatiz\u00f3, <\/p>\n
La prescripci\u00f3n extraordinaria de la acci\u00f3n de nulidad absoluta por el transcurso de 20 a\u00f1os, como ya se dijo, impide que despu\u00e9s de vencido ese plazo, las personas que ten\u00edan inter\u00e9s leg\u00edtimo para incoarla lo puedan hacer, quedando de esta manera saneado el vicio de que adolec\u00eda el acto o contrato, as\u00ed \u00e9ste sea il\u00edcito. (\u2026). <\/p>\n
Quiz\u00e1s resulte pertinente, en este punto, traer a colaci\u00f3n un pasaje esclarecedor de Alessandri: <\/p>\n
\u00ab(…) la ley ha tenido que conciliar la necesidad de sancionar las infracciones a ella con el inter\u00e9s p\u00fablico, el cual exige cierta estabilidad en las situaciones jur\u00eddicas, porque derechos inciertos impiden el normal desarrollo de las actividades de una colectividad. Y por muy inconveniente que sea mantener un acto o contrato que adolece de nulidad absoluta, hay que reconocer que no es tampoco conveniente dejar en suspenso ese acto indefinidamente, como ocurrir\u00eda si pudiere ser anulado en cualquiera \u00e9poca despu\u00e9s de su celebraci\u00f3n. <\/p>\n
Por tal motivo, la ley, reconociendo que es menos peligroso consolidar una situaci\u00f3n jur\u00eddica anormal derivada de un acto o contrato il\u00edcito, inmoral o contrario a sus disposiciones fundamentales, que dejar\u00eda en suspenso por tiempo indefinido, porque es preferible la estabilidad que la incertidumbre de los derechos, ha se\u00f1alado un plazo, transcurrido el cual la nulidad absoluta se sanea, es decir, el acto o contrato viciado se convierte en plenamente eficaz e inatacable, consider\u00e1ndosele como purgado del vicio o defecto de que adoleci\u00f3. El plazo de quince a\u00f1os es el m\u00e1ximo que contempla nuestro C\u00f3digo Civil para la consolidaci\u00f3n definitiva de todo derecho o situaci\u00f3n incierta, y por eso lo ha adoptado tambi\u00e9n para el saneamiento de la nulidad absoluta.\u00bb13 <\/p>\n
6.- Pese a que la decisi\u00f3n es adversa al recurrente, no habr\u00e1 condena en costas por la rectificaci\u00f3n doctrinaria efectuada en esta oportunidad, de conformidad con el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
VI.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 13 de julio de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso en referencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 Posteriormente disminuido a 10 a\u00f1os por la Ley 791 de 2002 <\/p>\n
2 Cfr. Ospina Fern\u00e1ndez, Guillermo, R\u00e9gimen General de las Obligaciones, Sexta Edici\u00f3n, Temis, Bogot\u00e1, 1998, p\u00e1g. 471. <\/p>\n
3 Cfr. Art\u00edculo 1683 C\u00f3digo Civil Chileno: La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petici\u00f3n de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga inter\u00e9s en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el<\/p>\n
contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaraci\u00f3n por el ministerio p\u00fablico en el inter\u00e9s de la moral o de la ley; y no puede sanearse por la ratificaci\u00f3n de las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de diez a\u00f1os. (subraya intencional). <\/p>\n
4 La Nulidad y la Rescisi\u00f3n en el Derecho Civil Chileno. Imprenta Universidad Santiago de Chile, 1\u00b0 reimpresi\u00f3n 1990, Tomo I. p\u00e1gs. 507 \u2013 508. <\/p>\n
5 Ibid. P\u00e1g. 535 <\/p>\n
6 Art\u00edculo 993. Las acciones directas o indirectas provenientes del contrato de transporte prescriben en dos a\u00f1os. El t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n correr\u00e1 desde el d\u00eda en que haya concluido o debido concluir la obligaci\u00f3n de conducci\u00f3n. (\u2026). <\/p>\n
7 Art\u00edculo 1131. En el seguro de responsabilidad se entender\u00e1 ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correr\u00e1 la prescripci\u00f3n respecto de la v\u00edctima. Frente al asegurado ello ocurrir\u00e1 desde cuando la v\u00edctima le formula la petici\u00f3n judicial o extrajudicial. <\/p>\n
8 Art\u00edculo 2491. En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesi\u00f3n de bienes o a la apertura del concurso, se observar\u00e1n las disposiciones siguientes: (\u2026) 3. Las acciones concedidas en este art\u00edculo a los acreedores, expiran en un a\u00f1o, contado desde la fecha del acto o contrato. <\/p>\n
9 Art\u00edculo 1938. El pacto comisorio prescribe al plazo prefijado por las partes si no pasare de cuatro a\u00f1os, contados desde la fecha del contrato. <\/p>\n
Transcurridos estos cuatro a\u00f1os, prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un plazo m\u00e1s largo o ninguno. <\/p>\n
10 Ley 1579 de 2012. <\/p>\n
11 \u00abPor regla general, ning\u00fan t\u00edtulo o instrumento sujeto a registro o inscripci\u00f3n surtir\u00e1 efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de su inscripci\u00f3n o registro\u00bb <\/p>\n
12 Ley 40 de 1932: Art\u00edculo 19. Toda persona tiene derecho a examinar sin reserva alguna los libros principales, \u00edndices y archivo de las Oficinas de Registro. El Registrador esta por lo tanto obligado, mediante su vigilancia a permitir y facilitar dicho examen, en cu\u00e1nto no se perjudique el servicio p\u00fablico y sin que este examen cause ninguna erogaci\u00f3n a quien lo solicita. <\/p>\n
13 Alessandri Besa Arturo. La nulidad y la Rescisi\u00f3n en el Derecho Civil. Tomo II. <\/p>\n
30 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC279-2021 (2004-00088-02)_1 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente SC279-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001 31 03 021 2004 00088 02 (Aprobada en sala de veintinueve de octubre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53410","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53410","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53410"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53410\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53410"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53410"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53410"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}