SC282-2021 (2008-00234-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC282-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-03-003-2008-00234-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de noviembre de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Luis Evelio M\u00e1rquez Bustos frente a la sentencia de 12 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, dentro del proceso que promovi\u00f3 contra Castro Tcherassi S.A., al cual se vincul\u00f3 como litisconsorte necesario a Inversiones Osorio Gonz\u00e1lez Ltda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor deprec\u00f3 que se declarara que: (i) entre \u00e9l y el Consorcio Emergencia Puerto Ni\u00f1o se celebr\u00f3 un contrato de arrendamiento sobre las embarcaciones San Roque y Patricia; (ii) esta \u00faltima se perdi\u00f3 por hundimiento en poder del arrendatario; y (iii) Castro Tcherassi S.A. es solidariamente responsable de los da\u00f1os derivados del naufragio, en su calidad de integrante del consorcio. <\/p>\n
Como consecuencia deprec\u00f3 el pago de los perjuicios que se prueben en el proceso, los cuales tas\u00f3 en $150.000.000 por da\u00f1o emergente y $24.000.000 mensuales a t\u00edtulo de lucro cesante, con la respectiva indexaci\u00f3n e intereses comerciales. <\/p>\n
2. Como sustento (folios 49 a 56 del cuaderno 1), el pretendiente afirm\u00f3 que el 14 de febrero de 2007 suscribi\u00f3 una oferta mercantil para el transporte de materiales y maquinaria dirigida al Consorcio Emergencia Puerto Nari\u00f1o -conformado por las sociedades Castro Tcherassi S.A. e Inversiones Osorio Gonz\u00e1lez Ltda.-, que en su ejecuci\u00f3n se transform\u00f3 en un arrendamiento de las embarcaciones Patricia y San Roque, como se infiere del hecho de que el consorcio, con pleno conocimiento de su situaci\u00f3n t\u00e9cnica, \u00ablas ten\u00eda en su poder y dispon\u00eda su utilizaci\u00f3n en cuanto a tiempo, destino, peso, calidad de materiales, personal, etc., obligado \u00fanicamente a pagar cada quince d\u00edas o mes o fracci\u00f3n de mes, por su uso y goce\u00bb (folio 50). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, para la operaci\u00f3n de las barcazas, recomend\u00f3 a dos (2) empleados de experiencia, que fueron contratados por la arrendataria, quienes no estaban al frente de las mismas para la fecha en que ocurri\u00f3 el hundimiento. <\/p>\n
Achac\u00f3 a la impericia y negligencia de los operadores el naufragio del barco Patricia, puesto que no la aseguraron en debida forma, sino que la dejaron \u00aben mitad del r\u00edo amarrada mediante una guaya a una potala lo que era insuficiente\u2026 De otra parte los operadores hicieron caso omiso a las advertencias del capit\u00e1n del remolcador \u2018El Tamarindo\u2019, quien vislumbro (sic) el peligro al ver el lugar en donde los operadores lo hab\u00edan fondeado\u00bb (folio 52). <\/p>\n
Remarc\u00f3 que el nav\u00edo estaba en buen funcionamiento y prestaba sus servicios en condiciones normales hasta la inmersi\u00f3n, sin que la arrendataria hubiera informado de defectos o da\u00f1os que condujeran a su retiro para reparaci\u00f3n, tales como filtraciones de agua. <\/p>\n
3. Una vez admitido el libelo inicial (folio 62), la enjuiciada manifest\u00f3 no ser parte del negocio jur\u00eddico base de las pretensiones, aclar\u00f3 algunos hechos y propuso las excepciones que denomin\u00f3: \u00abinexistencia de contrato con el demandante\u00bb y \u00abninguna responsabilidad contractual ni extracontractual de Castro Tcherassi S.A.\u00bb (folios 78 a 86). <\/p>\n
4. Por auto de 27 de julio de 2009 se resolvi\u00f3 favorablemente la excepci\u00f3n previa de \u00abno comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios\u00bb y el a quo orden\u00f3 \u00abintegrar el contradictorio con la Sociedad Inversiones Osorio Gonz\u00e1lez Ltda.\u00bb (folios 19 y 20 del cuaderno 2). <\/p>\n
5. La nueva convocada, en su oportunidad, plante\u00f3 defensas equivalentes a las de su hom\u00f3loga (folios 151 a 159 del cuaderno 1). <\/p>\n
6. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla el 24 de abril de 2013, al decidir el litigio en primera instancia, declar\u00f3 probadas las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 solidariamente a las enjuiciadas a pagar las sumas de $120.000.000 por da\u00f1o emergente, $56.700.000 por lucro cesante causado y $707.700.000 por el futuro. <\/p>\n
7. Al desatar la alzada interpuesta el superior modific\u00f3 la indemnizaci\u00f3n, con el fin de reducir el quantum del lucro cesante pasado y excluir el subsiguiente, con base en las razones que se resumen a continuaci\u00f3n (folios 39 a 71 del cuaderno 3). <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Una vez establecidos los presupuestos procesales y efectuado el control de legalidad, el juzgador precis\u00f3 el valor jur\u00eddico de la oferta y su aceptaci\u00f3n, as\u00ed como los rasgos particulares de los consorcios, del contrato de transporte fluvial, del arrendamiento de naves y de la responsabilidad contractual, con el fin de concluir que: (i) en el expediente no se prob\u00f3 la aceptaci\u00f3n de la oferta de transporte fluvial; (ii) las convocadas tienen responsabilidad solidaria frente a todos los actos jur\u00eddicos celebrados por cuenta del consorcio; (iii) el contrato sobre la embarcaci\u00f3n Patricia comenz\u00f3 a ejecutarse el 13 de marzo de 2007, bajo las directrices suministradas por los ingenieros Baena y Ferrel, pertenecientes a la sociedad Castro Tcherassi S.A.; (iv) \u00abla direcci\u00f3n y el control de las operaciones [de] conducci\u00f3n de la [e]mbarcaci\u00f3n y del transporte de cosas que se realizaba en ella, se ejerci\u00f3 por parte del Consorcio demandado\u2026 a cambio de un canon de arrendamiento\u00bb (folio 63); y (v) el negocio se encuentra probado con base en las facturas emitidas por el demandante. <\/p>\n
2. Estableci\u00f3 que el nav\u00edo en menci\u00f3n se hundi\u00f3 por sobrecarga el 13 de septiembre de 2007, lo que calific\u00f3 como un incumplimiento total de las obligaciones de conservaci\u00f3n y restituci\u00f3n de la cosa a cargo del consorcio arrendatario, como se extrae de las declaraciones de Jos\u00e9 Dionisio Murillo y Edwin Castro Escorcia. <\/p>\n
3. Establecida la responsabilidad calcul\u00f3 el da\u00f1o emergente con base en el valor del planch\u00f3n para la fecha del suceso, estimado pericialmente en $120.000.000. <\/p>\n
Frente al lucro cesante consolidado ech\u00f3 de menos su demostraci\u00f3n, porque no se prob\u00f3 la existencia de un contrato anterior que develara \u00ablas ganancias previas al contrato que se discute\u00bb y \u00abtampoco se aportaron documentos ni pruebas testimoniales, ni alg\u00fan otro medio de prueba que permita inferir la existencia de ofertas contractuales ni contratos futuros que tengan por objeto la embarcaci\u00f3n naufragada\u00bb (folio 66). <\/p>\n
Con todo, en desarrollo del art\u00edculo 2003 del C\u00f3digo Civil, orden\u00f3 el pago de las rentas faltantes \u00abhasta la \u00e9poca en que por desahucio hubiere podido cesar el contrato de arrendamiento\u00bb, esto es, \u00abentre el hundimiento de la nave (septiembre 13 de 2007) y la fecha que estaba destinada para la terminaci\u00f3n del contrato y en la que hubiere podido terminar por raz\u00f3n del desahucio (diciembre 30 de 2007) por concepto de lucro cesante, pues se refiere a ganancias dejadas de percibir por la parte demandante\u00bb (folio 67), que calcul\u00f3 en $74.760.000, guarismo que redujo en un 30% por corresponder a los gastos de mantenimiento de la cosa seg\u00fan las reglas de la experiencia. <\/p>\n
Neg\u00f3 el lucro cesante futuro porque: (i) el a quo hizo su c\u00e1lculo con base en la vida \u00fatil del barco, sin que fuera probada, raz\u00f3n para concluir que es un da\u00f1o hipot\u00e9tico; (ii) el pago de estos perjuicios s\u00f3lo procede cuando la p\u00e9rdida sufrida por la v\u00edctima es irrecuperable, como sucede con la muerte o lesiones personales permanentes, lo que no procede cuando la cosa es recuperable, ya que al pagarse el da\u00f1o emergente el bien puede producir frutos hasta la extinci\u00f3n de su vida \u00fatil, siendo contrario al principio de equivalencia ordenar un pago adicional. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo desestim\u00f3 las excepciones, al quedar probada la relaci\u00f3n contractual entre la demandante y las accionadas, quienes est\u00e1n llamadas a responder solidariamente en su calidad de integrantes del consorcio. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El demandante propuso cuatro (4) embiste, todos encaminados a cuestionar la negativa por lucro cesante futuro (folios 27 a 69 del cuaderno Corte), de los cuales se admitieron los tres (3) iniciales y se desech\u00f3 el postrero por auto de 27 de septiembre de 2016 (folios 71 a 80). <\/p>\n
Para resolver la casaci\u00f3n de forma l\u00f3gica primero se estudiar\u00e1 el tercero, por comportar una cr\u00edtica de nulidad procesal. Despu\u00e9s se evaluar\u00e1n los dos (2) iniciales de forma conjunta, al cuestionar el mismo aspecto de la sentencia y servirse de consideraciones comunes. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Soportado en la causal quinta de casaci\u00f3n, acus\u00f3 la sentencia de segundo grado de ser nula por el motivo sexto del art\u00edculo 140 del CPC, al omitirse el decreto oficioso de pruebas para calcular cabalmente el lucro cesante. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, una vez establecida la responsabilidad de las demandadas, no era dable rehusar la condena por ganancias dejadas de percibir por ausencia de prueba sobre la vida \u00fatil de la embarcaci\u00f3n, porque en este caso debi\u00f3 aplicarse el canon 307 del mismo estatuto adjetivo y, por tanto, decretarse de oficio las pruebas que fueran necesarias. <\/p>\n
Invoc\u00f3 el principio de reparaci\u00f3n integral para exigir el decreto de los medios suasorios tendientes a fijar la cuantificaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n, so pena de incurrir en la causal de nulidad por pretermisi\u00f3n del t\u00e9rmino para el efecto, como lo reconoci\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en providencia de 28 de mayo de 2009. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Antes de analizar el embiste procede mencionar que la entrada en vigor del C\u00f3digo General del Proceso estuvo aparejada de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n en el que se defini\u00f3, de forma especial, que \u00ablos recursos interpuestos\u2026 se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u2026\u00bb (numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 625). <\/p>\n
Por tanto, como la impugnaci\u00f3n que ahora se estudia se propuso el 25 de junio de 2014 (folio 79 del cuaderno 3), esto es, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, esta codificaci\u00f3n ser\u00e1 la que siga aplic\u00e1ndose de forma ultractiva. <\/p>\n
2. Para resolver debe partirse del hecho de que, en atenci\u00f3n a la naturaleza de los asuntos que se discuten en materia civil y comercial, que por regla general son patrimoniales y de libre disposici\u00f3n, los procesos en que se discuten est\u00e1n regidos, por regla general, por el principio dispositivo, seg\u00fan el cual las partes tienen la iniciativa de la acci\u00f3n, el impulso del proceso, la fijaci\u00f3n de los l\u00edmites de la decisi\u00f3n, la formulaci\u00f3n de los recursos e, incluso, los efectos de la cosa juzgada1. <\/p>\n
Sin embargo, dado que los tr\u00e1mites judiciales contribuyen a la pacificaci\u00f3n social, lo que redunda en el bienestar general, el principio dispositivo encuentra restricciones derivadas de la b\u00fasqueda de la justicia con el fin de que la sentencia sea reflejo de la verdad sobre la titularidad o contenido del derecho en discusi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo ha puesto de presente la Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
Nuestro sistema procesal civil se enmarca en la tradici\u00f3n racionalista continental\u2013europea, seg\u00fan la cual la averiguaci\u00f3n de la verdad como presupuesto de la justicia material es el principal objetivo institucional del proceso. Verdad y justicia deben ir siempre de la mano, pues tan absurda e in\u00fatil es la justicia sin verdad, como \u00e9sta sin aqu\u00e9lla. La pretensi\u00f3n de racionalidad de la decisi\u00f3n judicial a trav\u00e9s del descubrimiento de la verdad y la materializaci\u00f3n de la justicia est\u00e1 incorporada en el principio constitucional de la prevalencia de la ley sustancial sobre los ritos (art. 228 C.P.). El aludido principio fue consagrado en el estatuto adjetivo, al expresar que \u2018el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u2019 (art. 4\u00ba C.P.C.; art. 11 C.G.P)\u2026 (SC9193, 28 jun. 2017, rad. n.\u00b0 2011-00108-01). <\/p>\n
Para lograr estos fines, los juzgadores han sido investidos de precisas facultades inquisitivas que les permiten escudri\u00f1ar el contexto factual, siempre de frente a los caros postulados del debido proceso, igualdad procesal e imparcialidad judicial. <\/p>\n
3. El decreto de pruebas de oficio es expresi\u00f3n de esta b\u00fasqueda incesante por la justicia y la verdad, de all\u00ed que no pueda considerarse como una mera facultad, sino tambi\u00e9n como una obligaci\u00f3n para los jueces de conocimiento, quienes tienen que hacer uso de la misma para que la sentencia proferida salvaguarde la correcta adjudicaci\u00f3n de los derechos en litigio. <\/p>\n
El numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 37 del CPC es di\u00e1fano en consagrar, como deber del juez, \u00ab[e]mplear los poderes que este c\u00f3digo le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, \u00ab[e]l decreto oficioso de pruebas, seg\u00fan lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n, es una potestad otorgada por el Estado al administrador de justicia con el fin de que, desde la posici\u00f3n imparcial que tiene en el juicio, acerque \u2018la verdad procesal a la real\u2019, y, por tal camino, \u2018profiera decisiones acordes con la legalidad, la justicia y la verdad\u2019 (CSJ. SC. 7. Nov. 2000 Exp. 5606)\u00bb (SC8456, 24 jun. 2016, rad. n.\u00b0 2007-00071-01). <\/p>\n
La consagraci\u00f3n como \u00abfacultad-deber\u00bb va m\u00e1s all\u00e1 de un nominalismo vacuo, pues tiene consecuencias concretas en caso de que el sentenciador omita satisfacerlo, en tanto puede configurar un error de juzgamiento atacable por medio de recursos o, incluso, subsumirse dentro de un motivo de invalidez procesal. <\/p>\n
Claro est\u00e1, este deber no exime de las cargas probatorias a cargo de los sujetos procesales, pues sobre ellas pesa la responsabilidad de traer el proceso los medios suasorios requeridos para fallar (art\u00edculo 177); empero, cuando a pesar del acopio realizado por iniciativa de los interesados, el juez conserva dudas sobre sus alegaciones, se impone acudir a las pruebas de oficio para alcanzar la certeza requerida para fallar, como expresamente lo se\u00f1ala el canon 179 del anterior estatuto procesal, a saber: \u00abLas pruebas pueden ser decretadas\u2026 de oficio cuando el magistrado o juez las considere \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose al decreto oficioso de medios demostrativos, la Sala fij\u00f3 como derrotero que: <\/p>\n
\u2026[l]a facultad, a su vez, deber legal, tiene lugar, conforme a dichas disposiciones, cuando el juez \u201cconsidere conveniente[s]\u201d o \u201c\u00fatiles\u201d las pruebas, en orden a \u201cverificar\u201d los hechos \u201calegados\u201d o \u201crelacionados\u201d por las partes y \u201cevitar nulidades y providencias inhibitorias\u201d. <\/p>\n
No cualquier hecho, por tanto, puede ser comprobado inquisitivamente, porque de ser as\u00ed, se sorprender\u00eda a los extremos de la relaci\u00f3n procesal, en desmedro de las garant\u00edas m\u00ednimas de defensa y contradicci\u00f3n. De ah\u00ed que para formar su propio juicio, seg\u00fan la circunstancia de que se trate, el juez no puede salirse de las verdades o realidades objetivas que se encuentren involucradas, ni tampoco puede asaltar las supremas reglas probatorias de la conducencia, la pertinencia y utilidad del medio de convicci\u00f3n oficiosamente decretado\u2026 <\/p>\n
No se trata, desde luego, de cubrir la carga probatoria de los sujetos en contienda, respecto a un determinado hecho, propio del sistema dispositivo (art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), sino de encadenar los rasgos esenciales de ese principio con el poder deber oficioso mencionado, inherente al paradigma inquisitivo, para as\u00ed responder a la verdad y al derecho sustancial. <\/p>\n
La pr\u00e1ctica de oficio de pruebas, como facultad deber, en consecuencia, no es una potestad antojadiza o arbitraria, sino un medio para destruir la incertidumbre y procurar mayor grado de convicci\u00f3n o (…) aumentar el est\u00e1ndar probatorio (\u2026)\u201d, seg\u00fan se explic\u00f3 en el precedente antes citado, permitiendo as\u00ed, no solo fundamentar con mayor rigor y vigor la decisi\u00f3n, sino evitando el suced\u00e1neo de las providencias inhibitorias o la prevalencia de la regla de inexcusabilidad para fallar (non liquet). <\/p>\n
El decreto oficioso de pruebas no implica suprimir el principio dispositivo que regula en forma general esa precisa materia, ni supone aplicarlo de manera inopinada en todos los casos. Esto significa que el sistema h\u00edbrido, por lo visto, de car\u00e1cter excepcional, impone examinar para su aplicaci\u00f3n, la conducencia o idoneidad legal, la pertinencia y la utilidad, la conveniencia o necesidad del medio; precisamente, como hitos a la discrecionalidad o al desafuero del juez, seg\u00fan arriba se anticip\u00f3\u2026 (SC1656, 18 may. 2018, rad. n.\u00b0 2012-00274-01, reiterada SC1899, 31 may. 2019, rad. n.\u00b0 2015-00637-00). <\/p>\n
En este contexto, la omisi\u00f3n en el decreto de pruebas de oficio constituir\u00e1 un error de juzgamiento \u00abcuando existiendo motivos serios para que acuda a las facultades conferidas por los art\u00edculos 179 y 180 del estatuto procesal no lo hace, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se requieren para \u2018impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades\u2019 (\u2026) y en el evento de ser \u2018necesarias en la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u2019, sin que ello conlleve suplir las cargas desatendidas por \u00e9stas y que le son propias\u00bb (SC8456, 24 jun. 2016, rad. n.\u00b0 2007-00071-01, reiterada SC5676, 19 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2008-00165-01). <\/p>\n
Para el efecto, es menester que la prueba que pretenda recaudarse oficiosamente aparezca \u00abf\u00edsicamente en el proceso, aunque de manera irregular, ya a trav\u00e9s de otros elementos de juicio o de cualquier otro acto procesal de las partes que las mencionen, cual acaece con la declaraci\u00f3n de terceros\u00bb (SC1656, 18 may. 2018, rad. n.\u00b0 2012-00274-01); como cuando \u00abel respectivo medio de prueba obra de hecho en el expediente, pero el sentenciador pretexta que no es el caso considerado por razones que ata\u00f1en, por ejemplo, a la aducci\u00f3n o incorporaci\u00f3n de pruebas\u00bb (SC, 12 sep. 1994, exp. n.\u00b0 42932). <\/p>\n
De otro lado, existir\u00e1 la nulidad procesal de que trata el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 140 del CPC, conforme a la doctrina jurisprudencial, cuando dejan de practicarse pruebas de obligatorio percibimiento por mandato legal, caso en el cual el juez debe proveer oficiosamente su realizaci\u00f3n antes de resolver, so pena de que cercene indebidamente las oportunidades para su pr\u00e1ctica. As\u00ed lo ha asegurado este \u00f3rgano de cierre: <\/p>\n
[L]a nulidad consagrada en la causal sexta del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por omitirse los t\u00e9rminos u oportunidades para pedir o decretar pruebas -norma protectora del debido proceso, del cumplimiento de la carga probatoria, a la par que del derecho de defensa y contradicci\u00f3n-, es hoy asimismo procedente cuando se omiten aqu\u00e9llas que el legislador ha previsto como necesarias y en consecuencia le ha asignado al juzgador el deber de decretarlas\u2026 (SC, 11 dic. 2012, rad. n.\u00b0 2007-00046-013). <\/p>\n
5. En materia de responsabilidad civil contractual o extracontractual, las reglas de la carga de prueba imponen al demandante, salvo excepciones legales o convencionales, o de una eventual flexibilizaci\u00f3n, demostrar los elementos constitutivos de la misma -hecho, factor de atribuci\u00f3n, da\u00f1o y nexo causal-, labor\u00edo que no puede ser sustituido por el fallador a trav\u00e9s de pruebas oficiosas, pues se convertir\u00eda en un juez-parte. <\/p>\n
Y es que, \u00abla atribuci\u00f3n para decretar pruebas de oficio no es ilimitada o absoluta, ni puede servir de p\u00e1bulo para suplir la falta de diligencia de las partes, pues \u2018de otra forma, se desdibujar\u00eda el equilibrio judicial que gobierna a los litigios y que impone respetar las cargas probatorias procesales que la normatividad vigente ha reservado para cada uno de los sujetos que intervienen en esa relaci\u00f3n procesal (Sent. Cas. Civ. 23 de agosto de 2012, Exp. 2006 00712 01)\u2019\u00bb (SC10291, 18 jul. 2017, rad. n.\u00b0 2008-00374-01; reitera SC, 3 oct. 2013, rad. n.\u00b0 2000-00896-01). <\/p>\n
De all\u00ed que deba rehusarse la condena cuando falte la prueba del da\u00f1o, bajo el entendido que su demostraci\u00f3n corresponde a la parte (cfr. SC2758, 16 jul. 2018, rad. n.\u00b0 1999-00227-01). <\/p>\n
Tal directriz, como reluce de su consagraci\u00f3n legal, est\u00e1 acotada a la fijaci\u00f3n del quantum indemnizatorio, sin que pueda aplicarse extensiva o anal\u00f3gicamente a la demostraci\u00f3n del dem\u00e9rito patrimonial en s\u00ed mismo considerado, por ser del convocante su acreditaci\u00f3n, como ya se dilucid\u00f3. <\/p>\n
En otras palabras, la facultad-deber de decretar pruebas de oficio a la luz del canon 307 s\u00f3lo tiene cabida cuando el juzgador, a pesar de estar demostrado el da\u00f1o, no emprendi\u00f3 actividad alguna para fijar su intensidad a pesar de que la parte lo intentara diligentemente; diferente a los casos en que falta la prueba del da\u00f1o, pues esta carga procesal se encuentra prima facie en cabeza del petente. <\/p>\n
As\u00ed lo doctrin\u00f3 la Sala: <\/p>\n
[U]na es la prueba del da\u00f1o, o sea la de la lesi\u00f3n o menoscabo del inter\u00e9s jur\u00eddicamente tutelado, y otra, la prueba de su intensidad, del quantum del perjuicio. De ah\u00ed que la doctrina haga alusi\u00f3n al contenido patrimonial del da\u00f1o para referirse a su intensidad, es decir, a su valor en moneda legal (dinero), (\u2026). Desde luego que demostrada la lesi\u00f3n como tal, la falta de la prueba de la intensidad para efectos de la cuantificaci\u00f3n reparatoria, debe ser suplida por el juzgador de primera o segunda instancia, cumpliendo con el deber de decretar pruebas de oficio, de acuerdo con lo preceptuado para tal efecto por los incisos 1\u00ba y 2\u00ba del art. 307 del C. de P. Civil, so pena de incurrir en \u2018falta sancionable conforme al r\u00e9gimen disciplinario\u2019, pues dicho texto legal ved\u00f3 como principio general, las condenas en abstracto o in genere (CSJ, SC del 9 de agosto de 1999, Rad. n.\u00b0 4897)\u2026 (SC16690, 17 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2000-00196-01). <\/p>\n
Dentro de este marco, si bien hay conexi\u00f3n entre el da\u00f1o y su intensidad, no por ello se confunden, pues el primero, como ya se dijo, se refiere a la afectaci\u00f3n que se caus\u00f3 en el patrimonio o activos inmateriales de la v\u00edctima, mientras que la segunda a su representaci\u00f3n patrimonial; no en vano, la versi\u00f3n original del CPC, as\u00ed como se consagra en otros ordenamientos adjetivos, exist\u00edan tr\u00e1mites diferenciados para cada uno de estos componentes. <\/p>\n
A buen recaudo, la doctrina especializada sostiene: <\/p>\n
El juicio acerca del resarcimiento tiene por objeto declarar la existencia de la responsabilidad, es decir, del da\u00f1o resarcible (por concurrir en \u00e9l los elementos exigidos por la ley) y el importe del expresado da\u00f1o, o sea, el quantum de responsabilidad. Cuando ambos elementos han sido declarados, se ha cumplido \u00edntegramente su objeto, en cuanto se ha manifestado la obligaci\u00f3n de resarcir (an respondeatur) y su contenido (quantum respondeatur)\u2026 <\/p>\n
Sin embargo, ambos elementos del procedimiento son susceptibles de escindirse. Puede plantearse el procedimiento acerca de la existencia de la responsabilidad, e independientemente el de la determinaci\u00f3n de la cantidad en que la responsabilidad se concreta, produci\u00e9ndose por un lado la sentencia de condena gen\u00e9rica al resarcimiento y por otro la sentencia de liquidaci\u00f3n del da\u00f1o4. <\/p>\n
6. Aplicadas estas reflexiones al cargo en estudio se tiene que est\u00e1 llamado al fracaso, en tanto la prueba que extra\u00f1\u00f3 el casacionista no es de aquellas que entra\u00f1an la facultad-deber del decreto oficioso, en los t\u00e9rminos del mencionado art\u00edculo 307 del CPC. <\/p>\n
En efecto, recu\u00e9rdese que el casacionista critic\u00f3 la ausencia de actividad del juzgador para traer el proceso la prueba sobre la vida \u00fatil de la embarcaci\u00f3n siniestrada, a partir de lo cual solicit\u00f3 la invalidez de la sentencia de segundo grado. <\/p>\n
Esta prueba, por el tipo de perjuicio reclamado, ten\u00eda como finalidad inmediata acrisolar el dem\u00e9rito, en tanto el lucrum cessans derivado de la no explotaci\u00f3n de un bien productivo depende de la aptitud de \u00e9ste para producir r\u00e9ditos, incluso despu\u00e9s de su consunci\u00f3n o aver\u00eda; tanto as\u00ed que, de establecerse que el tiempo de operatividad del bien hab\u00eda fenecido previamente a su p\u00e9rdida total o parcial, tendr\u00eda que rehusarse la condena por este concepto. <\/p>\n
Esto debido a que la vida \u00fatil realmente trasluce \u00abla vida remanente del bien\u00bb (SC22056, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2002-02246-01), huelga decirlo, el per\u00edodo en el cual tendr\u00eda la potencialidad de producir rendimientos, de all\u00ed su conexi\u00f3n directa e inescindible con la acreditaci\u00f3n del menoscabo por utilidades o ganancias dejadas de recaudar. <\/p>\n
De hecho, la ausencia de esta prueba avocar\u00eda a la falta de certeza sobre las consecuencias que el hecho da\u00f1oso irrog\u00f3 en el patrimonio de la v\u00edctima, en punto a los beneficios que no pudo disfrutar al ser privado del goce de la cosa estropeada, por depender de su capacidad redituable hacia el futuro. <\/p>\n
M\u00e1xime por cuanto, en el caso en estudio, hubo una condena por lucro cesante hasta la extinci\u00f3n del contrato de arrendamiento, lo que remarca que la vida \u00fatil resultaba en una condici\u00f3n sine qua non para reclamar dem\u00e9ritos adicionales. <\/p>\n
Es verdad que el tiempo probable de explotaci\u00f3n de la embarcaci\u00f3n era una variable a tener en cuenta para calcular el monto del perjuicio, pero este objetivo est\u00e1 ligado con la demostraci\u00f3n misma de su existencia por un per\u00edodo determinado. <\/p>\n
Y es que la mencionada vida \u00fatil, per se, no aporta informaci\u00f3n sobre los ingresos producidos normalmente por un nav\u00edo como el anegado, los costos y gastos derivados de su actividad, la facilidad para su explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, o cualquiera otra relacionada con el monto de la ganancia o provecho que dej\u00f3 de recaudarse, como es propio del quantum, aunque ciertamente delimita en el tiempo su causaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, por la finalidad subyacente al medio demostrativo de que se duele el recurrente, es claro que no exist\u00eda un deber para el juzgador de instancia para su decreto oficioso. <\/p>\n
7. Se descarta, por esta senda, la configuraci\u00f3n de la causal de nulidad pretendida y, por tanto, la prosperidad del embiste bajo examen. <\/p>\n
1. Con fundamento en la causal inicial del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, denunci\u00f3 la violaci\u00f3n directa por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos 1613, 1614 y 2003, por falta de aplicaci\u00f3n de los c\u00e1nones 16 de la ley 446 de 1998, 1602, 1604, 1613, 1614, 1616, 1731, 1997, 2205 del estatuto civil, 822, 1478, 1682 y 1684 del C\u00f3digo de Comercio, al limitar temporalmente el pago del lucro cesante a la fecha de terminaci\u00f3n del arrendamiento. <\/p>\n
2. Manifest\u00f3 su sometimiento a las conclusiones probatorias del Tribunal, en particular, que en el proceso no se demostr\u00f3 que, con antelaci\u00f3n al contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, se hubiesen celebrado convenciones an\u00e1logas sobre la nave hundida, ni que con posterioridad se recibieran ofertas para iguales fines. <\/p>\n
3. No obstante, a partir de la noci\u00f3n de lucro cesante, precis\u00f3 que la certidumbre del da\u00f1o futuro no equivale a absoluta certeza, en tanto debe valorarse dentro del curso normal de las cosas, so pena de hacer nugatoria su reparaci\u00f3n; as\u00ed mismo recalc\u00f3 que, conforme al art\u00edculo 1731 del C.C., el deudor de la cosa debe restituir su precio y pagar los perjuicios causados, lo que comprende el da\u00f1o emergente y el lucro cesante respectivamente. <\/p>\n
Con base en estas premisas reproch\u00f3 que el lucro cesante no se ordenara hasta que fuera sustituido el bien que naufrag\u00f3 o se pagara el valor de reemplazo, en tanto: (i) la indemnizaci\u00f3n por p\u00e9rdida del bien arrendado no est\u00e1 supeditada a que se demuestre con antelaci\u00f3n que se hubieran celebrado otros contratos de arrendamiento; (ii) el contrato de locaci\u00f3n comprueba el provecho que el bien reportaba, \u00absin que resulte procedente exigir prueba adicional de que con anterioridad a la celebraci\u00f3n del contrato hubiese recibido ganancias previas por el bien\u00bb (folio 43); y (iii) es <\/p>\n
absurdo que no pueda repararse la p\u00e9rdida del bien arrendado que no est\u00e9 precedida de otro negocio. <\/p>\n
4. Manifest\u00f3 que es improcedente limitar el lucro cesante al valor de los c\u00e1nones de arrendamiento faltantes a la terminaci\u00f3n del contrato, o a la demostraci\u00f3n de ofertas o contratos para la futura explotaci\u00f3n, en tanto la existencia misma del canon lo demuestra; adem\u00e1s, la interpretaci\u00f3n del ad quem reduce el da\u00f1o indemnizable a aquel que sea seguro, sin tener en cuenta que basta la certeza de su ocurrencia, la cual se infiere del hecho de que el bien sea utilizado para su explotaci\u00f3n, pues ha de presumirse que continuar\u00e1 haci\u00e9ndose despu\u00e9s de que termine el contrato vigente. <\/p>\n
5. Reproch\u00f3 que se aplicara el canon 2003 para limitar el lucro cesante, pues esta regla \u00fanicamente tiene vigor en los casos de terminaci\u00f3n anticipada del contrato de arrendamiento, m\u00e1s no a la responsabilidad por destrucci\u00f3n del bien arrendado, asunto regido por el art\u00edculo 1731. \u00abPero a\u00fan si en gracia de discusi\u00f3n se entendiera que el caso debatido est\u00e1 regulado por el art\u00edculo 2003\u2026, debe admitirse que dicha norma contempla la obligaci\u00f3n de pagar una indemnizaci\u00f3n integral de perjuicios haciendo \u00e9nfasis\u2026 en el pago de los c\u00e1nones faltantes, pero sin agotar la consecuencia indemnizatoria en tal punto\u00bb (folio 46). <\/p>\n
6. Arguy\u00f3 que cuando se destruye un bien productivo debe pagarse el lucro cesante hasta el momento en que se pague el valor de reemplazo, que permita su sustituci\u00f3n, como se extrae de canon 1614, as\u00ed como del principio de reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
Regla que, en su criterio, no se modifica en los casos en que la p\u00e9rdida sea recuperable, ya que el lucro dejado de percibir debe contabilizarse hasta que se consolida el valor de la reparaci\u00f3n, esto es, la sentencia, que nada tiene que ver con la irrecuperabilidad del da\u00f1o. <\/p>\n
Record\u00f3 que las nociones de da\u00f1o emergente y lucro cesante son dis\u00edmiles, como se extrae del principio de reparaci\u00f3n integral, por lo que su soluci\u00f3n no rompe el principio de equivalencia ni comporta una doble indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Al abrigo de la misma causal, acus\u00f3 la sentencia de trasgredir las reglas 1602, 1604, 1613, 1614, 1616, 1731, 1997, 2005 del C\u00f3digo Civil, 822, 1478, 1684 del C\u00f3digo de Comercio y 16 de la ley 446 de 1998, con ocasi\u00f3n de m\u00faltiples errores de hecho en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, en punto al lucro cesante futuro. <\/p>\n
2. Como soporte, cuestion\u00f3 que el Tribunal olvidara que el valor de la recuperaci\u00f3n de la cosa no ha sido pagado, de all\u00ed que el demandante no pod\u00eda comprar una nueva nave para que produjera los frutos que normalmente le corresponder\u00edan, \u00absiendo as\u00ed un error manifiesto no haber advertido la ausencia de prueba al respecto, desde luego que si la prueba no est\u00e1, mal puede concluirse que se ha reparado el da\u00f1o emergente\u00bb (folio 54). <\/p>\n
Tesis que soport\u00f3 en que la p\u00e9rdida por lucro cesante s\u00f3lo finaliza cuando cesa el da\u00f1o, siendo un error que se considerara que no exist\u00eda despu\u00e9s de la finalizaci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Antic\u00edpese que los ataques no prosperar\u00e1n pues, adem\u00e1s de que el segundo incurre en incompletitud, no se configuraron los errores de derecho y de hecho atribuidos al ad quem, como se explicar\u00e1 en lo subsiguiente. <\/p>\n
1. Falta de precisi\u00f3n del embiste intermedio <\/p>\n
1.1. El art\u00edculo 374 del CPC ordena que los cargos en casaci\u00f3n, en otros requisitos, sean formulados \u00abcon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara y precisa\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Sobre la precisi\u00f3n, esta Sala ha decantado que \u00abtiene un doble contenido. Primero, el embiste debe dirigirse adecuadamente hacia los argumentos que soportan la decisi\u00f3n de segunda instancia; segundo, debe controvertir en su integridad las bases en que se soporta el fallo censurado, de suerte que ninguna de ellas quede desprovista de cuestionamiento\u00bb (negrilla fuera de texto, SC1916, 31 may. 2018, rad. n.\u00b0 2005-00346-01). <\/p>\n
Por tanto una censura, aunque se encuentre correctamente encaminada a refutar la argumentaci\u00f3n del ad quem, que omite fustigar la totalidad de las premisas que sirvieron de soporte a la decisi\u00f3n impugnada, no puede ser objeto de estudio, en raz\u00f3n de su incompletitud. <\/p>\n
Y es que, aunque se diera raz\u00f3n al recurrente en sus reparos, el ataque en su conjunto no puede salir victorioso, en tanto el veredicto cuestionado seguir\u00e1 apoyado en los razonamientos que, por no ser cuestionados, estar\u00e1n guarnecidos de \u00abuna especie de presunci\u00f3n de acierto y legalidad, producto de dos instancias, tanto en el tratamiento de las pruebas como de la normatividad aplicable al caso\u00bb (SC5686, 19 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2004-00042-01), de all\u00ed que sea inocuo adentrarse en el estudio de la censura. <\/p>\n
Este \u00f3rgano de cierre ha dicho que cuando las \u00abinferencias del juzgador no fueron eficazmente refutadas por el recurrente\u2026, la sentencia permanece afianzada en esos raciocinios\u00bb, por existir \u00abinsuficiencia de las acusaciones de la censura\u00bb (SC, 24 sep. 2003, exp. n.\u00b0 6896); y posteriormente reiter\u00f3 que \u00abpor la finalidad de la casaci\u00f3n, el promotor tiene la carga de derruir todos los cimientos de la sentencia de segundo grado, de suerte que se quede sin el andamiaje requerido para su soporte, imponi\u00e9ndose su anulaci\u00f3n. En caso contrario la resoluci\u00f3n se apoyar\u00e1 en los estribos no discutidos y conservar\u00e1 su vigor jur\u00eddico, siendo inocuo el estudio del escrito de sustentaci\u00f3n\u00bb (SC15211, 26 sep. 2017, rad. n.\u00b0 2011-00224-01). <\/p>\n
1.2. En el sub lite el embiste segundo refulge incompleto por olvidar una de las premisas centrales del fallo de alzada, como es que la ausencia de prueba de la vida \u00fatil de la embarcaci\u00f3n siniestrada es un requisito necesario para la imposici\u00f3n de una condena por lucro cesante futuro trat\u00e1ndose de activos con un tiempo de vida cierto. <\/p>\n
En sus palabras, \u00ab[e]n lo que respecta al Lucro Cesante Futuro, es de precisarse que existe un desatino tanto en el dictamen pericial, como en la sentencia de primera instancia, pues mal se hizo en hacer una estimaci\u00f3n de las ganancias que percibir\u00eda la \u2018Embarcaci\u00f3n Patricia\u2019 por el total de su vida \u00fatil, sin siquiera determinarse en el experticio (sic) cual es esta, y el a-quo hubiese acogido dicha posici\u00f3n\u00bb (folio 68 del cuaderno 3). <\/p>\n
No obstante, la explicitud de la reflexi\u00f3n, que se analiz\u00f3 con detalle en el embate precedente, el casacionista omiti\u00f3 adentrarse en esta materia en el cargo intermedio, al centrar su acusaci\u00f3n en la suposici\u00f3n de la prueba del pago del valor de recuperaci\u00f3n de la cosa, sin consideraci\u00f3n a los dem\u00e1s argumentos expuestos en la providencia para negar la s\u00faplica. <\/p>\n
Por tanto, aunque en gracia de discusi\u00f3n se asintiera en el yerro de hecho criticado, el mismo no minar\u00eda la enhiesta determinaci\u00f3n de segundo grado, la que seguir\u00eda soportada en la idea de que, sin claridad sobre la vida \u00fatil del nav\u00edo, no pod\u00eda establecerse su capacidad de generaci\u00f3n de r\u00e9ditos futuros. <\/p>\n
1.3. Ante la incompletitud del embiste, refulge su rechazo. <\/p>\n
2. Revisi\u00f3n de fondo de las acusaciones. <\/p>\n
A pesar de la pifia t\u00e9cnica develada, por la importancia de hacer algunas precisiones conceptuales desatendidas en el fallo, se har\u00e1 el estudio conjunto de los dos (2) cargos iniciales am\u00e9n de su identidad tem\u00e1tica. <\/p>\n
2.1. El da\u00f1o y su previsibilidad. <\/p>\n
2.1.1. El da\u00f1o, como el elemento nuclear de la responsabilidad, consiste en el menoscabo que la conducta da\u00f1osa del victimario irroga al patrimonio, sentimientos, vida de relaci\u00f3n o bienes de especial protecci\u00f3n constitucional de la v\u00edctima. <\/p>\n
Se trata de \u00abuna modificaci\u00f3n de la realidad que consiste en el desmejoramiento o p\u00e9rdida de las condiciones en las que se hallaba una persona o cosa por la acci\u00f3n de las fuerzas de la naturaleza o del hombre. Pero desde el punto de vista jur\u00eddico, significa la vulneraci\u00f3n de un inter\u00e9s tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n humana, que repercute en una lesi\u00f3n a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacci\u00f3n a manera de reparaci\u00f3n o, al menos, de satisfacci\u00f3n o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparici\u00f3n del agravio\u00bb (CSJ, SC10297, 5 ag. 2014, rad. n.\u00b0 2003-00660-01; reiterada SC2758, 16 jul. 2018, rad. n.\u00b0 1999-00227-01). <\/p>\n
En otras palabras, \u00abes \u2018todo detrimento, menoscabo o deterioro, que afecta bienes o intereses l\u00edcitos de la v\u00edctima, vinculados con su patrimonio, con su esfera espiritual o afectiva, o con los bienes de su personalidad\u2019\u00bb (SC16690, 17 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2000-00196-01). <\/p>\n
2.1.2. Para que el da\u00f1o sea susceptible de ser reparado se requiere que sea \u00ab\u2018directo y cierto\u2019 y no meramente \u2018eventual o hipot\u00e9tico\u2019, esto es, que se presente como consecuencia de la \u2018culpa\u2019 y que aparezca \u2018real y efectivamente causado\u2019 (Sentencias de 26 de enero de 1967 (CXIX, 11-16) y 10 de mayo de 1997, entre otras)\u00bb (SC, 27 mar. 2003, exp. n.\u00b0 C-6879); asimismo, debe afectar un inter\u00e9s protegido por el orden jur\u00eddico (SC13925, 30 sep. 2016, rad. n.\u00b0 2005-00174-01). <\/p>\n
2.1.3. Trat\u00e1ndose de controversias con origen contractual, tambi\u00e9n se exige que el perjuicio sea previsible, esto es, que del contenido del negocio jur\u00eddico o del curso normal de los acontecimientos pudiera anticiparse su ocurrencia en caso de incumplimiento. \u00abHist\u00f3ricamente, ya se entendi\u00f3 que acaecido el incumplimiento del contrato, no pueden ser indemnizables todas las p\u00e9rdidas que eventualmente pudieran tener su origen en la falta de ejecuci\u00f3n de las obligaciones, ni tampoco todas las ganancias que el acreedor hubiera podido obtener; sino que debe hallarse la medida del principio de la indemnizaci\u00f3n integral\u2026 Y ello, porque una severa aplicaci\u00f3n del principio de la indemnizaci\u00f3n integral imputar\u00eda al deudor un riesgo exorbitante, dificultando el tr\u00e1fico jur\u00eddico y econ\u00f3mico\u00bb5. <\/p>\n
No sucede lo mismo cuando el incumplido actu\u00f3 de forma dolosa, caso en el cual tendr\u00e1 que responder por todos los detrimentos causados, sean ordinaria o excepcionalmente previsibles, siempre que se satisfagan los dem\u00e1s requisitos para su indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed se previ\u00f3 en los c\u00e1nones 11506 y 11517 del C\u00f3digo Civil franc\u00e9s, recogidos por el 1208 del estatuto espa\u00f1ol8 y 1558 de la codificaci\u00f3n chilena9, que son equivalentes al 1616 del C\u00f3digo Civil patrio, el cual dispone: \u00abSi no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligaci\u00f3n o de haberse demorado su cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
Sobre esta norma, la Corporaci\u00f3n doctrin\u00f3: <\/p>\n
[Los] perjuicios directos se clasifican y nuestra ley no es ajena a esa clasificaci\u00f3n, en previstos e imprevistos, constituyendo los primeros aquellos que se previeron o pudieron ser previstos al tiempo de celebrarse el contrato, y los segundos, aquellos que las partes no han previsto o no han podido prever en ese mismo momento. De los primeros s\u00f3lo es responsable el deudor cuando no se le puede imputar dolo en el incumplimiento por su parte de las obligaciones, y de estos y de los segundos, es decir, tanto de los previstos como de los imprevistos, es responsable el deudor cuando hay dolo de su parte\u2026 (SC, 29 oct. 1945, G.J. t. LIX, p\u00e1g. 748). <\/p>\n
Y recientemente ratific\u00f3: <\/p>\n
Con cimiento en esta disposici\u00f3n es posible afirmar que en materia contractual hay perjuicios previsibles e imprevisibles, todo ello de conformidad con las prestaciones asumidas por las partes. Sin embargo, la pretensi\u00f3n indemnizatoria s\u00f3lo trasciende respecto de ambos conceptos si el contratante incumplido obr\u00f3 dolosamente; de lo contrario y con apoyo exclusivo en la culpa, \u00fanicamente se podr\u00e1n indemnizar los perjuicios predecibles\u2026 <\/p>\n
Ahora bien, dicho resarcimiento, trat\u00e1ndose de los perjuicios previsibles, o de ambos, cuando hay dolo, comprende los perjuicios generados por la mora en la satisfacci\u00f3n de las obligaciones y, en general, abarca todos aquellos consecuenciales al incumplimiento, dado que el prop\u00f3sito es reparar el da\u00f1o causado, bien atendiendo la prestaci\u00f3n en la forma inicialmente pactada, o sustituyendo el objeto de la misma por una suma de dinero. (SC2142, 18 jun. 2019, rad. n.\u00b0 2014-00472-01). <\/p>\n
El dolo, entonces, se constituye en un elemento de agravaci\u00f3n del d\u00e9bito resarcitorio para el contratante que quebrant\u00f3 intencionalmente sus prestaciones, como mecanismo para disuadir, y de ser el caso reprimir, la separaci\u00f3n consciente del proyecto contractual, en salvaguardia de la m\u00e1xima del pacta sunt servanda o fuerza obligatoria de los contratos, reconocida en el art\u00edculo 1602 del mismo estatuto. <\/p>\n
Para resumir, \u00ab[e]n general, el deudor no est\u00e1 obligado m\u00e1s que a los da\u00f1os y perjuicios que han sido previstos o que han podido serlo al tiempo de constituirse la obligaci\u00f3n y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. Sin embargo, el deudor est\u00e1 obligado a un resarcimiento integral: responde de todos los da\u00f1os y perjuicios que conocidamente deriven de la falta de cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u2026 Siendo esto as\u00ed, puede llegarse a la conclusi\u00f3n de que el dolo civil en la ejecuci\u00f3n de las obligaciones, m\u00e1s que un elemento de la responsabilidad, es una forma de culpabilidad cuya consecuencia es una especial agravaci\u00f3n\u00bb10. <\/p>\n
2.1.4. El art\u00edculo 1616, desde otra \u00f3ptica, estableci\u00f3 \u00abdos clases de da\u00f1os: unos naturales y ordinarios, de tal suerte que pudieron haber sido previstos por el deudor; otros son excepcionales, de tal suerte que el deudor no los ha podido prever\u00bb11, de los cuales el deudor doloso tendr\u00e1 que solventarlos en su conjunto, mientras que el culposo \u00fanicamente los primeros. <\/p>\n
Esta norma no dispuso, como una lectura ligera podr\u00eda darlo a entender, que el infractor torticero tenga que cubrir con su patrimonio todos los da\u00f1os que le sean reclamados, aunque su conexi\u00f3n causal con el incumplimiento sea indirecta o mediata; por el contrario, la norma es enf\u00e1tica en establecer que s\u00f3lo deben resarcirse los agravios que sean efecto directo de la conducta antijur\u00eddica. Huelga explicarlo, \u00abno debe comprender entre los perjuicios de que responda el deudor por su dolo, los que son una consecuencia lejana del no cumplimiento del contrato, o que no son consecuencia precisa del no cumplimiento, y que pueden originarse en otras causas\u00bb12. <\/p>\n
Por la l\u00ednea trazada, es claro que el contratante incumplido, a pesar de su malicia, no puede ser condenado a reparar los da\u00f1os originados en \u00abimprevisto[s] a que no es posible resistir\u00bb, porque estar\u00eda eximido de responsabilidad al configurarse una situaci\u00f3n de fuerza mayor (art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 95 de 1890); su responsabilidad, ins\u00edstase, se acota \u00fanicamente a los da\u00f1os derivados de la desatenci\u00f3n de sus deberes negociales, pero con independencia de que fuera posible anticipar su ocurrencia o su cuant\u00eda13. <\/p>\n
2.1.5. El marco te\u00f3rico antes delineado permite comprender la argumentaci\u00f3n expuesta por el Tribunal para rehusar el pedimento de lucro cesante futuro, en concreto, la relativa a la necesidad de demostrar (a) la productividad de la embarcaci\u00f3n zozobrada y (b) su vida \u00fatil. <\/p>\n
2.1.5.1. (i) Sobre el primer punto (a), remem\u00f3rese que el sentenciador ech\u00f3 de menos \u00abla existencia de un contrato anterior en el periodo comprendido desde la creaci\u00f3n de la nave hasta el contrato celebrado con las sociedades demandadas, lo que no prueba que haya recibido ganancias previas al contrato que se discute\u00bb, ni \u00abque permitan inferir la existencia de ofertas contractuales ni contratos futuros que tengan por objeto la embarcaci\u00f3n naufragada\u00bb, a partir de lo cual coligi\u00f3 que el dem\u00e9rito era \u00abhipot\u00e9tico\u2026, pues no existe seguridad, ni el m\u00ednimo indicio, de donde pueda cualquiera deducir que la embarcaci\u00f3n fuera a producir frutos con posterioridad al contrato de arrendamiento existente entre las partes que traban la\u2026 litis\u00bb (folio 66 del cuaderno 3). <\/p>\n
(ii) El casacionista estim\u00f3 que esta conclusi\u00f3n no pod\u00eda ser cohonestada por exigir que, para la configuraci\u00f3n del lucro cesante, se probara la p\u00e9rdida con total certeza, sin tener en cuenta que era suficiente la alta probabilidad de su causaci\u00f3n; adem\u00e1s, por suponer requisitos ajenos a los mandatos legales para la reparaci\u00f3n de perjuicios. <\/p>\n
(iii) Sin embargo, en la decisi\u00f3n de segunda instancia no se vislumbran las pifias achacadas, pues las reflexiones del juzgador, aunque sin advertir la fuente legal que le serv\u00eda de trasfondo, giraron alrededor de la prueba de los elementos del da\u00f1o. <\/p>\n
Y es que, como se explic\u00f3 en precedencia, el contratante incumplido \u00fanicamente puede ser obligado al resarcimiento de los da\u00f1os que sean ciertos, directos, l\u00edcitos y previsibles, siendo deber del demandante acreditar cada uno de estos componentes dentro del proceso, por lo que ser\u00e1 insuficiente que se limite a probar las ganancias o beneficios que no ingresaron a su peculio. <\/p>\n
Dicho en forma detallada, el acreedor debe arrimar los medios suasorios que sirvan para establecer (1) los r\u00e9ditos de los cuales fue privado y que fundadamente esperaba recibir, (2) que \u00abentre la utilidad que deja de ingresar al patrimonio de la v\u00edctima y el hecho que se considera generador del da\u00f1o exist[e una] relaci\u00f3n estrecha\u00bb (SC338, 5 sep. 1988), (3) que \u00abatendiendo al curso normal de las cosas y vistas las circunstancias del caso concreto se habr\u00edan producido de no haber ocurrido el hecho generador de responsabilidad\u00bb (SC, 4 mar. 1998, exp. n.\u00b0 4921), (4) que se afect\u00f3 \u00abun inter\u00e9s l\u00edcito del damnificado a percibir una ganancia\u00bb (SC, 28 feb. 2013, rad. n.\u00b0 2002-01011-01) y (5) que el deudor pudo anticipar lo ocurrencia del dem\u00e9rito reclamado, por relucir del contrato o existir elementos objetivos que permitieran su previsi\u00f3n. <\/p>\n
Es cierto, como lo aleg\u00f3 el casacionista, que no puede exigirse la demostraci\u00f3n absoluta de que los ingresos se realizar\u00edan, en tanto el elemento futuro elimina la certidumbre que es propia de otros dem\u00e9rito, de all\u00ed que \u00abel requisito mencionado se concrete en que el perjuicio sea altamente probable, o sea, cuando es posible concluir, v\u00e1lidamente, que veros\u00edmilmente acaecer\u00e1, hip\u00f3tesis en la cual cualquier elucubraci\u00f3n ha de tener como punto de partida una situaci\u00f3n concreta, tangible, que debe estar presente al momento de surgir la lesi\u00f3n del inter\u00e9s jur\u00eddicamente tutelado\u00bb (SC3951, 18 sep. 2018, rad. n.\u00b0 2008-00011-01). <\/p>\n
Con todo, este car\u00e1cter contingente no constituye una patente para que el demandante omita acreditar los otros requisitos del da\u00f1o, en particular, y por su importancia para el caso bajo an\u00e1lisis, la probabilidad de su causaci\u00f3n y la previsibilidad por las accionadas. <\/p>\n
Remem\u00f3rese que <\/p>\n
\u2026[e]l resarcimiento del da\u00f1o, en su modalidad de lucro cesante y m\u00e1s a\u00fan, trat\u00e1ndose del calificado como \u00abfuturo\u00bb, se reitera, resulta viable en cuanto el expediente registre prueba concluyente y demostrativa de la verdadera entidad y extensi\u00f3n cuantitativa del mismo. En caso contrario, se impone \u2018rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios c\u00e1lculos que no pasan de ser especulaci\u00f3n te\u00f3rica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido\u2019 (CSJ SC11575-2015, Rad. 2006-00514-01)\u2026 (negrilla fuera de texto, SC15996, 29 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2005-00488-01). <\/p>\n
(iv) De la ausencia de prueba de estas condiciones se doli\u00f3 el Tribunal, cuando reclam\u00f3 que del expediente no se infer\u00eda la destinaci\u00f3n de la barcaza antes de la celebraci\u00f3n del arrendamiento y su eventual futura colocaci\u00f3n, es decir, no hall\u00f3 los elementos que permitieran colegir que el planch\u00f3n de 28 metros de eslora, normalmente, pod\u00eda ser arrendado de forma ininterrumpida por un precio mensual de $24.000.000, as\u00ed como la previsibilidad de esta explotaci\u00f3n por las enjuiciadas. <\/p>\n
Esto debido a que, como se relat\u00f3 en el escrito inaugural del proceso, el hundimiento del planch\u00f3n se origin\u00f3 en una actuaci\u00f3n culposa de las enjuiciadas, derivada de \u00abla impericia y negligencia de los operadores de la embarcaci\u00f3n\u00bb (folio 52 del cuaderno 1), por el \u00abdescuido de los operarios y del personal encargado de su manejo, vigilancia y cuidado\u00bb (folio 53), sin que en el curso del proceso se alegara o probara un actuar doloso del arrendatario. <\/p>\n
En consecuencia, insuficiente fue la actividad probatoria del promotor al centrarse en la demostraci\u00f3n del naufragio y las condiciones del contrato de arrendamiento en ejecuci\u00f3n, pues adicionalmente deb\u00eda acreditarse la probabilidad de que la embarcaci\u00f3n afectada fuera susceptible de explotaci\u00f3n futura v\u00eda arrendamiento, la continuidad de estos servicios y las condiciones econ\u00f3micas en que lo har\u00eda, as\u00ed como la informaci\u00f3n objetiva que estaba a disposici\u00f3n de las convocadas para prever su acaecimiento, como precisamente lo arguy\u00f3 ad quem en el fallo impugnado. <\/p>\n
(v) El juzgador de instancia, de ninguna manera, exigi\u00f3 la prueba cierta de los frutos civiles que producir\u00eda en lo sucesivo el nav\u00edo naufragado, sino que exigi\u00f3 instrumentos persuasivos que sirvieran para fijar razonablemente la capacidad productiva del activo en condiciones normales y la pronosticabilidad de los mismos por cualquier persona, de all\u00ed que requiriera las \u00abganancias previas al contrato que se discute\u00bb, o \u00ablas ofertas contractuales [o] contratos futuros que tengan por objeto la embarcaci\u00f3n\u00bb o \u00abel m\u00ednimo indicio\u00bb, que permitiera \u00abdeducir que la embarcaci\u00f3n fuera a producir frutos con posterioridad al contrato de arrendamiento existente\u00bb (folio 66 del cuaderno 3). <\/p>\n
En verdad, el sentenciador se doli\u00f3 de cualquier mecanismo que sirviera para comprobar la alta probabilidad de percibimiento de las utilidades reclamadas, tales como las ganancias que el nav\u00edo produjo en el entretanto de la patente de navegaci\u00f3n mayor y el convenio objeto de litigio, las ofertas realizadas o recibidas para la explotaci\u00f3n de la embarcaci\u00f3n con posterioridad al perfeccionamiento del arrendamiento, las tratativas que adelant\u00f3 el demandante para rentar el veh\u00edculo despu\u00e9s de vencido el t\u00e9rmino de ejecuci\u00f3n del contrato celebrado con el consorcio, o cualquier hecho indicador de que el barco normalmente producir\u00eda frutos. <\/p>\n
Labor\u00edo que, si bien se exigi\u00f3 respecto al barco Patricia, lo cierto es que el interesado no lo satisfizo ni siquiera frente a un activo equivalente o, incluso, respecto a la otra barcaza que arrend\u00f3 al consorcio. <\/p>\n
El demandante, en suma, falt\u00f3 a la comprobaci\u00f3n de la \u00abalta probabilidad objetiva de que llegare a obtenerse, en el supuesto de no haber tenido ocurrencia el suceso da\u00f1ino, y que, por lo mismo, no puede confundirse con el mero sue\u00f1o de obtener una utilidad, que no es indemnizable, por corresponder a un da\u00f1o hipot\u00e9tico o eventual\u00bb (SC5516, 29 ab. 2016, rad. n.\u00b0 2004-00221-01), para lo cual se requer\u00eda \u00abprueba concluyente en orden a acreditar la verdadera entidad de los mismos y su extensi\u00f3n cuantitativa\u00bb (SC16690, 17 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2000-00196-01). <\/p>\n
(vi) Se arguy\u00f3, en el escrito de sustentaci\u00f3n, que por el hecho mismo del arrendamiento al consorcio debi\u00f3 tenerse por probado el car\u00e1cter productivo del bien y las utilidades futuras reclamadas. <\/p>\n
Empero, este contrato, sin otros elementos de convicci\u00f3n, \u00fanicamente permit\u00eda demostrar que para un tiempo preciso el planch\u00f3n se destin\u00f3 a atender una situaci\u00f3n, sin que reluzca su conexi\u00f3n con las actividades de explotaci\u00f3n que en las proximidades ir\u00eda a acometer y sus r\u00e9ditos. <\/p>\n
Total que el contrato de arrendamiento celebrado entre Luis Evelio M\u00e1rquez Bustos y el denominado Consorcio Emergencia Puerto Ni\u00f1o, tuvo como objeto la movilizaci\u00f3n de materiales y maquinaria para el dise\u00f1o y construcci\u00f3n de obras para el control de inundaciones y erosi\u00f3n en el Municipio de Cerro de San Antonio, situaci\u00f3n que deb\u00eda adelantarse con la mayor premura, como reluce de la utilizaci\u00f3n de la expresi\u00f3n \u00abemergencia\u00bb, en tanto era conocido que el r\u00edo \u00abarrastraba en su cauce palizada, monte, tarulla, etc.\u00bb (hecho 14 de la demanda). <\/p>\n
La experiencia indica que las condiciones de una situaci\u00f3n de excepci\u00f3n no pueden generalizarse, raz\u00f3n para estimar insuficiente que con el contrato incumplido pudiera cuantificarse el lucro usual de un planch\u00f3n y su temporalidad; de all\u00ed que sobre el demandante pesara, para satisfacer los requisitos de certeza y previsibilidad del da\u00f1o, la carga de probar que los t\u00e9rminos econ\u00f3micos del contrato con el consorcio eran los usuales para esta actividad o, de no ser as\u00ed, acreditarlas. La omisi\u00f3n de este deber fue denunciada por el Tribunal, aunque sin una profusa sustentaci\u00f3n jur\u00eddica, la que ahora se desarrolla, raz\u00f3n para descartar que incurriera en un error iure in judicando. <\/p>\n
2.1.5.2. En lo tocante a la vida \u00fatil de la embarcaci\u00f3n, el recurrente critic\u00f3 que \u00e9sta fuera el racero establecido por el ad quem para fijar el lucro cesante futuro, en tanto este dem\u00e9rito se extiende hasta que se profiera sentencia o se pague el valor de reemplazo. <\/p>\n
(i) Al respecto conviene partir de la idea de que, como el incumplimiento achacado a las accionadas deriv\u00f3 de un actuar culposo de sus dependientes, las mismas \u00fanicamente deben responder por las utilidades o ganancias que fueran previsibles. <\/p>\n
La previsibilidad, como ya se anticip\u00f3, \u00abconsiste en identificar lo que pudo razonablemente prever una persona normalmente diligente como consecuencias del incumplimiento en el curso ordinario de las cosas y conforme a las circunstancias peculiares del contrato, tales como la informaci\u00f3n revelada por las partes\u00bb14. <\/p>\n
A la inversa, ser\u00e1 imprevisible \u00abaquello \u2018[q]ue no se puede prever\u2019, y prever, a su turno, es \u2018[v]er con anticipaci\u00f3n\u2019 (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola), por manera que aplicando este criterio ser\u00eda menester afirmar que es imprevisible, ciertamente, el acontecimiento que no sea viable contemplar de antemano, o sea previamente a su gestaci\u00f3n material (contemplaci\u00f3n ex ante)\u00bb (SC, 27 feb. 2009, rad. n.\u00b0 2001-00013-01). <\/p>\n
Una de las variables relevantes, ante la ausencia de otros elementos, era la vida probable del planch\u00f3n, pues por el tipo de bien y su destinaci\u00f3n, reluc\u00eda que con el paso del tiempo perder\u00eda su aptitud para producir r\u00e9ditos, siendo razonable para las enjuiciadas que acudieran a \u00e9l con el prop\u00f3sito de fijar el lucro cesante del cual tendr\u00edan que responder. <\/p>\n
(iii) Y es que, trat\u00e1ndose de bienes productivos, es reconocido que con el trasegar de los a\u00f1os reducen su capacidad de explotaci\u00f3n, como consecuencia del desgaste causado a las piezas y su p\u00e9rdida de actualidad, sin que pueda admitirse que tienen una vocaci\u00f3n ad eternum, o asociado a variables ex\u00f3genas como la duraci\u00f3n de un litigio. <\/p>\n
Tal fen\u00f3meno se conoce como depreciaci\u00f3n, esto es, la \u00ab[d]isminuci\u00f3n del valor o precio de algo, ya con relaci\u00f3n al que antes ten\u00eda, ya compar\u00e1ndolo con otras cosas de su clase\u00bb15, que se establece en funci\u00f3n a la porci\u00f3n de vida \u00fatil por el tiempo de uso, lo que arrojar\u00e1 \u00abla vida remanente del bien\u00bb (CSJ, SC22056, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2002-02246-01), para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta las \u00abunidades de producci\u00f3n u horas de trabajo\u00bb16. <\/p>\n
(iv) Circunstancia econ\u00f3mica que se hace palmaria en el caso, en tanto las pruebas que hacen parte de la foliatura ense\u00f1an que embarcaciones, equivalentes a la que naufrag\u00f3, presentan un alto coeficiente de depreciaci\u00f3n, lo que permite inferir la brevedad por la cual producir\u00e1n frutos civiles. <\/p>\n
As\u00ed se extrae del hecho de que el planch\u00f3n Patricia, que seg\u00fan la escritura p\u00fablica n.\u00b0 1989 de 8 de noviembre de 2006, otorgada en el Notar\u00eda 4\u00aa de Cartagena (folio 46 del cuaderno 1), fue construido el 30 de octubre de este a\u00f1o y que, en atenci\u00f3n a sus caracter\u00edsticas y peso, tuvo un \u00abcosto estimado\u2026 de\u2026 450.000.000\u00bb (folio 288), en raz\u00f3n de la vida \u00fatil -de esta clase de nav\u00edos-, su \u00abvalor de rescate [era] de 120.000.000\u00bb, de acuerdo con el dictamen pericial practicado en primera instancia (folio 289). <\/p>\n
Trasluce, seg\u00fan el experto, que despu\u00e9s de 5 a\u00f1os y 8 meses de funcionamiento -interregno comprendido entre la construcci\u00f3n del barco y la fecha del peritaje-, la depreciaci\u00f3n de un nav\u00edo similar al siniestro es del 73%; guarismo que no pod\u00eda ser extra\u00f1o al planch\u00f3n Patricia, en tanto para iniciar operaciones tuvo una calificaci\u00f3n promedio de 70 puntos, de acuerdo con el Certificado de Inspecci\u00f3n de Botes n.\u00b0 038 del 1\u00b0 de noviembre de 2006. <\/p>\n
Tesis que cobra fuerza si se pondera la brevedad de la vigencia de la patente de navegaci\u00f3n, que \u00abpara embarcaciones mayores, tendr\u00e1 validez de tres (3) a\u00f1os\u00bb (art\u00edculos 136 y 138 del decreto 2689 de 1988, subrogados por los c\u00e1nones 50 y 51 de la ley 1242 de 2008), a cuyo vencimiento se hace necesario acometer una verificaci\u00f3n de la embarcaci\u00f3n para establecer su aptitud de navegabilidad, de lo que se deduce la rapidez del deterioro. <\/p>\n
(v) Refulge de este contexto jur\u00eddico y f\u00e1ctico, que la exigencia de la prueba de la vida \u00fatil no es contraria a las normas vigentes, sino una medida acorde con la previsibilidad del da\u00f1o reclamado, punto en el que se cierra prosperidad a los argumentos del demandante. <\/p>\n
2.1.6. De lo expuesto queda en evidencia que el ad quem, no rehus\u00f3 la condena pretendida por una indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2003 del C\u00f3digo Civil, disposici\u00f3n que gobierna la controversia, sino que su determinaci\u00f3n se origin\u00f3 en la valoraci\u00f3n de los instrumentos persuasivos y su correlaci\u00f3n con los elementos del da\u00f1o, que permiti\u00f3 tener por no acreditadas la certeza y previsibilidad del lucro cesante futuro. <\/p>\n
2.2. Prohibici\u00f3n de doble reparaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.1. El principio de reparaci\u00f3n integral propugna porque la v\u00edctima de un da\u00f1o sea restablecida a la situaci\u00f3n en que se encontrar\u00eda de no haber sufrido el agravio, de suerte que se mantenga indemne de las consecuencias negativas del hecho culposo. Por tanto, \u00ab[e]l resarcimiento no puede superar la p\u00e9rdida efectiva, ni generar una ventaja para el damnificado\u00bb17. <\/p>\n
La Corte, refiri\u00e9ndose a este principio, ha ordenado \u00abque al afectado por da\u00f1os en su persona o en sus bienes, se le restituya en su integridad o lo m\u00e1s cerca posible al estado anterior\u2026, y por eso, acreditada la responsabilidad civil, el juez \u2018tendr\u00e1 que cuantificar el monto de la indemnizaci\u00f3n en concreto, esto es que habr\u00e1 de tomar en consideraci\u00f3n todas las circunstancias espec\u00edficas en que tuvo lugar el da\u00f1o, su intensidad, si se trata de da\u00f1os irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio\u00bb (SC, 18 dic. 2012, rad. n.\u00b0 2004-00172-01, reiterada en SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2009-0014-01). <\/p>\n
De forma expresa, el art\u00edculo el art\u00edculo 16 de la ley 446 de 1998 ordena que, en \u00abla valoraci\u00f3n de da\u00f1os irrogados a las personas y a las cosas, [se] atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
M\u00e1xima explicable por la naturaleza resarcitoria de la responsabilidad, la cual propende porque los perjuicios de la v\u00edctima sean reparados en su totalidad, pero no m\u00e1s all\u00e1, siempre que esto sea posible. <\/p>\n
2.2.2. La prohibici\u00f3n de doble indemnizaci\u00f3n es una aplicaci\u00f3n concreta de esta directriz, la cual repele cualquier ventaja que la v\u00edctima obtenga del hecho da\u00f1oso, diferente al restablecimiento del statu quo: \u00abLa indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o patrimonial tiene como fin remediar el detrimento econ\u00f3mico sufrido por la v\u00edctima, por lo que una condena excesiva puede ser fuente de riqueza o ganancia injustificada\u00bb (CSJ, SC10297, 5 ag. 2014, rad. n.\u00b0 2003-00660-01). <\/p>\n
Total que \u00ab[c]uando la v\u00edctima es indemnizada, el perjuicio ha desaparecido. Por ello no cabr\u00eda demandar de nuevo reparaci\u00f3n\u00bb; as\u00ed las cosas, \u00abla v\u00edctima no puede acumular varias indemnizaciones por el mismo perjuicio\u00bb18. En estos casos, \u00absi el da\u00f1o se ha resta\u00f1ado de alguna manera, mandarlo indemnizar cual si existiera implica plasmar un enriquecimiento sin causa a favor del reclamante\u00bb19. <\/p>\n
La jurisprudencia fij\u00f3 como norte que si ya se satisfizo la obligaci\u00f3n del deudor, no es procedente la acumulaci\u00f3n de indemnizaciones para lograr una nueva reparaci\u00f3n (cfr. SC, 5 dic. 1983), salvo en los casos en que los resarcimientos tengan su fuente en una causa jur\u00eddica distinta (cfr. SC, 22 oct. 1998, exp. n.\u00b0 4866). <\/p>\n
2.2.3. Esta prohibici\u00f3n fue la que condujo al ad quem para rehusar el lucrum cessans sobre un bien que ser\u00eda objeto de sustituci\u00f3n, bajo el entendido de que \u00abcon el pago del da\u00f1o emergente se pondr\u00eda la nueva nave a producir los frutos hasta su vida \u00fatil, y al ordenarse adicional a ello el pago de un lucro cesante futuro, se romper\u00eda el principio de equivalencia, pues se estar\u00eda obligando al responsable a pagar doblemente el mismo perjuicio\u00bb (folio 68 del cuaderno 3). <\/p>\n
Explicado de otra forma, para el sentenciador de segundo grado, una vez el demandante reciba el precio de la embarcaci\u00f3n naufragada, podr\u00e1 adquirir un activo equivalente al que fue destruido, en particular, con el mismo remanente de vida \u00fatil, momento a partir del cual empezar\u00e1 a recibir los r\u00e9ditos que dej\u00f3 de percibir en aqu\u00e9l entonces, lo que excluye la viabilidad de un nuevo pago por lucro cesante. En su criterio, de asentir en la condena por ganancias dejadas de percibir se generar\u00eda una doble indemnizaci\u00f3n, en tanto la v\u00edctima percibir\u00eda un emolumento por parte de las enjuiciadas y despu\u00e9s, al adquirir la nueva embarcaci\u00f3n, disfrutar\u00e1 de nuevos frutos. <\/p>\n
Este argumento, que encuentra cimientos en el principio de reparaci\u00f3n integral, de ninguna manera confunde las nociones de da\u00f1o emergente y el lucro cesante, como lo aleg\u00f3 el casacionista, pues el ad quem no asegur\u00f3 que por el pago del primero quedaba satisfecho el segundo, ni mucho menos que trat\u00e1ndose de bienes sustituible las dos (2) clases de da\u00f1os se subsumen en una sola; por el contrario, seg\u00fan el fallo confutado, el lucro cesante de la v\u00edctima quedar\u00eda colmado al recibir un activo con igual vida \u00fatil al destruido, por la posibilidad de explotarlo en el futuro y obtener los rendimientos que no pudo acopiar en el pasado. <\/p>\n
Explicaci\u00f3n que, valga la pena anotarlo, guarda coherencia con el limitado tiempo de productividad de las embarcaciones, lo que descarta de plano que su propietario pueda pretender r\u00e9ditos de forma atemporal o al margen de su explotabilidad. <\/p>\n
2.2.4. Por iguales razones resulta desacertada la cr\u00edtica que se formul\u00f3 por error de hecho, en tanto el juzgador de segundo grado no supuso el pago del da\u00f1o emergente, sino que, vista su futura satisfacci\u00f3n -una vez la sentencia de condena queda ejecutoriada-, estim\u00f3 que era de esperarse que en adelante se recibir\u00e1n las utilidades por la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del planch\u00f3n. <\/p>\n
2.2.5. Ahora bien, la eventual discusi\u00f3n sobre la equivalencia de las utilidades que se hubieran disfrutado en el pasado y las que puedan generarse en el futuro, es un aspecto vedado al presente recurso, por la ausencia de cr\u00edticas en casaci\u00f3n sobre la materia y no estar disponible el camino oficioso. <\/p>\n
2.3. Deber de mitigaci\u00f3n del da\u00f1o propio. <\/p>\n
2.3.1. La buena fe, en su vertiente objetiva, ordena a los sujetos de la relaci\u00f3n obligatoria que desplieguen un comportamiento acorde con los est\u00e1ndares exigibles a cualquier persona puesta en las mismas circunstancias, que se expresa por medio de deberes secundarios de conducta, tambi\u00e9n conocidos como obligaciones accesorias o colaterales. <\/p>\n
Significa que este principio \u00e9tico \u00abact\u00faa como regla de conducta, que origina la actuaci\u00f3n ideal del sujeto, lo que determina que se le denomine \u2018buena fe-lealtad\u2019\u00bb, que tiene las siguientes caracter\u00edsticas: <\/p>\n
a) Se trata de un deber de conducta impuesta al sujeto, con un contenido eminentemente \u00e9tico. b) Este deber de conducta importa que no se perjudiquen los intereses ajenos fuera de los l\u00edmites impuestos por la tutela leg\u00edtima de los intereses propios. c) Para apreciar la conducta se prescinde del punto s de vista subjetivo de las partes para referirse a un criterio objetivo. e) El criterio objetivo consiste en la comparaci\u00f3n de la conducta del sujeto con un standard jur\u00eddico, o sea un prototipo de conducta social media. f) El stantard jur\u00eddico aplicable debe buscarse teniendo en cuenta el contexto social en el que act\u00faa el sujeto\u202620 <\/p>\n
2.3.2. En punto al d\u00e9bito indemnizatorio, se ha considerado que la v\u00edctima act\u00faa acorde con la buena fe cuando evita una posici\u00f3n pasiva de cara al da\u00f1o sufrido y, en su lugar, adopta todas las medidas tendientes a evitar su consumaci\u00f3n o agravaci\u00f3n. <\/p>\n
En un giro diferente, el acreedor debe \u00abadoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un da\u00f1o, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un da\u00f1o del cual un tercero ser\u00eda responsable, tiene derecho a que este le reembolse el valor de los gastos en que incurri\u00f3\u00bb21. <\/p>\n
Tal deber ha recibido la denominaci\u00f3n \u00abmitigaci\u00f3n\u00bb o \u00abatenuaci\u00f3n del da\u00f1o\u00bb, y encuentra reconocimiento expreso en los art\u00edculos 7722 de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercader\u00edas y 7.4.8. (1) de los Principios Unidroit sobre Contratos Comerciales Internacionales23. <\/p>\n
En Colombia su aplicaci\u00f3n se ha consentido por v\u00eda jurisprudencial; justamente, en unos primeros pronunciamientos, la Corte fij\u00f3 como subregla que el quantum indemnizatorio debe disminuirse en los eventos en que la v\u00edctima haya creado un escenario favorable a la ocurrencia del da\u00f1o o su propagaci\u00f3n: \u00ab[el] demandante con sus omisiones cre\u00f3 un escenario altamente propicio para la generaci\u00f3n del resultado que afect\u00f3 su patrimonio, es decir gener\u00f3 un evidente estado de riesgo que vino a ser agravado por la conducta omisiva de la demandada, habr\u00e1 de reducirse la condena en contra de la parte demandada\u00bb (SC, 3 ag. 2004, exp. n.\u00b0 7447; en el mismo sentido SC, 6 ab. 2001, exp. n.\u00b0 6690). <\/p>\n
A\u00f1os m\u00e1s tarde habl\u00f3 expresamente de la carga de mitigaci\u00f3n o atenuaci\u00f3n, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
[E]n el campo de la responsabilidad civil -contractual y extracontractual- la doctrina contempor\u00e1nea destaca la importancia, cada vez mayor, que adquiere el que la v\u00edctima con su conducta procure mitigar o reducir el da\u00f1o que enfrenta o que se encuentra padeciendo\u2026 <\/p>\n
El se\u00f1alado comportamiento, que muchos tratadistas elevan a la categor\u00eda de deber de conducta al paso que otros lo identifican con una carga, encuentra su raz\u00f3n de ser en el principio de buena fe, hoy de raigambre constitucional (art. 83, C.P.), el cual, sin duda, orienta, en general, todas las actividades de las personas que conviven en sociedad, particularmente aquellas que trascienden al mundo de lo jur\u00eddico, imponiendo a las personas que act\u00faan -sentido positivo- o que se abstienen de hacerlo -sentido negativo- par\u00e1metros que denotan honradez, probidad, lealtad y transparencia\u2026 <\/p>\n
En tal orden de ideas, resulta palmario que ante la ocurrencia de un da\u00f1o, quien lo padece, en acatamiento de las premisas que se dejan rese\u00f1adas, debe procurar, de serle posible, esto es, sin colocarse en una situaci\u00f3n que implique para s\u00ed nuevos riesgos o afectaciones, o sacrificios desproporcionados, desplegar las conductas que, siendo razonables, tiendan a que la intensidad del da\u00f1o no se incremente o, incluso, a minimizar sus efectos perjudiciales, pues s\u00f3lo de esta manera su comportamiento podr\u00eda entenderse realizado de buena fe y le dar\u00eda legitimaci\u00f3n para reclamar la totalidad de la reparaci\u00f3n del da\u00f1o que haya padecido. <\/p>\n
Una actitud contraria, como es l\u00f3gico entenderlo, al quebrantar el principio que se comenta, tendr\u00eda que ser calificada como \u201cuna postura incorrecta, desleal, desprovista de probidad y transparencia, que descono[ce] al otro [e] ignor[a] su particular situaci\u00f3n, o sus leg\u00edtimos intereses, o que est[\u00e1] dirigida a la obtenci\u00f3n de un beneficio impropio o indebido\u201d (Cas. Civ., ib.), la cual, por consiguiente, es merecedora de desaprobaci\u00f3n por parte del ordenamiento y no de protecci\u00f3n o salvaguarda (SC, 16 dic. 2010, rad. n.\u00b0 1989-00042-01). <\/p>\n
Tesis reiterada en \u00e9poca cercana: <\/p>\n
[P]untual\u00edcese que el deber de mitigaci\u00f3n o atenuaci\u00f3n, connatural al principio de reparaci\u00f3n integral, propende porque la v\u00edctima tome las medidas que est\u00e9n a su alcance para evitar que las consecuencias del da\u00f1o aumenten o no se detengan; esto es, el lesionado tiene la carga de adoptar los correctivos razonables y proporcionadas que reduzcan las p\u00e9rdidas, o impidan su agravaci\u00f3n, ya que no hacerlo puede acarrearle la disminuci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n reclamada (SC512, 5 mar. 2018, rad. n.\u00b0 2005-00156-01). <\/p>\n
2.3.3. Aplicadas estas consideraciones a una eventual sentencia sustitutiva, el colof\u00f3n al cual se arribar\u00eda es que el demandante, en lugar de tomar medidas para evitar los perjuicios por lucro cesante futuro, actu\u00f3 con dejadez e incidi\u00f3 negativamente en su extensi\u00f3n. <\/p>\n
Total, conocido el hundimiento del planch\u00f3n el 13 de septiembre de 2007, as\u00ed como los cuantiosos ingresos que dejar\u00edan de percibirse en criterio de la v\u00edctima, la buena fe le impon\u00eda a \u00e9sta que actuara de forma inmediata para tomar las medidas que permitieran el reemplazo del veh\u00edculo y, por esta senda, obtener los r\u00e9ditos que aguardaba de su actividad, sin esperar al proferimiento de una sentencia en que se condenara a su contraparte negocial. <\/p>\n
Y es que el capital requerido para reponer el planch\u00f3n era inferior a la mitad de los ingresos esperados en el primer a\u00f1o de operaci\u00f3n, y equival\u00eda al 68% de la utilidad proyectada para la igual anualidad, siendo obscuro que una persona deje escapar esta oportunidad de negocio y finque su esperanza en una condena judicial. <\/p>\n
Un estricto sometimiento a la buena fe hubiera concitado en el demandante procurar una embarcaci\u00f3n de reemplazo, incluso por medio de una operaci\u00f3n crediticia, pues la alta rentabilidad de la inversi\u00f3n permit\u00eda cubrir todos los costos del endeudamiento, liberar el activo durante el primero a\u00f1o de operaciones y obtener dividendos. <\/p>\n
M\u00e1xime porque, el entretanto entre el hundimiento del barco y el inicio del c\u00f3mputo para el lucro cesante futuro reclamado, fue de 3 meses y 13 d\u00edas, tiempo suficiente para buscar el bien de sustituci\u00f3n y los recursos para su adquisici\u00f3n. Quehacer que no resultaba excesivo para Luis Evelio M\u00e1rquez Bustos pues, adem\u00e1s de conocer del negocio de transporte fluvial, como se extrae del hecho que era propietario de dos (2) barcazas, era cliente de Banco de Colombia y reportaba una facturaci\u00f3n mensual de $45.000.000, como se extrae de la certificaci\u00f3n de 27 de julio de 2017 que fue aportada con la demanda (folio 11 del cuaderno 1). <\/p>\n
La actitud ab\u00falica del arrendador, en el sentido de aguardar a que el consorcio le pagara el precio de la barcaza y las utilidades que esperaba obtener hasta la sentencia de condena, demuestra su contribuci\u00f3n decidida en la ocurrencia del perjuicio por utilidades futuras y su agravaci\u00f3n, con lo cual falt\u00f3 al deber de mitigaci\u00f3n del da\u00f1o y, por ende, cierra la prosperidad a su reclamo por v\u00eda judicial. <\/p>\n
3. Por las razones precedentes se deniega el recurso extraordinario. <\/p>\n
Conforme al inciso final del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del canon 392, se condenar\u00e1 en costas al opugnante. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n, por el magistrado ponente, seg\u00fan el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 393 ibidem y las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que la demanda de casaci\u00f3n fue replicada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 12 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, dentro del proceso que Luis Evelio M\u00e1rquez Bustos promovi\u00f3 contra Castro Tcherassi SA y al cual se vincul\u00f3 como litisconsorte necesario a Inversiones Osorio Gonz\u00e1lez Ltda. <\/p>\n
Se condena en costas a la recurrente en casaci\u00f3n. Incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n la suma de ocho (8) s.m.l.m.v. por concepto de agencias en derecho, que fija el magistrado ponente. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Aclaraci\u00f3n de Voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Aclaraci\u00f3n de Voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-03-003-2008-00234-01 <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
En forma respetuosa me permito ACLARAR mi voto, porque si bien considero que la impugnaci\u00f3n extraordinaria no estaba llamada a abrirse paso, no comparto los alcances amplificadores de la facultad-deber del juez de decretar pruebas de oficio, que subyacen en la argumentaci\u00f3n con la que se despach\u00f3 el tercer cargo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto considero que ese entendimiento no armoniza del todo con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, que impone a quien acude a un proceso judicial el deber de presentar al juez de la causa no solo su versi\u00f3n de los hechos, sino tambi\u00e9n \u2013por v\u00eda general\u2013 los elementos probatorios tendientes a demostrar el fundamento de sus aspiraciones o defensas, debiendo soportar consecuencias adversas en caso de no hacerlo. <\/p>\n
Ahora, casos habr\u00e1 en los que, a pesar de la actividad probatoria desplegada por las partes, el sentenciador encuentre que no ha logrado recaudar la informaci\u00f3n necesaria, o jur\u00eddicamente relevante ,para emitir un veredicto ajustado \u2013en la medida de lo posible\u2013 a la verdad real y a la justicia material, por lo que el ordenamiento jur\u00eddico ha facultado al fallador, y al tiempo, compelido en determinados eventos, para procurar esclarecer esos pasajes de penumbra, mediante el decreto oficioso de medios de persuasi\u00f3n. <\/p>\n
Pero la comprensi\u00f3n previamente expuesta no implica que las partes hayan sido liberadas de la carga que les incumbe, seg\u00fan el precepto 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (o 167 del C\u00f3digo General del Proceso); por el contrario, con excepci\u00f3n de \u00ablos hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas\u00bb, o de aqu\u00e9llos eventos en donde la ley presume un determinado acontecimiento, a los litigantes les corresponde actuar con diligencia en la demostraci\u00f3n del \u00absupuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, si bien los poderes que se le han venido confiriendo al fallador patentizan las tendencias jur\u00eddicas actuales, orientadas a superar el sistema dispositivo puro, y dar mayor vigencia al inquisitivo, la supresi\u00f3n de aqu\u00e9l no se ha producido, de lo cual puede concluirse que existe en nuestro medio un \u00absistema mixto\u00bb, que representa una equilibrada amalgama en la que, con la denodada intervenci\u00f3n de las partes y la potestad oficiosa del juez, puede lograrse una justa y eficaz composici\u00f3n del debate, a partir de bases ciertas y no meramente formales. <\/p>\n
Conforme con ello, aunque al juez se le exige acuciosidad y dinamismo en la b\u00fasqueda de la verdad real sobre la cual ha de definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que le incumbe a las partes, tal como lo explic\u00f3 esta misma Sala en fallo CSJ SC, 23 nov. 2010, rad. 2002-00692-01: <\/p>\n
\u00ab(…) No se trata, pues, de que el juez tome la bandera de una de las partes, ni que dirija su esfuerzo a construir la que desde su personal perspectiva debe ser la respuesta para el caso, sino que su iniciativa debe contribuir a dar forma a una hip\u00f3tesis que muestra algunas trazas en el expediente y que, siendo coherente, atendible y fundada, aparece apoyada por los medios de convicci\u00f3n a su alcance y se ajusta plausiblemente a una soluci\u00f3n que acompase con el ideal de justicia. Solo en esas circunstancias, miradas desde luego bajo el trasluz de cada caso particular, podr\u00eda increparse al juez por no comprometerse con el decreto de pruebas oficiosas, evento en el cual, como ha dicho la Corte desde hace tiempo ya, incurrir\u00eda en error de derecho por desconocer el contenido del art\u00edculo 180 del C. de P. C.\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, y dejando a salvo aquellos eventos donde la pr\u00e1ctica de determinada prueba est\u00e9 prevista como un imperativo legal concreto (hip\u00f3tesis ajena a esta contienda), conviene precisar que la facultad-deber del juez de decretar pruebas de oficio no puede interpretarse como un mandato absoluto, o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aqu\u00e9l sigue gozando de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
Ello porque como lo dijo tambi\u00e9n esta Corporaci\u00f3n en CSJ SC5327-2018, 7 dic., <\/p>\n
\u00ab(…) hay eventos en los cuales la actitud pasiva, de la parte sobre quien pesa la responsabilidad de demostrar determinado supuesto de hecho, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones o de las defensas o excepciones, por haber inobservado su compromiso al interior de la tramitaci\u00f3n y en las oportunidades previstas por el legislador, particularmente en aquellos asuntos en los que la controversia versa sobre derechos disponibles\u00bb. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO: OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
RADICACI\u00d3N 08001-31-03-003-2008-00234-01 <\/p>\n
Estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n, toda vez que no se demostraron los yerros de facto atribuidos al tribunal, lo que imped\u00eda que los ataques medraran, conforme se concluy\u00f3. <\/p>\n
Sin embargo, como al resolver el tercer cargo se expres\u00f3 que el decreto de pruebas de oficio \u00abno puede considerase como una mera facultad, sino tambi\u00e9n como una obligaci\u00f3n para los jueces de conocimiento, quienes tienen que hacer uso de la misma para que la sentencia proferida salvaguarde la correcta adjudicaci\u00f3n de los derechos en litigio\u00bb, debo decir que ese planteamiento no concuerda con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan el cual, aunque hay eventos en que la ley prev\u00e9 la pr\u00e1ctica forzosa de pruebas, como la inspecci\u00f3n judicial en los juicios de pertenencia, deslinde y amojonamiento y servidumbres o el dictamen pericial de marcadores gen\u00e9ticos de ADN en los pleitos de investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, etc., y otros en que por v\u00eda jurisprudencial se ha previsto su necesidad cuando la prueba aparezca incompleta o sugerida por la actividad de los litigantes, el poder-deber de iniciativa probatoria y recaudo oficioso no es un imperativo absoluto que deba ser seguido por el juez en todos los casos. <\/p>\n
Ello porque la prueba de oficio no est\u00e1 hecha para remediar la incuria de los litigantes, sino que, por fuera de las hip\u00f3tesis en que es forzosa, solo puede ser empleada por el iudex para completar la informaci\u00f3n faltante cuando la labor desplegada por aquellos, en coherencia con sus condiciones y posibilidades reales de afrontar el pleito, no haya permitido obtener la verdad necesaria para zanjar la litis, seg\u00fan se indic\u00f3 en CSJ SC7824-2016 al decir que: <\/p>\n
(\u2026) cuando a pesar de la actividad probatoria promovida o gestionada por las partes, el sentenciador encuentra que no ha logrado recaudar la informaci\u00f3n necesaria o jur\u00eddicamente relevante para emitir su veredicto, en lo posible ajustado a la verdad real y a la justicia material, seg\u00fan se expondr\u00e1 m\u00e1s adelante, el ordenamiento jur\u00eddico lo ha facultado \u2013y al tiempo, compelido- para procurar esclarecer esos pasajes de penumbra, mediante el decreto oficioso de medios de persuasi\u00f3n, los cuales conjuntamente evaluados con los dem\u00e1s recaudados, permitir\u00e1n determinar la verosimilitud de los hechos debatidos o la confirmaci\u00f3n de los argumentos planteados, pues el juez como director del proceso, debe propender por la soluci\u00f3n del litigio, fundado en el establecimiento de la verdad, la efectividad de los derechos reconocidos por la norma de fondo, la prevalencia del derecho sustancial y la observancia del debido proceso. <\/p>\n
Luego, la tesitura propuesta por el ponente contradice el entendimiento de la Corte sobre la prueba de oficio, ya que sugiere que el juez debe suplir la negligencia de las partes, lo cual no es cierto porque tal iniciativa procede cuando la ley la prev\u00e9, as\u00ed como frente a aquellos medios incompletos o sugeridos por la actividad de los contendores y cuando se revele la imposibilidad de la parte d\u00e9bil en el proceso para acreditar hechos que contribuyan a su adecuada resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Por eso aclaro el voto, aunque comparto la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Fecha, ut supra, <\/p>\n
OCTAVIO AUUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma, Buenos Aires, 1958, p. 188 y 189. <\/p>\n
2\u0002 Reiterada SC8456, 24 jun. 2016, rad. n.\u00b0 2007-00071-01 y SC2758, 16 jul. 2018, rad. n.\u00b0 1999-00227-01. <\/p>\n
3\u0002 En el mismo sentido SC, 28 may. 2009, rad. n.\u00b0 2001-00177-01; SC10880, 18 ag. 2015, rad. n.\u00b0 2007-00082-01; SC211, 20 en. 2017, rad. n.\u00b0 2005-00124-01; y SC2758, 16 jul. 2018, rad. n.\u00b0 1999-00227-01 <\/p>\n
4\u0002 Adriano de Cupis, El Da\u00f1o. Teor\u00eda General de la Responsabilidad Civil, Bosch, Barcelona, 1975, pp. 797 y 798. <\/p>\n
5\u0002 Mar\u00eda Luisa Palaz\u00f3n Garrido, La Indemnizaci\u00f3n de Da\u00f1os y Perjuicios derivados del Incumpilmiento del Contrato. En Sixto S\u00e1nchez Lorenzo, Derecho Contractual Comparado, Thomson Reuters, 2\u00aa Ed., Espa\u00f1a, 2013, p. 1608. <\/p>\n
6\u0002 \u00abEl deudor s\u00f3lo est\u00e1 obligado a indemnizar los da\u00f1os y perjuicios que se hayan previsto o podido prever en el momento del contrato, siempre que, en el incumplimiento, no haya habido dolo por su parte\u00bb <\/p>\n
7\u0002 \u00abEn caso de que el incumplimiento del contrato proceda de dolo del deudor, los da\u00f1os y perjuicios s\u00f3lo deber\u00e1n comprender, con relaci\u00f3n a la p\u00e9rdida sufrida por el acreedor y a la ganancia de la que haya sido privado, los que sean consecuencia inmediata y directa del incumplimiento contractual\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 \u00abSi no se puede imputar dolo al deudor, s\u00f3lo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligaci\u00f3n o de haberse demorado su cumplimiento\u2026\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 Luis Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Las Relaciones Obligatorias, Volumen Segundo, Civitas, Madrid, 1996, p. 612. <\/p>\n
11\u0002 Marcelo Planiol y Jorge Ripert, Tratado Pr\u00e1ctico de Derecho Civil Franc\u00e9s, Las Obligaciones, Tomo VII, Parte Primera, Cultural S.A., 1946, p. 173. <\/p>\n
12\u0002 Fernando Velez, Derecho Civil Colombiano, Tomo VI, Imprenta Paris Am\u00e9rica, p. 247. <\/p>\n
13\u0002 Arturo Valencia Zea, Derecho Civil, De las Obligaciones, Tomo III, Temis, 1978, p. 412. <\/p>\n
14\u0002 Instituto Internacional para la Unificaci\u00f3n del Derecho Privado, Principios Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales, Roma, 2010, p. 291. <\/p>\n