SC295-2021 (2003-00233-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC295-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-003-2003-00233-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de octubre de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS DE VIDA, frente a la sentencia proferida el 9 de abril de 2015 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por ella en contra de TRANSPORTES R\u00c1PIDO OCHOA S.A. al cual fueron llamados en garant\u00eda SEGUROS COLPATRIA S.A., RODRIGO TARQUINO CLAVIJO, LUZGARDO L\u00d3PEZ y los HEREDEROS DETERMINADOS e INDETERMINADOS de Carlos Arturo de la Hoz Paz (q.e.p.d.), correspondiendo los primeros a los menores CARLOS ARTURO, DIONY ROSA y CARLOS JOS\u00c9 DE LA HOZ ANAYA, representados por IRMA ESTELLA ANAYA TRESPALACIOS, y a esta \u00faltima, en nombre propio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En la demanda genitora del proceso (fls. 29 a 37, cd. 1), considerada la subsanaci\u00f3n de la misma (fls. 46 y 47, ib.), se solicit\u00f3, en s\u00edntesis: <\/p>\n
1.1. Declarar a la accionada responsable civilmente del accidente en el que perdi\u00f3 la vida Juan Eudes Molina Fuentes (q.e.p.d.) y de los perjuicios ocasionados con su fallecimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Declarar que la actora, en virtud de los art\u00edculos 12 del Decreto 1771 de 1994 y 1100 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como de la Ley 776 de 2002, \u201ctiene derecho a repetir\u201d en contra de aqu\u00e9lla tanto por \u201clas sumas de dinero pagadas a los beneficiarios\u201d del citado causante, como por el \u201cvalor de las reservas calculadas para atender el pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Condenar a la accionada, como consecuencia de lo anterior, a pagar a la promotora de la controversia, el monto de $41.465.509.oo, \u201cpor concepto de mesadas pensionales\u201d ya sufragadas; la cantidad de $504.276.548.oo, \u201cpor concepto de la reserva matem\u00e1tica de capital que (\u2026) debi\u00f3 constituir para atender las mesadas pensionales\u201d; y la correcci\u00f3n monetaria causada desde cuando se efectuaron los pagos y se constituy\u00f3 la aludida reserva y que se cause hasta la satisfacci\u00f3n de esos valores. <\/p>\n
1.4. Imponer a la convocada, las costas del proceso. <\/p>\n
2. En respaldo de tales pretensiones, se adujeron los hechos enseguida compendiados: <\/p>\n
2.2. El occiso laboraba al servicio de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n como Fiscal Seccional en la Unidad de Maicao y se encontraba afiliado al sistema general de riesgos profesionales con RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS DE VIDA, a la que la mencionada entidad le report\u00f3 el accidente como laboral, el 24 de noviembre de 2001, seg\u00fan informe No. 0239087-2. <\/p>\n
2.3. La actora \u201caprob\u00f3 el origen profesional\u201d de la muerte del nombrado y dispuso el reconocimiento y pago de las prestaciones correspondientes; admiti\u00f3 como beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la compa\u00f1era permanente del fallecido, se\u00f1ora Socorro Solano Solano, y al hijo de los dos, menor Ronald Michel Molina Solano; y viene pagando en partes iguales a ellos, luego del c\u00e1lculo de su valor conforme a las normas legales, la indicada pensi\u00f3n, habiendo sufragado, hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, la cantidad de $41.465.509.oo. <\/p>\n
2.4. Para atender las mesadas pensionales, la accionante, con sujeci\u00f3n a la normatividad imperante, \u201cdebi\u00f3 constituir una reserva del capital necesario (\u2026), en la suma de quinientos cuatro millones doscientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho pesos ($504.276.548.)\u201d. <\/p>\n
2.5. La \u201cpensi\u00f3n de sobrevivientes y la(\u2026) reserva(\u2026) efectuada(\u2026) para atenderla(\u2026), constituyen un pasivo\u201d para la demandante, toda vez que no puede disponer de esas sumas de dinero. <\/p>\n
2.6. El art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1991 \u201cfaculta a las administradoras de riesgos profesionales para repetir contra el tercero responsable de la contingencia profesional por el monto calculado de la prestaci\u00f3n a cargo de la administradora de riesgos profesionales, y en tal virtud RIESGOS PROFESIONALES COLMENA se encuentra facultada para reclamar de la sociedad demandada esos valores\u201d. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn, al que le correspondi\u00f3 por reparto el asunto, admiti\u00f3 el libelo introductorio con auto del 10 de octubre de 2003, cuya notificaci\u00f3n a la demandada verific\u00f3 por aviso remitido el d\u00eda 21 siguiente, seg\u00fan consta en los documentos militantes en los folios 52 a 59 del cuaderno No. 1. <\/p>\n
4. La accionada contest\u00f3 en tiempo el escrito de iniciaci\u00f3n de la controversia por intermedio de apoderado judicial, y en tal virtud, se opuso al acogimiento de las s\u00faplicas elevadas, se pronunci\u00f3 de distinta manera sobre sus hechos y propuso las excepciones denominadas \u201cINDEBIDA ACUMULACI\u00d3N DE PRETENSIONES\u201d, \u201cFALTA DE JUSRISDICCI\u00d3N Y DE COMPETENCIA\u201d, \u201cPETICI\u00d3N ANTES DE TIEMPO\u201d, \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA\u201d, \u201cCULPA DE LA V\u00cdCTIMA Y COMPENSACI\u00d3N DE CULPAS\u201d, \u201cHECHO DE UN TERCERO\u201d, \u201cVIOLACI\u00d3N AL PRINCIPIO DEL \u2018NON BIS IN IDEM\u2019\u201d y \u201cFALTA DE SUBROGACI\u00d3N\u201d (fls. 64 a 71, cd. 1). <\/p>\n
En escritos separados, llam\u00f3 en garant\u00eda a Seguros Colpatria S.A. (fls. 29 a 31, cd. 7), Rodrigo Tarquino Clavijo (fls. 11 a 13, cd. 8) Luzgardo L\u00f3pez y los herederos determinados e indeterminados del se\u00f1or Carlos Arturo de la Hoz Paz (q.e.p.d.), siendo los primeros los menores Carlos Arturo, Diony Rosa y Carlos Jos\u00e9 de la Hoz Anaya, representados por su progenitora Irma Estella Anaya Trespalacios, y esta \u00faltima, en nombre propio (fls. 8 a 11, cd. 9). <\/p>\n
Los pedimentos en precedencia relacionados fueron aceptados con autos del 23 de enero (fl. 32, cd. 7), 18 de febrero (fl. 15, cd. 8) y 16 de marzo de 2004 (fls. 20 y 21, cd. 9), respectivamente. <\/p>\n
5. Seguros Colpatria S.A. compareci\u00f3 al proceso y, en un s\u00f3lo memorial (fls. 39 a 49, cd. 7), contest\u00f3 la demanda y el llamamiento en garant\u00eda que se le hizo. <\/p>\n
En cuanto al libelo introductorio, se opuso a sus pretensiones, se\u00f1al\u00f3 lo que estim\u00f3 pertinente sobre los hechos aducidos y propuso las excepciones de \u201cAUSENCIA DE LOS PRESUPUESTOS SUSTANCIALES PARA RECONOCER Y PAGAR PENSI\u00d3N DE SOBREVIVIENTES, CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES, CON OCASI\u00d3N DEL FALLECIMIENTO DEL SE\u00d1OR JUAN EUDES MOLINA FUENTES\u201d, \u201cPRESCRIPCI\u00d3N\u201d, \u201cCULPA EXCLUSIVA DE UN TERCERO\u201d e \u201cIMPOSIBILIDAD JUR\u00cdDICA DE RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS DE VIDA S.A. PARA RECLAMAR LO PRETENDIDO EN LA DEMANDA\u201d. <\/p>\n
Frente al llamamiento, reproch\u00f3 lo pedido y se pronunci\u00f3 sobre los fundamentos f\u00e1cticos del mismo. Esgrimi\u00f3 las excepciones de \u201cLIMITE DE LA EVENTUAL OBLIGACI\u00d3N INDEMNIZATORIA O DE REEMBOLSO A CARGO DE MI REPRESENTADA Y A FAVOR DEL CITANTE DERIVADA DE LAS P\u00d3LIZAS INVOCADAS COMO FUNDAMENTO DE LA CITACI\u00d3N\u201d y \u201cLAS EXCLUSIONES DE AMPARO EXPRESAMENTE PREVISTAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LAS P\u00d3LIZAS INVOCADAS COMO FUNDAMENTO DE LA CITACI\u00d3N\u201d. <\/p>\n
6. El se\u00f1or Rodrigo Tarquino Clavijo fue notificado personalmente del auto aceptante de su llamamiento, como aparece en la diligencia verificada el 19 de mayo de 2004 (fl 20, cd. 8). Oportunamente replic\u00f3 el mismo, hizo oposici\u00f3n a la acci\u00f3n y se refiri\u00f3 a los hechos de dicha convocatoria (fls. 22 a 24, cd. 8). <\/p>\n
7. Intentada la notificaci\u00f3n del se\u00f1or Luzgardo L\u00f3pez por aviso, se dispuso mediante auto del 10 de agosto de 2004 (fl. 32, cd. 9) su emplazamiento y el de los herederos indeterminados de Carlos Arturo de la Hoz Paz (q.e.p.d.) en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y se orden\u00f3 insistir en la notificaci\u00f3n de los herederos determinados del citado causante, en la direcci\u00f3n suministrada por la actora. <\/p>\n
Recurrida en reposici\u00f3n dicha providencia, el juzgado del conocimiento la revoc\u00f3 por encontrarse vencido el t\u00e9rmino de suspensi\u00f3n previsto en el art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y no haberse logrado el enteramiento de los llamados en garant\u00eda, preclusi\u00f3n que imped\u00eda su posterior vinculaci\u00f3n (auto del 17 de junio de 2005; fls. 53 a 54 vuelto, cd. 9). <\/p>\n
8. Agotada la primera instancia, el funcionario encargado de la controversia le puso fin con sentencia del 31 de julio de 2012, en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u201c(\u2026) \u2018Ausencia de los presupuestos sustanciales para reconocer y pagar pensi\u00f3n de sobrevivientes, con cargo al sistema general de riesgos profesionales, con ocasi\u00f3n del fallecimiento del se\u00f1or Juan Eudes Molina Fuentes\u2019\u201d, neg\u00f3 la totalidad de las pretensiones incoadas y conden\u00f3 en costas a la actora (fls. 260 a 280 vuelto, cd. 1). <\/p>\n
9. Apelado dicho fallo por la accionante, el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Civil, en sentencia del 9 de abril de 2015, decidi\u00f3 confirmarlo e imponer a aquella el pago de las costas de segunda instancia. <\/p>\n
EL PRONUNCIAMIENTO DEL AD QUEM <\/p>\n
Tras resumir lo actuado en el proceso, condensar los fundamentos del fallo de primer grado y de la apelaci\u00f3n interpuesta por la actora, advertir la satisfacci\u00f3n de los presupuestos procesales y descartar la presencia de motivos invalidantes de la tramitaci\u00f3n cumplida, el Tribunal expuso las reflexiones que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
1. De entrada, se refiri\u00f3, en abstracto, sobre los siguientes temas: <\/p>\n
1.1. La responsabilidad civil, en relaci\u00f3n con la cual diferenci\u00f3 la contractual de la extracontractual. <\/p>\n
1.2. La seguridad social, para lo que parti\u00f3 del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y se ocup\u00f3, en lo pertinente, de las previsiones de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
1.3. El r\u00e9gimen de riesgos laborales, en torno del cual invoc\u00f3 el Decreto con fuerza de ley 1295 de 1994, ordenamiento regulativo del mismo, en principio, y del que, observ\u00f3, un buen n\u00famero de sus preceptos han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional; la Ley 776 de 2002, contentiva de las \u201c(\u2026) \u2018normas sobre la organizaci\u00f3n, administraci\u00f3n y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales\u2019 (\u2026)\u201d; y la Ley 1562 de 2012, \u201cpor la cual se modifica el sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional\u201d. Adicionalmente advirti\u00f3 que ha sido \u201cnutrida la reglamentaci\u00f3n gubernativa\u201d. <\/p>\n
1.4. La \u201cSUBROGACI\u00d3N EN GENERAL\u201d, la cual, con ayuda de la doctrina, defini\u00f3 como \u201c(\u2026) \u2018la sustituci\u00f3n de una cosa por otra, o de una persona por otra (\u2026)\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Al respecto, puntualiz\u00f3 que \u201cla real opera cuando sin mediar la figura de la novaci\u00f3n, el cr\u00e9dito es satisfecho con una prestaci\u00f3n diversa a la debida\u201d y que la \u201cpersonal acaece cuando una persona reemplaza a otra en uno o m\u00e1s derechos u obligaciones\u201d; a\u00f1adi\u00f3 que \u201cel C\u00f3digo Civil, por su parte, aborda la figura desde la \u00f3ptica del pago con subrogaci\u00f3n, precisando que consiste \u2018en la trasmisi\u00f3n de los derechos del acreedor a un tercero, que paga\u2019 (Art\u00edculo 1666 del C\u00f3digo Civil)\u201d; trajo a colaci\u00f3n un fallo de la Corte Constitucional vinculado con el tema; y destac\u00f3 que \u201cla subrogaci\u00f3n, en su modalidad legal, no s\u00f3lo se presenta cuando se configuran los supuestos que justifican la figura, como la protecci\u00f3n de los derechos de quien se ve en la necesidad de pagar por el deudor, sino, que fuera de los supuestos t\u00edpicos del art\u00edculo 1668 del C\u00f3digo Civil, s\u00f3lo habr\u00e1 lugar a la subrogaci\u00f3n legal en los casos expresamente determinados en la ley. (\u2026). Lo anterior por cuanto la finalidad, naturaleza y efectos jur\u00eddicos de la instituci\u00f3n obligan a coincidir con la doctrina cuando sostiene que: \u2018Se trata de una instituci\u00f3n excepcional y, por ende, de interpretaci\u00f3n restrictiva; ella s\u00f3lo obra en los casos en que la ley expresamente la consagra (\u2026)\u2019\u201d. <\/p>\n
2. Pas\u00f3 al caso concreto y luego de se\u00f1alar la claridad de la acci\u00f3n en cuanto que su proponente, \u201cde conformidad con lo establecido en el Decreto 1771 de 1994, se arroga la condici\u00f3n de subrogataria hasta por el monto calculado de las prestaciones a su cargo\u201d, para reclamarlas de quien calific\u00f3 como directo responsable de la muerte del se\u00f1or Molina Fuentes (q.e.p.d.), puso de presente: <\/p>\n
2.1. En primer lugar, que \u201cla controversia suscitada obliga a consultar la entidad de las interacciones entre los reg\u00edmenes de responsabilidad referenciados (civil y seguridad social)\u201d, con miras a establecer la pertinencia de una \u201csubrogaci\u00f3n legal como la invocada\u201d, por su repercusi\u00f3n en figuras como \u201cla acumulaci\u00f3n o concurrencia de indemnizaciones y la deducci\u00f3n o disminuci\u00f3n del da\u00f1o (compensatio lucri cum damno)\u201d. <\/p>\n
2.2. Y, en segundo orden, que como la subrogaci\u00f3n, cuando no es convencional, \u201cest\u00e1 condicionada a la existencia de una expresa previsi\u00f3n de rango legal\u201d, debe efectuarse \u201cuna revisi\u00f3n detallada, no simplemente formal, sino material y de fondo, respecto del marco jur\u00eddico relacionado con la espec\u00edfica norma invocada por la entidad demandante en auxilio de sus aspiraciones\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En tal orden de ideas, se detuvo en el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 del 3 de agosto de 1994 y, previa reproducci\u00f3n del mismo, coment\u00f3: <\/p>\n
Es decir, el apartado reglamentario analizado no s\u00f3lo establece una determinante y regularmente cuantiosa prerrogativa en favor de las entidades administradoras, sino que adem\u00e1s, regula de forma limitativa la indemnizaci\u00f3n de perjuicios a que tienen derecho las v\u00edctimas de un hecho da\u00f1ino, quienes al tenor de la normativa referenciada deber\u00e1n descontar de la indemnizaci\u00f3n integral de perjuicios que pueden exigir del tercero responsable, el valor de las prestaciones reconocidas por el Sistema de Seguridad Social Integral, en su espec\u00edfico R\u00e9gimen General de Riesgos Laborales, o lo que es lo mismo, no podr\u00e1n acumular dos conceptos que cuentan con naturaleza, or[\u00ed]g[e]nes y presupuestos de configuraci\u00f3n notablemente diversos, tal cual se detallar\u00e1 y ahondar\u00e1 en l\u00edneas posteriores, con fundamento en el precedente jurisprudencial de las altas Cortes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, propuso la tesis de la \u201cINCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA ANALIZADA\u201d, que desarroll\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
4.1. Subray\u00f3, por una parte, que el Decreto 1295 de 1994, con fuerza de ley, por haber sido promulgado con base en las facultades extraordinarias conferidas en el numeral 11 del art\u00edculo 139 de la Ley 100 de 1993, pese a su sustancialidad, no contiene \u201capartado alguno que prescriba o establezca el derecho de subrogaci\u00f3n a favor de la entidad administradora de riesgos profesionales\u201d; y, por otra, que esa previsi\u00f3n \u201cs\u00f3lo se encuentr[a] (\u2026) en un decreto reglamentario\u201d, como es el 1771 de 1994. <\/p>\n
4.2. Agreg\u00f3 la relevancia, \u201cpara el examen propuesto\u201d, de que en el primero de los decretos atr\u00e1s citados no exista regulaci\u00f3n al respecto, pues \u201cno resultaba constitucionalmente admisible\u201d que as\u00ed fuera, habida cuenta de \u201clos detallados, coherentes y por sobre todo vinculantes argumentos expuestos en el decantado precedente de la Corte Constitucional sobre el particular\u201d. <\/p>\n
En respaldo de lo anterior, destac\u00f3 que esa Corporaci\u00f3n, \u201cen sentencias como las C 452 de 2002, C 1152 de 2005 y C 858 de 2006, (\u2026) estableci\u00f3 con efectos de cosa juzgada [c]onstitucional absoluta que la habilitaci\u00f3n legislativa contenida en el numeral 11 del art\u00edculo 139 de la Ley 100 de 1993 (en raz\u00f3n de la cual se profiri\u00f3 el Decreto 1295 de 1974), ten\u00eda como prop\u00f3sito espec\u00edfico facultar al Gobierno para dictar normas relacionadas exclusivamente con la organizaci\u00f3n de la administraci\u00f3n del Sistema General de Riesgos Profesionales\u201d; y que, por lo tanto, las disposiciones cuyo contenido desborda ese objetivo, est\u00e1n \u201cafectas de inconstitucionalidad, por manifiesto exceso en las facultades extraordinarias, que como tal comporta un vicio de naturaleza material por desconocimiento de la funci\u00f3n gen\u00e9rica de \u2018hacer las leyes\u2019 que recae en el Congreso de la Rep\u00fablica (art\u00edculo 114 y 150 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica)\u201d. <\/p>\n
4.3. Se\u00f1al\u00f3, adicionalmente, que en esta Sala de la Corte, \u201cdese la \u00f3ptica de la acumulaci\u00f3n de indemnizaciones, ha sido posici\u00f3n mayoritaria la de aceptar la posibilidad de hacer concurrentes las prestaciones econ\u00f3micas como la pensi\u00f3n de sobrevivientes de origen laboral, a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios derivada de la responsabilidad civil; o en otras palabras, descartar, negar, la disminuci\u00f3n del da\u00f1o y la consecuente indemnizaci\u00f3n, muy a pesar de la existencia de reconocimiento y disfrute de prestaciones como la mentada\u201d, en pro de lo cual coment\u00f3 las sentencias del 22 de octubre de 1998 y 9 de julio de 2012. <\/p>\n
4.4. Por otra parte, acot\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, de \u201cmanera m\u00e1s n\u00edtida y por supuesto desde la \u00f3ptica del r\u00e9gimen de responsabilidad por culpa patronal, (\u2026), ha tenido la oportunidad de consolidar una nutrida l\u00ednea de pensamiento conforme a la cual \u2018no es procedente descontar de la indemnizaci\u00f3n plena y total de perjuicios, lo que haya cancelado la administradora de riesgos profesionales por el mismo siniestro (\u2026)\u201d, predicado en torno del cual trajo a colaci\u00f3n el fallo de 9 de mayo de 1997 y uno que no identific\u00f3. <\/p>\n
4.5. Indic\u00f3 que, a su turno, el Consejo de Estado \u201cha consolidado posici\u00f3n que avala la acumulaci\u00f3n de indemnizaciones con fundamento en la diversidad de sus fuentes\u201d, seg\u00fan se desprende de las sentencias de su Secci\u00f3n Tercera que datan del 14 de julio de 2004, 24 de febrero de 2005, 30 de agosto de 2007, 1\u00ba y 15 de octubre de 2008 y 25 de febrero de 2009; y de la calendada el 3 de octubre de 2002, que reprodujo en parte. <\/p>\n
4.6. A\u00f1adi\u00f3 el concepto de un autorizado tratadista nacional quien, en suma, pone en duda la validez del art\u00edculo 12 de Decreto 1771 de 1994, debido a que ni la Ley 100 de 1993, ni el decreto con fuerza de ley expedido en desarrollo de ella (1295 de 1994), establecieron la subrogaci\u00f3n legal en favor de las entidades de la seguridad social. <\/p>\n
4.7. Corolario del precedente an\u00e1lisis, coligi\u00f3 que \u201cel art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, es abiertamente inconstitucional y en una doble dimensi\u00f3n: ello por cuanto no s\u00f3lo pretende reglamentar una materia sin regulaci\u00f3n o consagraci\u00f3n en el cuerpo normativo que supuestamente se pauta para su cumplimiento (Decreto Ley 1265 de 1994), sino que adem\u00e1s se ocupa de un sustrato que ni siquiera pod\u00eda ser abordado en el susodicho Decreto con fuerza de ley, como bien lo ha dejado sentado la Corte Constitucional, en providencias como las analizadas en el numeral 2.3.2.\u201d, inferencia que encuentra su raz\u00f3n de ser en \u201clas ostensibles diferencias\u201d que existen entre \u201cla facultad legislativa extraordinaria y la facultad reglamentaria que es ordinaria\u201d. <\/p>\n
Especific\u00f3 que el \u201cprimer nivel\u201d de inconstitucionalidad detectado, concierne con \u201cun desbordamiento de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, pues evidentemente el espec\u00edfico art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, no constituye reglamentaci\u00f3n de alguna materia contenida en el Decreto Ley 1295 de 1994, que ning\u00fan particular establece sobre la subrogaci\u00f3n aqu\u00ed invocada como pretensi\u00f3n, y as\u00ed es evidente que ha sido desconocido su l\u00edmite material (contenido de la ley objeto de ejecuci\u00f3n)\u201d, defecto que trasciende la \u00f3rbita meramente legal para ubicarse en la \u201cofensa Constitucional, dado que por v\u00eda de una formal y aparente reglamentaci\u00f3n se introduce al ordenamiento jur\u00eddico una legislaci\u00f3n sustantiva, que desconoce la potestad legislativa del Congreso de la Rep\u00fablica\u201d, postura cuyo fundamento est\u00e1 en los pronunciamientos de la Corte Constitucional que reprodujo. <\/p>\n
Y que el \u201csegundo nivel\u201d de inconstitucionalidad advertido, deriva del \u201cmarco competencial preciso y expreso que determin\u00f3 el legislador para el Presidente en el numeral 11 del art\u00edculo 139 de la Ley 100 de 1993\u201d, en tanto que \u00e9l se restringi\u00f3 \u201cmaterialmente a \u2018Organizar la Administraci\u00f3n del Sistema General de Riesgos Profesionales\u2019 y no para aspectos diferentes y mucho menos para t\u00f3picos sustanciales como las prestaciones o las consecuencias de su reconocimiento para los afiliados y terceros, tal cual acontece con el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994 que como se v[e]\u00eda s\u00f3lo aparentemente reglamenta la norma dictada en virtud de facultades legislativas extraordinarias (Decreto Ley 1295 de 1994)\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que por ello, en criterio de esa Sala de Decisi\u00f3n, \u201caun suponiendo que la facultad de subrogaci\u00f3n y la limitaci\u00f3n de la acumulaci\u00f3n de indemnizaciones estuviera contemplada no el en el Decreto Reglamentario 1771, sino en el mismo Decreto Ley 1295 o se entendiera como materia propia de este, la incursi\u00f3n en vicio de inconstitucionalidad seguir\u00eda igual de vigente, dado que la ley habilitante tan s\u00f3lo le permiti\u00f3 al presidente de la rep\u00fablica legislar sobre la organizaci\u00f3n de la administraci\u00f3n del sistema\u201d. <\/p>\n
4.8. Puntualiz\u00f3 que, consistiendo la irregularidad, \u201cen la falta de competencia del Poder Ejecutivo para regular la materia contenida en el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994\u201d, esa deficiencia \u201cest\u00e1 lejos de constituir un simple defecto formal que pueda entenderse subsanado y que obligue a dejarlo inadvertido\u201d, planteamiento que sustent\u00f3 con otro fallo de la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.9. As\u00ed las cosas, con fundamento en el art\u00edculo 4\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en procura de \u201cgarantizar la supremac\u00eda\u201d de la misma, estim\u00f3 indispensable aplicar la \u201cEXCEPCI\u00d3N DE INCONSTITUCIONALIDAD\u201d, mecanismo que explic\u00f3 tambi\u00e9n con ayuda de la jurisprudencia y del que destac\u00f3 su viabilidad oficiosa, por cuanto consider\u00f3 \u201cprocedente e imperativo en este caso, a fin de orientar la resoluci\u00f3n de la presente controversia[,] inaplicar por manifiesta inconstitucionalidad la norma antes referida y que precisamente se erige como el fundamento jur\u00eddico principal de las aspiraciones de la parte demandante\u201d, sin que sea \u00f3bice para ello que esta Sala de la Corte, en las ocasiones que se ha ocupado de esa disposici\u00f3n legal, no haya efectuado un pronunciamiento semejante; o la competencia restringida que, en trat\u00e1ndose de la simple inaplicaci\u00f3n por ilegalidad, recae en la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa; o la existencia previa de un pronunciamiento de constitucionalidad con efectos erga omnes, pues \u201cno se encontr\u00f3 que la norma inaplicada, art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, haya siquiera sido demandada ante el Consejo de Estado\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Pese a considerar que el an\u00e1lisis constitucional precedente era suficiente para colegir \u201cla improcedencia de la pretensi\u00f3n de subrogaci\u00f3n deprecada por la parte demandante\u201d, el Tribunal, adicionalmente advirti\u00f3 \u201cel influjo que en la presente controversia tiene un muy reciente pronunciamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u201d, en desarrollo de lo cual cit\u00f3 la sentencia del 14 de enero de 2015, en la que, a su decir, \u201cse efectu\u00f3 en sede de casaci\u00f3n, examen de orden jur\u00eddico sustancial respecto de un supuesto de ribetes casi id\u00e9nticos al presente\u201d, donde \u201cqued[\u00f3] confirmada la tesis que se viene sosteniendo respecto de la inexistencia de la facultad de subrogaci\u00f3n que pretende materializar en este juicio la parte demandante\u201d. <\/p>\n
Luego de transcribir alg\u00fan segmento del se\u00f1alado prove\u00eddo, el ad quem observ\u00f3 que, si bien es verdad, en \u00e9l \u201cno se aborda un examen cr\u00edtico sobre la [c]onstitucionalidad de la norma\u201d en cuesti\u00f3n, es lo cierto que \u201ccon un examen fundado en referentes normativos y jurisprudenciales similares a los que ha invocado en precedencia este Tribunal, se llega a una misma y lapidaria conclusi\u00f3n, seg\u00fan la cual: \u2018la cancelaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes no autoriza a la actora a promover recuperaci\u00f3n alguna de las sumas canceladas, pues, se reitera, es una obligaci\u00f3n propia de su funci\u00f3n, sin el car\u00e1cter indemnizatorio proveniente del hecho da\u00f1ino y por tanto ajeno al tercero causante del perjuicio\u2019\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Con estribo en la causal inicial del canon 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se denunci\u00f3 la sentencia impugnada por ser directamente violatoria del art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, debido a su falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
1. Tras identificar que la primera \u201cbase esencial\u201d aducida por el Tribunal para no hacer actuar el precepto arriba identificado, fue la \u201cexcepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u201d que en torno del mismo declar\u00f3, el censor cuestion\u00f3 tal determinaci\u00f3n en los t\u00e9rminos que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
1.1. Calific\u00f3 esa decisi\u00f3n como constitutiva de un n\u00edtido quebranto del art\u00edculo 4\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, invocado por el ad quem, toda vez que \u201clas razones por las que consider\u00f3 que [el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994] es contrari[o] a la Carta Pol\u00edtica no son propias de la figura de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u201d. <\/p>\n
1.2. Explic\u00f3 que esa forma de control constitucional \u201csolamente cabe cuando sea evidente y claro que la aplicaci\u00f3n de un precepto legal espec\u00edfico a un caso concreto implique la violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, lo que descarta que por v\u00eda de la citada excepci\u00f3n de inconstitucionalidad pueda el juez entrar a analizar otros defectos de la norma cuya inaplicaci\u00f3n pretende, como por ejemplo, el exceso en la facultad reglamentaria, pues ello es propio y exclusivo del juicio de constitucionalidad que se hace por v\u00eda de acci\u00f3n, el cual, indudablemente, no le correspond\u00eda realizar en este caso al Tribunal\u201d. <\/p>\n
1.3. Luego de reproducir segmentos de algunos fallos de la Corte Constitucional, insisti\u00f3 en que \u201cla excepci\u00f3n de inconstitucionalidad solamente puede aplicarse cuando de cara al caso concreto y s[\u00f3]lo para ese caso[,] resulta contrario a la constituci\u00f3n aplicar una determinada norma, pues de hacerlo se estar\u00eda violado un precepto espec\u00edfico\u201d; y a\u00f1adi\u00f3 que ese mecanismo \u201crequiere de un an\u00e1lisis de las particularidades del caso concreto y la conclusi\u00f3n de que la aplicaci\u00f3n de la norma a dicho caso concreto es evidente, notoria y completamente contraria a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, lo cual explica porqu[e] se trata de una decisi\u00f3n inter partes y no con efectos generales\u201d. <\/p>\n
1.4. En ese orden de ideas, se\u00f1al\u00f3 que \u201cel Tribunal se equivoc\u00f3 al haber acudido a la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u201d y, con ese fundamento, al quitarle efectos al art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, sin especificar las razones por las que su aplicaci\u00f3n \u201cal caso litigado\u201d resultaba \u201ccontraria a la Constituci\u00f3n, pues el examen del ad quem se limit\u00f3 a determinar que la inconstitucionalidad se produjo por un exceso en la facultad reglamentaria concedida al ejecutivo\u201d. <\/p>\n
Infiri\u00f3 que, por lo tanto, el sentenciador de segunda instancia \u201cse arrog\u00f3 la funci\u00f3n de controlar si el ejecutivo hab\u00eda excedido o no su potestad reglamentaria al expedir el Decreto 1771 de 1994, espec\u00edficamente al haber consagrado la subrogaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 12 del mismo, es decir, se comport\u00f3 como el juez de constitucionalidad de la norma al igual que lo hace el juez que conoce de la constitucionalidad de ella por v\u00eda [de] acci\u00f3n, olvidando que, seg\u00fan ya se dijo, deb\u00eda analizarse el caso concreto y determinar que de aplic\u00e1rsele el precepto en comento[,] violar\u00eda en forma clara y precisa la Constituci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
1.5. Advirti\u00f3 que \u201cnada de eso hizo el Tribunal como en rigor le correspond\u00eda si quer\u00eda acudir a la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, habida cuenta que solamente se limit\u00f3 a verificar si el Gobierno Nacional pod\u00eda o no, en uso de su potestad reglamentaria y de las facultades que al efecto se le concedieron, regular la figura de la subrogaci\u00f3n en la forma como l[o] hizo, pero haciendo abstracci\u00f3n [d]el caso concreto y sin examinar las razones por las cuales de aplicarse esa norma al caso litigado se producir\u00eda un evidente quebrantamiento de la Constituci\u00f3n, por lo que debe concluirse con facilidad que el ad quem, en lugar de dedicar su esfuerzo a revisar la constitucionalidad de la norma como si fuese el encargado de hacerlo, ha debido aplicarla al caso litigado\u201d. <\/p>\n
2. Desde otra perspectiva, el recurrente consider\u00f3 <\/p>\n
que, con independencia de la inconstitucionalidad de la norma en menci\u00f3n, el Tribunal, fincado en pronunciamientos jurisprudenciales, consider\u00f3 que ella, de todas maneras, \u201cno permite la subrogaci\u00f3n invocada en la demanda\u201d, inferencia que \u201cconstituye un inadecuado entendimiento\u201d de la misma, puesto que dicho precepto indubitablemente establece \u201cel derecho a favor de las administradoras de riesgos profesionales de repetir en contra de los responsables de la contingencia profesional por las sumas que aquella haya debido sufragar directamente a la v\u00edctima o a sus causahabientes, al igual que como lo consagra el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio\u201d. <\/p>\n
2.1. Al respecto, el impugnante, tras reproducir la disposici\u00f3n legal en cuesti\u00f3n, puso de presente que ella contiene \u201cdos aspectos que deben ser tenidos en cuenta: [e]l primero, que la subrogaci\u00f3n de la administradora de riesgos profesionales debe desarrollarse \u2018con sujeci\u00f3n a las normas pertinentes\u2019; y, el segundo, que tambi\u00e9n deber\u00e1 estarse en el ejercicio de este derecho \u2018al l\u00edmite de responsabilidad del tercero.\u2019\u201d <\/p>\n
Con tal base, enfatiz\u00f3 que \u201c[d]e ninguna manera los citados condicionamientos significan, como equivocadamente se ha venido entendiendo, que la subrogaci\u00f3n solamente opera respecto de las prestaciones asistenciales que tengan car\u00e1cter indemnizatorio, como por ejemplo, gastos m\u00e9dicos, quir\u00fargicos, odontol\u00f3gicos, gastos de traslado, auxilios funerarios, etc.\u201d y que, por lo mismo, quedaron excluidos \u201clos derechos de naturaleza pensional\u201d, pues la norma no diferenci\u00f3 \u201clas sumas pagadas por concepto de prestaciones asistenciales que ostentan un car\u00e1cter resarcitorio de aquellas que tenga raigambre estrictamente pensional\u201d. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, el censor asever\u00f3 que el \u201cderecho a la subrogaci\u00f3n por parte de la administradora de riesgos profesionales no se encuentra condicionado a la naturaleza de las sumas pagadas\u201d, como quiera que el precepto lo \u201cconsagr\u00f3 a favor de tales compa\u00f1\u00edas por el pago que haya tenido que realizar por la conducta del tercero responsable\u201d; y que si el legislador no previ\u00f3 distingos, no le es dable al int\u00e9rprete hacerlos, am\u00e9n que a voces del art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil, cuando las normas son claras, se impone atender su tenor literal y no consultar su esp\u00edritu. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que si el prop\u00f3sito del legislador hubiese sido restringir la subrogaci\u00f3n solamente a las \u201cprestaciones de naturaleza asistencial que tengan un car\u00e1cter indemnizatorio\u201d, as\u00ed lo habr\u00eda dicho en la disposici\u00f3n y, consiguientemente, habr\u00eda excluido \u201cla repetici\u00f3n de las sumas de car\u00e1cter pensional\u201d, pero no fue as\u00ed, actitud indicativa de que \u201cel derecho a la repetici\u00f3n o subrogaci\u00f3n se consagr\u00f3 frente a la totalidad de la indemnizaci\u00f3n que paga la administradora de riesgos profesionales\u201d, comprensi\u00f3n que deja al descubierto la equivocaci\u00f3n del Tribunal, cuando concluy\u00f3 que la subrogaci\u00f3n deprecada no fue prevista. <\/p>\n
2.2. Se pregunt\u00f3 a continuaci\u00f3n \u201c\u00bfcu\u00e1l es el alcance de la expresi\u00f3n \u2018con sujeci\u00f3n a las normas pertinentes\u2019, que trae el primer inciso de la norma?\u201d. <\/p>\n
En respuesta de tal interrogante, el recurrente observ\u00f3, de un lado, que dicha expresi\u00f3n no comporta \u201cexclusi\u00f3n o diferenciaci\u00f3n a la hora de establecer frente a cu\u00e1les sumas se puede ejercer la subrogaci\u00f3n\u201d; y, de otro, que lo que con ella se indica, \u201ces que dicha subrogaci\u00f3n debe ejercerse frente a las normas que regulan dicha instituci\u00f3n jur\u00eddica, es decir, que la entidad administradora de riesgos profesionales debe acreditar los elementos de cualquier subrogaci\u00f3n, a saber: (i) debe demostrar el pago realizado a la v\u00edctima o a sus causahabientes en virtud de su obligaci\u00f3n, como aseguradora; y (ii) debe demostrar que el tercero es responsable de acuerdo con las normas generales de la responsabilidad que le resulten aplicables\u201d. <\/p>\n
Clarific\u00f3 que \u201cno pod\u00eda la disposici\u00f3n en comento consagrar la subrogaci\u00f3n sin tener en cuenta las normas (\u2026) que regulan la figura de manera general en el C\u00f3digo Civil y de manera especial para el contrato de seguro en el C\u00f3digo de Comercio\u201d, pues lo establecido en el precepto \u201cno es una instituci\u00f3n sustancialmente diferente a la [contemplada] en los citados estatutos\u201d. <\/p>\n
Y advirti\u00f3 que no pod\u00eda ser de manera distinta, ya que \u201c[n]o podr\u00eda existir subrogaci\u00f3n sin pago\u201d, ni \u201cmaterializarse la misma sin que hubiere un tercero responsable de la causaci\u00f3n de los perjuicios\u201d, por lo que \u201c[a]nte la ausencia de pago, o ante la ausencia de responsabilidad del tercero demandado, la subrogaci\u00f3n no cabr\u00eda y, por ende, la acci\u00f3n correspondiente se ver\u00eda destinada al completo fracaso\u201d. <\/p>\n
2.3. Concentr\u00f3 enseguida su atenci\u00f3n en la expresi\u00f3n de la norma \u201ccon sujeci\u00f3n en todo caso al l\u00edmite de responsabilidad del tercero\u201d, de la que dijo, no corresponde a una limitaci\u00f3n, sino que es \u201cuna remisi\u00f3n a las normas generales de la responsabilidad, pues lo que la norma est\u00e1 se\u00f1alando es que nunca podr\u00e1 la administradora de riesgos por v\u00eda de subrogaci\u00f3n exigirle al tercero responsable el pago de una suma mayor de aquella a la que est\u00e1 obligado a pagar; por ejemplo, no podr\u00eda la entidad administradora de riesgos pretender el pago a trav\u00e9s del reembolso consagrado en la norma en comento, si se trata de responsabilidad del transportador a\u00e9reo, de una suma superior al l\u00edmite que para estos casos consagra el art\u00edculo 1881 del C\u00f3digo de Comercio. Lo que se quiere significar es que la disposici\u00f3n no hace nada diferente que establecer que mediante la subrogaci\u00f3n no puede obligarse al tercero responsable a pagar una indemnizaci\u00f3n en un monto superior al que por ley o por contrato estar\u00eda obligado\u201d. <\/p>\n
2.4. Pas\u00f3 al estudio del segundo inciso de la norma, en torno del cual acot\u00f3 que \u201cestablece la posibilidad de que no obstante la subrogaci\u00f3n de que trata el primer inciso (\u2026), la v\u00edctima o sus causahabientes instauren las acciones tendientes a obtener la total indemnizaci\u00f3n de los perjuicios sufridos; caso en el que definitivamente habr\u00e1 lugar a que se descuente de esa posible indemnizaci\u00f3n el valor de las prestaciones que hayan sido asumidas por la entidad administradora de riesgos profesiones\u201d. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que all\u00ed no se diferenciaron las prestaciones asumidas por las administradoras, para disponer que s\u00f3lo algunas deben descontarse de la indemnizaci\u00f3n que pague el directo responsable, como erradamente se ha entendido, porque la norma \u201ces di\u00e1fana y cristalina: de la posible indemnizaci\u00f3n deben descontarse todas las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales, lo que se acompasa de manera perfecta con la subrogaci\u00f3n consagrada en el primer inciso a favor de estas entidades\u201d. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el descuento all\u00ed previsto, \u201cobedece a que respecto de las sumas asumidas (todas) por la entidad administradora opera la subrogaci\u00f3n a favor de \u00e9sta; as\u00ed, el derecho sobre las mismas ya no estar\u00e1 m\u00e1s en cabeza de la v\u00edctima o de sus causahabientes, sino en cabeza de la entidad administradora de riesgos profesionales, que estar\u00e1 legitimada por activa para el recobro de dichas sumas de manos del responsable de los perjuicios\u201d. <\/p>\n
Y resalt\u00f3 que este segundo inciso, tambi\u00e9n est\u00e1 acorde con las normas generales sobre subrogaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Fruto del precedente an\u00e1lisis, coligi\u00f3 la total coherencia de la norma, puesto que en virtud de sus mandatos \u201c(i) el responsable civil no ve modificado, por raz\u00f3n de la posible subrogaci\u00f3n de que se viene hablando, el r\u00e9gimen a que se encuentra sometido; (ii) el responsable civil, con sujeci\u00f3n a dicho r\u00e9gimen, debe proceder a la reparaci\u00f3n integral de los perjuicios causados; (iii) el responsable civil no est\u00e1 obligado a indemnizar dos veces el mismo perjuicio, raz\u00f3n por la cual proceden los descuentos de que trata el inciso segundo de la norma que se viene analizando; y (iv) la v\u00edctima no tiene derecho a ver indemnizados sus perjuicios dos veces\u201d. <\/p>\n
2.6. Asever\u00f3 que si el Tribunal no incurre en el yerro interpretativo indicado, no habr\u00eda concluido que la subrogaci\u00f3n analizada solamente cabe en frente de las prestaciones asistenciales de contenido indemnizatorio pagadas por las administradoras de riesgos profesionales, sino que ella es factible respecto de todas las asumidas, incluidas las pensionales, reconocimiento que lo hubiese conducido a acceder a las pretensiones elevadas en la demanda con la que se dio inicio a este proceso. <\/p>\n
2.7. Al cierre, el censor, tras admitir que el asunto fue tratado por esta Sala de la Corte en la sentencia SC 17494 del 14 de enero de 2015, solicit\u00f3 \u201cun reexamen de la posici\u00f3n all\u00ed asumida y corregir la doctrina expuesta, toda vez que ella implica, como se vio, una restricci\u00f3n no prevista en la norma y el desconocimiento del car\u00e1cter indemnizatorio de las prestaciones asumidas por la administradora de riesgos profesionales m\u00e1xime cuando en este caso, como se vio, el Tribunal lleg\u00f3 al extremo de considerar que el precepto tantas veces mencionado es contrario a la Constituci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Dos, en concreto, fueron las razones que esgrimi\u00f3 el Tribunal para deducir el fracaso de las pretensiones de la demanda: <\/p>\n
1.1. En primer lugar, declar\u00f3 la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad respecto del art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, que por consiguiente inaplic\u00f3. <\/p>\n
1.2. Y, en segundo t\u00e9rmino, estableci\u00f3 que el pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la compa\u00f1era permanente e hijo del se\u00f1or Molina Fuentes (q.e.p.d.), \u201cno autoriza a la actora para promover recuperaci\u00f3n alguna de las sumas canceladas, pues, (\u2026), es una obligaci\u00f3n propia de su funci\u00f3n, sin el car\u00e1cter indemnizatorio proveniente de hecho da\u00f1ino y por tanto ajeno al tercero causante del perjuicio\u201d. <\/p>\n
2. El impugnante combati\u00f3 esos fundamentos por la v\u00eda directa de la causal primera de casaci\u00f3n, toda vez que, en su criterio, el primero de ellos desbord\u00f3 el espectro jur\u00eddico correspondiente a la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad invocada por el ad quem; y, el segundo obedeci\u00f3 a la incorrecta interpretaci\u00f3n por parte de dicho sentenciador, del art\u00edculo 12 de Decreto 1771 de 1994. <\/p>\n
S\u00edguense a ver, por separado, cada uno de esos reproches. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sobre la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad aplicada por el Tribunal, se estima: <\/p>\n
3.1. El sistema de control constitucional en Colombia es mixto, en tanto que comprende el \u201ccontrol abstracto\u201d, integrado por las funciones asignadas, de un lado, a la Corte Constitucional en el art\u00edculo 247 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, entre ellas, la de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad contra \u201clos actos reformatorios de la Constituci\u00f3n\u201d (num. 1\u00ba), \u201clas leyes\u201d (num. 4\u00ba) y \u201clos decretos con fuerza de ley\u201d (num. 5\u00ba); y, de otro, al Consejo de Estado, en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 237 ib\u00eddem, de \u201c[c]onocer (\u2026) las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional\u201d. <\/p>\n
A su turno, existe el \u201ccontrol concreto\u201d o \u201cdifuso\u201d, derivado del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 4\u00ba Superior, conforme al cual \u201c[l]a Constituci\u00f3n es norma de normas\u201d y \u201c[e]n todo caso de incompatibilidad entre\u201d sus preceptos \u201cy la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u201d. <\/p>\n
3.2. Independientemente de las bondades o defectos que puedan reconocerse a dicho sistema, discusi\u00f3n que escapa a lo que aqu\u00ed habr\u00e1 de resolverse, es del caso resaltar que esas dos formas de control, si bien es verdad, coinciden en que tienen por objeto salvaguardar la integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, son por esencia de diferente naturaleza y envergadura; y que, por lo mismo, no pueden confundirse. <\/p>\n
El abstracto, al margen de los controles previos y\/o autom\u00e1ticos asignados a la Corte Constitucional tambi\u00e9n en el primero de los c\u00e1nones atr\u00e1s citados, es aquel que, por regla de principio, se ejerce por acci\u00f3n; puede abarcar tanto el contenido material de la norma, como los vicios de procedimiento en su formaci\u00f3n, seg\u00fan sea el acto que se ataque; compete \u00fanicamente a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado; su definici\u00f3n hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional; y produce efectos erga omnes. <\/p>\n
El concreto, por su parte, se ejerce por excepci\u00f3n, a solicitud de parte o de oficio; se circunscribe a determinar si en un caso determinado, hacerse actuar una norma de jerarqu\u00eda inferior a las constitucionales, vulnera abierta u ostensiblemente alguna de este linaje, caso en el cual debe preferirse la \u00faltima; es una facultad-deber a cargo de todos los jueces, las autoridades p\u00fablicas en general y los particulares que cumplan funciones p\u00fablicas o presten servicios p\u00fablicos; no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional; y produce efectos inter partes. <\/p>\n
3.3. Por lo que aqu\u00ed se discute, es del caso resaltar que el campo de acci\u00f3n de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad est\u00e1 restringido a aquellos casos espec\u00edficos, en los que la utilizaci\u00f3n de una norma legal comporta el quebranto franco y directo de una constitucional, hip\u00f3tesis en la cual, debe aplicarse la segunda e inaplicarse la primera, sin afectar la vigencia general de esta \u00faltima. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala Civil de la Corte tiene precisado que \u201cno es cualquier discrepancia la que autoriza desde\u00f1ar la aplicaci\u00f3n de un precepto de inferior jerarqu\u00eda frente a la Carta\u201d, puesto que comprometido como queda \u201cel principio que establece la presunci\u00f3n de constitucionalidad de las normas, la incompatibilidad que hace procedente esa forma excepcional de control debe ser evidente; la oposici\u00f3n ha de ser tan grave que ambas \u2018no pueden regir en forma simult\u00e1nea (…) el antagonismo entre los dos extremos de la proposici\u00f3n ha de ser tan ostensible que salte a la vista del int\u00e9rprete, haciendo superflua cualquier elaboraci\u00f3n jur\u00eddica que busque establecer o demostrar que existe\u2019, cosa que aqu\u00ed no despunta (T 614\/1992)\u201d (CSJ, SC del 22 de septiembre de 2004, Rad. n.\u00b0 1999-0310-02; negrillas fuera del texto). <\/p>\n
En tiempo reciente y con mayor amplitud, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Si bien la observancia del ordenamiento jur\u00eddico es imperios[a] para los encargados de administrar justicia, no puede pasarse por alto que de conformidad con el art\u00edculo 4 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en \u2018todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u2019. <\/p>\n
Regla que concuerda con los art\u00edculos 5\u00b0 de la Ley 57 de 1887, seg\u00fan el cual, \u2018[c]uando haya incompatibilidad entre una disposici\u00f3n constitucional y una legal, preferir\u00e1 aqu\u00e9lla\u2019 y 9 de la Ley 153 de 1887, al establecer que la \u2018Constituci\u00f3n es ley reformatoria y derogatoria de la legislaci\u00f3n preexistente. Toda disposici\u00f3n legal anterior a la Constituci\u00f3n y que sea claramente contraria a su letra o a su esp\u00edritu, se desechar\u00e1 como insubsistente\u2019. <\/p>\n
Discernimiento que consiste en la aplicaci\u00f3n de la \u2018excepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u2019, con el prop\u00f3sito de reconocer la supremac\u00eda de las normas de orden superior frente a las de menor entidad, sin que conlleve la derogatoria de estas \u00faltimas, cuando chocan en una causa particular, por lo que sus efectos son inter partes. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n se requiere de una explicaci\u00f3n seria, mesurada y categ\u00f3rica, que justifique la desatenci\u00f3n de preceptos que en otras circunstancias tendr\u00edan pleno valor, dejando de lado el capricho o la arbitrariedad. <\/p>\n
Como se recalc\u00f3 en CSJ SC 22 sep. 2004, rad. 1999-0310-02, \u2018la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad procede cuando la incompatibilidad entre una norma de inferior jerarqu\u00eda con la Carta Pol\u00edtica es manifiesta, que en este preciso evento su aplicaci\u00f3n resulta pertinente\u2019. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Que una o varias normas constitucionales sean aplicables expresamente al asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Que las estipulaciones de leyes o actos administrativos que tratan el tema en discusi\u00f3n, ri\u00f1an con lo anterior. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Que se explique en qu\u00e9 consiste la discordancia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Que la contradicci\u00f3n sea patente y lesiva. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Que no exista una decisi\u00f3n de exequibilidad del precepto que se estima contrario al de mayor rango, cuyos alcances se extiendan a la situaci\u00f3n analizada. En este sentido la CSJ SC 26 ago. 1993, rad. 3616, dej\u00f3 sentado que si la declaratoria de \u2018constitucionalidad est\u00e1 contenid[a] en una sentencia con efectos de cosa juzgada absoluta, al recurrente no se le abre camino para alegar, en tal evento, la denominada \u2018excepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u2019\u2019 (CSJ, SC 8219 del 20 de junio de 2016, Rad. n.\u00b0 2003-00546-01; se subraya). <\/p>\n
3.4. Por su parte, la Corte Constitucional tiene dicho que: <\/p>\n
Ante todo, ha de resaltar la Corte la diferencia existente entre las instituciones de control de constitucionalidad en abstracto -a cargo de esta Corporaci\u00f3n (art. 241 C.P.) y residualmente del Consejo de Estado cuando se trata de decretos presidenciales de puro car\u00e1cter administrativo (art. 237-2 C.P.)- y el control de constitucionalidad concreto y difuso que tiene lugar en desarrollo del art\u00edculo 4\u00ba de la Carta cuando, en el momento de aplicar una norma legal o de inferior jerarqu\u00eda, se advierte su ostensible e indudable oposici\u00f3n (incompatibilidad) a mandatos constitucionales. <\/p>\n
La Corte Constitucional, en lo que hace a las normas sometidas a su examen, define, con la fuerza de la cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.), su exequibilidad o inexequibilidad, total o parcial, con efecto erga omnes y con car\u00e1cter obligatorio general, oponible a todas las personas y autoridades p\u00fablicas, sin excepci\u00f3n alguna. <\/p>\n
El Consejo de Estado, tambi\u00e9n con car\u00e1cter general, ante el ejercicio de acciones de nulidad por inconstitucionalidad, decide si est\u00e1n llamadas a prosperar las pretensiones de los accionantes, y en caso afirmativo anula el acto administrativo correspondiente, retir\u00e1ndolo del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En cambio, la hip\u00f3tesis del art\u00edculo 4\u00ba de la Constituci\u00f3n carece justamente de la nota de generalidad, puesto que la definici\u00f3n acerca de si existe o no la incompatibilidad entre la norma inferior y las fundamentales debe producirse en el caso espec\u00edfico, singular, concreto, y en relaci\u00f3n con las personas involucradas en el mismo, sin que pueda exceder ese marco jur\u00eddico preciso. Se habla entonces de un efecto inter partes, o circunscrito a quienes tienen inter\u00e9s en el caso. Y la norma inaplicada no se afecta en su vigencia general, aunque, por motivo de inaplicaci\u00f3n, no haya producido efectos en el asunto particular del que se trata. <\/p>\n
La excepci\u00f3n de inconstitucionalidad no ocasiona consecuencias en abstracto, ni puede significar la p\u00e9rdida de vigencia o efectividad de la disposici\u00f3n sobre la cual recae, ni tampoco se constituye, dentro de nuestro sistema jur\u00eddico, en precedente forzoso para decidir otros casos que, bajo distintas circunstancias, tambi\u00e9n est\u00e1n gobernados por aqu\u00e9lla (C-600 del 21 de octubre de 1998; se subraya). <\/p>\n
Con posterioridad, esclareci\u00f3: <\/p>\n
(\u2026), resulta indispensable fijar el alcance de la aplicaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, y determinar si dicha aplicaci\u00f3n persigue la protecci\u00f3n de la supremac\u00eda constitucional en abstracto o tiene como fin conjurar la incidencia negativa y perjudicial de normas de inferior jerarqu\u00eda a las constitucionales, en los derechos constitucionales de una persona en un caso concreto. <\/p>\n
En este punto, los reiterados pronunciamientos de la Corte al respecto permiten concluir que la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad como facultad y deber de los operadores jur\u00eddicos, se refiere al fen\u00f3meno de la aplicaci\u00f3n de las normas de inferior jerarqu\u00eda en casos concretos, cuando \u00e9stas resultan incompatibles, a prop\u00f3sito de dichos casos, con las normas constitucionales. En este orden, la supremac\u00eda constitucional que se deriva del art\u00edculo 4\u00ba de la Carta, hace referencia a las normas constitucionales en juego en un caso concreto de una o varias personas, en el cual la aplicaci\u00f3n de normas legales o de inferior jerarqu\u00eda implicar\u00eda ir en contra de aqu\u00e9llas constitucionales que tambi\u00e9n amparan a dicha persona o grupo de personas. En consecuencia, los principios constitucionales en juego en este contexto son en la mayor\u00eda de las ocasiones los relativos a los derechos constitucionales de las personas (derechos fundamentales) (T-389 del 28 de mayo de 2009; se subraya). <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, es notorio el error jur\u00eddico en el que incurri\u00f3 el Tribunal cuando, por v\u00eda de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, inaplic\u00f3 el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994. <\/p>\n
3.5.1. Para deducir la inconstitucionalidad del precitado precepto, dicho sentenciador, en s\u00edntesis, adujo, por una parte, que no desarroll\u00f3 ninguna de las normas del Decreto Ley 1295 del mismo a\u00f1o, que con aqu\u00e9l se reglament\u00f3; y, de otro, que desbord\u00f3 las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno Nacional en el numeral 11 del art\u00edculo 139 de la Ley 100 de 1993, en tanto que ellas se circunscribieron a la organizaci\u00f3n de la administraci\u00f3n del Sistema General de Riesgos Profesionales. <\/p>\n
3.5.2. Es patente, entonces, que el parang\u00f3n realizado por el ad quem, lo fue: <\/p>\n
– Para el primero de tales raciocinios, entre el Decreto Ley 1295 de 1994 y la norma inaplicada, del que coligi\u00f3 que con \u00e9sta no se reglament\u00f3 ninguna de las contempladas en aqu\u00e9l, puesto que la figura de la subrogaci\u00f3n a que se refiere la \u00faltima, no fue prevista en ese ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
– Y para el segundo, entre el numeral 11 del art\u00edculo 139 de la Ley 100 de 1993 y el precepto que calific\u00f3 de contrario a la Constituci\u00f3n, cotejo que lo condujo a sostener que \u00e9ste excedi\u00f3 las facultades extraordinarias all\u00e1 contempladas. <\/p>\n
3.5.3. Propio es, por lo tanto, aseverar que el an\u00e1lisis de constitucionalidad efectuado por el sentenciador de segunda instancia, no estuvo referido al espec\u00edfico caso juzgado por \u00e9l, ni se ocup\u00f3 de determinar cu\u00e1l norma superior era la aplicable al mismo y, menos a\u00fan, estableci\u00f3 su eventual quebranto, de hacerse actuar el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994. <\/p>\n
Dicho labor\u00edo, como viene de verse, se encamin\u00f3, esencialmente, a constatar, en abstracto, si este \u00faltimo mandato desarroll\u00f3 alguna de las premisas del Decreto Ley 1265 de 1994 y, adicionalmente, si el Gobierno Nacional, al expedir los dos decretos mencionados, se sujet\u00f3 a las facultades que el legislador le hab\u00eda conferido en el numeral 11 del art\u00edculo 139 de la Ley 100 de 1993, del siguiente tenor: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
11. Dictar las normas necesarias para organizar la administraci\u00f3n del Sistema General de Riesgos Profesionales como un conjunto de entidades p\u00fablicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasi\u00f3n o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotizaci\u00f3n continuar\u00e1 a cargo de los empleadores. <\/p>\n
Al considerar que la previsi\u00f3n contenida en la norma objeto de su estudio, es extra\u00f1a a ese cometido, el Tribunal coligi\u00f3, en definitiva: <\/p>\n
Como el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994 no constituye materialmente reglamento de una ley (u de otra norma v\u00e1lida con fuerza de ley), sino irregular legislaci\u00f3n, desprovista de autorizaci\u00f3n de la autoridad competente, corresponde reconocer su inconstitucionalidad derivada del desconocimiento de las m\u00e1s b\u00e1sicas disposiciones sobre la funci\u00f3n gen\u00e9rica de \u2018hacer las leyes\u2019, la cual recae en el Congreso de la Rep\u00fablica de conformidad con la voluntad [c]onstitucional contenida en los art\u00edculos 1\u00ba, 114, 121 y 150 de la Carta Pol\u00edtica, por citar s\u00f3lo algunos. <\/p>\n
Inconstitucionalidad que debe ser advertida y sancionada para evitar que con la usurpaci\u00f3n de las funciones propias del Congreso, se afecte el principio de separaci\u00f3n de poderes que brinda sentido a la estructura del Estado Colombiano (se subraya). <\/p>\n
3.5.5. No hay duda, entonces, que el ad quem actu\u00f3 por fuera del marco correspondiente al control concreto previsto en el art\u00edculo 4\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y que, aparejadamente, invadi\u00f3 la \u00f3rbita del control abstracto, en tanto que, dejando de lado por completo el caso sometido a su composici\u00f3n, se ocup\u00f3 de evaluar la competencia del poder ejecutivo al proferir los decretos en menci\u00f3n y propugn\u00f3 por la defensa de los preceptos de rango superior que atribuyen al Congreso de la Rep\u00fablica la funci\u00f3n de \u201chacer las leyes\u201d, en particular, los art\u00edculos 1\u00ba, 114, 121 y 150 de la Carta, pese a que ellos no tienen ninguna aplicaci\u00f3n directa y pr\u00e1ctica en el conflicto que suscit\u00f3 el presente asunto litigioso. <\/p>\n
3.5.6. Desde la perspectiva examinada, se concluye que el Tribunal, como lo denunci\u00f3 el censor, viol\u00f3 directamente el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, por falta de aplicaci\u00f3n, yerro que como a continuaci\u00f3n se establecer\u00e1, es insuficiente para ocasionar el quiebre del fallo opugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La otra queja del recurrente, se recuerda, vers\u00f3 sobre la indebida interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, desatino que, en su sentir, condujo al juzgador de segunda instancia a excluir, equivocadamente, la aplicaci\u00f3n de la subrogaci\u00f3n all\u00ed prevista respecto de la pensi\u00f3n de sobrevivientes pagada por la actora a los causahabientes del se\u00f1or Molina Fuentes (q.e.p.d.), cuestionamiento que admite el siguiente an\u00e1lisis: <\/p>\n
4.1. Es ostensible que el ad quem, para arribar a la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3, que pasa a reproducirse, hizo suyos los argumentos expuestos por la Corte en la sentencia SC 17494 del 14 de enero de 2015 y que, con tal base, refrend\u00f3 que \u201cla cancelaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes no autoriza a la actora a promover recuperaci\u00f3n alguna de las sumas canceladas, pues, se reitera, es una obligaci\u00f3n propia de su funci\u00f3n, sin el car\u00e1cter indemnizatorio proveniente del hecho da\u00f1ino y por tanto ajeno al tercero causante del perjuicio\u201d. <\/p>\n
4.2. Siendo ello as\u00ed, indispensable es, entonces, identificar los fundamentos basilares de ese fallo: <\/p>\n
4.2.1. Respecto de la subrogaci\u00f3n, en general, se expuso: <\/p>\n
Por manera que, en l\u00ednea de principio, una vez efectuado el pago[,] la subrogaci\u00f3n se produce y, con ello, connatural a dicha instituci\u00f3n, sobreviene la sustituci\u00f3n del inicial acreedor; bajo esa perspectiva, quien satisface la contraprestaci\u00f3n respectiva asume la posici\u00f3n de quien fuera en un comienzo su titular. <\/p>\n
(\u2026) Empero, a pesar de tal nitidez, el relevo se\u00f1alado est\u00e1 condicionado, adem\u00e1s, a la concurrencia de un m\u00ednimo de requisitos, entre los cuales cumple se\u00f1alar: <\/p>\n
(\u2026) Salvo el caso del art\u00edculo 1579 del C.C., la obligaci\u00f3n que se satisface debe ser ajena, es decir, quien paga ostentar\u00e1, de manera di\u00e1fana, la calidad de tercero; no resulta posible, entonces, que quien satisfaga el derecho de cr\u00e9dito sostenga v\u00ednculo alguno con la prestaci\u00f3n debida; menos que aparezca como deudor, mandante o representante de \u00e9ste. En otros t\u00e9rminos, la soluci\u00f3n brindada por esa persona ajena al cr\u00e9dito no ser\u00e1 en respuesta a compromisos legales o convencionales, pues, en tal hip\u00f3tesis, no estar\u00eda extinguiendo deuda ajena o por cuenta suya. <\/p>\n
(\u2026) Tambi\u00e9n, como requisito para que opere la subrogaci\u00f3n, se ha establecido que aquella persona por cuyo actuar se satisface el derecho de cr\u00e9dito insoluto, al proceder en tal sentido, afecte su propio patrimonio; por tanto, el pago realizado no develar\u00e1 una recepci\u00f3n previa de dineros cuyo destino tienda a esa finalidad, en cuanto que, de acaecer tal evento, comportar\u00eda una representaci\u00f3n, mandato, agencia oficiosa, etc., en fin, desnaturalizar\u00eda el cumplimiento de la obligaci\u00f3n a instancia de un tercero (se subraya). <\/p>\n
4.2.2. Tras dejar en claro que, en ese proceso, como en \u00e9ste, la prestaci\u00f3n que la administradora de riesgos profesionales demandante pretendi\u00f3 repetir en contra del tercero presuntamente responsable, fue la \u201cpensi\u00f3n de sobrevivientes\u201d, la Corte, soportada en las normas de la Ley 100 de 1993 y del Decreto Ley 1295 de 1994, se dio a la tarea de analizar, grosso modo, el Sistema de Riesgos Profesionales y la naturaleza de esa espec\u00edfica prestaci\u00f3n, estudio que le permiti\u00f3 afirmar: <\/p>\n
En definitiva, la administradora de riesgos profesionales, por disposici\u00f3n legal, recibe del empleador algunas sumas de dinero para que satisfaga, en el momento oportuno y, cumplidas las exigencias legales, las contingencias provenientes de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, prestaciones entre las cuales aparece, como se advirti\u00f3, la pensi\u00f3n de sobrevivientes (se subraya). <\/p>\n
4.2.3. En consonancia con lo anterior, luego de relacionar los distintos pronunciamientos emitidos respecto del car\u00e1cter de esa prestaci\u00f3n, la viabilidad de su acumulaci\u00f3n \u201ca las acciones indemnizatorias cuando su generaci\u00f3n proviene de un da\u00f1o atribuible a un tercero\u201d y su naturaleza resarcitoria, al principio contradictorios, en tanto que la postura inicial de la Sala fue la de negar la pertinencia de su cobro al lado de la plena indemnizaci\u00f3n de perjuicios por parte del directamente responsable (sentencia del 3 de septiembre de 1991) y luego la de acceder a ello, por tratarse de obligaciones derivadas de causas diferentes (sentencia del 24 de junio de 1996), tesis esta \u00faltima reiterada posteriormente en fallos del 22 de octubre de 1998, 12 de mayo de 2000 y 9 de julio de 2012, se concluy\u00f3 sobre la mencionada pensi\u00f3n: <\/p>\n
(\u2026) Ciertamente, esta \u00faltima prestaci\u00f3n no puede entenderse imputada al cubrimiento de un da\u00f1o emergente o lucro cesante, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 2341, 1613 y 1614 del C.C. y bajo esa consideraci\u00f3n no procede describirla dentro del concepto de indemnizaci\u00f3n. Adem\u00e1s, el desembolso que, eventualmente, pueda tener lugar, por imperativo legal, estar\u00eda a cargo de la administradora de riesgos profesionales o del empleador y se muestra como una prestaci\u00f3n proveniente de un sistema (el de riesgos profesionales), dentro del cual las cargas pecuniarias por las contingencias profesionales, entre otras, la pensi\u00f3n de sobrevivientes, est\u00e1n a cargo, exclusivamente, en cabeza de una u otro, seg\u00fan el caso. Es claro que aquella prestaci\u00f3n (la pensi\u00f3n de sobrevivientes) constituye un ingreso, luego no puede considerarse un perjuicio. <\/p>\n
(\u2026) Por \u00faltimo, alrededor del tema, debe enfatizarse que la satisfacci\u00f3n de esa prestaci\u00f3n por parte de la actora no tuvo como causa la liberaci\u00f3n del tercero de un compromiso suyo (obligado a indemnizar), pues, por un lado, no cancel\u00f3 deuda ajena con recursos propios, sino una deuda para la cual, previamente, el comprometido a ello (empleador), por mandato legal, le hab\u00eda hecho entrega de ciertas sumas de dinero (cotizaciones), cuya destinaci\u00f3n no pod\u00eda ser otra que sufragar la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica que el r\u00e9gimen estableci\u00f3, una vez ocurriera el suceso que desat\u00f3 la obligaci\u00f3n de la administradora y, como en el caso sub judice, acaecida la muerte de los empleados, surge el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. Sobre el particular, obs\u00e9rvese que el art\u00edculo 80 del Decreto 1295 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, en cuanto a las funciones de las ARP, expresamente establece: <\/p>\n
\u2018Las entidades Administradoras de Riesgos Profesionales tendr\u00e1n a su cargo, entre otras, las siguientes funciones: <\/p>\n
e) Garantizar a sus afiliados el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones econ\u00f3micas, determinadas en este Decreto\u2019. <\/p>\n
Y, como se recordar\u00e1, una de esas prestaciones econ\u00f3micas es la pensi\u00f3n de sobrevivientes (art. 7 ib). Luego, sin duda, la llamada a asumir esa carga era la demandante y, en su defecto, al no cubrir las cotizaciones, el compromiso ser\u00eda asumido por el empleador (se subraya). <\/p>\n
4.2.4. En definitiva, como resultado del amplio an\u00e1lisis que efectu\u00f3 y que se dej\u00f3 en precedencia compendiado, la Corte infiri\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) En ese contexto, la expresi\u00f3n inserta en el art\u00edculo memorado (12 del Decreto 1771 de 1994), alusiva a que la \u2018administradora de riesgos profesionales podr\u00e1 repetir, con sujeci\u00f3n a las normas pertinentes\u2019, no describe(\u2026) otro condicionamiento distinto a que, en primer lugar, la subrogaci\u00f3n debe ser posible atendiendo la naturaleza de la contingencia o prestaci\u00f3n que liberar\u00eda el recobro; luego, superada esa exigencia, el procedimiento pertinente con miras a la repetici\u00f3n debe responder a la normatividad respectiva que involucra, vr. gr., la acreditaci\u00f3n de las constancias de pago, que el mismo se haya realizado a su destinatario natural o el diputado para receptarlo, etc. <\/p>\n
En fin, en ese contexto, considera la Corte que la cancelaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes no autoriza a la actora a promover recuperaci\u00f3n alguna de las sumas canceladas, pues, se reitera, es una obligaci\u00f3n propia de su funci\u00f3n, sin el car\u00e1cter indemnizatorio proveniente del hecho da\u00f1ino y por lo tanto ajeno al tercero causante del perjuicio (se subraya). <\/p>\n
4.3. La queja del censor, seg\u00fan ya se registr\u00f3, estuvo cifrada en la incorrecta interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, toda vez que, en su opini\u00f3n, la subrogaci\u00f3n all\u00ed prevista lo fue en relaci\u00f3n con la totalidad de las prestaciones que las aseguradoras de riesgos profesionales paguen a la v\u00edctima y\/o a sus causahabientes, sin distingos de ninguna clase, menos por su car\u00e1cter indemnizatorio, raz\u00f3n por la cual no hab\u00eda, ni hay, lugar a excluir la pensi\u00f3n de sobrevivientes, como erradamente lo consider\u00f3 el ad quem. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la expresi\u00f3n \u201ccon sujeci\u00f3n a las normas pertinentes\u201d, contenida en el primer inciso del precepto, significa que la subrogaci\u00f3n all\u00ed contemplada, est\u00e1 sometida a las reglas base que en relaci\u00f3n con este fen\u00f3meno prev\u00e9 la ley y que, por lo tanto, para que tenga operancia, es necesario demostrar \u201cel pago realizado a la v\u00edctima o sus causahabientes\u201d por parte de la aseguradora de riesgos profesionales y que \u201cel tercero es responsable de acuerdo con las normas generales de la responsabilidad que le resulten aplicables\u201d. <\/p>\n
Complement\u00f3 que la previsi\u00f3n normativa conforme a la cual, la subrogaci\u00f3n acaece \u201ccon sujeci\u00f3n en todo caso al l\u00edmite de responsabilidad del tercero\u201d, es una \u201cremisi\u00f3n a las normas generales de responsabilidad\u201d, de modo que la aseguradora de riesgos profesionales no puede, \u201cpor v\u00eda de subrogaci\u00f3n[,] exigirle al tercero responsable el pago de una suma mayor de aquella a la que est\u00e1 obligado a pagar\u201d. <\/p>\n
Precis\u00f3, respecto del inciso segundo, que all\u00ed tambi\u00e9n se hizo referencia a \u201ctodas las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales\u201d; y que el descuento establecido, obedece a que, por efecto de la subrogaci\u00f3n autorizada, los valores pagados por las mencionadas aseguradoras \u201cya no estar\u00e1n m\u00e1s en cabeza de la v\u00edctima o sus causahabientes\u201d sino de aqu\u00e9llas, por lo que \u00e9stos no pueden exigir su pago al directo responsable. <\/p>\n
Al final, solicit\u00f3 reexaminar la \u201cposici\u00f3n asumida\u201d por la Corte en la sentencia del 14 de enero de 2015, que el Tribunal invoc\u00f3 como fundamento de sus apreciaciones, puesto que \u201cella implica, como se vio, una restricci\u00f3n no prevista en la norma y el desconocimiento del car\u00e1cter indemnizatorio de las prestaciones asumidas por la administradora de riesgos profesiones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4.4. Cotejados esos argumentos, esto es, de un lado, los que adujo la Corte en el comentado fallo, que como se dijo, el Tribunal hizo suyos, y, de otro, aquellos en los que el impugnante soport\u00f3 la censura auscultada, se colige que los primeros no fueron combatidos y que, por lo mismo, no hay lugar al quiebre de la sentencia cuestionada. <\/p>\n
4.4.1. No fue blanco de ataque por parte del recurrente, la consideraci\u00f3n atinente a que es requisito de toda subrogaci\u00f3n, que el pago realizado por el tercero sea de deuda ajena y no propia, al punto que \u00e9l no puede tener \u201cv\u00ednculo alguno con la prestaci\u00f3n debida\u201d y, mucho menos, ser el \u201cdeudor, mandante o representante de \u00e9ste\u201d, o que el cr\u00e9dito haya sido resultado de \u201ccompromisos legales o convencionales\u201d suyos. <\/p>\n
Por el contrario, esas precisiones de la Corte fueron en cierta forma avaladas por el propio casacionista, quien, como ya se registr\u00f3, al darle alcance a la expresi\u00f3n \u201ccon sujeci\u00f3n a las normas pertinentes\u201d del inciso primero del art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, predic\u00f3 que la subrogaci\u00f3n establecida en ese precepto, est\u00e1 sujeta a las normas generales disciplinantes de esta figura y que, por lo tanto, para que la aseguradora de riesgos profesionales pueda repetir contra el directo responsable, debe acreditar \u201cel pago realizado a la v\u00edctima o a sus causahabientes\u201d, a tal punto que \u201c[n]o podr\u00eda haber subrogaci\u00f3n sin pago\u201d. <\/p>\n
De suyo, debe reiterarse y resaltarse que dicho pago debe provenir de \u201cun tercero\u201d, seg\u00fan el expreso mandato del art\u00edculo 1666 del C\u00f3digo Civil, condici\u00f3n que supone, como lo reliev\u00f3 la Sala en el comentado pronunciamiento, total ajenidad de quien lo efect\u00faa con el cr\u00e9dito, porque \u201c[s]i lo realiza el mismo deudor, u otra persona a su nombre, o por su encargo, no cabe subrogaci\u00f3n sino extinci\u00f3n\u201d de la obligaci\u00f3n (CSJ, SC del 26 de noviembre de 1935, G.J., t. XLIII, p\u00e1g. 393). <\/p>\n
4.4.2. Tampoco le mereci\u00f3 al impugnante cr\u00edtica alguna la otra condici\u00f3n que identific\u00f3 la Sala como indispensable para que tenga ocurrencia la subrogaci\u00f3n, es decir, que el pago del tercero \u201cafecte su propio patrimonio\u201d y que, por lo tanto, para su verificaci\u00f3n, no haya recibido previamente recursos con el fin de que atienda la deuda, porque de ser as\u00ed se estar\u00eda en presencia de \u201cuna representaci\u00f3n, mandato, agencia oficiosa, etc.\u201d que \u201cdesnaturalizar\u00eda el cumplimiento de la obligaci\u00f3n a instancia de un tercero\u201d. <\/p>\n
4.4.3. Del mismo modo, el recurrente pas\u00f3 completamente silente frente a la inferencia que la Corporaci\u00f3n obtuvo del examen que hizo de las normas reguladoras del Sistema de Riesgos Profesionales, consistente en que las administradoras del mismo \u201crecibe[n] del empleador algunas sumas de dinero para que satisfaga[n], en el momento oportuno y, cumplidas las exigencias legales, las contingencias provenientes de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, prestaciones entre las cuales aparece, como se advirti\u00f3, la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u201d. <\/p>\n
4.4.4. M\u00e1s notoria y trascedente fue la omisi\u00f3n del casacionista, respecto del an\u00e1lisis que en la comentada sentencia se plasm\u00f3, sobre la viabilidad de acumular la prestaci\u00f3n atr\u00e1s indicada -pensi\u00f3n de sobrevivientes- a la indemnizaci\u00f3n plena de perjuicios obtenida del directo responsable, que llev\u00f3 a la Sala a refrendar la postura positiva que adopt\u00f3 desde el fallo del 24 de junio de 1996, sobre la base de que se trata de obligaciones con causa y car\u00e1cter diferentes, entendimiento que a la vez le permiti\u00f3 descartar que la primera ostente naturaleza indemnizatoria. <\/p>\n
4.5. Significa lo expuesto, que ni uno s\u00f3lo de los fundamentos en los que la Corte soport\u00f3 su conclusi\u00f3n de que \u201cla cancelaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes no autoriza\u201d a la administradora de riesgos laborales que la paga, a repetir contra el directo responsable del fallecimiento del respectivo afiliado, porque \u201ces una obligaci\u00f3n propia de su funci\u00f3n, sin el car\u00e1cter indemnizatorio proveniente del hecho da\u00f1ino y por lo tanto ajeno al tercero causante del perjuicio\u201d, que el Tribunal adopt\u00f3 y aplic\u00f3 al presente caso, fue siquiera combatido. <\/p>\n
En esas condiciones, el ataque luce completamente desenfocado, y por lo mismo, carente de virtud para erosionar la sentencia de segunda instancia, anomal\u00eda en relaci\u00f3n con la cual cabe memorar: <\/p>\n
(\u2026) Todos los cargos que se propongan en casaci\u00f3n, con respaldo en la primera de las causales que sirven a dicho recurso extraordinario, deben ser una cr\u00edtica sim\u00e9trica al fallo que controvierten, de modo que, con su formulaci\u00f3n, es necesario que resulten desvirtuados en su totalidad los genuinos fundamentos en los que ellos se respaldan. <\/p>\n
(\u2026) Esa correspondencia entre los argumentos que sustenten, de un lado, la sentencia cuestionada y, de otro, las espec\u00edficas falencias que por la indicada v\u00eda se denuncien en desarrollo de la impugnaci\u00f3n extraordinaria de que se trata, para los efectos de esta \u00faltima, se desdobla en dos requisitos puntuales: en primer lugar, la completitud del cargo, que traduce la necesidad de que no se deje por fuera del ataque ninguno de los pilares esgrimidos por el juzgador de instancia; y, en segundo t\u00e9rmino, el adecuado enfoque de las censuras, esto es, que ellas versen sobre los verdaderos motivos que soporten el prove\u00eddo generador de la inconformidad, y no sobre unos que no tengan tal car\u00e1cter, surgidos de su inadecuada comprensi\u00f3n por parte del recurrente o de la inventiva de \u00e9ste. <\/p>\n
(\u2026) Con insistencia, la Sala, de tiempo atr\u00e1s, ha se\u00f1alado \u2018que en raz\u00f3n a la naturaleza misma del recurso de casaci\u00f3n y su reglamentaci\u00f3n legal[,] cuando se apoya en la primera de las causales que consagra el Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el escrito destinado a fundamentarlo (\u2026), debe contener una cr\u00edtica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, se\u00f1alando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnaci\u00f3n resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente\u2019 (CSJ, SC del 26 de marzo de 1999, Rad. n.\u00b0 5149; se subraya). <\/p>\n
Y en tiempo m\u00e1s pr\u00f3ximo expuso que, \u2018habida cuenta del car\u00e1cter eminentemente dispositivo y restringido de la casaci\u00f3n, anteriormente advertido, cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, con lo que se quiere significar que ellas deben combatir las genuinas razones, jur\u00eddicas o f\u00e1cticas, que soportan el fallo impugnado, y no unas extra\u00f1as a \u00e9l, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginaci\u00f3n, o inventiva; y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el labor\u00edo del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podr\u00eda quebrarse en virtud del recurso extraordinario. (\u2026). En pocas palabras: el cargo fundado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil debe estar debidamente enfocado y ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los aut\u00e9nticos argumentos que respaldan la decisi\u00f3n combatida\u2019 (CSJ, auto de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2001-00038-01; se subraya)\u201d (CSJ, SC 18563 del 16 de diciembre de 2016, Rad. n.\u00b0 2009-00438-01;negrillas fuera del texto). <\/p>\n
4.6. Es que las razones sobre las que el recurrente edific\u00f3 la censura ahora examinada, que en esencia consistieron en que el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994 previ\u00f3 la subrogaci\u00f3n all\u00ed consagrada en relaci\u00f3n con la totalidad de las prestaciones que las administradoras de riesgos laborales paguen a la v\u00edctima y\/o a sus causahabientes, toda vez que la norma no hizo diferenciaciones y, menos, por raz\u00f3n del car\u00e1cter indemnizatorio de las obligaciones atendidas, independientemente de su acierto, son extra\u00f1as a los fundamentos del fallo cuestionado y, por ende, carecen de poder para resquebrajarlos. <\/p>\n
4.7. De suyo, las inferencias que la Corte plasm\u00f3 en la sentencia que se viene comentando y, por contera, aquellas sobre las que el Tribunal edific\u00f3 el segundo argumento de su fallo, que son las mismas, por no haber sido controvertidas, se mantienen inc\u00f3lumes, es decir, en apretada s\u00edntesis, que la subrogaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994 \u201cdebe ser posible atendiendo la naturaleza de la contingencia o prestaci\u00f3n que liberar\u00eda el recobro\u201d; que la pensi\u00f3n de sobrevivientes reconocida y pagada por la actora a los causahabientes del se\u00f1or Morales Fuentes (q.e.p.d.), es \u201cuna obligaci\u00f3n propia de su funci\u00f3n\u201d; y que, por lo tanto, no tiene \u201ccar\u00e1cter indemnizatorio\u201d, ni \u201cproviene de hecho da\u00f1ino\u201d y es \u201cajen[a] al tercero causante del perjuicio\u201d. <\/p>\n
4.8. Siendo ello as\u00ed, esta acusaci\u00f3n naufraga, sin que haya lugar a que la Corte revise lo expuesto en la sentencia SC 17494 del 14 de enero de 2015, labor\u00edo que como es obvio entenderlo, no puede realizar motu proprio, sino s\u00f3lo como resultado de un ataque frontal y concreto a las bases sobre las que ese prove\u00eddo se estructur\u00f3, que es, precisamente, lo que no se hizo en el reproche examinado. <\/p>\n
5. Se concluye, en definitiva, que si bien es verdad el Tribunal err\u00f3 al negarle eficacia, en el caso sub lite, al art\u00edculo 12 del Decreto 1771 de 1994, por la v\u00eda de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad, es lo cierto que, en \u00faltimas, lo hizo actuar y que, en lo que concierne con su aplicaci\u00f3n, no incurri\u00f3 en la indebida interpretaci\u00f3n denunciada en la segunda parte del cargo auscultado, raz\u00f3n por la cual no hay c\u00f3mo reconocer prosperidad al mismo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 9 de abril de 2015 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado al comienzo de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n, a cargo de la recurrente. Como la parte opositora replic\u00f3 en tiempo la demanda con la que se sustent\u00f3 dicha impugnaci\u00f3n extraordinaria, se fija la suma de $6.000.000.oo como agencias en derecho. La Secretar\u00eda de la Sala, practique la correspondiente liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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SC295-2021 (2003-00233-01)_1 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC295-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-003-2003-00233-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de octubre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53413","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53413","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53413"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53413\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53413"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53413"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53413"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}