SC299-2021 (2009-00625-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC299-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-036-2009-00625-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de octubre de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Rienza S.A. contra la sentencia de 11 de diciembre de 2017, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso declarativo de responsabilidad contractual promovido por la recurrente contra la Promotora Centro Hist\u00f3rico Cartagena de Indias S.A. y Fidubogot\u00e1 S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
Con apoyo en esas circunstancias, sumadas al ocultamiento de \u00abla existencia del proceso de acci\u00f3n popular que cursa en el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena\u00bb, pidi\u00f3 que se condenara solidariamente a las convocadas a pagar \u00ablos da\u00f1os y perjuicios derivados de los defectos de construcci\u00f3n\u00bb de las propiedades mencionadas, as\u00ed como \u00ablos perjuicios que llegare a sufrir la demandante como consecuencia de la decisi\u00f3n que se llegare a proferir en el proceso de acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. Las demandadas celebraron un contrato de fiducia mercantil, que denominaron \u00abencargo fiduciario de administraci\u00f3n e inversi\u00f3n, que (…) consisti\u00f3 en adelantar y desarrollar la promoci\u00f3n y construcci\u00f3n de un proyecto llamado Casa del Boquetillo\u00bb, localizado en la Calle 40 n.\u00ba 6-89 de la ciudad de Cartagena de Indias. <\/p>\n
2.2. Mario Scarpetta Gnecco \u2013socio, gerente y miembro principal de la junta directiva de Rienza S.A.\u2013 se interes\u00f3 en uno de los apartamentos que conformaban el proyecto inmobiliario, por lo que \u00absuscribi\u00f3, en condici\u00f3n de \u201cencargante\u201d, el documento carta de instrucciones No. 3-4-201-CM del 30 de junio de 2005, por medio de la cual se oblig\u00f3 a realizar pagos a favor del patrimonio aut\u00f3nomo, \u201ca fin de que sean administrados por la fiduciaria en el fondo com\u00fan ordinario\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.3. El se\u00f1or Scarpetta Gnecco cedi\u00f3 su posici\u00f3n contractual en favor de Rienza S.A., sociedad que \u00abcumpli\u00f3 con la totalidad de las obligaciones a su cargo, cancelando los aportes econ\u00f3micos en la suma de $1.144.334.400 por el apartamento 201 C, los garajes 32 y 33 y el dep\u00f3sito 17, en tanto que por el dep\u00f3sito 8 pag\u00f3 la suma de $15.000.000\u00bb. <\/p>\n
2.4. La entrega del inmueble se llev\u00f3 a cabo el 13 de mayo de 2008, de la cual se dej\u00f3 constancia en acta de la misma fecha, en la que la adquirente consign\u00f3 su inconformidad \u00abcon varios defectos del bien (…), as\u00ed: se recibe el piso sin estar conformes con la instalaci\u00f3n, se reciben las barandas, pero se solicita una mejor calidad en la pintura para que no presente oxidaci\u00f3n, el propietario se libra de cualquier responsabilidad en caso de que no sea corregido el tema de la ca\u00eda de agua (…) sobre el apartamento\u00bb. <\/p>\n
2.5. Adicionalmente, el se\u00f1or Scarpetta Gnecco arrim\u00f3 un documento de \u00abapreciaciones\u00bb, donde se\u00f1al\u00f3 varios desperfectos de la edificaci\u00f3n, \u00abque deb[\u00edan] corregirse para recibir el apartamento a satisfacci\u00f3n\u00bb, y que pueden resumirse en problemas con las ventaner\u00edas, herrajes, impermeabilizaci\u00f3n de los espejos de agua internos y drenaje de la terraza. <\/p>\n
2.6. En los d\u00edas subsiguientes, \u00ablos representantes de Rienza S.A. pudieron evidenciar otra gran cantidad de imperfecciones en la construcci\u00f3n\u00bb, relacionadas ahora con el \u00e1rea de jacuzzi, las instalaciones sanitarias, el sellamiento de pisos y \u00abuna serie de [defectos] derivados todos ellos de la mala calidad de materiales y\/o mano de obra, todo lo cual se evidencia en el informe de interventoria (…) elaborado por el arquitecto Luis Carlos L\u00f3pez\u00bb. <\/p>\n
2.7. Dadas esas circunstancias, \u00abla sociedad Rienza S.A. ha enfrentado graves problemas, que le han significado costos imoportantes de algunas reparaciones (…) que ascienden a una suma aproximada no inferior de $500.000.000\u00bb. <\/p>\n
2.8. Cuando las demandadas celebraron el contrato de compraventa con Rienza S.A., \u00abten\u00edan conocimiento de una demanda de acci\u00f3n popular formulada en su contra y del Distrito de Cartagena, la cual cursa en el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena, sin que enteraran de la misma a la sociedad demandante, como debieron haberlo hecho\u00bb. Como consecuencia de ello, la actora \u00abha tenido que intervenir en tal litigio para ejercer la defensa judicial del inmueble que le fuera traditado, lo cual ha incrementado el monto de los da\u00f1os y perjuicios sufridos al menos en otros $150.000.000\u00bb. <\/p>\n
2.9. Fidubogot\u00e1 S.A. \u00abno pod\u00eda delegar, por ministerio del art\u00edciulo 1234 del C\u00f3digo de Comercio, ni la construcci\u00f3n del proyecto, ni trasladar la responsabilidad derivada de la misma a nadie, menos al fideicomitente\u00bb. Tampoco \u00abpod\u00eda ignorar ni delegar sus deberes como vendedora (…), menos los relacionados con un eventual saneamiento por evicci\u00f3n, como los que podr\u00edan suscitarse (sic) por cuenta del proceso de acci\u00f3n popular actualmente en curso (…), el cual amenaza en la actualidad el dominio y la posesi\u00f3n quieta y pac\u00edfica a que tiene derecho Rienza S.A.\u00bb. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. El auto admisorio de la demanda fue proferido el 10 de diciembre de 2009, y de dicha providencia se notific\u00f3 a las convocadas personalmente. Ambas se opusieron a la prosperidad del petitum, pero solamente la Promotora Centro Hist\u00f3rico de Cartagena S.A. formul\u00f3 excepciones, las que denomin\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y activa\u00bb; \u00abcaducidad de la acci\u00f3n\u00bb; \u00abausencia de los elementos determinantes de la responsabilidad\u00bb; \u00abculpa de la v\u00edctima y hecho de un tercero\u00bb; \u00abindebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u00bb y \u00abviolaci\u00f3n al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Fidubogot\u00e1 S.A., a su turno, no esgrimi\u00f3 defensas, pero afirm\u00f3 \u00abno acepta[r] culpabilidad alguna\u00bb, resaltando que \u00aba la fiduciaria (…) no le corresponde la construcci\u00f3n ni era responsable de esta. Tampoco lo es por presunta evicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2. La primera instancia culmin\u00f3 con sentencia de 23 de marzo de 2017, en la que se acogi\u00f3 \u00abla excepci\u00f3n oficiosa de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, respecto de la sociedad Fiduciaria Bogot\u00e1 S.A., en su condici\u00f3n de sociedad fiduciaria (sic) y como vocera del patrimonio aut\u00f3nomo denominado Casa del Boquetillo \u2013 Fidubogot\u00e1 S.A.\u00bb. <\/p>\n
En contraposici\u00f3n, se desestimaron las defensas de la codemandada, a quien se encontr\u00f3 \u00abcivil y contractualmente responsable de los perjuicios sufridos por Rienza S.A.\u00bb, imponi\u00e9ndosele la obligaci\u00f3n de indemnizar a la agraviada, en cuant\u00eda de $310.297.899, \u00abdebidamente indexados desde abril de 2013, hasta que se produzca el pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb. Estas determinaciones fueron apeladas por la actora y por la Promotora Centro Hist\u00f3rico Cartagena de Indias S.A. <\/p>\n
3.3. Antes de finalizar la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, Rienza S.A. transigi\u00f3 sus diferencias con Fidubogot\u00e1 S.A., desistiendo de impugnar la absoluci\u00f3n de esta. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
En fallo de 23 de noviembre de 2018, el tribunal revoc\u00f3 parcialmente lo resuelto por el juez a quo, y deneg\u00f3 la totalidad de las pretensiones, decisi\u00f3n cuyos fundamentos admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
(ii) Las aludidas imperfecciones tambi\u00e9n emergen \u00abdel material probatorio recaudado: interrogatorios de parte y testimonios [de] Diego Su\u00e1rez Escobar (…), Luis Carlos L\u00f3pez Lombana (…),asi como las documentales (…), se precisa que un gran n\u00famero de esos da\u00f1os e imperfecciones eran ordinarios, en el sentido que eran de f\u00e1cil soluci\u00f3nm con la intervenci\u00f3n de una mano de obra calificada, pero hab\u00edan otros de m\u00e1s fondo: ventaner\u00eda, balcones, filtraciones, espejos de agua. De lo por ellos expuesto se extrae con facilidad que en los pisos hab\u00edan losas huecas, los herrajes de la ventaner\u00eda eran de mala calidad y aquellas no cerraban herm\u00e9ticamente (…), la pintura utilizada no era la adecuada al punto de la calidad (sic) de la filtraci\u00f3n de la estructura del jacuzzi\u00bb. <\/p>\n
(iii) Estas probanzas, se insiste, permiten colegir \u00abque la sociedad demandada incumpli\u00f3 el contrato de compraventa ajustado entre las partes, dado que aparece demostrado que si bien entreg\u00f3 el bien objeto de la litis, desde el mismo momento que la persona jur\u00eddica adquirente del mismo elev\u00f3 reclamo, lo hizo manifestando su inconformidad por defectos perceptibles en la calidad de los acabados, lo que patentiza la culpa en raz\u00f3n a la ejecuci\u00f3n defectuosa de las obligaciones en cabeza del constructor\u00bb. <\/p>\n
(iv) En lo que concierne a los perjuicios causados, estos pretendieron acreditarse a trav\u00e9s de dos experticias, elaboradas la primera por el ingeniero civil William Navarro Zurique, y la segunda por el contador p\u00fablico Juan Carlos Luna, as\u00ed como de \u00abuna exhibici\u00f3n de documentos a los libros (sic) y papeles de comercio de la parte demandante (…) con el fin de determinar (…) si efectivamente la aqu\u00ed convocante asumi\u00f3 el costo total de las [reparaciones]\u00bb. <\/p>\n
(v) En la diligencia pertinente, Rienza S.A. \u00abpresent\u00f3 una carpeta de reembolsos [con] los gastos incurridos en las reparaciones del apartamento (…); sin embargo, no exhibi\u00f3 los libros de contabilidad, y en raz\u00f3n a ello, el juez a quo dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 285 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 267 del C\u00f3digo General del Proceso, ante la renuencia en presentar los libros de contabilidad en los cuales aparezcan plenamente acreditados los pagos de las sumas de dinero ya referenciadas\u00bb. <\/p>\n
(vi) Siendo la actora una sociedad comercial, \u00abla prueba id\u00f3nea para determinar el monto de los gastos sufragados con ocasi\u00f3n del incumplimiento contractual de la promotora demandada debieron (sic) ser los libros registrados y no los que se afirma son sus soportes (…), pues son los primeros los aptos para llevar a cabo al pleno convencimiento de la Corporaci\u00f3n que las reparaciones realizadas en el inmueble fueron asumidas por la gestora de esta litis, y no por un tercero\u00bb. <\/p>\n
(vii) Como varios de los recibos y cuentas de cobro arrimadas por Rienza S.A. aparecen a nombre de Mario Scarpetta Gnecco, o de otra sociedad familiar que integra y preside (Azurita S.A.), puede afirmarse que \u00aben el plenario no obra medio de convicci\u00f3n que permita aseverar categ\u00f3ricamente que las erogaciones relacionadas con esas adecuaciones fueron asumidas por la demandante, conclusi\u00f3n que se reafirma con el efecto legal derivado de la renuencia a exhibir la contabilidad, que en sentir de la Sala no desemboca en un indicio sino en una confesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(viii) No se opone a lo expuesto la tasaci\u00f3n del menoscabo patrimonial defendida por el perito Navarro Zurique, pues \u00abal tratarse de un ingeniero civil las conclusiones a que lleg\u00f3 en ese aspecto-cuant\u00eda (sic) no est\u00e1 dentro (sic) de sus especiales saberes, pues el auxiliar en su especialidad se limita es a determinar situaciones que demandan especiales nociones y conocimientos en la profesi\u00f3n de ingeniero, como son: c\u00e1lculo, mec\u00e1nica, hidr\u00e1ulica y qu\u00edmica (…), m\u00e1s no conocimientos de aplicaci\u00f3n en de fin todo (sic) lo que tiene que ver con la contabilidad de sociedades comerciales\u00bb. <\/p>\n
(ix) Frente el dictamen contable el panorama no cambia demasiado, pues el perito arrib\u00f3 a conclusiones \u00absin sustento, fundadas en documentos contables que no fueron allegados al proceso en lo pertinente (…), m\u00e1xime si en cuenta se tiene que no existe un solo medio de prueba que permita inferir de manera razonada que la contabilidad que facilit\u00f3 Rienza S.A. sea ver\u00eddica\u00bb, yerros que constituyen error grave, \u00abal restarle fundamentaci\u00f3n y credibilidad al trabajo encomendado\u00bb. <\/p>\n
(x) En conclusi\u00f3n, \u00abal no estar plenamente demostrado el perjuicio patrimonial, su quantum y la persona que los asumi\u00f3 (sic) de manera alguna pod\u00edan salir avante las pretensiones de la demanda, falla ese requisito sine quanon (sic) entre otros en que se estructura la responsabilidad contractual\u00bb. <\/p>\n
(xi) A ello se a\u00f1ade que \u00abtampoco le asist\u00eda raz\u00f3n a la activa para reclamar condena ante la supuesta falta de informaci\u00f3n con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular (…), habida cuenta que dentro del plenario tampoco se adujo prueba alguna que permita sustentar (…) cu\u00e1l fue la decisi\u00f3n que all\u00ed se tom\u00f3, y que esta efectivamente caus\u00f3 perjuicio al actor\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La convocante interpuso oportunamente el remedio extraordinario frente a la decisi\u00f3n del ad quem, y en su demanda de sustentaci\u00f3n plante\u00f3 dos cargos, al amparo de las causales segunda y quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los cuales ser\u00e1n resueltos en orden inverso al propuesto, por motivos estrictamente formales. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Para soportar su cr\u00edtica, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla competencia del superior en el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n estaba circunscrita exclusivamente a los aspectos que fueron motivo de reparo por los apelantes\u00bb, y que el tribunal, obviando esos claros linderos, termin\u00f3 censurando a la actora por no haber exhibido su contabilidad, \u00abaspecto que (…) no fue incluido en los reparos a la sentencia de primer grado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Acorde con el precedente inalterado de la Sala, la causal quinta de casaci\u00f3n <\/p>\n
\u00ab(…) supone las siguientes condiciones: a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo [133 del C\u00f3digo General del Proceso]; y por \u00faltimo, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u00bb (CSJ SC, 5 dic. 2008, rad. 1999-02197-01; reiterada en CSJ SC 20 ago. 2013, rad. 2003-00716-01 y CSJ SC10302-2017, 18 jul.) <\/p>\n
Los requerimientos se\u00f1alados no fueron atendidos por la sociedad querellante, pues no existe v\u00ednculo alguno entre la causal de invalidaci\u00f3n aludida en su demanda de sustentaci\u00f3n, consistente en \u00abactu[ar] en el proceso despu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia\u00bb (art\u00edculo 133-1, C\u00f3digo General del Proceso), y los hechos que expuso como cimiento de su acusaci\u00f3n. N\u00f3tese que Rienza S.A. no mencion\u00f3, ni mucho menos demostr\u00f3, que el tribunal hubiera declarado su incompetencia para seguir conociendo de la causa, presupuesto necesario para invalidar cualquier potencial actuaci\u00f3n ulterior. <\/p>\n
Entonces, como el sustrato f\u00e1ctico de la segunda acusaci\u00f3n no armoniza con el motivo de anulabilidad esgrimida por la demandante, la censura no prospera. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se denunci\u00f3 el quebrantamiento indirecto de los art\u00edculos 1494, 1546-2, 1602, 1603, 1613, 1617, 1618, 1619, 1620, 1622, 1626, 1627, 1649-2, 1893, 1895 y 2060-3 del C\u00f3digo Civil; 48, 53, 59, 68, 69, 822 y 871 del C\u00f3digo de Comercio, 133 del Decreto 2649 de 1993, 35 de la Ley 472 de 1998 y 28 de la Ley 962 de 2005; esto como consecuencia de errores de hecho y de derecho. <\/p>\n
Para apuntalar su cr\u00edtica, Rienza S.A. indic\u00f3: <\/p>\n
(i) Es evidente que \u00aben el presente asunto se incurri\u00f3 en el yerro de [derecho], en la hip\u00f3tesis referida por la jurisprudencia, o sea, \u201ccuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o un acto una prueba especial que la ley no requiere\u201d, debido a que para el tribunal la \u00fanica probanza atendible para demostrar los da\u00f1os o perjuicios reclamados era la contabilidad regularmente llevada por quien los pide\u00bb, raciocinio que \u00abva en contrav\u00eda del sistema de valoraci\u00f3n probatoria vigente, el que tras desplazar la tarifa legal, instituy\u00f3 de manera general la libre apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(ii) De no haber incurrido el ad quem \u00aben tama\u00f1o error de derecho, seguramente otro hubiera sido el sentido de la decisi\u00f3n; desde luego que el da\u00f1o y su monto pod\u00edan establecerse por cualquier medio probativo, como en efecto se hallan acreditados (…), sin que le fuera dable someter o atar esa determinaci\u00f3n forzosa y \u00fanicamente a la contabilidad de quien los reclama\u00bb. <\/p>\n
(iii) Tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 esa colegiatura \u00abal momento de entrar a valorar el \u201cacta de terminaci\u00f3n de com\u00fan acuerdo\u201d, puesto que con relaci\u00f3n a este documento consider\u00f3 que no era atendible su examen por haber sido atendida extempor\u00e1neamente, [pese a que] tal documento fue anexado como soporte por el perito al momento de efectuar la aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n de su trabajo (…). Negarles eficacia probatoria a los documentos arrimados por un perito designado por el propio juzgado (…) plantea una contradicci\u00f3n insuperable\u00bb. <\/p>\n
(iv) Los desatinos explicados, adem\u00e1s, \u00abcondujeron al tribunal a que incurriera en evidentes y trascendentes errores de hecho, al apreciar indebidamente y dejar de estimar otros elementos probatorios que, de manera inequ\u00edvoca acreditaban el da\u00f1o y su cuant\u00eda, as\u00ed como la correspondiente relaci\u00f3n de causalidad, o sea que, si se hubiera examinado y sopesado en la realidad que ellos ostentaban (sic) y no se hubiera pasado por alto otros que ven\u00edan a reafirmar tales aspectos del debate, sin asomo de duda hubiera encontrado los fundamentos suficientes para determinar y cuantificar los perjuicios ocasionados a la sociedad demandante por el incumplimiento de la relaci\u00f3n contractual\u00bb. <\/p>\n
(v) De la entidad de ese menoscabo patrimonial \u00abdan cuenta fehaciente varios testimonios, indebidamente apreciados por el tribunal, los cuales, de haber sido estudiados completamente en su contenido, sin esa errada traba o cortapisa asumida respecto de la contabilidad, le valdr\u00edan como sustento de los presupuestos que ech\u00f3 de menos\u00bb. Por ejemplo, \u00abAndr\u00e9s Amaya Solano, en [su] testimonio (…), indic\u00f3 claramente que \u201clas reparaciones que asumi\u00f3 Rienza empezaron con un diagn\u00f3stico general hecho por ingenieros especialistas en cada campo, el\u00e9ctrico, hidr\u00e1ulico, sanitario, de ventilaci\u00f3n mec\u00e1nica, ac\u00fastico y t\u00e9rmico, entre otros, este diagn\u00f3stico arroj\u00f3 casos preocupantes\u00bb, precisando luego que todas las mejoras necesarias que se realizaron para readecuar el inmueble fueron asumidas por el se\u00f1or Scarpetta Gnecco. <\/p>\n
(vi) En ese mismo sentido, el tambi\u00e9n arquitecto Luis Carlos L\u00f3pez Lombana, interventor de las obras, dijo haber visitado el apartamento cuando reci\u00e9n fue entregado por la promotora, encontrando una serie de defectos que dej\u00f3 sentados en un acta, de tal severidad que hicieron necesaria una intervenci\u00f3n importante en el inmueble. <\/p>\n
(vii) La administradora del \u201cEdificio Casa del Boquetillo\u201d, Johanna Gamarra Mac Master, \u00abnarr[\u00f3] detalladamente los defectos de la construcci\u00f3n y las reparaciones que hubo de realizarse en dicho bien y, en particular, en el apartamento 201C\u00bb, dados los incumplimientos de la firma constructora, resaltando \u00abla diferencia entre la realidad y lo que les prometieron a los compradores, en este caso Rienza S.A.\u00bb. <\/p>\n
(viii) De estos testimonios, \u00abde los que apenas se ocup\u00f3 parcialmente el tribunal, cercenando y alterando el contenido \u00edntegro de los mismos, emerge con claridad palmaria tanto la existencia de los perjuicios como la persona que se encarg\u00f3 de efectuar las reparaciones y asumir los costos, pues (…) los deponentes sin dubitaciones se\u00f1alaron que aquellas, como estos, fueron asumidos por la sociedad Rienza S.A., o por Mario Scarpetta Gnecco, quien es su representante\u00bb. <\/p>\n
(ix) De otra parte, \u00abquien solicit\u00f3 la prueba de exhibici\u00f3n fue la sociedad demandada Fidubogot\u00e1 S.A. (…) y no Promotora Centro Hist\u00f3rico Cartagena de Indias S.A., (…)\u00bb, de donde \u00abse advierte el yerro estrepitoso del sentenciador ad quem, al apoyarse en el escrito de r\u00e9plica proveniente de quien ni siquiera era en esta instancia sujeto pasivo del proceso, para trasladar, a rajatabla, sus efectos a Promotora Centro Hist\u00f3rico Cartagena de Indias S.A., persona jur\u00eddica que, insisto y destaco, jam\u00e1s pidi\u00f3 la prueba en referencia\u00bb. <\/p>\n
(x) En adici\u00f3n, \u00abla reiterada sindicaci\u00f3n (…) de no haber exhibido completamente los libros de su contabilidad no se ajusta a la realidad procesal. En efecto, como consta en el acta de audiencia celebrada el 19 de febrero de 2013, el representante legal de Rienza S.A. s\u00ed exhibi\u00f3 unos documentos de su contabilidad, solo que tuvo que hacerlo en copias por la imposibilidad legal de tener que trasladarlos desde Cali (…), [su] domicilio social (…). Constituye entonces otro protuberante error no haber apreciado las copias respectivas de los documentos contables exhibidos, y suponer que la parte actora se hab\u00eda resistido a presentar sus libros contables\u00bb. <\/p>\n
(xi) De igual manera, \u00abel tribunal cometi\u00f3 graves errores f\u00e1cticos al alterar la objetividad de los dict\u00e1menes periciales practicados, los cuales establec\u00edan y demostraban tanto los perjuicios como que la persona afectada por estos era la demandante, debido a que, a parte de las trabas que injustificadamente impuso referente a la forma como deb\u00edan valorarse los libros y papeles del comerciante,, estim\u00f3 tambi\u00e9n que por la confesi\u00f3n que surg\u00eda contra el mismo no era posible acceder a las s\u00faplicas deprecadas. Dicho de otro modo, apreci\u00f3 indebidamente las experticias al cercenar su contenido y no estudiarlas integralmente\u00bb. <\/p>\n
(xii) Como si fuera poco, \u00aben grave dislate f\u00e1ctico incurri\u00f3 el tribunal en la apreciaci\u00f3n de los dict\u00e1menes (…), al decir, con respecto al expuesto por el ingeniero William Navarro Zurique, que atendida su profesi\u00f3n no estaba dentro de sus especiales \u201csaberes\u201d aludir a la contabilidad de la actora, como tampoco era el indicado para individualizar sus gastos. Y acerca del segundo [perito], Juan Carlos Luna Roa, que su experticia se fund\u00f3 en documentos no allegados al proceso y por los cuales se declar\u00f3 la renuencia de la demandante\u00bb. <\/p>\n
(xiii) Con ello se obviaron dos experticias que aportaban informaci\u00f3n valiosa, acerca de \u00ablos defectos de la construcci\u00f3n, los materiales empleados y la calidad de los mismos\u00bb, y de \u00abcu\u00e1nto pag\u00f3 Rienza S.A. por concepto de reparaciones o modificaciones realizadas o que debiera efectuar al apartamento 201 C debido a las deficiencias constructivas y de calidad de los materiales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La violaci\u00f3n indirecta de la Ley sustancial por errores de hecho. <\/p>\n
La comisi\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico, de tal magnitud que comporte la infracci\u00f3n indirecta de una norma sustancial, presupone para su acreditaci\u00f3n que, entre otras exigencias, se compruebe que la inferencia probatoria cuestionada sea manifiestamente contraria al contenido objetivo de la prueba; es decir, que el desacierto sea tan evidente y notorio que se advierta sin mayor esfuerzo ni raciocinio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como las sentencias llegan a la Corte amparadas por una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, le incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual debe realizar una cr\u00edtica concreta, sim\u00e9trica, razonada y coherente frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicaci\u00f3n de los fundamentos generadores de la infracci\u00f3n a la ley, am\u00e9n de hacer evidente la trascendencia del desacierto \u00aben el sentido del fallo\u00bb y atacar, de modo eficaz e integral, todos los pilares de la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
En esta precisa materia, esta Corporaci\u00f3n ha explicado: <\/p>\n
\u00abEl error de hecho (…) ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendi\u00e9ndose que incurrir\u00e1 en la primera hip\u00f3tesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situaci\u00f3n cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima eventualidad, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. El error \u201cata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho\u201d (G. J., t. LXXVIII, p\u00e1g. 313). Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, adem\u00e1s, que es trascendente por haber determinado la resoluci\u00f3n reprochada (\u2026). Acorde con la a\u00f1eja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n, el yerro f\u00e1ctico ser\u00e1 evidente o notorio, \u201ccuando su s\u00f3lo planteamiento haga brotar que el criterio\u201d del juez \u201cest\u00e1 por completo divorciado de la m\u00e1s elemental sind\u00e9resis; si se quiere, que repugna al buen juicio\u201d, lo que ocurre en aquellos casos en que \u00e9l \u201cest\u00e1 convicto de contraevidencia\u201d (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es \u201cde tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinaci\u00f3n adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso\u201d (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01); dicho en t\u00e9rminos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que \u201cse estrell\u00f3 violentamente contra la l\u00f3gica o el buen sentido com\u00fan, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisi\u00f3n so pretexto de aquella autonom\u00eda\u201d (G. J., T. CCXXXI, p\u00e1gina 644)\u00bb (CSJ SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01, reiterada en CSJ SC131-2018, 12 feb.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se ha sostenido que <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado (…). Cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
2. La violaci\u00f3n indirecta de la Ley sustancial por errores de derecho. <\/p>\n
Las normas sustanciales tambi\u00e9n pueden ser trasgredidas como consecuencia del desconocimiento de las pautas probatorias que gobiernan el juicio. As\u00ed ocurre, verbigracia, cuando el juez estima un medio de convicci\u00f3n que carece de validez; deja de observar una probanza v\u00e1lida, pretextando que no lo era; omite decretar pruebas de oficio cuando ellas resultan imperativas, o no las aprecia \u00aben conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica [y] sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u00bb (art\u00edculo 176, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Conviene precisar, adem\u00e1s, que como ha tenido oportunidad de indicarlo la Corte, <\/p>\n
\u00ab(…) Para su acreditaci\u00f3n se impone realizar un ejercicio comparativo entre la sentencia y el correspondiente medio de persuasi\u00f3n, con la finalidad de evidenciar \u201cque, conforme a las reglas propias de la petici\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica o apreciaci\u00f3n de las pruebas, el juicio del sentenciador no pod\u00eda ser el que, de hecho, consign\u00f3. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestim\u00f3 como id\u00f3nea, debe puntualizarse que s\u00ed era adecuada. Todo, con sujeci\u00f3n a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria dentro del proceso, las cuales, en consecuencia, resultan quebrantadas, motivo por el cual y a fin de configurar el error, debe denunciarse su violaci\u00f3n\u201d (CSJ SC 6 abr. 2011, exp. 2004-00206-00)\u00bb (CSJ SC5676-2018, 19 dic.). <\/p>\n
Igualmente, es imperioso destacar que una acusaci\u00f3n de este linaje exige del casacionista <\/p>\n
\u00ab\u201cdemostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u201d, seg\u00fan lo establece el literal a) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. No basta con que se se\u00f1ale la existencia de una equivocaci\u00f3n por parte del juzgador \u201csino que adem\u00e1s se hace necesario mostrar su trascendencia, esto es, seg\u00fan tambi\u00e9n se tiene definido, poner de \u201c(\u2026) presente c\u00f3mo se proyect\u00f3 en la decisi\u00f3n\u201d (CSJ. AC. 26 de noviembre de 2014, rad. 2007-00234-01). Solo el error manifiesto, evidente y trascedente es susceptible de apoyar la causal de casaci\u00f3n que por esta v\u00eda dar\u00eda al traste con el pronunciamiento impugnado. Los yerros cuya incidencia determinante no aparezca demostrada, a pesar de su concurrencia, no bastan para infirmar la decisi\u00f3n mediante el recurso extraordinario\u00bb (CSJ SC876-2018, 23 mar.). <\/p>\n
3. El principio de libertad probatoria. <\/p>\n
Como secuela necesaria de la adopci\u00f3n del sistema de sana cr\u00edtica en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, el ordenamiento procesal civil reconoce a los jueces la posibilidad de arribar al convencimiento sobre la ocurrencia de un hecho vali\u00e9ndose de cualquier elemento demostrativo (documentos, testimonios, dict\u00e1menes periciales, etc.), salvo que aquello que deba probarse est\u00e9 sometido a una formalidad ad subtantiam actus o ad probationem. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala tiene decantado que <\/p>\n
Con base en tal postulado ha sostenido la Corte que: \u201cLa legislaci\u00f3n no establece cortapisa alguna, en principio, a los medios que el juez tenga a su alcance para forjar la convicci\u00f3n; muy al contrario, es ampl\u00eda la gama de posibilidades probatorias respecto de hechos jur\u00eddicos no sometidos a tarifa, conforme da fe la propia normatividad al consagrar, extensivamente, no solo los que ella enuncia sino \u2018cualesquiera otros medios que sean \u00fatiles para la formaci\u00f3n del convencimiento del juez\u2019 (…). Tampoco privilegia la ley un medio frente a otro sino que, por el contrario, a partir de la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, (…) qued\u00f3 abolido el sistema de la tarifa legal en esa materia, y se introdujo, en su reemplazo, el de la sana cr\u00edtica, tambi\u00e9n llamado de la libre apreciaci\u00f3n razonada (art\u00edculo 187), cuya sola enunciaci\u00f3n permite entender, por lo regular, que en su marco ninguna prueba tiene prevalencia sobre otras y, adem\u00e1s, que su funci\u00f3n apunta al establecimiento de la verdad sin calificativos como el de formal, que la distingu\u00eda en el sistema superado\u201d (SC 141, 6 ago. 2002, exp. 6148). <\/p>\n
En l\u00ednea con lo apuntado, \u201cla exigencia de un medio de prueba espec\u00edfico, propio del sistema tarifario, debe estar ordenado claramente en la ley, de manera que si el juzgador, apart\u00e1ndose del principio general, sin norma alguna que lo autorice, reclama un determinado medio demostrativo para la acreditaci\u00f3n de un acto o hecho que interesa al proceso, incurre en error de derecho, tesis que refrend\u00f3 la Corte a poco de ser expedido el citado estatuto procesal\u201d (SC, 28 sep. 1972, G.J. CXLII, p. 179 y 180) y que, sin pausa, ha continuado proclamando (SC, 21 jun. 2011, rad. n.\u00b0 2007-00062-01 y SC7019, 13 jun. 2014, rad. n.\u00b0 2002-00487-01), sobre la base de reiterar que el yerro en comento se presenta, entre otras modalidades, cuando el juzgador \u201cexige para probar un hecho un medio que la ley no establece\u201d (G.J. CXCII, p. 76 y 77)\u00bb (CSJ SC2758-2018, 16 jul.). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Se advierte que el tribunal incurri\u00f3 en varios yerros in iudicando, que conllevaron la infracci\u00f3n de la ley sustancial denunciada. Tal como se explicar\u00e1 a espacio, en las l\u00edneas subsiguientes, esa colegiatura consider\u00f3, sin sustento jur\u00eddico alguno, que la entidad del da\u00f1o causado a Rienza S.A. solo podr\u00eda demostrarse auscultando sus registros contables, lo que a su vez ocasion\u00f3 que pretermitiera la totalidad del caudal probatorio que patentizaba la magnitud del agravio econ\u00f3mico que aquella sufri\u00f3 como secuela del indisputado incumplimiento contractual de su contraparte. <\/p>\n
4.1. En cuanto al primer traspi\u00e9, es menester memorar que en el juicio no se suscit\u00f3 mayor debate acerca de que la Promotora Centro Hist\u00f3rico de Cartagena de Indias S.A. incumpli\u00f3 sus compromisos como constructora, en tanto entreg\u00f3 a la sociedad convocante el apartamento 201 C del Edificio Casa del Boquetillo PH con varios \u00abdefectos\u00bb en su estructura y acabados. <\/p>\n
Esta premisa incluso fue admitida por la propia convocada, pues su defensa se finc\u00f3, precisamente, en que ese inmueble s\u00ed presentaba algunos desperfectos, pero solamente los relacionados en el acta de entrega de 13 de mayo de 20051 (\u00abherrajes de p\u00e9sima calidad\u00bb, \u00abhumedad presente en el espejo de agua\u00bb y \u00abg\u00e1rgolas que desaguan en la terraza y zonas exteriores del apartamento 101\u00bb, entre otros), que \u2013en su opini\u00f3n\u2013 ser\u00edan de escasa relevancia y f\u00e1cil reparaci\u00f3n. <\/p>\n
Con ese punto de partida, las partes concentraron su actividad probatoria en determinar cu\u00e1l fue la verdadera dimensi\u00f3n de las incorrecciones de la construcci\u00f3n, as\u00ed como el valor que tendr\u00eda corregirlas, para lo cual acudieron a dos v\u00edas distintas: el examen objetivo del estado en el que fue entregado el apartamento, y el an\u00e1lisis de la contabilidad de Rienza S.A., donde figurar\u00edan registros de todos los gastos efectuados para la adecuaci\u00f3n del predio. <\/p>\n
Este estudio contable fue solicitado por la propia actora, quien pidi\u00f3 en su demanda que \u00abcon la intervenci\u00f3n de un perito en ciencias contables\u00bb, se determine \u00abcu\u00e1nto ha pagado Rienza S.A. por concepto de reparaciones o modificaciones realizadas, o que deba realizar, al apartamento 201 C\u00bb2; asimismo, Fidubogot\u00e1 S.A. reclam\u00f3 la \u00abinspecci\u00f3n con exhibici\u00f3n parcial en la sede de la entidad demandante de (…) sus libros y papeles de contabilidad\u00bb3. <\/p>\n
En auto de 15 de febrero de 2012, el funcionario a quo neg\u00f3 la primera probanza, y sustituy\u00f3 la segunda por una exhibici\u00f3n de libros, papeles y actas, en la sede de esa oficina judicial4. Sin embargo, por insistencia de la propia Promotora Centro Hist\u00f3rico Cartagena de Indias S.A., la experticia termin\u00f3 practic\u00e1ndose, y en ella se determin\u00f3 que esos gastos habr\u00edan ascendido a $814.000.0005. <\/p>\n
De otro lado, al llevar a cabo la diligencia de exhibici\u00f3n, y pretextando que el domicilio social de Rienza S.A. est\u00e1 ubicado en la ciudad de Cali, la representante legal de esta no arrim\u00f3 los libros y papeles contables que se le orden\u00f3, sino varios legajos con facturas de compraventa de insumos, contratos de obra y otros documentos similares. Por ello, el juez de la causa decidi\u00f3 \u00abtener por ciertos los hechos que con relaci\u00f3n a este punto se pretend\u00edan probar, salvo obviamente como dice la norma, que tales hechos no admiten (sic) prueba de confesi\u00f3n\u00bb6. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, siendo la \u00fanica alegaci\u00f3n inserta en su escueta contestaci\u00f3n de la demanda, que a Fidubogot\u00e1 S.A. \u00abno le correspond\u00eda la construcci\u00f3n, ni era responsable de esta\u00bb, no se evidencia qu\u00e9 era lo que aquella pretend\u00eda demostrar indagando en la contabilidad de su contendora. Pero a\u00fan si se admitiera, en gracia de discusi\u00f3n, que la prueba estaba orientada a demostrar la falta de representatividad econ\u00f3mica del incumplimiento de la constructora, la confesi\u00f3n ficta declarada estar\u00eda ampliamente desvirtuada, a partir de las pruebas documentales, periciales y testimoniales que se recaudaron (sobre las que volver\u00e1 la Corte posteriormente). <\/p>\n
Pero el tribunal no repar\u00f3 en la posibilidad de que la referida confesi\u00f3n fuera desmentida, pues dedujo de ese actuar dos consecuencias, ambas improcedentes: <\/p>\n
(i) Entendi\u00f3 que la renuencia a exhibir los libros y papeles contables de la actora era equivalente a decir que esta carec\u00eda de contabilidad, o la llevaba de manera contraria a las normas generalmente aceptadas, agravando la sanci\u00f3n que expresamente se\u00f1ala la ley para la aludida conducta omisiva; a tal punto ello fue as\u00ed, que termin\u00f3 desestimando la experticia del contador Juan Carlos Luna Roa, tras sostener que, dada la consabida falta de exhibici\u00f3n, resultaba imposible que el experto revisara (en la sede social de Rienza S.A.) registros contables \u00abver\u00eddicos\u00bb. <\/p>\n
(ii) Consider\u00f3 que \u00abtrat\u00e1ndose de comerciante (sic) la prueba id\u00f3nea para determinar el monto de los gastos sufragados con ocasi\u00f3n del incumplimiento contractual de la promotora debieron ser (…) los libros registrados(…) pues son [estos] los aptos para llevar al pleno convencimiento de la corporaci\u00f3n que las reparaciones realizadas al inmueble fueron asumidas por la gestora de esta litis, y no por un tercero que no es parte de la relaci\u00f3n contractual\u00bb, con lo que cre\u00f3 una regla de conducencia, en virtud de la cual la demostraci\u00f3n del da\u00f1o causado por el constructor solo puede evidenciarse a trav\u00e9s del registro contable de los gastos de la reparaci\u00f3n asumidos por el comprador. <\/p>\n
En este razonamiento, tambi\u00e9n desacertado, pero de consecuencias m\u00e1s trascendentes, el ad quem incurri\u00f3 en el yerro de derecho denunciado, pues para acreditar el agravio que se deriva del incumplimiento del constructor, no existe solemnidad probatoria o sustancial de ning\u00fan tipo. Y, al crear una, desconoci\u00f3 el canon 176 del C\u00f3digo General del Proceso (\u00abLas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u00bb) y, consecuencialmente, cercen\u00f3 a la contratante cumplida la posibilidad de acceder a la reparaci\u00f3n que prev\u00e9 el precepto 2060-3 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
A lo dicho, cabe agregar que la inconducencia de esta segunda inferencia, termin\u00f3 por desviar tambi\u00e9n el mismo concepto de da\u00f1o emergente en asuntos de responsabilidad del constructor, pues aqu\u00e9l se relaciona con la proyecci\u00f3n ideal de lo que debi\u00f3 gastar el comprador para compensar la diferencia entre el resultado de la obra que recibi\u00f3, y el que le ofreci\u00f3 su contraparte, y no propiamente con lo que la v\u00edctima gast\u00f3 en la reparaci\u00f3n del inmueble entregado con desperfectos. <\/p>\n
Bien puede ocurrir, en refuerzo de la aseveraci\u00f3n precedente, que el comprador de un predio defectuoso carezca de recursos para acometer las obras de reparaci\u00f3n necesarias, y no por eso el da\u00f1o ser\u00e1 inexistente, ni tampoco se incrementar\u00e1 si otro propietario decide, con su peculio, hacer modificaciones o mejoras suntuarias a la unidad residencial, con el prop\u00f3sito de dejarla en mejores condiciones que las que eran de esperarse inicialmente. <\/p>\n
Inclusive, podr\u00eda acontecer que esas restauraciones fueran sufragadas por terceros, a trav\u00e9s de un cr\u00e9dito o donaci\u00f3n por parte de personas distintas al contratante lesionado, como sus familiares, amigos cercanos o, sus socios y las restantes personas jur\u00eddicas con las que conforma un conglomerado de empresas familiares, que es lo que pas\u00f3 en este caso, sin que ello altere en lo m\u00e1s m\u00ednimo los alcances patrimoniales del hecho da\u00f1oso. La libertad que campea en las relaciones particulares es suficiente para que la v\u00edctima del incumplimiento reaccione frente a \u00e9l de la forma que lo estime pertinente7, pudiendo esperar a ser compensada para iniciar la reconstrucci\u00f3n, o intentando de manera proactiva acondicionar su vivienda, respald\u00e1ndose en su patrimonio, o acudiendo a la solidaridad de sus semejantes. Nada de eso trasciende a la \u00f3rbita de la responsabilidad civil, pues la carga del constructor es pagar el da\u00f1o que objetivamente caus\u00f3, no reembolsar los gastos en que incurri\u00f3 quien hubo de repararlos antes. <\/p>\n
Cuesti\u00f3n bien distinta es que las obras que acomete el propietario puedan servir al juez como elemento para determinar la magnitud del perjuicio patrimonial causado, pero para ese labor\u00edo tambi\u00e9n debe emplearse cualquier medio demostrativo id\u00f3neo, como la inspecci\u00f3n judicial del inmueble con intervenci\u00f3n de un perito experto en obras civiles, o las declaraciones de testigos, entre otras, pues todas ellas son potencialmente aptas para llevar al juez a una convicci\u00f3n sobre el particular. <\/p>\n
4.2. Otra secuela del error evidenciado consisti\u00f3 en que la colegiatura de segunda instancia dej\u00f3 de lado las copiosas evidencias recaudadas, que permit\u00edan inferir que los defectos constructivos que denunci\u00f3 Rienza tuvieron consecuencias m\u00e1s importantes que las que se intu\u00edan inicialmente, motivando la realizaci\u00f3n de una serie de obras de costo elevado, no solo por su complejidad, sino tambi\u00e9n por la calidad de los materiales y de la edificaci\u00f3n donde se encontraba el apartamento. <\/p>\n
En efecto, acerca de la circunstancia anotada militan en el expediente las siguientes pruebas: <\/p>\n
(i) Acta de entrega del inmueble, donde la adquirente dej\u00f3 constancia de sus inconformidades acerca de la instalaci\u00f3n de los pisos, la calidad de la ventaner\u00eda y sus herrajes met\u00e1licos y los varios problemas de humedad que presentaba la edificaci\u00f3n8. <\/p>\n
(ii) Acta de asamblea de copropietarios del Edificio Casa del Boquetillo PH, donde se asent\u00f3 que \u00abla mayor\u00eda de los copropietarios han manifestado en m\u00faltiples ocasiones su profunda inconformidad sobre el funcionamiento de las ventanas actualmente instaladas en los apartamentos\u00bb9. <\/p>\n
(iii) Testimonio del abogado Diego Su\u00e1rez Escobar, quien relat\u00f3 que \u00abterminadas las obras de reconstrucci\u00f3n del claustro, y en especial al momento de la entrega del apartamento a la sociedad Rienza S.A., se presentaron reclamos por parte de esta en relaci\u00f3n con la calidad de las obras ejecutadas en el apartamento, dado que seg\u00fan lo expresado por su representante y por el arquitecto Andr\u00e9s Amaya y el interventor contratado para recibir el inmueble, se\u00f1or Luis Carlos L\u00f3pez, parte de tales obras no presentaban un bien estado ni presentaban la calidad ofrecida por la sociedad vendedora, calidad que se cuestionaba tanto desde el punto de vista de materiales como de mano de obra\u00bb10. <\/p>\n
(iv) Declaraci\u00f3n del arquitecto Luis Carlos L\u00f3pez Lombana, contratado para verificar la idoneidad de la construcci\u00f3n al momento de la entrega de las unidades habitacionales a sus propietarios, quien determin\u00f3, luego de varias revisiones, que las obras \u00absegu\u00edan presentando problemas de estabilidad, apariencia y de funcionamiento, los m\u00e1s representativos a mi juicio eran el piso, que ten\u00eda demasiada porosidad y sonaban cocas (sic), es un t\u00e9rmino que se utiliza cuando los pisos no tienen suficiente pegante, esto puede ocasionar desprendimientos o rupturas de las baldosas. Las ventanas ten\u00edan los herrajes muy mal terminados, sueltos, y en unos casos eran inexistentes, el dise\u00f1o de las mismas permit\u00eda el paso del aire, lo que ocasiona que el aire acondicionado no trabaje eficientemente, varias de las puertaventanas rozaban o se trancaban contra el piso por problemas de instalaci\u00f3n; otro problema de los m\u00e1s representativos era con los balcones, ya que eran construidos en hierro y obviamente estaban totalmente oxidados. Por esta raz\u00f3n (…) no recib\u00ed por mi parte los acabados ni instalaciones del apartamento\u00bb11. <\/p>\n
(v) Informe de interventor\u00eda, a cargo del se\u00f1or L\u00f3pez Lombana, en el que se concluy\u00f3 que era necesario \u00abcambiar tubo de acero inoxidable de las barandas de los balcones (…), cambiar la totalidad del puso en piedra coralina, ya que la reparaci\u00f3n parcial con seguridad no va a arrojar resultados satisfactorios (…), para la totalidad de las ventanas y fachadas de vidrio, se deben cambiar todos los herrajes (…), cambiar los marcos (…) en todo el per\u00edmetro de la ventana(…), solucionar definitivamente la estabilidad de los sanitarios y bidet del ba\u00f1o principal\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se anot\u00f3 all\u00ed que \u00ablos problemas detectados en el jacuzzi ameritan una soluci\u00f3n dr\u00e1stica y definitiva, la demolici\u00f3n y reconstrucci\u00f3n es la mejor opci\u00f3n\u00bb; que \u00abes de suma urgencia resolver definitivamente las filtraciones que est\u00e1n afectando los estacionamientos\u00bb, y que \u00abdurante algo m\u00e1s de un a\u00f1o he realizado el acompa\u00f1amiento como interventor (…), y durante todo este per\u00edodo la conclusi\u00f3n que se tiene es que lamentablemente a la constructora le ha faltado inter\u00e9s y no ha asumido completamente su responsabilidad de solucionar de manera t\u00e9cnica y eficiente muchos de los inconvenientes encontrados\u00bb12. <\/p>\n
Obran anejas a ese trabajo las actas \u00abde recibo de acabados\u00bb de 18 de febrero y 10 de abril de 2008, donde aparecen los elementos que fueron \u201crechazados\u201d por el arquitecto mencionado, debido a que no cumpl\u00edan los est\u00e1ndares de calidad correspondientes13; un informe relacionado con las deficiencias del sistema el\u00e9ctrico del apartamento, elaborado por el ingeniero Fabi\u00e1n Gamero Solarte14, y los registros fotogr\u00e1ficos de esos hallazgos15 <\/p>\n
(vi) Actas de reparaciones (junto al soporte fotogr\u00e1fico respectivo) del apartamento 201 C del Edificio Casa del Boquetillo PH, que muestran las tareas de demolici\u00f3n del piso del inmueble y del jacuzzi, desmonte e impermeabilizaci\u00f3n de los cielos rasos, instalaciones sanitarias y espejos de agua, revisi\u00f3n de elementos hidrosanitarios, cambio de ventanas externas y reconstrucci\u00f3n de terminados deficientes en drywall, principalmente16. <\/p>\n
(vii) Solicitud remitida por la representante legal de Rienza S.A. a la promotora, en el marco de un tr\u00e1mite de conciliaci\u00f3n extrajudicial, en la que se reflejan \u00ablos valores pagados y las cotizaciones de las reparaciones a realizar, que tienen origen en los da\u00f1os e imperfecciones que se evidencian en el apartamento 201 C\u00bb, que totalizar\u00edan $479.221.609. A esa misiva se adjuntaron recibos de honorarios profesionales de abogado, varios traslados en avi\u00f3n, los estipendios pagados al arquitecto Andr\u00e9s Amaya Solano, y la cotizaci\u00f3n de la reparaci\u00f3n de ventanas, barandas, jacuzzi y desag\u00fces17. <\/p>\n
(viii) Testimonio de la administradora de la copropiedad, Johanna Gamarra Mac Master, quien relat\u00f3 que \u00abdesde el momento en que inici\u00f3 mi trabajo como administradora recib\u00ed la copropiedad con un sinn\u00famero de problemas en diferentes apartamentos (…). En particular, el apartamento 201, perteneciente a la empresa Rienza, ha tenido un sinn\u00famero de problemas de filtraci\u00f3n, en calidad de los materiales usados, de instalaciones, de estructura, entre otros problemas que toc\u00f3 asumirlos a la empresa Rienza, ya que la Promotora Centro Hist\u00f3rico de Cartagena de Indias no le respondi\u00f3 ni cumpli\u00f3 (…). Los m\u00e1s importantes eran problemas de ventaner\u00eda (…) filtraciones de todo tipo, como por ejemplo la impermeabilizaci\u00f3n de las terrazas no era la apropiada, o en algunos casos no exist\u00eda, causando que el agua recorriera toda la propiedad internamente, da\u00f1ando instalaciones el\u00e9ctricas, techos, paredes (…), a consecuencia de esto tambi\u00e9n existieron problemas en la parte hidrosanitaria, y los jacuzzis y piscinas de cada propiedad, como tambi\u00e9n instalaciones el\u00e9ctricas mal instaladas (sic)\u00bb18. <\/p>\n
(ix) Dictamen pericial rendido por el ingeniero civil William Navarro Zurique, designado de la lista de auxiliares de la justicia, que concluy\u00f3 que \u00abel costo de las reparaciones que se le hicieron al apartamento 201 C, de acuerdo a las imperfecciones denunciadas por la parte demandante en el acta de entrega y las otras irregularidades presentadas, posteriormente, teniendo en cuenta el tiempo de garant\u00eda post venta en el anexo 2 Resoluci\u00f3n 009 de 2007 de Camacol y el IDUC (…)\u00bb asciende a $310.297.899, los que estim\u00f3 apropiados, \u00abconsiderando que se trata de apartamentos de vivienda de alto nivel, [por lo que] la exigencia para este tipo de obras tambi\u00e9n es alta. Es por eso que los materiales, equipos y mano de obra utilizados en la construcci\u00f3n deben ser de excelente calidad\u00bb19. <\/p>\n
(x) Aclaraci\u00f3n del dictamen pericial del se\u00f1or Navarro Zurique, en la que insisti\u00f3 en que \u00abla suma anotada, $310.297.899, corresponde al costo de la reparaci\u00f3n a la fecha de entrega del informe pericial\u00bb, y que \u00ablos arreglos que se tuvieron en cuenta para obtener el costo de las reparaciones corresponden todos ellos a deficiencias constructivas anotadas en la demanda. Estos arreglos fueron: cambio total de pisos por mala instalaci\u00f3n; cambio total de ventaner\u00eda, por mal funcionamiento de los marcos y las chapetas, los herrajes y el tipo de sellamiento; cambio total del cielo raso (desmonte, suministro y reinstalaci\u00f3n drywall por manchas de humedad debido a filtraciones de agua; reinstalaci\u00f3n e impermeabilizaci\u00f3n de los espejos de agua, debido a humedades en el primer y segundo puso; demolici\u00f3n del jacuzzi por filtraciones en la estructura y reconstrucci\u00f3n de este, redise\u00f1o y reinstalaci\u00f3n de las instalaciones hidrosanitarias y el\u00e9ctricas, por problemas de funcionamiento y por falta de planos record\u00bb20. <\/p>\n
(xi) Declaraci\u00f3n del arquitecto Andr\u00e9s Amaya Solano, indicando que \u00abasum\u00ed el proyecto como dise\u00f1ador interior del apartamento del Boquetillo por encargo del Dr. Mario Scarpetta, con el fin de ayudarle o hacer un asesoramiento en los acabados y dise\u00f1o de los acabados nuevos del apartamento, en ese momento todo el proyecto estaba en inicio de obra, yo asum\u00ed en diciembre de 2006 y el proceso fue durante todo el a\u00f1o 2007, el compromiso m\u00edo como arquitecto era entregar un juego de planos con especificaciones arquitect\u00f3nicas para que la constructora cotizara y despu\u00e9s de aprobaci\u00f3n de esa cotizaci\u00f3n realizara las obras de los dise\u00f1os que yo hab\u00eda propuesto y estaban aprobados por el cliente. Estos dise\u00f1os se deb\u00edan haber entregado hacia febrero de 2007 a la constructora y de ah\u00ed en adelante mi trabajo consisti\u00f3 en hacer visitas peri\u00f3dicas a la obra para ver como iba el avance de los trabajos (…)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 el testigo que \u00abdurante esas visitas yo empec\u00e9 a notar los atrasos que ten\u00eda la constructora (…) y la mala calidad en la mano de obra que la constructora estaba aplicando en el proyecto\u00bb, no obstante lo cual, el entonces representante legal de Rienza S.A. \u2013Mario Scarpetta Gnecco\u2013 aprob\u00f3 que los trabajos adicionales los continuara realizando la Promotora Centro Hist\u00f3rico Cartagena de Indias S.A., \u00abaun sabiendo y haci\u00e9ndole saber que nos parec\u00eda muy alto el costo de los trabajos adicionales cotizados\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, recab\u00f3 en que, de no haber iniciado las obras de reparaci\u00f3n, \u00abcreo que el apartamento hubiera colapsado, no solo por los malos acabados, sino porque los sistemas internos no garantizaban el buen funcionamiento ni el desempe\u00f1o \u00f3ptimo de un apartamento de este nivel ni en esas condiciones clim\u00e1ticas, como estaba el apartamento antes del diagn\u00f3stico evidenciaba todos los problemas internos que ten\u00eda, y era una cuesti\u00f3n de tiempo para que no fuera habitable de ninguna manera\u00bb21. <\/p>\n
(xii) Dos legajos de facturas pagadas por la actora, el se\u00f1or Scarpetta Gnecco y la sociedad Azurita S.A. (de la que este tambi\u00e9n es socio) a M\u00e1s Arquitectura Ltda., firma encargada de las obras de restauraci\u00f3n, as\u00ed como m\u00faltiples recibos y documentos equivalentes que dan cuenta de la adquisici\u00f3n de elementos de construcci\u00f3n en distintos almacenes de Cartagena. <\/p>\n
Estas probanzas, analizadas individualmente y en conjunto, muestran que el apartamento 201 C del Edificio Casa del Boquetillo PH presentaba una serie de descomposturas impropias de una vivienda, y que no pod\u00edan ser reparadas con intervenciones menores, sino que, precisamente por la p\u00e9sima ejecuci\u00f3n de la demandada, dieron lugar a una reconstrucci\u00f3n casi total, que suele implicar un alto costo, m\u00e1s a\u00fan si se trata de una edificaci\u00f3n de lujo. <\/p>\n
Esta inferencia, adem\u00e1s, explica la totalidad de los datos que pueden extraerse del expediente, pues con excepci\u00f3n del interrogatorio de parte de su representante legal, la Promotora Centro Hist\u00f3rico Cartagena de Indias S.A. no aport\u00f3 ninguna prueba tendiente a demostrar que los desperfectos del apartamento no eran tan trascendentes, o que no merec\u00edan una inversi\u00f3n de la magnitud antes anotada. <\/p>\n
Consecuentemente, emerge pr\u00edstino el yerro de hecho denunciado, pues en virtud del inadecuado abordaje jur\u00eddico-probatorio al que se hizo alusi\u00f3n en el numeral 4.1. supra, el tribunal dej\u00f3 de ver lo que era evidente, esto es, que Rienza S.A. sufri\u00f3 una importante afectaci\u00f3n patrimonial, imputable jur\u00eddica y f\u00e1cticamente al deficiente cumplimiento de las obligaciones de la constructora demandada. <\/p>\n
Por ende, prospera el cargo primero, siendo ineludible casar parcialmente la providencia recurrida, y dictar la decisi\u00f3n que la reemplace. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
<\/p>\n
1. Marco del debate. <\/p>\n
Aunque el fallo del tribunal fue quebrado, dos aspectos se mantuvieron al margen de cualquier discusi\u00f3n: la absoluci\u00f3n de Fidubogot\u00e1 S.A. (consolidada por la transacci\u00f3n a la que arribaron las partes despu\u00e9s de escuchar el fallo del juez a quo), y la negativa de las pretensiones relacionadas con el ocultamiento de la acci\u00f3n popular a la que se refer\u00eda la cuarta de las pretensiones del escrito introductor. <\/p>\n
De ah\u00ed que la casaci\u00f3n sea parcial, pues Rienza S.A. no insisti\u00f3 en la reparaci\u00f3n de ese da\u00f1o, denegado en ambas instancias. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Por distintas v\u00edas procesales, las partes discutieron la justeza de la indemnizaci\u00f3n tasada por el funcionario de primer grado. Para la actora, no compensaba la totalidad de su p\u00e9rdida, mientras que la convocada defendi\u00f3, con insistencia, la absoluta ausencia de nexo o ligamen causal entre su incumplimiento y las onerosas obras que Rienza S.A. ejecut\u00f3, a lo que a\u00f1adi\u00f3 que esas construcciones fueron pagadas por personas distintas a esta, principalmente por el se\u00f1or Scarpetta Gnecco. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Examinada la materia litigiosa se evidencia el acierto del Juez Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al tasar los perjuicios causados en $310.297.899. <\/p>\n
(i) Si bien obran en el expediente recibos por importes superiores al se\u00f1alado, lo cierto es que fue el dictamen del ingeniero Navarro Zurique (de donde dicha cifra fue extractada) la \u00fanica prueba que articul\u00f3 de manera directa y concreta los evidentes problemas constructivos del predio con las erogaciones que tuvo que realizar Rienza S.A. para superarlos. <\/p>\n
Como ya se anot\u00f3, en esa experticia se enlistaron de manera muy detallada varios gastos, todos ellos relacionados directamente con los desperfectos que todos los testigos, t\u00e9cnicos y legos, resaltaron como \u201cprincipales\u201d o \u201cm\u00e1s notorios\u201d; pero limitados a los necesarios para, en palabras del experto, subsanar las \u00abdeficiencias constructivas anotadas en la demanda\u00bb, afirmaci\u00f3n que no fue desmentida a trav\u00e9s de ning\u00fan elemento demostrativo distinto. <\/p>\n
En ese sentido, si bien escudri\u00f1ando las documentales pudieran encontrarse gastos adicionales a los indicados en el trabajo pericial, lo cierto es que no existen evidencias diferentes que permitan concluir que dichas erogaciones se limitaron a paliar el incumplimiento de la constructora, pues su carga termina all\u00ed, y no se extiende a reembolsar los dineros que hubieran podido invertirse en mejoras distintas, de naturaleza \u00fatil o meramente voluptuaria. <\/p>\n
(ii) Como viene de verse, la parte demandante arrim\u00f3 al expediente varios recibos y facturas, recaud\u00f3 m\u00faltiples declaraciones, y aport\u00f3 una experticia (que merece credibilidad, dada su coherencia, claridad y bagaje profesional de su autor), todas ellas coincidentes en apuntar a la existencia de m\u00faltiples y serios defectos de construcci\u00f3n, tasados en $310.297.899. <\/p>\n
En tal sentido, no pod\u00eda la demandada permanecer pasiva, pretendiendo que todo el peso de la evidencia se desvirtuara con sus solas alegaciones. Ciertamente, las reglas de distribuci\u00f3n del riesgo probatorio imponen a las partes la carga de acreditar \u00abel supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb, de modo que si el actor asumi\u00f3 la suya, arrimando pruebas \u00fatiles, pertinentes y conducentes que muestran una realidad favorable a sus intereses, el demandado debi\u00f3 hacer lo propio para controvertirla. Y, se insiste, la Promotora Centro Hist\u00f3rico Cartagena de Indias S.A. no aport\u00f3 ning\u00fan elemento al debate, tendiente a socavar las conclusiones que, sin ambages, se siguen de los elementos de juicio relacionados. <\/p>\n
(iii) Reitera la Corte que, dadas las caracter\u00edsticas de la relaci\u00f3n obligacional que surge de la responsabilidad civil, ninguna importancia tiene determinar qui\u00e9n pag\u00f3 la reconstrucci\u00f3n del apartamento tantas veces citado. Lo verdaderamente trascendente es que la entrega defectuosa del mismo exigi\u00f3 una reconstrucci\u00f3n masiva, cuyo costo debe ser asumido por aquella, dada la regla prevista en el inciso tercero del art\u00edculo 2060. <\/p>\n
Sobre este precepto sustancial, se ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(…) El art\u00edculo 2060, ordinal 3\u00ba del C\u00f3digo Civil, frente al due\u00f1o de la obra, regula la responsabilidad directa del constructor, definido en el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 400 de 1997, como el \u201cprofesional, ingeniero civil o arquitecto, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcci\u00f3n de una edificaci\u00f3n\u201d, o al tenor del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1229 de 2008, como el \u201cprofesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura o ingenier\u00eda, bajo cuya responsabilidad se adelanta una edificaci\u00f3n\u201d.. <\/p>\n
(…) Es innegable \u201cque la actividad de la construcci\u00f3n se desarrolla a trav\u00e9s de distintas formas negociales que rebasan la hip\u00f3tesis contemplada en la primera de las disposiciones citadas [se refiere la Corte al art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil], en las cuales se encuentran otras personas que, en forma aut\u00f3noma, desarrollan el proyecto constructivo, de ah\u00ed que a pesar de aludir ese art\u00edculo \u00fanicamente a la construcci\u00f3n de edificios por un precio \u00fanico prefijado, la responsabilidad all\u00ed prevista, tambi\u00e9n llamada \u00abdecenal\u00bb se predica del constructor en general, con independencia tanto de la forma de pago del importe, como de que la obra no se haya realizado \u00abpor encargo\u00bb sino de manera independiente. <\/p>\n
Luego, si una persona natural o jur\u00eddica se encarga de la construcci\u00f3n de bienes ra\u00edces y una vez edificados procede a venderlos, \u00e9l tambi\u00e9n es responsable en los t\u00e9rminos del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2060, de los da\u00f1os que se causen al comprador en caso de que la cosa perezca o amenace ruina total o parcialmente en los diez a\u00f1os siguientes a su entrega, siempre que tal situaci\u00f3n obedezca a vicios de la construcci\u00f3n, del suelo o de los materiales\u201d (CSJ. SC14426-2016 de oct. 7 2016, rad. n\u00b0. 41001-31-03-004-2007-00079-01) <\/p>\n
Hoy se reitera esa postura. En materia de responsabilidad civil del empresario constructor que a t\u00edtulo de venta (o de cualquier otro traslaticio) enajena el inmueble que ha levantado, como es el caso de este proceso, adem\u00e1s de las acciones que en raz\u00f3n del contrato son procedentes contra \u00e9l \u2013las que est\u00e1n en cabeza del comprador si fue este el contrato utilizado\u2013, tambi\u00e9n son admisibles aquellas otras atinentes a la responsabilidad profesional como constructor de la edificaci\u00f3n, sin consideraci\u00f3n al t\u00edtulo de adquisici\u00f3n, como es la prevista en el ordinal 3\u00b0 del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil, que, inserta en el marco regulatorio del contrato de obra (originalmente denominado como contrato de arrendamiento para la confecci\u00f3n de una obra material) pareciera quedar circunscrita a dicho contrato protegiendo s\u00f3lo al due\u00f1o de la obra que acuerda su construcci\u00f3n. <\/p>\n
Es evidente que en atenci\u00f3n a esa eventual condici\u00f3n de constructor o empresario y due\u00f1o de la obra a la vez que de vendedor de la misma, ninguna raz\u00f3n es atendible para colegir que, accion\u00e1ndose por la v\u00eda del incumplimiento del contrato de compraventa, no sea posible extender la garant\u00eda a que se refiere el art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil a quien es adquirente del inmueble construido por quien vende (…). Espec\u00edficamente cuando en la causa petendi el actor invoca hechos atinentes a los supuestos f\u00e1cticos contenidos en el precepto mencionado, esto es, que el edificio perece o amenaza ruina que aparece dentro de los 10 a\u00f1os siguientes a su entrega, por vicios en el suelo, en los materiales o en la construcci\u00f3n\u00bb (CSJ SC2847-2018, 216 jul.). <\/p>\n
Si los defectos constructivos imputables a esa constructora generaron un da\u00f1o, este debe repararse en su cabal extensi\u00f3n, al margen de s\u00ed, dentro de las relaciones privadas del comprador, alg\u00fan tercero termin\u00f3 pagando por \u00e9l las restauraciones que correspond\u00edan, mientras la llamada a indemnizar atiende su compromiso. <\/p>\n
As\u00ed, si un padre paga la reparaci\u00f3n que requiere el inmueble de su hijo para superar los vicios que lo hac\u00edan inhabitable, no por ello el constructor queda relevado de su responsabilidad. Tampoco se rompe el principio indemnizatorio, en virtud del cual la responsabilidad civil no puede ser fuente de riqueza, porque si el susodicho constructor cubre luego esos gastos de reparaci\u00f3n, simplemente restituir\u00e1 el patrimonio de la v\u00edctima, dado que el favorecimiento de su padre tiene una fuente aut\u00f3noma: la voluntad unilateral de donar. <\/p>\n
Pero m\u00e1s all\u00e1 de este ejemplo, que tiene como prop\u00f3sito mostrar la improcedencia del an\u00e1lisis que defendi\u00f3 la convocada (y que acogi\u00f3 el tribunal), lo cierto es que, en este caso puntual, la imbricaci\u00f3n de fuentes de pago de las enmiendas arquitect\u00f3nicas es f\u00e1cilmente explicable, dada la relaci\u00f3n que existe entre el se\u00f1or Scarpetta Gnecco, y las sociedades Rienza S.A. y Azurita S.A., de las que hace parte como socio, y en las que desempe\u00f1a cargos de administraci\u00f3n. <\/p>\n
Por supuesto que cierto orden es deseable en todos los gastos del comerciante, pero el mismo no puede ser impuesto por la autoridad judicial, sino que viene dado por el propio ejercicio mercantil, en el que suelen efectuarse cr\u00e9ditos entre entidades del mismo grupo econ\u00f3mico, o entre estas y sus socios, as\u00ed como compensaciones, cruces de cuentas, y todo tipo de transacciones que no est\u00e9n prohibidas por el ordenamiento, y que f\u00e1cilmente explicar\u00edan el cuadro f\u00e1ctico previamente descrito. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que las pruebas apuntan, de manera un\u00edvoca, a sostener la tesis defendida en la sentencia de 23 de marzo de 2017, la misma ser\u00e1 confirmada en su integridad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 11 de diciembre de 2017, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso declarativo de responsabilidad contractual promovido por Rienza S.A. contra la Promotora Centro Hist\u00f3rico Cartagena de Indias S.A. y Fidubogot\u00e1 S.A. <\/p>\n
Y situada en sede de instancia, esta Corporaci\u00f3n <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CONFIRMAR el fallo que el 23 de marzo de 2017 dict\u00f3 el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en esta causa. <\/p>\n
SEGUNDO. SIN COSTAS de segunda instancia, dada la improsperidad de ambas alzadas. <\/p>\n
TERCERO. REM\u00cdTASE el expediente a la autoridad judicial competente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Folio 237, ib. <\/p>\n
3\u0002 Folio 381, ib. <\/p>\n
4\u0002 Folio 467, cdno. 1-A. <\/p>\n
5\u0002 Folio 1931, cdno. 1-D. <\/p>\n
6\u0002 Folio 847, cdno. 1-A. <\/p>\n
7\u0002 Lo dicho sin desconocer que, en determinados eventos, la buena fe impone a la v\u00edctima el deber de mitigar el da\u00f1o que le fue irrogado, como se explic\u00f3 en CSJ SC, 16 dic. 2010, rad. 1989-00042-01. <\/p>\n
8\u0002 Folios 67 a 70, cdno. 1, ya citados. <\/p>\n
9\u0002 Folio 207, ib. <\/p>\n
10\u0002 Folio 522, cdno. 1-A. <\/p>\n
11\u0002 Folio 540, ib. <\/p>\n
12\u0002 Folio 606, ib. <\/p>\n
13\u0002 Folios 545 a 557, ib. <\/p>\n
14\u0002 Folio 558, ib. <\/p>\n
15\u0002 Folios 580 a 594, ib. <\/p>\n
16\u0002 Folios 631 a 729, ib. <\/p>\n
17\u0002 Folio 731, ib. <\/p>\n
18\u0002 Folios 937 a 939, ib. <\/p>\n
19\u0002 Folios 2577 a 2603, cdno. 1-F. <\/p>\n
20\u0002 Folios 2410 a 2413, cdno. 1-E. <\/p>\n
21\u0002 Folios 2618 a 2621, cdno. 1-F. <\/p>\n
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SC299-2021 (2009-00625-01)_1 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC299-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-036-2009-00625-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de octubre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por Rienza S.A. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53416","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53416","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53416"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53416\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53416"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53416"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53416"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}