SC397-2021 (2009-00278-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC397-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 11001-31-03-036-2009-00278-01 <\/p>\n
Aprobado en Sala virtual de veintis\u00e9is de noviembre dos mil veinte <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Germ\u00e1n Andr\u00e9s Guzm\u00e1n Perico, Fredy Sanabria Scharf, los sucesores procesales del extinto Hernando Reyes Duarte, Beatriz Villamizar de Reyes, Manolo Izquierdo Jaramillo, Ligia Granados de Prieto, Luis Vel\u00e1squez Uribe, Cecilia Ram\u00edrez de Vel\u00e1squez, Liliana Botero Cabrera, Roberto Albornoz Miranda, Rosa Adalia Vel\u00e1squez Reyes, Enrique Tafur Tafur, Mar\u00eda Eugenia Arciniegas Jara, David Alcalay Lechter, Martha Aid\u00e9 Esguerra de Arias, Jos\u00e9 No\u00e9 Arias Arias, Luis Fernando Gonz\u00e1lez \u00dasuga, Luz Fanny Caro Echeverry, Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda., Paula Sof\u00eda Freydell Montoya, Rodolfo Gonz\u00e1lez Arias, Mar\u00eda Dioselina Arias Hurtado, Javier Echeverry Palacio, \u00c1lvaro Falla Carrasco, Carlos C\u00e9sar Prieto V\u00e1squez, Ivonne Astrid Mart\u00ednez Acu\u00f1a, Luz Edelmira Vel\u00e1squez Reyes, Cecilia Jaramillo de Echeverry, Carolina Echeverry Jaramillo, George Isaak Levy Preuss, Alejandro Morales Jaramillo, Ana Patricia Abella Ruiz, Mar\u00eda Cecilia Romero, Amparo Guti\u00e9rrez Acu\u00f1a, Julio Enrique Gil Antorveza, Mar\u00eda Isabel Mosquera de Lehemann y Myriam Perico de \u00c1lvarez, respecto de la sentencia de 21 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en la acci\u00f3n de grupo incoada por los recurrentes contra Stanford S.A. Comisionista de Bolsa, Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. y de AIG Colombia Seguros Generales S.A. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum. Los actores solicitaron declarar a Stanford S.A. Comisionista de Bolsa responsable de los perjuicios derivados de la promoci\u00f3n de inversiones en CD\u2019s de Stanford International Bank Limited. Como consecuencia, condenarla a pagar lo correspondiente. <\/p>\n
1.2. Causa petendi. Las s\u00faplicas se soportaron en los hechos que en lo pertinente se compendian. <\/p>\n
Stanford Financial Group es un conjunto de compa\u00f1\u00edas financieras \u00abvinculadas de una u otra manera a Robert Allen Stanford\u00bb. Hac\u00edan parte de Stanford International Bank Limited y Stanford Trust Company Limited con domicilio en Antigua y Barbuda. <\/p>\n
En el 2005, Stanford Trust Company Limited obtuvo permiso de la Superintendencia Financiera para abrir una oficina de representaci\u00f3n en Colombia. En el siguiente a\u00f1o, para adquirir el 90% de las acciones de la Sociedad Comisionista Bolsa y Banca S.A., cuya raz\u00f3n social empez\u00f3 a figurar como Stanford S.A. Comisionista de Bolsa. <\/p>\n
Stanford S.A. Comisionista de Bolsa, integrante de Stanford Financial Group, autorizada por las autoridades competentes, celebr\u00f3 contratos de corresponsal\u00eda con entidades financieras situadas en el exterior. Su objeto consist\u00eda en promocionar productos y servicios ofrecidos por Stanford International Bank Limited. En concreto, certificados de dep\u00f3sito \u201cCd\u00b4s\u201d. <\/p>\n
En desarrollo de la labor encomendada, Stanford S.A. Comisionista de Bolsa logr\u00f3 que muchos colombianos adquirieran los Cd\u00b4s emitidos por Stanford International Bank Limited. Entre ellos el grupo demandante. <\/p>\n
El 16 de febrero de 2009, el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, para el Distrito Norte de Texas Divisi\u00f3n de Dallas, orden\u00f3 el control de la administraci\u00f3n de Stanford International Bank Limited y restringi\u00f3 sus operaciones. <\/p>\n
La Superintendencia Financiera de Colombia, a su turno, mediante radicado de 17 de febrero de 2009, autoriz\u00f3 a Stanford Comisionista de Bolsa S.A., suspender sus actividades, incluyendo los contratos de corresponsal\u00eda. <\/p>\n
Stanford Comisionista de Bolsa S.A., por su parte, en conjunto con los entes reguladores, inici\u00f3 un plan tendiente a responder a los inversionistas: Traslado de portafolios en custodia, devoluci\u00f3n de inversiones y cancelaci\u00f3n de operaciones repo o pendientes de cumplimiento. <\/p>\n
Lo mismo hizo el administrador judicial en el exterior de Stanford International Bank Limited. Adelant\u00f3 labores dirigidas a identificar sus activos y a pagar a los tenedores de los CD\u2019s. Los resultados fueron negativos. <\/p>\n
Stanford S.A. Comisionista de Bolsa, quien actu\u00f3 como instrumento de defraudaci\u00f3n de Stanford Financial Group, incurri\u00f3 en dolo o negligencia grave. Recomend\u00f3 servicios y productos de Stanford International Bank Limited, en particular, inversiones en CD\u2019s, con informaci\u00f3n falsa. <\/p>\n
Lo anterior gener\u00f3 a los demandantes \u00abp\u00e9rdida e imposibilidad de disponer de cuantiosos recursos dinerarios, los cuales constituyen [su] principal ahorro\u00bb. <\/p>\n
1.3. La oposici\u00f3n. La parte demandada resisti\u00f3 las pretensiones. Adujo buena fe y cumplimiento del \u00abart\u00edculo 2.2.12.3 de la Resoluci\u00f3n 948-1 de 2004\u00bb de la entonces Superintendencia de Valores. Adem\u00e1s, ausencia de relaci\u00f3n causal entre el perjuicio y su actuar, pues la imposibilidad de disponer de los dineros se debi\u00f3 a la intervenci\u00f3n judicial de Stanford International Bank Limited. <\/p>\n
1.4. El fallo de primera instancia. El 31 de enero de 2017, el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, desestim\u00f3 las pretensiones. No hall\u00f3 demostrado que Stanford S.A. Comisionista de Bolsa se hubiere obligado a manejar los recursos de los actores. <\/p>\n
Seg\u00fan el contrato de corresponsal\u00eda, la demandada actuaba en forma aut\u00f3noma e independiente. No era agente o representante de nadie, ni asociada al grupo financiero. <\/p>\n
Su obligaci\u00f3n, simplemente, se circunscribi\u00f3 a proveer clientes a las entidades extranjeras. A brindarles informaci\u00f3n suficiente sobre los t\u00e9rminos y condiciones de las inversiones y, a advertirles las consecuencias mediatas y potenciales que asum\u00edan. <\/p>\n
Stanford S.A. Comisionista de Bolsa, por tanto, no incurri\u00f3 en negligencia o descuido. Para el 14 de enero de 2009, nada hac\u00eda suponer que el 17 del mismo mes y a\u00f1o, Stanford International Bank Limited, ser\u00eda intervenida por el gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. <\/p>\n
1.5. La sentencia de segundo grado. Confirm\u00f3 in integrum la anterior decisi\u00f3n al resolver la alzada de los demandantes. <\/p>\n
2. RAZONES DEL TRIBUNAL <\/p>\n
2.1. El da\u00f1o ocasionado a los precursores, salvo a Mar\u00eda Cecilia Romero \u00c1lvarez, Juan Felipe Mesa Romero1, Rosa Adalia Vel\u00e1squez Reyes, Luz Edelmira Vel\u00e1squez Reyes, Luis Vel\u00e1squez Uribe y Cecilia Ram\u00edrez de Vel\u00e1squez, se encontraba acreditado. <\/p>\n
2.2. El dolo o la negligencia grave de Stanford S.A. Comisionista de Bolsa, en cambio, no fue demostrada. En concreto, la \u00abinformaci\u00f3n falsa\u00bb al promocionar servicios y productos, y recomendar su inversi\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, unos demandantes confesaron la no injerencia en sus inversiones. Otros, entendieron realizarlas con Stanford International Bank Limited. Si bien algunos responsabilizaron a la interpelada, llanamente, por llevar a cabo el procedimiento, aceptaron que los CD\u2019s, fueron emitidos por esa misma entidad financiera. <\/p>\n
Adem\u00e1s, un grupo de accionantes era versado en el manejo de las operaciones. Esto hac\u00eda presumir que conoc\u00edan las inversiones y sus riesgos, y que el banco emisor respond\u00eda del pago de los t\u00edtulos respectivos. <\/p>\n
2.3. La responsabilidad derivada del descalabro financiero, siendo previsible, tampoco se estructuraba. No se demostr\u00f3 desfase en el porcentaje de comisiones o excesos reconocidos en asuntos de similar naturaleza. La ausencia de prueba sobre la aplicaci\u00f3n de tasas de inter\u00e9s por encima a las del mercado. Y se comprob\u00f3 la fluctuaci\u00f3n de los r\u00e9ditos, seg\u00fan el tiempo de duraci\u00f3n de la inversi\u00f3n. <\/p>\n
Fuera de lo anterior, los demandantes se sustrajeron de acreditar alguna circunstancia que hiciera pensar a la convocada, razonablemente, que Stanford International Bank Limited, estaba realizando operaciones irregulares para defraudar a todos los inversionistas. <\/p>\n
2.4. En suma, lo \u00fanico corroborado era la realizaci\u00f3n de las operaciones entre \u00ab2007 y el 22 de enero de 2009\u00bb. Lo mismo, la intervenci\u00f3n judicial del SIB, Stanford International Bank Limited, el \u00ab16 de febrero de 2009\u00bb, por las autoridades de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. <\/p>\n
3. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Tres cargos fueron propuestos por los demandantes recurrentes, con r\u00e9plica de la otra parte. Sustanciados con arreglo al C\u00f3digo General del Proceso, la Corte limitar\u00e1 el estudio al primero por lograr tambi\u00e9n el mismo objetivo buscado en los dos restantes. <\/p>\n
3.1. CARGO PRIMERO <\/p>\n
3.1.1. Denuncia la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 2.2.12.3., numeral 3 de la Resoluci\u00f3n 948-1 de 2004 de la Superintendencia de Valores; 9 del Decreto 2558 de 2007; y 164, 167 y 176 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.1.2. Seg\u00fan los impugnantes, el Tribunal incurri\u00f3 en la comisi\u00f3n de errores de hecho probatorios. <\/p>\n
3.1.2.1. Soslay\u00f3 el \u00abconflicto de intereses\u00bb inmanente en el contrato de corresponsal\u00eda. A la pasiva le conven\u00eda su silencio, en tanto, actuaba como miembro del grupo financiero. A la par, las pol\u00edticas de seguridad y rentabilidad las hac\u00eda para el conglomerado. <\/p>\n
Igualmente, el \u00abv\u00ednculo estrecho\u00bb entre el emisor extranjero y la corresponsal demandada. Determin\u00f3 que \u00e9sta no obrara frente al cliente \u00abcon el cuidado de una persona prudente que analiza con objetividad y asepsia el producto que [estaba] ofreciendo\u00bb. Incurri\u00f3 as\u00ed en \u00abserias omisiones\u00bb. No suministr\u00f3 la informaci\u00f3n particular consagrada en la ley colombiana; se sustrajo a informar que era parte del grupo financiero; pretiri\u00f3 alertar a sus clientes, como signo de riesgo, que la tasa de inter\u00e9s ofrecida estaba muy por encima del mercado; en fin, que las condiciones del valor estaban por fuera de lo com\u00fan. <\/p>\n
3.1.2.2. Pretermiti\u00f3 los brochures de Stanford Bolsa y Banca S.A. y de Stanford International Bank Limited. Los documentos demostraban c\u00f3mo se utilizaron las relaciones entre el ente emisor y Stanford Financial Group para convencer al inversionista de la fortaleza de las entidades y del producto promocionado. Lo mismo, las inusuales tasas de inter\u00e9s que superaban las remuneradas por otros bancos de los Estados Unidos. <\/p>\n
3.1.2.3. Cercen\u00f3 los testimonios de Luis Mauricio Ospina Jaramillo y \u00c1lvaro Hern\u00e1ndez Cort\u00e9s, empleados de la comisionista de bolsa. El primero, sobre la falta de advertencia a los clientes del \u00abriesgo que corr\u00edan\u00bb al adquirir el producto ofrecido y sus diferencias alrededor de los que \u201chabitualmente\u00bb ten\u00edan con la demandada. El segundo, lo referente a las altas tasas de inter\u00e9s ofrecidas en comparaci\u00f3n con las de otros derechos negociables. <\/p>\n
3.1.2.4. Recort\u00f3 las declaraciones de parte de los actores. Entendieron que los Cd\u00b4s emitidos por Stanford International Bank estaban respaldados por la comisionista accionada. Adujeron que no eran personas \u00abconocedoras\u00bb del negocio y, si bien algunos fueron asesorados por expertos, \u00e9stos eran trabajadores de la corresponsal. <\/p>\n
3.1.2.5. Pas\u00f3 por alto valorar que en el interrogatorio de Alejandro Blanco Serrano, representante legal de Stanford S.A. Comisionista de Bolsa, no se aport\u00f3 documento alguno que corroborara su dicho. En concreto, respecto de la supuesta entrega a los inversionistas de la informaci\u00f3n exigida en la ley para los corresponsales. Y los formatos allegados carec\u00edan de la firma de los pretensores. <\/p>\n
3.1.2.7. Omiti\u00f3 los documentos de intervenci\u00f3n del Tribunal del Distrito de Texas de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a Stanford Group Company y otros. All\u00ed constaba que la actuaci\u00f3n tuvo su origen, entre otras razones, en la promesa de pago de intereses por valores superiores a los remunerados por otros Bancos. As\u00ed mismo, en el reconocimiento de inusuales comisiones en favor de la corresponsal por cada Cd adquirido. <\/p>\n
3.1.3. Relacionado con el da\u00f1o, para la censura, el ad-quem tambi\u00e9n ignor\u00f3 los documentos que lo demostraban, los cuales singulariza, respecto de algunos demandantes. <\/p>\n
3.1.4. Concluyen los recurrentes, los yerros denunciados son ostensibles y trascendentes. Por una parte, llevaron al Tribunal a no dar por sentado, est\u00e1ndolo, el actuar doloso o gravemente culposo de la comisionista de bolsa. Y por otro, a no tener en cuenta que el perjuicio se caus\u00f3 a todos los integrantes del grupo sin excepci\u00f3n. <\/p>\n
3.1.5. Solicitan, en consecuencia, casar la sentencia impugnada y proceder de conformidad. <\/p>\n
3.2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
3.2.1. En el escrito de r\u00e9plica, una de las interpeladas insiste en que los recurrentes mutaron sorpresivamente las pretensiones. No obstante, esto fue desestimado al resolverse el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que admiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n. Se reitera, una vez m\u00e1s, que las \u00abcuestiones f\u00e1cticas involucradas en las acusaciones (\u2026), devienen del debate planteado desde las instancias, en particular, con la conducta dolosa o negligente imputada a la convocada (\u2026), respecto del manejo de las inversiones de los demandantes\u00bb. <\/p>\n
En el contexto, seg\u00fan las circunstancias concretas en causa, la imputada \u00abnegligencia\u00bb se remite a los deberes de la corresponsal. El art\u00edculo 9 del Decreto 2558 de 2007, las reduce a dos: \u00abinformaci\u00f3n\u00bb y \u00abasesor\u00eda profesional\u00bb. Ambos se encuentran \u00edntimamente ligados. Frente a la efectiva inversi\u00f3n de los demandantes en los Cd\u2019s ofertados, se complementan. Esto explica la raz\u00f3n por la cual en la r\u00e9plica de la demanda se alega el cumplimiento del \u00abart\u00edculo 2.2.12.3 de la Resoluci\u00f3n 948-1 de 2004\u00bb. El numeral 3\u00ba del precepto, precisamente, hace relaci\u00f3n a la \u00abinformaci\u00f3n\u00bb y a la \u00abasesor\u00eda profesional\u00bb. Todo se reduce a establecer si ese alegado cumplimiento tuvo o no ocurrencia. <\/p>\n
3.2.2. El mercado de valores, los roles y la correcci\u00f3n de la asimetr\u00eda de la informaci\u00f3n <\/p>\n
3.2.2.1. Desde la antigua Roma, en el Macellum2 la buenandanza de la venta de bienes b\u00e1sicos y suntuarios a los ciudadanos, estaba dada gracias al control ejercido por el Inspector Procurator Macelli3; encargado de verificar la rectitud de los negocios realizados, entre otros, por los comerciantes. La probidad de estos en el ejercicio de su oficio condicionaba su aceptaci\u00f3n. En principio cuestionada por la arraigada deshonestidad generada por el af\u00e1n de lucro4. La tutela de la fides que implicaba \u201cconfianza, lealtad, mutuo respeto de los intereses del otro\u201d5, igualmente, era aplicable a aquellas actividades. <\/p>\n
3.2.2.2. Ese primario modelo de organizaci\u00f3n social dio cuenta de la din\u00e1mica que a lo largo de la historia ha sido fundamental para el bienestar com\u00fan en la sociedad. Diferentes roles colaboran \u00aben el mantenimiento de la estructura en su mejor estado\u00bb, en armon\u00eda \u00abcon otros sistemas en inter\u00e9s del todo\u00bb. El jur\u00eddico, por ejemplo, \u00abdesempe\u00f1a una funci\u00f3n integradora, en cuanto, haciendo m\u00e1s seguras, m\u00e1s f\u00e1ciles y menos conflictivas las relaciones entre roles, favorece la cohesi\u00f3n social\u00bb6. <\/p>\n
3.2.2.3. Nada distinto ocurre en el mercado de valores, el cual se define como el \u00abconjunto de agentes, instituciones, instrumentos y formas de negociaci\u00f3n que interact\u00faan facilitando la transferencia de capitales para la inversi\u00f3n a trav\u00e9s de la negociaci\u00f3n de valores\u00bb7; constituye una estructura (i) vinculada al concepto de valor; (ii) soportada en el desarrollo de actividades calificadas; (iii) e instituida en favor de los intereses de sus participantes, primeramente los inversionistas, as\u00ed como de la econom\u00eda del pa\u00eds. <\/p>\n
El concepto de valor es una categor\u00eda legal establecida en la Ley 964 de 2005. Seg\u00fan el art\u00edculo 2\u00b0, es todo derecho negociable de contenido crediticio o de participaci\u00f3n que \u00abhaga parte de una emisi\u00f3n, cuando tenga por objeto o efecto la captaci\u00f3n de recursos del p\u00fablico\u00bb. Incluye, entre otros conceptos, las acciones, los bonos, los papeles comerciales, los certificados de dep\u00f3sito de mercanc\u00edas, los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino, las aceptaciones bancarias, las c\u00e9dulas hipotecarias y cualquier t\u00edtulo de deuda p\u00fablica. <\/p>\n
Las actividades del mercado de valores se relacionan con el manejo, aprovechamiento e inversi\u00f3n de recursos captados al p\u00fablico que se efect\u00faen mediante valores; y enlistadas en el art\u00edculo 3, \u00eddem, entre otras, se hallan la emisi\u00f3n y oferta de valores y la intermediaci\u00f3n. <\/p>\n
La emisi\u00f3n, ligada al mercado primario, corresponde a actividades dirigidas a buscar financiaci\u00f3n de inversores. La oferta, atada igualmente al mercado secundario8, puede ser p\u00fablica o privada9 (art\u00edculo 1.2.1.1. de la Resoluci\u00f3n 400 de 199510 de la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera11). La intermediaci\u00f3n ata\u00f1e a \u00aboperaciones que tengan por finalidad o efecto el acercamiento de demandantes y oferentes en los sistemas de negociaci\u00f3n de valores o en el mercado mostrador, sea por cuenta propia o ajena\u00bb12. <\/p>\n
Por regla general, en el mercado de valores surge una relaci\u00f3n sustancial principal entre emisor e inversor que constituye el centro gravitacional de las dem\u00e1s operaciones del mercado. Por ejemplo, donde \u00abintervienen terceros que facilitan las transacciones entre los primeros\u00bb13, llamados intermediarios. <\/p>\n
Los emisores son personas jur\u00eddicas autorizadas para realizar oferta p\u00fablica de valores con el fin de obtener recursos para su financiamiento. Pueden ser, las sociedades por acciones, los gobiernos extranjeros y entidades p\u00fablicas extranjeras, los organismos multilaterales de cr\u00e9dito, las entidades extranjeras y sucursales de entidades extranjeras, etc. Los intermediarios por su parte, generalmente, son \u00abentidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia con acceso directo a un sistema de negociaci\u00f3n de valores o a un sistema de registro de operaciones sobre valores para la realizaci\u00f3n o registro de cualquier operaci\u00f3n de intermediaci\u00f3n de valores\u00bb14; entre ellos, las comisionistas de bolsa. <\/p>\n
El inversionista es el participante m\u00e1s importante para el mercado de valores, por cuanto es quien estimula continuamente la econom\u00eda del sector gracias a la inyecci\u00f3n de capital. Es la persona natural o jur\u00eddica que entrega sus recursos al emisor a cambio de un valor. Tendr\u00e1 la calidad de inversionista profesional todo \u00abcliente que cuente con la experiencia y conocimientos necesarios para comprender, evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos inherentes a cualquier decisi\u00f3n de inversi\u00f3n\u00bb. Para tal efecto debe acreditar los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 1.5.2.2 de la Resoluci\u00f3n 400 de 199515. Y ser\u00e1n clientes inversionistas16, quienes no re\u00fanan esas caracter\u00edsticas y que por su condici\u00f3n no profesional o inexperiencia son sujetos de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.2.4. La correcta interacci\u00f3n entre los participantes en las actividades de valores determina el desarrollo y robustez del mercado de capital. Existe un entrelazamiento inescindible entre los diferentes agentes y las operaciones negociales burs\u00e1tiles y extraburs\u00e1tiles17. Se desarrollan en relaci\u00f3n valor y captaci\u00f3n de recursos del p\u00fablico -ahorro-inversi\u00f3n-; en consecuencia, el desbalance injustificado incide negativamente en la estabilidad del sector y trasciende con similares efectos en la econom\u00eda del pa\u00eds. <\/p>\n
El equilibrio del sistema, entonces, es fundamental. La protecci\u00f3n del inversor por esencia vulnerable en operaciones negociales t\u00e9cnicas, resulta el prop\u00f3sito cardinal del mercado por cuanto, es la piedra angular que soporta la arquitectura del escenario de valores. En tanto, el sistema otorgue seguridad y transparencia, la confianza del inversionista se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume. La constancia de su intervenci\u00f3n dinamizar\u00e1 el sistema, con la ventaja que ello representa para quienes buscan financiamiento y los dem\u00e1s intervinientes favorecidos por los r\u00e9ditos de las operaciones. <\/p>\n
Las entidades que ejercen las actividades de valores, profesionales en su oficio, son por antonomasia los primeros llamados a resguardar el mercado a trav\u00e9s del amparo al cliente. No se trata de relevar a este de las contingencias propias de la negociaci\u00f3n. La cuesti\u00f3n estriba en que aquellos, cada uno en el \u00e1mbito de su participaci\u00f3n, act\u00faen de conformidad con la probidad que su rol en el mercado amerita. Les corresponde generar las condiciones necesarias para que el inversionista est\u00e9 precedido de su comprensi\u00f3n en torno a la incertidumbre y los riesgos de las distintas operaciones y su disposici\u00f3n a asumirlos informadamente. <\/p>\n
El aprovechamiento indebido de la condici\u00f3n lega del consumidor o el actuar fraudulento de los participantes para un beneficio individual, hu\u00e9rfano de los intereses del mercado, fracturan la estructura, afectan a las empresas y desestabilizan la econom\u00eda nacional. La interdependencia, natural de las organizaciones sociales, cobra vigencia. <\/p>\n
La raz\u00f3n de ser del mercado se entiende si est\u00e1 orientada por los postulados que rigen la vida econ\u00f3mica en el marco del Estado Social de Derecho (art. 2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). La solidaridad, no el ego\u00edsmo o el individualismo codicioso, es el principio que gu\u00eda la iniciativa privada y el elemento optimizador del sistema, al ense\u00f1ar que el apoyo mutuo y la alteridad es el mejor camino para lograr la prosperidad individual al promover mancomunadamente la realizaci\u00f3n de las aspiraciones de la colectividad y de los particulares en un marco de \u00e9tica negocial. <\/p>\n
3.2.2.5. La \u00abidea de un r\u00e9gimen econ\u00f3mico natural, basado en el paradigma de la existencia de un mercado perfecto\u00bb18 es una utop\u00eda, pero si un ideal para corregir sus fallas, prevenir y sancionar el fraude y el abuso; es un medio para buscar la estabilidad, sin que baste con la resiliencia del sistema. El asunto requiere establecer reglas claras que disciplinen y ordenen la actividad de valores en direcci\u00f3n al bienestar general. Por esto, al Estado le corresponde definir esos par\u00e1metros y velar por su cumplimiento, en desarrollo de la funci\u00f3n de intervenci\u00f3n que le ha sido encomendada. <\/p>\n
El mercado de valores como actividad financiera, en cuanto trasciende e incide directamente en el bien com\u00fan, es de inter\u00e9s p\u00fablico. As\u00ed lo prev\u00e9 el art\u00edculo 335 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991: las \u00abactividades financiera, burs\u00e1til, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversi\u00f3n de los recursos de captaci\u00f3n (\u2026) son de inter\u00e9s p\u00fablico y s\u00f3lo pueden ser ejercidas previa autorizaci\u00f3n del Estado, conforme a la ley, la cual regular\u00e1 la forma de intervenci\u00f3n del Gobierno en estas materias y promover\u00e1 la democratizaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u201d. En palabras de la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u00ab[L]a actividad financiera es de inter\u00e9s general, pues en ella est\u00e1 comprometida la ecuaci\u00f3n ahorro – inversi\u00f3n que juega papel fundamental en el desarrollo econ\u00f3mico de los pueblos. Es por ello que cualquier actividad que implique esta forma de intermediaci\u00f3n de recursos, o la simple captaci\u00f3n del ahorro de manos del p\u00fablico, debe quedar sometida a la vigilancia estatal. En efecto, en el modelo \u201csocial de derecho\u201d, en donde corresponde al Estado conducir la din\u00e1mica colectiva hacia el desarrollo econ\u00f3mico, a fin de hacer efectivos los derechos y principios fundamentales de la organizaci\u00f3n pol\u00edtica, no resulta indiferente la manera en que el ahorro p\u00fablico es captado, administrado e invertido. (\u2026) Pero m\u00e1s all\u00e1 de este inter\u00e9s p\u00fablico, corresponde tambi\u00e9n al Estado velar por los derechos de los ahorradores o usuarios, raz\u00f3n que tambi\u00e9n milita para justificar la especial tutela estatal sobre las actividades financiera, burs\u00e1til y aseguradora y sobre cualquier otra que implique captaci\u00f3n de ahorro de manos del p\u00fablico. <\/p>\n
\u00abFrente a la actividad burs\u00e1til, (\u2026) la Corte ha sostenido que, tal y como ocurre con la actividad financiera, dicha actividad, por expresa disposici\u00f3n constitucional, es de inter\u00e9s p\u00fablico. Ello significa que el mercado burs\u00e1til se encuentra sometido al poder de polic\u00eda administrativo, es decir, a la inspecci\u00f3n, vigilancia y control del Estado a trav\u00e9s de la Superintendencia de Valores, hoy Financiera de Colombia, la cual debe intervenir para mantener el mercado burs\u00e1til debidamente organizado, y velar porque quienes participan en \u00e9l desarrollen su actividad en condiciones de igualdad, transparencia y no se ponga en peligro ni se lesione el inter\u00e9s p\u00fablico y espec\u00edficamente el inter\u00e9s de los inversionistas. A su vez, el ejercicio de la actividad burs\u00e1til es reglado, como quiera que la legislaci\u00f3n y la labor gubernamental de inspecci\u00f3n definen cu\u00e1les transacciones deben llevarse a cabo obligatoriamente a trav\u00e9s de bolsas de valores, qu\u00e9 montos y c\u00f3mo deber\u00e1 efectuarse cada transacci\u00f3n. Se trata igualmente de una actividad sometida a autorizaci\u00f3n gubernamental previa, intervenida por el Estado de forma especial para prevenir conductas delictivas, tales como, el lavado de activos y la utilizaci\u00f3n de esta labor para fines diferentes al inter\u00e9s p\u00fablico, de lo cual se deduce tambi\u00e9n que en el mercado burs\u00e1til est\u00e1 presente la potestad administrativa sancionadora del Estado\u00bb19. <\/p>\n
Conforme a la doctrina constitucional, el r\u00e9gimen vigente es el de \u201cintervenci\u00f3n estatal reforzada\u201d que, condiciona el inicio y funcionamiento de la actividad a la previa autorizaci\u00f3n del Estado de acuerdo con la ley. Instituye en el gobierno la funci\u00f3n de inspecci\u00f3n, vigilancia y control del sector y establece los distintos est\u00e1ndares conductuales que deber\u00e1n respetar los participantes. <\/p>\n
La intervenci\u00f3n en el mercado de valores se materializa a trav\u00e9s de las modalidades de regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n. La primera, asignada al Congreso, le corresponde regular la forma en que el Estado debe intervenir en la econom\u00eda; expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspecci\u00f3n y vigilancia; y dictar las normas generales y se\u00f1alar los objetivos y criterios confines de la administraci\u00f3n para regular la actividad financiera; y al Gobierno, compete reglamentarla en los l\u00edmites definidos en la ley marco20. <\/p>\n
3.2.2.6. La asimetr\u00eda y la insuficiencia o falta de informaci\u00f3n22, es la principal falla de los mercados. Deviene del desbalance a priori entre el inversor y los dem\u00e1s participantes frente al conocimiento de las particularidades que rodean la operaci\u00f3n de valores. La anomal\u00eda afecta la comprensi\u00f3n del consumidor financiero frente a los riesgos propios de la inversi\u00f3n y con ello la decisi\u00f3n negocial. En ocasiones, no pocas, origina conflictos de intereses, abuso y manipulaci\u00f3n del sistema; situaciones que amenazan seriamente la estabilidad del escenario de capitales. <\/p>\n
El aprovechamiento de la inexperiencia o ignorancia del inversionista para dirigir sus recursos y para celebrar el acto jur\u00eddico-econ\u00f3mico en el entramado burs\u00e1til y extraburs\u00e1til puede generar consecuencias nocivas de magnitudes sist\u00e9micas, que repercuten en la p\u00e9rdida de confianza del p\u00fablico en general frente a la actividad, que se muta en grave motivo de desequilibrio del mercado de valores y en obst\u00e1culo para su desarrollo. <\/p>\n
El derecho a la informaci\u00f3n y el deber de informar es la m\u00e1s importante herramienta de protecci\u00f3n del inversionista y del mercado de valores. Si es objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara, refleja la transparencia e integridad del sistema; propicia un ambiente de seguridad jur\u00eddica en el inversor, al contar con los elementos de an\u00e1lisis necesarios para adoptar una decisi\u00f3n sopesada, consciente y aquilatada. El equilibrio del sector pasa por el di\u00e1logo honesto, probo y leal de los participantes del mercado. Es indispensable que el inversor sea enterado con completitud de los pormenores del negocio, para definir si la operaci\u00f3n ofertada se ajusta a su perfil y a sus intereses; por ende, correlativamente es un deber informar. <\/p>\n
Superar los desperfectos del mercado mencionado, en aras de resguardar al inversionista, es una preocupaci\u00f3n global. Precisamente la Organizaci\u00f3n Internacional de la Comisi\u00f3n de Valores, OICV, International Organization of Securities Commissions, IOSCO, como organismo supranacional, armonizador de la regulaci\u00f3n del mercado de valores y futuros, ha adoptado, Los Objetivos y Principios para la Regulaci\u00f3n del Mercado de Valores como respuesta de la comunidad internacional para superar las trabas y mellas. Esos fines est\u00e1n orientados por tres objetivos \u00abestrechamente relacionados entre s\u00ed\u00bb: (i) protecci\u00f3n de los inversores; (ii) garant\u00eda de mercados justos, eficientes y transparentes; y (iii) reducci\u00f3n del riesgo sist\u00e9mico. Los prop\u00f3sitos tienen por fin contribuir al desarrollo de los mercados a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n de lineamientos generales de regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n en direcci\u00f3n del deber de informaci\u00f3n. Precisamente OICV \u2013 IOSCO, enfatiza: <\/p>\n
\u00abLos inversores deber\u00e1n estar protegidos contra pr\u00e1cticas enga\u00f1osas, de manipulaci\u00f3n o fraudulentas, incluyendo el mal uso de informaci\u00f3n privilegiada, la utilizaci\u00f3n en beneficio del propio intermediario de las instrucciones del cliente (\u00abfront running\u00bb) y los abusos en el uso de los activos de dichos clientes. <\/p>\n
\u00abEl medio m\u00e1s importante para garantizar la protecci\u00f3n de los inversores es la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n relevante y suficiente para la toma de decisiones. De este modo, los inversores pueden evaluar los riesgos potenciales y los beneficios de sus inversiones y, de esta manera, proteger mejor sus propios intereses. (\u2026). <\/p>\n
\u00abLa supervisi\u00f3n de los intermediarios del mercado deber\u00e1 lograr la protecci\u00f3n de los inversores fijando unas normas m\u00ednimas para los part\u00edcipes del mercado. Los inversores deber\u00e1n ser tratados por los intermediarios de una manera justa y equitativa, conforme a patrones que deber\u00e1n fijarse en las normas de conducta. Deber\u00eda existir un sistema amplio y completo de procedimientos de inspecci\u00f3n, supervisi\u00f3n y cumplimiento. <\/p>\n
\u00abLos inversores financieros son especialmente vulnerables a la mala conducta de los intermediarios y otros participantes en los mercados de valores. Sin embargo, su capacidad de emprender acciones puede ser limitada. Adem\u00e1s, para que los inversores est\u00e9n protegidos adecuadamente, la complejidad de las operaciones con valores y la sofisticaci\u00f3n de las t\u00e9cnicas fraudulentas, requieren la en\u00e9rgica aplicaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n. Los inversores deber\u00e1n tener acceso a un mecanismo neutral (como los tribunales u otros mecanismos para resolver conflictos) o contar con medios de resarcimiento y compensaci\u00f3n por conductas indebidas. La supervisi\u00f3n y la aplicaci\u00f3n efectivas de la ley dependen de una estrecha cooperaci\u00f3n entre los reguladores a escala nacional e internacional\u00bb23. <\/p>\n
3.2.2.7. En concordancia con dichos est\u00e1ndares, el Estado colombiano en uso de la funci\u00f3n de intervenci\u00f3n, ha expedido copiosa normativa para ordenar, disciplinar el mercado de valores y corregir la informaci\u00f3n asim\u00e9trica. Prev\u00e9 condiciones de admisi\u00f3n de participantes. Reglamenta el funcionamiento adecuado de la actividad y establece mecanismos de autorregulaci\u00f3n y pautas de comportamiento de emisores e intermediarios para contrarrestar el desequilibrio en la relaci\u00f3n con el inversor. <\/p>\n
La Ley 964 de 2005, Ley Marco de Valores, incorpor\u00f3 los objetivos IOSCO en su art\u00edculo 1\u00ba, cuando dispuso como uno de los criterios de intervenci\u00f3n del gobierno, el consistente en que el mercado \u00abest\u00e9 provisto de informaci\u00f3n oportuna, completa y exacta\u00bb; adem\u00e1s, lo autoriz\u00f3 para que en aplicaci\u00f3n de esa facultad: <\/p>\n
(i) expidiera normas conductuales que definieran \u201clas pr\u00e1cticas constitutivas de conflictos de inter\u00e9s, as\u00ed como los mecanismos a trav\u00e9s de los cuales se manejen, revelen o subsanen dichas situaciones, cuando a ello hubiere lugar; y (\u2026) lo relacionado con el deber de las entidades sometidas a inspecci\u00f3n y vigilancia de actuar ante los clientes como expertos prudentes y diligentes\u201d. (ii) solicitar \u201ca las personas que ejerzan actividades de intermediaci\u00f3n en el Mercado de Valores, que suministren a sus clientes la informaci\u00f3n necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita a estos, a trav\u00e9s de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas\u201d. Y (iii) sancionar a quienes violen las normas que regulen el mercado de valores, entre otras, cuando incumplan \u201clas disposiciones sobre conflictos de inter\u00e9s, los deberes profesionales que les correspondan a quienes participen en el mercado en cualquiera de sus actividades\u201d y no divulguen \u201cen forma veraz, oportuna, completa o suficiente informaci\u00f3n que pudiere afectar las decisiones (\u2026) de los inversionistas (\u2026)\u201d24. <\/p>\n
Asimismo, prev\u00e9 la existencia del Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), del Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV) y del Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV), los cuales se agrupan en el Sistema Integral de Informaci\u00f3n del Mercado de Valores (SIMEV), \u201c(\u2026) para permitir y facilitar el suministro de informaci\u00f3n al mercado\u201d y a cualquier interesado de los valores ofrecidos, los emisores, agentes y los profesionales que participan en el sector. Estableci\u00f3, adem\u00e1s, la extensi\u00f3n de la autorregulaci\u00f3n a toda la actividad de intermediaci\u00f3n a cargo del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), como complemento para contribuir a proteger al inversionista25. <\/p>\n
La reglamentaci\u00f3n particular expedida por el gobierno, asigna una estricta supervisi\u00f3n a la Superintendencia Financiera respecto de los emisores y de los valores que pretendan ofertar. Impone como requisito esencial para el ejercicio de la actividad el suministro del \u00abprospecto de informaci\u00f3n\u00bb. Se trata de un documento que \u00abcontiene los datos del emisor, del valor y de la emisi\u00f3n, necesarios para el cabal conocimiento de los mismos por parte de los inversionistas\u00bb26. <\/p>\n
Para contrarrestar la afectaci\u00f3n del derecho a la informaci\u00f3n, el faro regulatorio estatal se enfoca primordialmente en las actividades de las comisionistas de bolsa, quienes por su rol constituyen el primer contacto y acompa\u00f1amiento con el inversor, como por la influencia que ejercen en el cliente y por el conocimiento experto que tienen del mercado. Su participaci\u00f3n profesional, por tanto, en la din\u00e1mica de valores es crucial a la hora de construir y mantener la confianza del consumidor financiero. <\/p>\n
El ordenamiento jur\u00eddico con el objetivo de proteger al inversionista radic\u00f3 en las comisionistas de bolsa la labor de orientaci\u00f3n. Adem\u00e1s del deber de informaci\u00f3n les corresponde el \u00abnatural\u00bb27 de asesor\u00eda profesional. La tutela del inversor se extiende m\u00e1s all\u00e1. Junto al suministro de datos objetivos respecto de la operaci\u00f3n, debe ofrecer al inversionista recomendaciones, opiniones y juicios de valor para que comprenda mejor las particularidades y riesgos del producto financiero y pueda tomar decisiones informadas. As\u00ed se establece en la Resoluci\u00f3n 400 de 1995, c\u00e1nones 1.5.3.2, numerales 1, y 1.5.3.3: <\/p>\n
\u00abDeber\u00e1 adoptar pol\u00edticas y procedimientos para que la informaci\u00f3n dirigida a sus clientes o posibles clientes en operaciones de intermediaci\u00f3n sea objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara. De manera previa a la realizaci\u00f3n de la primera operaci\u00f3n, el intermediario deber\u00e1 informar a su cliente por lo menos lo siguiente: a) Su naturaleza jur\u00eddica y las caracter\u00edsticas de las operaciones de intermediaci\u00f3n que se est\u00e1n contratando, y b) Las caracter\u00edsticas generales de los valores, productos o instrumentos financieros ofrecidos o promovidos; as\u00ed como los riesgos inherentes a los mismos. <\/p>\n
\u00abEn adici\u00f3n tendr\u00e1 \u201cque cumplir con el deber de asesor\u00eda profesional para con sus \u201cclientes inversionistas\u201d. <\/p>\n
\u00abSe entiende por asesor\u00eda profesional el brindar recomendaciones individualizadas que incluyan una explicaci\u00f3n previa acerca de los elementos relevantes del tipo de operaci\u00f3n, con el fin de que el cliente tome decisiones informadas, atendiendo al perfil de riesgo particular que el intermediario le haya asignado, de acuerdo con la informaci\u00f3n suministrada por el \u201ccliente inversionista\u201d sobre sus conocimientos y experiencia en el \u00e1mbito de inversi\u00f3n correspondiente al tipo de operaci\u00f3n a realizar. <\/p>\n
\u00abEn desarrollo de este deber ser\u00e1 responsabilidad del intermediario establecer un perfil de riesgo del cliente y actuar de conformidad con el mismo. Cuando el intermediario considere que el producto o servicio ofrecido o demandado es inadecuado para el cliente, deber\u00e1 darle a conocer expresamente su concepto. <\/p>\n
\u00abEl deber de asesor\u00eda a que se refiere este art\u00edculo tendr\u00e1 que ser cumplido por conducto de un profesional debidamente certificado para este fin, quien deber\u00e1 estar vinculado laboralmente al intermediario de valores. <\/p>\n
\u00abPar\u00e1grafo. Los intermediarios no podr\u00e1n, en ning\u00fan caso, restringir, limitar o eximirse de este deber, trat\u00e1ndose de un \u201ccliente inversionista\u201d\u00bb. <\/p>\n
La observancia de esos deberes no se reduce al \u00e1mbito de la intermediaci\u00f3n. Son inherentes a toda actividad de las comisionistas de bolsa e involucra intereses de los clientes inversionistas. Como profesionales, han de \u00abactuar ante los clientes como expertos prudentes y diligentes\u00bb porque son la viva expresi\u00f3n de la buena fe que campea en toda la actividad negocial, incluyendo, con rigor, la del mercado de valores. <\/p>\n
La bonae fidei recorre el ordenamiento jur\u00eddico en su integridad, y, por supuesto, el derecho de las obligaciones en sus diferentes manifestaciones. Forma parte de su propia m\u00e9dula, pues constituye un elemento estructural fundante, con fuerza y jerarqu\u00eda superior para la totalidad de los actos y relaciones jur\u00eddicas. Es esencia para los deberes primarios y secundarios, en cuya categor\u00eda se enmarcan los de informaci\u00f3n y asesor\u00eda. A su vez, conforma el derrotero conductual que gu\u00eda todo comportamiento negocial como una actividad honesta, proba y leal. <\/p>\n
En el mercado de valores el proceder de las comisionistas de bolsa adquiere un nivel superlativo. La expresividad normativa de los deberes de informaci\u00f3n y asesor\u00eda prolija en la regulaci\u00f3n as\u00ed lo ense\u00f1a. Ante la complejidad que el mercado de capitales representa para el inversor, la intervenci\u00f3n de la entidad profesional solo es aceptable, si corresponde a un actuar \u00edntegro y \u00e9tico, precedido del cumplimiento de aquellos par\u00e1metros de conducta. <\/p>\n
La comisionista de bolsa es profesional en su arte, y como tal, se espera que ejecute lo necesario para cumplir sus deberes y para disipar la oscuridad que la asimetr\u00eda de la informaci\u00f3n pueda generar, en pos de proteger al inversionista y por contera, los del mercado, como un todo interdependiente. La correcci\u00f3n de las fallas, la credibilidad y estabilidad del sistema, precisa el ejercicio serio del oficio por el br\u00f3ker. <\/p>\n
3.2.3. La ingente reglamentaci\u00f3n trasuntada obliga constru\u00edr un ambiente de absoluta seguridad jur\u00eddica para el inversor. No abriga posiciones que supongan dejar al arbitrio de los participantes aspectos nodales del sistema, como los deberes de informaci\u00f3n y asesor\u00eda profesional. La tranquilidad del consumidor pende de la garant\u00eda de observar en forma irrestricta las normas de funcionamiento y comportamiento que ordenan y disciplinan el sector. <\/p>\n
La arquitectura del mercado de valores, entonces, funda su robustez, transparencia e integridad, en la suma de esfuerzos coordinados y alineados en un prop\u00f3sito com\u00fan: la protecci\u00f3n del inversionista. La sinergia se logra solo si quienes est\u00e1n en mejor posici\u00f3n de conocer el sistema, act\u00faan de conformidad con las reglas dispuestas por el Estado y por los principios del derecho comparado para informar adecuadamente al consumidor o usuario. Amparado el inter\u00e9s del m\u00e1s d\u00e9bil, en el todo, en lo macro, la estructura queda fortalecida, se desarrolla y optimiza. <\/p>\n
3.2.4. El comercio transfronterizo, el contrato de corresponsal\u00eda y el deber de asesor\u00eda especial <\/p>\n
3.2.4.1. En el funcionamiento del mercado de capitales rese\u00f1ado (par\u00e1grafo segundo, art\u00edculo 3 de la Ley 964 de 2005), la realizaci\u00f3n de actividades de valores \u00abobedece al principio de presencia territorial, seg\u00fan el cual, \u00fanicamente las entidades constituidas o que se constituyan en Colombia\u00bb28 pueden llevarlas a cabo. Su ejecuci\u00f3n implica quedar sujetas a la supervisi\u00f3n del Estado a trav\u00e9s de la Superintendencia Financiera29. <\/p>\n
Se except\u00faa de esa restricci\u00f3n, la promoci\u00f3n o publicidad en Colombia o a sus residentes por instituciones extranjeras, respecto de productos y servicios de valores extranjeros tipificados como actividad de valores, seg\u00fan la regla 3, citada30; en cuyo caso, aquellos agentes no estar\u00e1n sometidos a la vigilancia de las autoridades nacionales, sino a las del lugar de origen31, salvo, frente a sus oficinas de representaci\u00f3n32. <\/p>\n
3.2.4.2. La habilitaci\u00f3n de esa actividad de valores transfronteriza responde al cumplimiento de obligaciones internacionales a cargo del Estado en materia econ\u00f3mica. En concreto, las adquiridas en virtud del Acuerdo de Marrakech, aprobado mediante la Ley 170 de 199433, origen de la Organizaci\u00f3n Mundial del Comercio34, y de Acuerdos sobre comercio de mercanc\u00edas y de servicios, derechos de propiedad intelectual, soluci\u00f3n de diferencias y examen de pol\u00edticas comerciales. Esas normativas conforman un corpus iuris, fuente principal del derecho comercial internacional35. <\/p>\n
Uno de los m\u00e1s importantes plexos normativos es el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)36. \u00c9ste tiene por objeto \u00abcrear un sistema cre\u00edble y fiable de normas comerciales internacionales; garantizar un trato justo y equitativo a todos los participantes (principio de no discriminaci\u00f3n); impulsar la actividad econ\u00f3mica mediante consolidaciones garantizadas; y fomentar el comercio y el desarrollo a trav\u00e9s de una liberalizaci\u00f3n progresiva\u00bb37. <\/p>\n
El articulado se aplica a las medidas que adopten los Estados miembros y afecten el comercio de servicios en cualquiera de sus modalidades: (i) Suministro transfronterizo. (ii) Consumo en el extranjero. (iii) Presencia comercial. (iv) Y, presencia de personas f\u00edsicas38. <\/p>\n
Establece obligaciones generales, como las de trato de la naci\u00f3n m\u00e1s favorecida y transparencia. Tambi\u00e9n se plasman los compromisos espec\u00edficos mediante los cuales los Estados \u00abindican en relaci\u00f3n con qu\u00e9 tipos de servicios adquieren nuevas obligaciones, se\u00f1alan si frente a ellos conceden pleno acceso a los mercados y si reconocen plenamente la cl\u00e1usula de trato nacional, o si, por el contrario, establecen limitaciones a esos principios\u00bb39 (subrayas ex texto). <\/p>\n
En particular, el Anexo Sobre Servicios Financieros comprensivo de \u00abtodo servicio de cualquier sector\u201d, permite a un Estado miembro adoptar \u00abmedidas por motivos cautelares, entre ellos la protecci\u00f3n de inversores, depositantes, tenedores de p\u00f3lizas o personas con las que un proveedor de servicios financieros tenga contra\u00edda una obligaci\u00f3n fiduciaria, o para garantizar la integridad y estabilidad del sistema financiero\u00bb40 (subrayas ex texto). <\/p>\n
3.2.5. La Ley 964 de 2005 autoriz\u00f3 al gobierno nacional para que determinara \u201c(\u2026) las actividades que, en adici\u00f3n a las previstas (\u2026) hacen parte del mercado de valores por constituir manejo, aprovechamiento e inversi\u00f3n de los recursos captados del p\u00fablico mediante valores (\u2026), regulara el comercio transfronterizo de los servicios propios de las actividades previstas en el art\u00edculo 3\u00ba\u00bb. A su vez, mediante Decreto 2558 de 200741, se regul\u00f3 el suministro transfronterizo de servicios financieros. As\u00ed se honraron las obligaciones internacionales mencionadas; y a la par, se impusieron medidas para proteger los inversionistas y garantizar la estabilidad e integridad del mercado42. <\/p>\n
La normativa dise\u00f1\u00f3 una v\u00eda de ingreso al mercado de valores nacional de entidades extranjeras para promocionar o publicitar sus valores. El inversor puede interactuar directamente con la instituci\u00f3n financiera del exterior, una vez conocido el producto o servicio y publicitado por la entidad experta autorizada. La conclusi\u00f3n de la operaci\u00f3n sit\u00faa la negociaci\u00f3n del valor en el pa\u00eds de origen. Y la regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n, por tanto, ser\u00e1 la definida por el ordenamiento jur\u00eddico for\u00e1neo. <\/p>\n
La actividad de valores transfronteriza en la forma autorizada por el Estado, permite identificar dos actos jur\u00eddicos independientes pero complementarios, previos a la realizaci\u00f3n de la operaci\u00f3n entre la instituci\u00f3n extranjera y el inversor. El primero, lo constituye el medio elegido por aquella y autorizado por la ley para promocionar su producto (mecanismo de acceso). El segundo, el deber de asesor\u00eda profesional especial que la entidad autorizada brinda al consumidor respecto del producto o servicio publicitado, como medida impuesta por el ordenamiento jur\u00eddico para su resguardo (mecanismo de protecci\u00f3n). <\/p>\n
3.2.6. El contrato de corresponsal\u00eda (mecanismo de acceso) <\/p>\n
De acuerdo con el precepto 2 numeral 3 del Decreto 2558 de 2007, las instituciones del exterior que pretendan promover o publicitar productos y servicios en el mercado de valores colombiano o a sus residentes, deber\u00e1n utilizar una de las siguientes alternativas: a) establecer una oficina de representaci\u00f3n; o b) celebrar un contrato de corresponsal\u00eda con una sociedad comisionista de bolsa de valores o con una corporaci\u00f3n financiera. <\/p>\n
En este \u00faltimo caso, la corresponsal\u00eda es un negocio jur\u00eddico, seg\u00fan el cual, una instituci\u00f3n del mercado de valores del exterior acuerda con una sociedad comisionista de bolsa nacional, llamada \u00abcorresponsal\u00bb, servir de \u00abpunto de enlace\u00bb43 para promocionar o publicitar sus \u00abproductos y servicios financieros en el mercado colombiano o a sus residentes\u00bb44. Se trata de una actividad ajena a las labores de intermediaci\u00f3n propias del mercado de valores45. De tal manera que se estructura como una relaci\u00f3n contractual bilateral, directa, onerosa, conmutativa y formal entre un ente colombiano vigilado (comisionista o corporaci\u00f3n financiera) y una entidad financera extranjera, cuyo objeto negocial sirve de enlace para informar, promocionar, ofertar productos y servicios financieros en donde sobresalen los deberes de informaci\u00f3n al consumidor financiero y el de asesor\u00eda profesional. <\/p>\n
Se entiende por promoci\u00f3n o publicidad \u00abcualquier comunicaci\u00f3n o mensaje, realizado personalmente o utilizando cualquier medio de comunicaci\u00f3n, sea este masivo o no, que est\u00e9 destinado a, o tenga por efecto, iniciar, directa o indirectamente, actividades (\u2026) del mercado de valores\u00bb46. El desarrollo de la actividad, para la corresponsal comporta, adem\u00e1s de las diligencias administrativas inherentes, \u00abasesorar a los clientes sobre los diferentes tipos de riesgos que asumir\u00edan con las operaciones\u00bb47. <\/p>\n
El regulador, con particular preocupaci\u00f3n, se encarg\u00f3 de circunscribir el objeto de ese convenio exclusivamente a la promoci\u00f3n o publicidad. Lo delimit\u00f3 celosamente, de tal suerte que la comisionista de bolsa, frente al inversor, bajo ninguna circunstancia implicara intervenir a nombre de la instituci\u00f3n financiera for\u00e1nea. Ello refulge de las normas que le imponen abstenerse de (i) representar a la instituci\u00f3n del exterior para suscribir o perfeccionar los contratos celebrados con residentes en el territorio nacional; (ii) realizar cualquier actividad relacionada con el cierre, registro o autorizaci\u00f3n final de las operaciones relacionadas con la prestaci\u00f3n de servicios por parte de la instituci\u00f3n del exterior; y de (iii) obligarse directa o indirectamente en las operaciones que promuevan48. <\/p>\n
Se procura garantizar dos cosas. La primera, la integridad jur\u00eddica y financiera de la comisionista de bolsa. Se blinda as\u00ed de un juicio de responsabilidad derivado de la relaci\u00f3n entidad extranjera-inversor. La promoci\u00f3n o publicidad de productos o servicios financieros, dentro de los l\u00edmites regulatorios fijados, \u201cen ning\u00fan momento puede significar la asunci\u00f3n de obligaciones o riesgos propios de la actividad financiera o del mercado de valores\u201d49. <\/p>\n
La segunda, el inversor no debe tener duda de lo publicitado, en tanto, se trata de una operaci\u00f3n de valores con una entidad del exterior, con las implicaciones que conlleva; ello con el fin de clarificar que el comisionista de bolsa al actuar como corresponsal, no hace parte del negocio, y que en el punto, las reglas que regulan la adquisici\u00f3n del producto extranjero son las del ordenamiento jur\u00eddico for\u00e1neo, motivo por el cual se predica la sustracci\u00f3n de la supervisi\u00f3n del Estado, para radicarse en la jurisdicci\u00f3n de origen del ente extranjero. <\/p>\n
3.2.7. Deber de asesor\u00eda profesional especial (mecanismo de protecci\u00f3n) <\/p>\n
El Estado, al permitir el acceso de instituciones extranjeras al mercado nacional a trav\u00e9s del suministro transfronterizo, procede conforme a sus obligaciones internacionales. Empero, al introducir la promoci\u00f3n y publicidad de productos y servicios de otro pa\u00eds, la falla de la informaci\u00f3n asim\u00e9trica viene de la mano. Es necesario, entonces, que la din\u00e1mica del mercado de valores arrope al inversor, para garantizar as\u00ed la estabilidad e integridad del sector. El Acuerdo de Marrakech establece que el comercio de servicios puede ir acompa\u00f1ado de medidas para proteger el sistema econ\u00f3mico local. <\/p>\n
Se requiere el establecimiento de reglas claras que disciplinen y ordenen la actividad de valores, dirigidas a proteger al inversionista y al mercado. La importancia del establecimiento de normas de conducta adecuadas y su observancia es superlativa en ese sentido, por tanto, la existencia de un deber de asesor\u00eda profesional especial se justifica. La raz\u00f3n, la asimetr\u00eda de la informaci\u00f3n en la relaci\u00f3n jur\u00eddica transfronteriza que se promueve, es mayor a la de otros escenarios; y sus efectos nocivos, de no contrarrestarse, pueden ser devastadores para el mercado de capitales y la ya fr\u00e1gil econom\u00eda nacional. <\/p>\n
Por ejemplo, en los negocios en que interviene un emisor inscrito en el RNVE50, la informaci\u00f3n sobre el valor ofertado pulula. Esto no ocurre cuando de la participaci\u00f3n del emisor extranjero se trata. La relaci\u00f3n final con el inversor se sustrae de la regulaci\u00f3n nacional y la vigilancia de la actividad la ejerce el supervisor del otro pa\u00eds, dificultando ostensiblemente la obtenci\u00f3n de datos sobre las condiciones de la entidad financiera y de la operaci\u00f3n promocionada. <\/p>\n
Aunque existe un control formal acerca de cierta informaci\u00f3n de la instituci\u00f3n extranjera, solo sirve de criterio inicial para autorizar el contrato de corresponsal\u00eda, pero no representa mayor rigorismo. Prueba de esto es que, pasados \u00abquince d\u00edas h\u00e1biles contados a partir de la radicaci\u00f3n completa de la documentaci\u00f3n (\u2026), sin que la Superintendencia Financiera de Colombia se hubiere pronunciado, el corresponsal [puede] iniciar la ejecuci\u00f3n\u00bb51 del convenio. <\/p>\n
La operaci\u00f3n de valores promocionada suscita un entorno incierto para el inversor nacional. La complejidad, que, por si, representa negociar en el exterior; y la ausencia de herramientas adecuadas para tomar una decisi\u00f3n informada, lo agudiza. La patente inestabilidad de la situaci\u00f3n, impone al Estado medidas adecuadas. No de otra manera es posible lograr y mantener la confianza del inversionista, y resguardarlo ante riesgos graves como los derivados del fraude y abuso del mercado. <\/p>\n
El cumplimiento de los deberes de abstenci\u00f3n dichos, son insuficientes. El ordenamiento jur\u00eddico consciente de la incertidumbre y en reciprocidad al ingreso del comercio de aquellos productos, dispuso como mecanismo de protecci\u00f3n aut\u00f3nomo brindar asesor\u00eda profesional al consumidor, como un \u00abdeber natural\u00bb de las actividades de las comisionistas de bolsa; adicionando la informaci\u00f3n relacionada con el funcionamiento de la instituci\u00f3n extranjera, la operaci\u00f3n ofertada y el r\u00e9gimen legal aplicable. El art\u00edculo 9 del Decreto 2558 de 2007, patentiza esos deberes: <\/p>\n
\u201cEn el desarrollo de sus actividades autorizadas, deber\u00e1n dar a los clientes una asesor\u00eda profesional, en relaci\u00f3n con los productos y servicios que promociona. A tal efecto se deber\u00e1 manifestar expresamente a sus clientes y usuarios que los productos y servicios que promueven son prestados por la instituci\u00f3n del exterior e ilustrarlos detalladamente acerca de las condiciones jur\u00eddicas, financieras, contables, comerciales y administrativas en que esta desarrolla sus operaciones; el alcance de sus responsabilidades como oficina de representaci\u00f3n; la responsabilidad que la instituci\u00f3n del exterior asume frente a los servicios ofrecidos, las caracter\u00edsticas principales de la supervisi\u00f3n que ejercen las autoridades respectivas sobre la instituci\u00f3n del exterior representada; la existencia de garant\u00edas o seguros, incluyendo seguro de dep\u00f3sitos u otra garant\u00eda estatal, si es del caso, que amparen incumplimientos de la instituci\u00f3n del exterior a los clientes y los l\u00edmites con que los mismos operan, as\u00ed como la jurisdicci\u00f3n y la ley aplicable a los productos y servicios que promociona. La oficina de representaci\u00f3n solicitar\u00e1 al cliente constancia del cumplimiento del suministro de la informaci\u00f3n mencionada en este numeral\u201d. <\/p>\n
El mecanismo de protecci\u00f3n del consumidor tiene por objeto superar el obst\u00e1culo en la consecuci\u00f3n de la informaci\u00f3n del agente y el valor extranjero; recomendar profesionalmente el producto y enterar al inversor de los riesgos y si se ajusta a su perfil e intereses, mediante el suministro de informaci\u00f3n objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara. Ahora, esto no quiere significar que con ello se eviten los riesgos asociados a la operaci\u00f3n transfronteriza promocionada. El objeto es que los conozca y est\u00e9 al tanto de las particularidades que rodean esa negociaci\u00f3n, para que comprenda de la mejor manera la inversi\u00f3n, previo a adoptar alguna decisi\u00f3n. <\/p>\n
El organismo de control y vigilancia colombiano, as\u00ed lo consider\u00f3 en un asunto disciplinario adelantado contra la comisionista de bolsa ahora demandada, ante el incumplimiento del precitado deber52: <\/p>\n
\u00abEs as\u00ed como para esta Superintendencia, no existe duda que cuando el Gobierno Nacional dispuso en el art\u00edculo 9 del Decreto 2558 de 2007, hoy art\u00edculo 4.1.1.1.9 del Decreto 2555 del 2010, que la sociedad comisionista de bolsa solicitar\u00e1 al cliente constancia del cumplimiento del suministro de la informaci\u00f3n relacionada con los productos y servicios que promociona, incorpor\u00f3 una obligaci\u00f3n en cabeza de las entidades encargadas de adelantar la labor de promoci\u00f3n de productos de entidades del exterior, esto es sociedades comisionistas o corporaciones financieras, en el caso de los contratos de corresponsal\u00eda. Lo anterior, para garantizar una diligente, oportuna y adecuada asesor\u00eda por parte de \u00e9stas en los t\u00e9rminos de la norma antes referida, de manera tal que el eventual cliente conozca de manera precisa y detallada, entre otros aspectos, los siguientes: <\/p>\n
\u00ab1. Que est\u00e1 contratando con una instituci\u00f3n del exterior y de las responsabilidades que asume dicha entidad frente a los productos y servicios que ofrece a trav\u00e9s de las entidades vigiladas. <\/p>\n
\u00ab2. Los efectos y riesgos que dicha inversi\u00f3n puede ocasionar. <\/p>\n
\u00ab3. El grado de responsabilidad que puede predicarse de la labor ejecutada por parte de la sociedad comisionista o la corporaci\u00f3n financiera, de manera tal que no quede duda para el cliente que la actividad de cualquiera de estas entidades se limita a la promoci\u00f3n y publicidad de productos de una entidad del exterior\u00bb. <\/p>\n
El alcance de la salvaguarda normativa va m\u00e1s all\u00e1. Impone a la corresponsal solicitar al cliente \u00abconstancia del cumplimiento del suministro de la informaci\u00f3n\u00bb. Con ello cierra cualquier discusi\u00f3n acerca de la materializaci\u00f3n de tan sensible proceder. Su ocurrencia no puede quedar simplemente retratada en el recuerdo; como se trata de negociaciones enrevesadas y desiguales, la constancia es el \u00fanico dispositivo de defensa del inversor frente al derecho a la informaci\u00f3n y frente al deber del corresponsal. <\/p>\n
La guarda de la seriedad, estabilidad y solidez del mercado demanda del regulador, dada la compleja situaci\u00f3n enfrentada por el inversor nacional, adoptar respuestas proporcionales. De tal modo, que la exigencia del art\u00edculo 9 del Decreto 2558 de 2007, reiterada en el 4.1.1.1.9 del Decreto 2555 del 2010, tocante con que la sociedad comisionista de bolsa solicite al cliente constancia del cumplimiento del suministro de la informaci\u00f3n relacionada con los productos y servicios que promociona, constituye una obligaci\u00f3n ad sustamtiam actus, en cabeza de las entidades encargadas de adelantar la labor de promoci\u00f3n de productos de entidades del exterior, para el caso del contrato de corresponsal\u00eda. La prueba de esa obligaci\u00f3n resulta central y esencial porque da cuenta de haberse llevado a cabo el deber de informaci\u00f3n y de asesor\u00eda profesional especial, ante la asimetr\u00eda del inversionista nacional frente a la entidad extranjera. <\/p>\n
Se trata de una formalidad ad substantiam actus y ad probationem. El \u00abdocumento sirve tanto para constituir v\u00e1lidamente el acto jur\u00eddico, como para probarlo\u00bb54. La suerte de los hechos sujetos a esas formalidades legales, en caso de omisi\u00f3n, determina que la relaci\u00f3n no produce efecto jur\u00eddico alguno, por supuesto, como \u00abdesconocimiento o alteraci\u00f3n\u00bb \u00abde las consecuencias\u00bb, \u00abpartiendo de la propia negativa del ser o inexistencia (\u2026) fen\u00f3meno (\u2026) de indispensable contemplaci\u00f3n desde un punto de vista l\u00f3gico y pragm\u00e1tico, frente a ocurrencias vitales\u00bb55. <\/p>\n
La observancia de la forma solemne, condici\u00f3n ad solemnitatem, apenas para ciertos actos que as\u00ed lo demanden, perentoriamente en los modos previstos por el legislador, es vinculante o constitutiva porque es ad substantiam actus (forma dat esse rei), en consonancia con el art\u00edculo 1501 del C\u00f3digo Civil, y su omisi\u00f3n desemboca en la inexistencia; claro sin que se trate de un culto a la forma o en contra de la libertad de formas; pero en el caso, es aut\u00e9ntico requisito de existencia, de manera que cuando su inobservancia es total, genera la inexistencia del acto56, como cuando ocurre ausencia de voluntad o carencia de objeto, por falta de las aut\u00e9nticas bases ontol\u00f3gicas que repercuten en el acto mismo. Muy diferente es la situaci\u00f3n cuando se presentan las hip\u00f3tesis del art\u00edculo 1741 del C. C. en punto de las nulidades materiales. <\/p>\n
Por supuesto, si un requisito es ad probationem, como exigencia respecto de la prueba del negocio jur\u00eddico, no compromete la vida misma del acto, contrario a cuanto ocurre con los denominados requisitos ad substantiam actus. Para la Corte: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando se est\u00e1 frente a una forma probatoria, la ausencia de \u00e9sta no lesiona la validez del acto o contrato, pues \u00e9ste cobra vida con independencia de ella y es eficaz en s\u00ed mismo. Otra es la suerte del contrato en el evento de tener que probarse, pues es all\u00ed donde surge la dificultad por la ausencia de las formas predispuestas con dicha finalidad, pero sin que tal cosa signifique que el respectivo acto o contrato no pueda probarse, porque ese tipo de formalidades puede ser suplido, eventualmente, por otros medios de pruebas, como lo ha aceptado la pr\u00e1ctica jurisprudencial, al contrario de lo que acontece con las formalidades ad solemnitatem que no pueden ser suplidas por ning\u00fan otro medio de prueba\u00bb57. <\/p>\n
La solemnidad en este caso no es un mero capricho del regulador. El ordenamiento jur\u00eddico entiende la din\u00e1mica de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial que se ha creado, sus riesgos y volatilidad. Permite asegurar que las medidas dise\u00f1adas para contrarrestar las fallas del mercado se materialicen. La ausencia de la \u201cconstancia\u201d conduce a se\u00f1alar que el deber de asesor\u00eda profesional no fue suministrado y el derecho a la informaci\u00f3n no fue satisfecho. <\/p>\n
La Superintendencia Financiera, al evaluar la responsabilidad disciplinaria de la comisionista de bolsa, ahora demandada, analiz\u00f3 la cuesti\u00f3n. Aclar\u00f3 el alcance del incumplimiento de esa formalidad, al exponer: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 9 del Decreto 2558 de 2007, aplicable al desarrollo de los contratos de corresponsal\u00eda seg\u00fan lo dispuesto por el literal b) del numeral 3 del art\u00edculo 2 del mismo decreto, establece un deber en cabeza de las sociedades corresponsales de informar a los inversionistas que sean objeto de la promoci\u00f3n y publicidad en Colombia de servicios financieros, reaseguros y productos de mercado de valores de instituciones del exterior, de informar acerca de las responsabilidades en cabeza de la entidad del exterior, la jurisdicci\u00f3n y ley aplicable a los productos y servicios promocionados, entre otros temas. <\/p>\n
\u00abDicho deber de informaci\u00f3n tiene como fin el suministrar toda la informaci\u00f3n a los inversionistas de Colombia en relaci\u00f3n con el alcance de las obligaciones y responsabilidades de la sociedad corresponsal, as\u00ed como toda aquella ligada a la supervisi\u00f3n de las entidades del exterior, y el alcance de las responsabilidades de las mismas. <\/p>\n
\u00abEl cumplimiento de este deber es de tal trascendencia para la protecci\u00f3n de los inversionistas que el legislador consider\u00f3 necesario que, en desarrollo de la promoci\u00f3n y publicidad que la entidad corresponsal haga en Colombia de los servicios o productos de entidades del exterior, se deje documentado la observancia del contenido del art\u00edculo 9 del Decreto 2558 de 2007, por lo cual la sociedad comisionista est\u00e1 obligada a solicitar la respectiva constancia a los clientes referidos a la entidad del exterior. <\/p>\n
\u00abDe conformidad con lo hechos expuestos en precedencia, Stanford S.A. SCB no cumpli\u00f3 con dicho deber para todos los clientes referidos al exterior en desarrollo de los contratos de corresponsal\u00eda autorizados (\u2026). <\/p>\n
\u00abEn consecuencia, en el criterio de la sociedad investigada, la misma no estaba en la obligaci\u00f3n de obtener de sus clientes constancias sobre el cumplimiento del deber de asesor\u00eda, pues los documentos de vinculaci\u00f3n de dichos clientes con la entidad del exterior y las declaraciones de cambio, que se adjuntan a las explicaciones suministradas por la sociedad comunicaci\u00f3n 2009026276-016 del 26 de abril del 2010, en su concepto evidencian que el cliente es consciente de que est\u00e1 realizando una operaci\u00f3n con una entidad del exterior y no puede alegar el desconocimiento de las operaciones alegadas. <\/p>\n
\u00abSobre los argumentos expuestos por la defensa, en primer lugar se debe resaltar que el prop\u00f3sito fundamental del art\u00edculo 4.1.1.1.9 del Decreto 2555 del 2010, es garantizar que en la ejecuci\u00f3n de un contrato de corresponsal\u00eda los clientes de una sociedad comisionista de bolsa o de una corporaci\u00f3n financiera, conozcan de manera clara las condiciones y los riesgos de la inversi\u00f3n que pretenden efectuar en una entidad del exterior. Es por ello que el precepto en menci\u00f3n exige de dichas entidades vigiladas una asesor\u00eda profesional, en relaci\u00f3n con los productos y servicios que promocionan, de manera tal que los clientes sean ilustrados detalladamente acerca de las condiciones jur\u00eddicas, financieras, contables, comerciales y administrativas en que la entidad del exterior desarrolla sus operaciones. <\/p>\n
\u00abEn esa medida no resulta coherente se\u00f1alar que la obligaci\u00f3n de la sociedad comisionista Stanford S.A. de solicitar al cliente, una constancia del cumplimiento del suministro de la informaci\u00f3n mencionada en el art\u00edculo 4.1.1.1.9. del Decreto 2555 del 2010, es de car\u00e1cter facultativo, pues solo una constancia debidamente firmada por el cliente, puede constituir el soporte probatorio que acredite que realmente la sociedad comisionista le inform\u00f3 detalladamente las caracter\u00edsticas y condiciones de los productos que ofrec\u00eda la entidad del exterior, como es el caso de Pershing LL.C. y Stanford International Bank, y que por tanto la sociedad comisionista cumpli\u00f3 adecuadamente con su deber de asesor\u00eda (\u2026). <\/p>\n
\u00abDe manera general lo que observa esta Superintendencia de las solicitudes formuladas por las personas antes referidas, respecto de las cuales no se acredit\u00f3 que la sociedad comisionista hubiera solicitado constancia del suministro de la informaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 9 del Decreto 2558 de 2007, hoy art\u00edculo 4.1.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010, es que en efecto tales personas no contaban con la informaci\u00f3n adecuada respecto de su inversi\u00f3n\u201d58. <\/p>\n
La decisi\u00f3n definitiva enfatiz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Para este despacho es claro que la conducta objeto de reproche fue el no haber dejado documentado el cumplimiento dado al art\u00edculo 9 del Decreto 2558 de 2007, hoy art\u00edculo 4.1.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010 (\u2026). <\/p>\n
\u00abEn este contexto, es importante se\u00f1alar que la obligaci\u00f3n impuesta en la norma no puede entenderse satisfecha en el sentido expuesto por el apelante, esto es, con la mera solicitud a los clientes de un documento que \u00e9stos pudieran no suministrar. En manera alguna. Lo que pretende la disposici\u00f3n es garantizar que cada uno de los clientes que desean adquirir productos o servicios prestados por una entidad del exterior, tengan la informaci\u00f3n necesaria para la toma de sus decisiones de inversi\u00f3n, por lo que exige, en prueba de que realmente la recibieron, que la comisionista que act\u00fae como corresponsal cuente con un documento suscrito por ellos. <\/p>\n
\u00abPor lo tanto, si el corresponsal no cuenta con la prueba solicitada en la norma, no puede acreditar que dio cumplimiento a la obligaci\u00f3n de asesor\u00eda legalmente impuesta\u00bb59 (se subraya). <\/p>\n
Para la Corte, al tratarse de un requisito de existencia del acto jur\u00eddico, cualquier manifestaci\u00f3n, alusi\u00f3n, sugerencia para suplir la exigencia de la constancia y dar por satisfechos los deberes de la corresponsal, por mecanismos diversos al establecido en la ley, es inaceptable, ante el car\u00e1cter reglado y serio del mercado de valores. <\/p>\n
La imposici\u00f3n de una condici\u00f3n para que aqu\u00e9llos actos nazcan a la vida jur\u00eddica en el escenario de capitales es un mandato, que entra\u00f1a un requisito de existencia en desarrollo de la Ley Marco, de tal modo que la observancia de la solemnidad no est\u00e1 dada a la discrecionalidad de los participantes, cual lo se\u00f1ala el art. 898 del C. de Co.:\u201cSer\u00e1 inexistente el negocio jur\u00eddico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su formaci\u00f3n, en raz\u00f3n del acto o contrato y cuando falte alguno de sus requisitos esenciales\u201d. En estas condiciones son ineficaces los efectos que le son propios, pero en su m\u00e1s alto grado de ineficacia, ante la carencia de su esencialidad y sustancialidad, y en consecuencia, es un fen\u00f3meno iure et de iure; sin que pueda verse como un evento de nulidad sustancial, de anulabilidad o nulidad relativa, ora de inoponibilidad. <\/p>\n
Finalmente, no sobra resaltar que el regulador haya decidido radicar tama\u00f1a responsabilidad en las comisionistas de bolsa. No era para menos. El objeto es \u00abmantener la confianza del p\u00fablico en el mercado de valores, garantizando que el comercio transfronterizo de los servicios propios de dicho mercado en Colombia, s\u00f3lo se adelante por personas que cuenten con la idoneidad moral, profesional y tecnol\u00f3gica, para el efecto\u00bb60. <\/p>\n
La descripci\u00f3n del modelo organizacional analizado, ense\u00f1a c\u00f3mo la relaci\u00f3n valor-captaci\u00f3n de dineros del p\u00fablico es de inter\u00e9s p\u00fablico. Alrededor se construye una estructura donde participan diferentes actores profesionales, a trav\u00e9s de m\u00faltiples actividades, con un prop\u00f3sito principal: Garantizar al inversor condiciones de seguridad y trasparencia para que adopte decisiones informadas sobre las operaciones financieras que le interesan. Para mantener la estabilidad del sistema, el Estado interviene creando reglas de funcionamiento y de conducta. La interacci\u00f3n arm\u00f3nica de roles genera confianza en el mercado, lo equilibra, resguarda y propicia su desarrollo. Cuando los est\u00e1ndares previstos se infringen, corresponde a las autoridades del ramo, o a los jueces, finalmente, restaurar la confianza y la justicia para limitar desbordamientos que colapsen el sistema. <\/p>\n
3.2.8. Frente a lo discurrido, pasa la Corte a examinar si el Tribunal incurri\u00f3 en los errores de hecho probatorios enrostrados. <\/p>\n
El deber de asesor\u00eda profesional as\u00ed como el de informaci\u00f3n, en el mercado de valores de las comisionistas de bolsa abreva, bien en el escenario contractual, es el caso del contrato de comisi\u00f3n61, ya en actividades de intermediaci\u00f3n propiamente dichas62. Se presenta tambi\u00e9n al margen de cualquier v\u00ednculo negocial, como mecanismo de protecci\u00f3n del inversor impuesto por el Estado colombiano, ante la autorizaci\u00f3n de la promoci\u00f3n de productos y servicios del exterior. <\/p>\n
La responsabilidad, en general, dimana del art\u00edculo 95, numeral 1\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Impone como deberes de la persona y del ciudadano \u00ab[r]espetar los derechos ajenos y no abusar de los propios\u00bb. <\/p>\n
El precepto recoge la m\u00e1xima qui iure suo utitur, neminen laedere debet63, seg\u00fan el cual, quien vulnere o incumpla sus obligaciones de conducta contractuales o extracontractuales, impuestas en inter\u00e9s de otro o de varios sujetos de derecho, debe reparar el da\u00f1o producido. <\/p>\n
La extracontractual, fundada en el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, establece la obligaci\u00f3n civil de indemnizar los perjuicios provenientes de los delitos y las culpas. Exige para su estructura, al decir de la Corte: <\/p>\n
\u00abuna conducta humana, positiva o negativa, por regla general antijur\u00eddica; un da\u00f1o o perjuicio, esto es, un detrimento, menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses l\u00edcitos de la v\u00edctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva; una relaci\u00f3n de causalidad entre el da\u00f1o sufrido por la v\u00edctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producci\u00f3n o generaci\u00f3n; y, finalmente, un factor o criterio de atribuci\u00f3n de la responsabilidad, por regla general de car\u00e1cter subjetivo (dolo o culpa) y excepcionalmente de naturaleza objetiva (v.gr. riesgo)\u00bb64. <\/p>\n
La culpa, cuesti\u00f3n nodal de la discusi\u00f3n, se refiere a la negligencia, imprudencia, descuido o impericia en el comportamiento desplegado. Se caracteriza por la \u00abinobservancia del cuidado debido en el actuar de la persona a quien se le atribuye ser la causante del da\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
El deber de cuidado \u00abpuede estar determinado por el legislador65, empero ante la imposibilidad de hacer una relaci\u00f3n exhaustiva en la ley, se acepta tambi\u00e9n excepcionalmente su moldeamiento mediante las reglas sociales y, esencialmente por el discernimiento del juez a partir de establecer c\u00f3mo se habr\u00eda comportado una persona diligente o prudente en similares circunstancias a las del convocado al litigio como responsable\u00bb66. Para la doctrina, \u00abhabr\u00e1 culpa sea que la precauci\u00f3n omitida est\u00e9 o no impuesta por la ley, por un reglamento (\u2026) o por un uso o h\u00e1bito (\u2026). Si est\u00e1 ordenada por la ley su sola omisi\u00f3n constituye culpa\u00bb67. <\/p>\n
3.2.8.1. En el caso, seg\u00fan el Tribunal, la culpa de la comisionista de bolsa demandada no se encontraba acreditada. Si bien, dijo, se demostraron las actividades irregulares del emisor extranjero, no se pod\u00eda inferir que la comisionista ten\u00eda conocimiento al respecto. Adem\u00e1s, los demandantes admitieron saber que se trataba de una operaci\u00f3n con una instituci\u00f3n extranjera, y algunos de ellos, eran personas versadas en ese tipo de negocios. <\/p>\n
Empero, para los casacionistas, el contrato de corresponsal\u00eda, los brochures68, los testimonios, las declaraciones de los perjudicados, la documental contentiva de la actuaci\u00f3n de las autoridades extranjeras y la exhibici\u00f3n de documentos, demostraban lo contrario; dejaban descubierto el incumplimiento del deber de asesor\u00eda profesional, pero tambi\u00e9n el de informaci\u00f3n; y la culpa, por tanto, era evidente. <\/p>\n
El dislate f\u00e1ctico denunciado es ostensible, inobjetable. En la exhibici\u00f3n de documentos, cuya precisa misi\u00f3n era recaudar los \u00abrelacionados con la actividad de corresponsal\u00eda\u00bb de la entidad demandada, no se hallaron las constancias del cumplimiento del deber de asesor\u00eda profesional ni el cabal cumplimiento del deber de informaci\u00f3n, supra explicado. Si no se expidieron esos documentos, \u00fanicos id\u00f3neos para demostrar el hecho, sencillamente, la conducta no qued\u00f3 demostrada. <\/p>\n
Sorpresivamente, en la r\u00e9plica la comisionista de bolsa para exculpar la ausencia de la constancia y justificar que \u201cno ten\u00eda ning\u00fan deber de asesor\u00eda profesional ni mucho menos de dar informaci\u00f3n a los recurrentes\u201d (fl. 349 a 351 cdno. Corte) modifica su estrategia de defensa alegando que actu\u00f3 como intermediario y no como corresponsal. Tal posici\u00f3n, igualmente censurable, no solo es contraria a lo esgrimido durante el tr\u00e1mite procesal, sino tambi\u00e9n hu\u00e9rfana de protecci\u00f3n legal, pues como se anticip\u00f3 de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2557 de 2008, la corresponsal\u00eda, era la \u00fanica forma en que pod\u00eda intervenir en la negociaci\u00f3n transfronteriza. <\/p>\n
La asimetr\u00eda de la informaci\u00f3n era plena y de bulto dimanaba. El consejo se tornaba indispensable para que los demandantes entendieran la dimensi\u00f3n del producto promocionado. Para adoptar una decisi\u00f3n informada, necesitaban conocer el alcance de las responsabilidades; las condiciones jur\u00eddicas, financieras, contables, comerciales y administrativas en que la instituci\u00f3n for\u00e1nea desarrollaba la operaci\u00f3n, los riesgos asociados; qui\u00e9n y c\u00f3mo los iba a proteger en el exterior. Nada de eso ocurri\u00f3. Eran presa f\u00e1cil del abuso y del fraude. <\/p>\n
En verdad, el elemento subjetivo merec\u00eda una reflexi\u00f3n mayor desde la materialidad de la prueba dejada de lado. La pertenencia, las conexiones y enlaces de la demandada con el emisor extranjero en el holding Stanford Financial Group ameritaban mayor rigor. Ello, adicionalmente fue denunciado en el cargo. <\/p>\n
El error es el resultado de haberse desviado el Tribunal de su labor\u00edo probatorio. Se detuvo en aspectos como el conocimiento informal que ten\u00edan los demandantes del negocio y de la calidad de inversor extranjero, o si la comisionista de bolsa sab\u00eda o no de las actividades irregulares del emisor. Dej\u00f3 de lado lo fundamental: El par\u00e1metro de conducta impuesto en el ordenamiento para el resguardo de los inversores. <\/p>\n
3.2.8.2. Los brochures de Stanford Bolsa y Banca S.A. Comisionista de Bolsa y de Stanford International Bank Limited, igualmente fueron preteridos. En ellos, esas entidades anunciaban y promocionaban, sugestiva y ampulosamente los productos, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abStanford Bolsa y Banca es miembro de Stanford Financial Group, una red global de compa\u00f1\u00edas financieras afiliadas que conforman una poderosa fuente de oportunidades financieras. Stanford ofrece su experiencia global a inversionistas privados e institucionales, en la elaboraci\u00f3n de estrategias para la asignaci\u00f3n de activos, asesor\u00eda de inversiones, investigaci\u00f3n de mercados accionarios, banca privada internacional, administraci\u00f3n de fideicomisos, banca comercial, banca de inversi\u00f3n, banca mercantil, ventas institucionales y trading, inversiones inmobiliarias y corretaje de seguros. <\/p>\n
\u00abAunque independientes, cada compa\u00f1\u00eda de Stanford proporciona programas coordinados de administraci\u00f3n patrimonial para inversionistas privados e instituciones. Stanford presta servicios financieros a mas de 90.000 clientes en m\u00e1s de 130 pa\u00edses\u201d69. <\/p>\n
\u00abStanford International Bank es miembro de Stanford Financial Group, una red global de compa\u00f1\u00edas de servicios financieros, enteramente privadas y afiliadas a trav\u00e9s de control com\u00fan de un accionista \u00fanico. El n\u00facleo de negocios de Stanford es la administraci\u00f3n de patrimonio privado. Inversionistas privados e institucionales han aprovechado los beneficios que ofrece la experiencia global de Stanford en cuanto a la administraci\u00f3n fiduciaria, banca privada internacional, servicios de asesor\u00eda en inversiones, banca comercial, seguros, estrategias de colocaci\u00f3n de activos, banca de inversi\u00f3n, banca comercial, ventas y corretaje institucional, valores de capital y pol\u00edticas de investigaci\u00f3n. Stanford sirve a clientes de 136 pa\u00edses en cinco continentes\u00bb70. <\/p>\n
El contenido de esos folletos muestra inequ\u00edvocamente que tanto la corresponsal como el emisor extranjero, no solo hac\u00edan parte del grupo empresarial Stanford Financial Group, sino que adem\u00e1s, se utilizaba, ostentaba y exhib\u00edan una aparente e ilusa solidez para potencializar los servicios ofrecidos; consistencia \u00e9sta, que del todo devino huera y anodina, porque de otro modo no se hubiese gestado el da\u00f1o denunciado en estas pretensiones grupales acumuladas. <\/p>\n
No obstante, el Tribunal tuvo por acreditado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)el emisor de los CD\u00b4s -SIB- fue intervenido por el Tribunal del Distrito de E.U junto con Stanford Group Company, Capital Management LLC y tres personas naturales: Allen Stanford, Jaimes M David y Laura Pendergest Holt, como consecuencia de la demanda que interpuso la Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa de los Estados Unidos el 16 de febrero de 2009, por desorientar a los inversionistas y recaudar ocho mil millones de d\u00f3lares americanos prometiendo CD\u00b4s con altas tasas de inter\u00e9s, mentir sobre su liquidez y estados financieros realizada por C.A.S. Hewlett & co, sin que la supervisara la autoridad reguladora de Antigua, haciendo menci\u00f3n a incentivos del 3% de comisi\u00f3n, altas tasas de inter\u00e9s superiores a las de los bancos convencionales y haciendo menci\u00f3n a informaci\u00f3n falsa y grave negligencia de los demandados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En el contexto, la conclusi\u00f3n del Tribunal es contraevidente. Si hubiese observado la prueba, habr\u00eda encontrado lo decisivo que resultaba el cumplimiento del deber de asesor\u00eda profesional y el correlativo de informaci\u00f3n objetiva y veraz, por parte de la demandada. La pertenencia al grupo implicaba un rigor extremo en la observancia de esa obligaci\u00f3n para que los intereses en el conglomerado no afectaran su objetividad. <\/p>\n
El desenlace ya se conoce, fue funesto. Se verificaron por parte de las autoridades de Estados Unidos, graves irregularidades financieras ejecutadas por la cabeza de Stanford Financial Group, a trav\u00e9s de Stanford Financial Bank. El \u00fanico basti\u00f3n dispuesto por el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, precisamente para resguardar a los inversionistas del fraude o el abuso del mercado, no se edific\u00f3, no se cumpli\u00f3, fue inexistente jur\u00eddicamente, cual arriba se explic\u00f3 in extenso. A quien se le confi\u00f3 el deber de asesor\u00eda profesional, olvid\u00f3 que de su correcto proceder, depend\u00eda el derecho del otro, repercut\u00eda en la estabilidad del mercado y en la econom\u00eda del pa\u00eds, olvidando de paso los principios de buena fe y de solidaridad que deben campear en las relaciones jur\u00eddico-econ\u00f3micas. <\/p>\n
La infracci\u00f3n de los deberes de asesor\u00eda y de informaci\u00f3n, incidi\u00f3 en el quebrantamiento del art\u00edculo 9 pluricitado y de las condiciones previstas en el art\u00edculo 1.5.2.2 de la Resoluci\u00f3n 400 de 1995 con relaci\u00f3n a los deberes de informaci\u00f3n y de asesor\u00eda, interdependientes, pues no se inform\u00f3 sobre la liquidez y los estados financieros del emisor, y los inversores no fueron enterados acerca de las condiciones jur\u00eddicas, financieras, contables, comerciales y administrativas en que aquel desarrollaba sus operaciones. Los consumidores desconoc\u00edan las caracter\u00edsticas principales de la supervisi\u00f3n que ejerc\u00edan las autoridades respectivas sobre la instituci\u00f3n del exterior. Y finalmente los riesgos asociados y no dados a conocer, fueron los que acaecieron con la inversi\u00f3n del p\u00fablico, el grupo demandante. <\/p>\n
3.2.9. En relaci\u00f3n al da\u00f1o, como elemento integrante de la responsabilidad extracontractual, es entendido por la doctrina de esta Corte, como la \u00abvulneraci\u00f3n de un inter\u00e9s tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n humana, que repercute en una lesi\u00f3n a bienes como el patrimonio o la integridad personal\u00bb71. <\/p>\n
El perjuicio es la consecuencia del da\u00f1o para la v\u00edctima, y la indemnizaci\u00f3n corresponde al pago del \u00abperjuicio que el da\u00f1o ocasion\u00f3\u00bb72. Este \u00faltimo para que sea reparable, debe ser \u00abcierto y no puramente conjetural, no basta afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicci\u00f3n regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario\u00bb (se resalta)73. El menoscabo que sufre una persona con ocasi\u00f3n del hecho injusto, s\u00f3lo podr\u00e1 ser resarcible siempre y cuando demuestre su certidumbre, \u00abporque la culpa, por censurable que sea, no los produce de suyo\u00bb74. Tambi\u00e9n debe ser directo, en cuanto el quebranto irrogado se haya originado \u00abcon ocasi\u00f3n exclusiva del [suceso arbitrario]\u00bb75. <\/p>\n
3.2.9.1. En el caso, el Tribunal tuvo por acreditado el da\u00f1o, pero no respecto de todos los pretensores. Si bien los Cd\u00b4s poseen un m\u00e9rito probatorio superior en aras de acreditar el perjuicio, no existe regla que impida que el menoscabo se demuestre con otros medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Rosa Adalia Vel\u00e1squez Reyes y Luz Edelmira Vel\u00e1squez aportaron copia del certificado de dep\u00f3sito en el interrogatorio de parte (fl. 2951). El texto confirma el monto reclamado por valor de USD$ 50.306, 75. <\/p>\n
La copia del certificado de dep\u00f3sito de Mar\u00eda Cecilia Romero \u00c1lvarez, fue anexada como medio de convicci\u00f3n de apoyo al dictamen pericial (fl. 3093). El texto confirma el monto reclamado por valor de USD$ 22.990, 00. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a Luis Vel\u00e1squez Uribe y Cecilia Ram\u00edrez de Vel\u00e1squez, la propia demandada ados\u00f3 los documentos de \u00abApertura de Cuenta Stanford International Bank Ltda\u00bb: (i) Solicitud al corresponsal donde autoriza el traslado de USD$252.000, 00, en favor del emisor extranjero; (ii) Petici\u00f3n de 5 de febrero de 2009, enviada al emisor para la cancelaci\u00f3n del CD n\u00famero 170722 (folio 531 y 523 Cdno. Pruebas). Los instrumentos confirman el monto de la operaci\u00f3n reclamada por valor de USD$252.000. Adem\u00e1s, los mismos fueron transferidos a Stanford International Bank Ltda. Ese t\u00f3pico, dicho sea de paso, no fue cuestionado por el extremo pasivo. <\/p>\n
3.2.9.2. Los medios de prueba dichos, los cuales fueron omitidos, acreditan la existencia de la afectaci\u00f3n patrimonial de ciertos demandantes. El error probatorio de hecho denunciado, por tanto, se muestra evidente. <\/p>\n
3.2.10. Los yerros facti in iudicando incidieron en la decisi\u00f3n final y en la aplicaci\u00f3n de las normas se\u00f1aladas como violadas. Llevaron al juzgador colegiado a negar las pretensiones sobre la base de la orfandad probatoria de la culpa y del da\u00f1o respecto de Rosa Adalia Vel\u00e1squez Reyes, Luz Edelmira Vel\u00e1squez, Mar\u00eda Cecilia Romero \u00c1lvarez, Luis Vel\u00e1squez Uribe y Cecilia Ram\u00edrez de Vel\u00e1squez. Por lo mismo, a dejar de analizar, los dem\u00e1s elementos de la responsabilidad. <\/p>\n
3.2.11. Lo dicho, al margen de si se cometieron los dem\u00e1s errores de hecho probatorios enrostrados, es suficiente para recibir el cargo. Claro est\u00e1, sin lugar a condenar en costas ante el \u00e9xito de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
4.1. Se advierte ante todo, el fallo impugnado extraordinariamente no sufre mengua, respecto de lo decidido en torno al elemento da\u00f1o. El Tribunal lo dej\u00f3 establecido para la mayor\u00eda de los demandantes. La decisi\u00f3n no fue involucrada en casaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, ello es suficiente para dejarlo establecido, respecto de los precursores cobijados. <\/p>\n
4.2. En la sentencia apelada por el extremo actor, se concluy\u00f3 que Stanford S.A. Comisionista de Bolsa no incurri\u00f3 en negligencia o descuido. La disidencia vertical, por su parte, atac\u00f3 ese razonamiento y expuso, entre otros motivos, que el comportamiento reprochable s\u00ed se corroboraba ante el incumplimiento por parte de aqu\u00e9lla del deber de asesor\u00eda profesional consagrado en el art\u00edculo 9 del Decreto 2558 de 2007. <\/p>\n
La raz\u00f3n est\u00e1 del lado de la alzada. Adem\u00e1s de lo concluido al resolverse la impugnaci\u00f3n extraordinaria, el elemento subjetivo de la responsabilidad aflora en el proceso. El establecido incumplimiento del deber de asesor\u00eda profesional y el de informaci\u00f3n configuran la culpa, as\u00ed de claro. Stanford S.A. Comisionista de Bolsa falt\u00f3 al par\u00e1metro de conducta que hab\u00eda dispuesto el regulador para proteger a los inversores. La asimetr\u00eda de la informaci\u00f3n era plena, del mismo modo, como el deber de asesor\u00eda. El consejo se tornaba indispensable para que los actores entendieran la dimensi\u00f3n del producto promocionado. Para adoptar una decisi\u00f3n informada, necesitaban conocer el alcance de las responsabilidades; las condiciones jur\u00eddicas, financieras, contables, comerciales y administrativas en que la instituci\u00f3n for\u00e1nea desarrollaba la operaci\u00f3n, los riesgos asociados; qui\u00e9n y c\u00f3mo los iba a proteger en el exterior. Empero, nada de eso ocurri\u00f3. <\/p>\n
El proceder de la comisionista de bolsa enjuiciada es absolutamente reprochable. El Estado confi\u00f3 en su idoneidad moral y profesional, para guiar a los inversores en el complejo escenario de las operaciones transfronterizas. Sin embargo, abandon\u00f3 su trascendental rol en el mercado de valores y dej\u00f3 al albur los intereses de quien deb\u00eda proteger. La confianza depositada por aquellos en el actuar probo del experto fue burlada. <\/p>\n
No le era dado a la demandada en el ejercicio de su labor, desplegar comportamientos a medias, imprecisos, sin rigor. El mercado de valores, como sistema esencial para una econom\u00eda moderna, es serio, reglado y disciplinado; las conductas est\u00e1n plenamente definidas, ciertamente, para dar seguridad al inversor. Exist\u00eda un deber de asesor\u00eda con informaci\u00f3n espec\u00edfica por suministrar y deb\u00eda cumplirse a cabalidad. Cualquier consideraci\u00f3n que se aparte del orden regulatorio es ajena a la naturaleza del escenario de capitales. <\/p>\n
La accionada particip\u00f3 en una operaci\u00f3n perjudicial para los actores, organizada desde las altas esferas de Stanford Financial Group, que solo pudo ser materializada en nuestro pa\u00eds con el concurso de Stanford S.A. Comisionista de Bolsa, cuyo rol en este entramado consisti\u00f3 en contactar a los clientes para la negociaci\u00f3n de los cd\u00b4s, sin ofrecer toda la informaci\u00f3n legalmente exigida, como pudo verse. <\/p>\n
La adquisici\u00f3n de la comisionista por parte de aquel complejo empresarial materializ\u00f3 el prop\u00f3sito defraudatorio, cual se infiere de lo declarado por Juan Felipe Zuluaga Diez Vicepresidente Regional de la sede Medell\u00edn quien afirm\u00f3 frente a la oferta de los t\u00edtulos extranjeros que, \u201c(\u2026) era tal vez el producto que m\u00e1s incentivos generaba para la fuerza comercial desde el punto de vista econ\u00f3mico y sobre el cual las personas de Stanford hac\u00edan o ejerc\u00edan m\u00e1s presi\u00f3n para vender. (\u2026) Era el producto sobre el cual m\u00e1s capacitaci\u00f3n recib\u00edamos y se hac\u00eda un seguimiento permanente por parte de los directivos de Stanford en Miami\u201d (fl. 2886). Esta narraci\u00f3n, a pesar de la tacha por sospecha, coadyuva las inferencias de este juzgador arriba explanadas, porque refleja el inter\u00e9s irregular de la demandada, dado el conocimiento directo que \u00e9ste deponente ten\u00eda de las operaciones en el ejercicio del cargo. <\/p>\n
4.3. Lo propio debe decirse del da\u00f1o, respecto de quienes se dijo no fueron acreditados. Las razones consignadas al resolverse el recurso de casaci\u00f3n son suficientes para dejarlo por establecido. <\/p>\n
4.4. Demostrada la culpa y el da\u00f1o, resta por establecer el nexo causal, en su doble cariz, f\u00e1ctico o natural y, jur\u00eddico o normativo, campo en el cual, sin duda, tanto la acci\u00f3n o conducta del agente como su omisi\u00f3n, pueden ser conjunta o separadamente, causa del resultado da\u00f1oso. En el caso est\u00e1 definido, claro, por la especialidad del escenario en el que se desarrolla la actividad estudiada, el mercado de valores. La probabilidad de que determinado antecedente genere un resultado debe analizarse conforme a las particularidades de la realidad, que acaece con normalidad en el mercado de capitales, en su relaci\u00f3n causa – efecto. La omisi\u00f3n fue patente, porque de haberse cumplido estrictamente con los deberes quebrantados, el resultado, consistente en la p\u00e9rdida de la inversi\u00f3n, no habr\u00eda acaecido. <\/p>\n
Existe un hecho suficientemente conocido que detona la materializaci\u00f3n de riesgos y el consecuente da\u00f1o patrimonial a los inversores, como efecto de la asimetr\u00eda en el derecho a la informaci\u00f3n y deber del corresponsal, aunado a la obligaci\u00f3n de asesor\u00eda profesional. Esa precisamente, es la raz\u00f3n por la cual el regulador enfila todas las bater\u00edas para combatirlo. Empero, como la omisi\u00f3n no se corrigi\u00f3, cumpliendo la prestaci\u00f3n de hacer, fue inevitable la consecuencia directa en la afectaci\u00f3n de los derechos econ\u00f3micos del grupo afectado. Es simple, la p\u00e9rdida de la inversi\u00f3n generada por la realizaci\u00f3n de los riesgos que los consumidores ignoraban por la omisi\u00f3n de la parte demandada, emerge como raz\u00f3n suficiente para atribuir el deber de reparar a quien deb\u00eda enterarlos. As\u00ed se ha considerado en otros eventos: <\/p>\n
\u00abSimilar razonamiento se tiene en la STS 17 de abril de 2013 (RJ2013, 3493), en que a pesar de que el cliente ten\u00eda un perfil de riesgo muy bajo o conservador, la entidad que gestionaba su cartera invirti\u00f3 total de la suma a invertir en un fondo muy complejo que result\u00f3 afectado por la estafa del caso \u201cMadoff\u201d. El Tribunal Supremo considera que con tal conducta, apart\u00e1ndose del perfil del inversor al efectuar la inversi\u00f3n fallida el banco no cumpli\u00f3 diligentemente el encargo realizado, no siendo imputable el da\u00f1o al caso fortuito, como suceso que no pudo preverse ya que el incumplimiento imputable es el de hacer correr al cliente un riesgo que este no deseaba, \u201cy solamente ya este incumplimiento comporta de por si una falta de la diligencia exigible a todo profesional del sector, que entre sus obligaciones frente al cliente tiene la de protegerle frente a riesgos de su inversi\u00f3n no deseados, entre ellos un posible fraude. <\/p>\n
\u00abComo hemos apuntado, la jurisprudencia estima que no hay ruptura del nexo causal (no hay caso fortuito, ni fuerza mayor ex art. 1105 CC), exoneradora de responsabilidad en los casos en que la perdida de la inversi\u00f3n se debe bien a la insolvencia de las entidades emisoras de los productos suscritos bien en la conducta delictiva del emisor, (\u2026) y en no protegerle frente a riesgos no deseados, por lo que existe un v\u00ednculo de causalidad entre dicho comportamiento negligente y el da\u00f1o sufrido \u201cla p\u00e9rdida total o casi total de la inversi\u00f3n\u201d76. <\/p>\n
Es esa hip\u00f3tesis causal la que efectivamente se predica para este asunto. La promoci\u00f3n de productos del exterior sin el deber de asesor\u00eda profesional es condici\u00f3n adecuada para que el inversor adopte decisiones que le perjudican, dada la alta proximidad de da\u00f1o que riesgos asociados a esa determinaci\u00f3n comportan, y que por supuesto aqu\u00e9l desconoce. <\/p>\n
As\u00ed sucedi\u00f3. El incorrecto proceder de la demandada determin\u00f3 que los integrantes del grupo adquirieran los cd\u00b4s, sin el conocimiento de las particularidades de la operaci\u00f3n transfronteriza y los riesgos inherentes a la misma y con ignorancia de las condiciones, calidades y responsabilidades del emisor. Los riesgos se realizaron, en tanto fueron las actividades irregulares las que fundaron la intervenci\u00f3n del emisor extranjero y el consecuente bloqueo de las transacciones con los clientes, incluyendo el pago de los valores. <\/p>\n
4.5. Consagra el art\u00edculo 46 de la Ley 472 de 1998 el ejercicio de las acciones de grupo o clase con fines meramente resarcitorios. Las define como \u00abaquellas interpuestas por un n\u00famero plural o un conjunto de personas que re\u00fanen condiciones uniformes respecto de una misma causa\u00bb, que les genera perjuicios individuales. <\/p>\n
Ya esta Corte en decisi\u00f3n de 22 de abril de 2009, tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los antecedentes, naturaleza y alcance de ese mecanismo de reparaci\u00f3n conjunta, resaltando que \u00abprocede cuando se causen agravios individuales a un conjunto numeroso de sujetos que se encuentran en situaciones homog\u00e9neas\u00bb77. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha perfilado sus m\u00e1s importantes caracter\u00edsticas. Son de rango constitucional (art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y est\u00e1n instituidas para facilitar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y procurar la realizaci\u00f3n de principios como el de econom\u00eda, eficiencia y eficacia procesal y prevalencia del derecho sustancial. Se consideran instrumentos procesales de naturaleza principal y alternativa, en tanto son aut\u00f3nomos y constituyen una opci\u00f3n diferente a las acciones individuales existentes78. Otorgan un tratamiento adjetivo uniforme a las reclamaciones, pues el quebrantamiento de los derechos dimana de una causa com\u00fan. Si bien, se consagraron en favor de grupos, dado su fin eminentemente reparativo, tutela el resarcimiento particular del perjuicio de cada uno de sus miembros. Finalmente, indemniza agravios que se pueden producir \u00abpor la violaci\u00f3n de cualquier derecho, ya sea difuso, colectivo o individual, de car\u00e1cter contractual, legal o constitucional\u00bb79. <\/p>\n
La consagraci\u00f3n constitucional de la acci\u00f3n de grupo facilita el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y procura realizar principios como el de econom\u00eda, eficiencia y eficacia procesal y prevalencia del derecho sustancial. La Corte Suprema, interpretando la Carta y el C. C. vigente, ha insistido en que la sola existencia de dicha acci\u00f3n y su procedencia frente a un caso concreto debe favorecer su ejercicio en comparaci\u00f3n con el uso de las dem\u00e1s acciones legales disponibles, no \u00abentrabarlo o dificultarlo\u00bb80. Sobre todo, si se tiene en cuenta, que los da\u00f1os ocurren por actos pluriofensivos en situaciones de evidente desigualdad material a la que se hallan sometidos los afectados. <\/p>\n
El entendimiento y aplicaci\u00f3n de esa figura se debe hacer a la luz de esos postulados. En particular en ciertos aspectos que han sido \u00abregulados de manera especial, con fundamento en la norma constitucional\u00bb81 y que difieren de los mecanismos procesales individuales. Entre otros, la posibilidad de que otros afectados diferentes a los demandantes iniciales integren, a\u00fan despu\u00e9s de la sentencia, el grupo reclamante sin mayor formalidad. Y la manera como se mide el da\u00f1o y su reparaci\u00f3n. <\/p>\n
En la intervenci\u00f3n de los afectados, el legislador previ\u00f3 dos oportunidades adicionales para hacerse parte del grupo. Una, antes de la apertura a pruebas (art. 55). Otra, dentro de los veinte d\u00edas siguientes a la publicaci\u00f3n de la sentencia (art. 55 y 65). En ambos casos, presentando un escrito en el que se indique el da\u00f1o sufrido, su origen y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al grupo. Sin que ello implique una vulneraci\u00f3n del derecho de contradicci\u00f3n del demandado, acorde al juicio de constitucionalidad efectuado a la segunda hip\u00f3tesis en la sentencia C \u2013 732 de 2000. Seg\u00fan la ratio decidendi de la misma: <\/p>\n
\u00ab[E]l car\u00e1cter resarcitorio y colectivo de esta clase de acciones, a su vez sustentadas en una misma causa jur\u00eddica -el da\u00f1o com\u00fan causado a un grupo de personas por un hecho un\u00edvoco-, es el que permite que se tramiten y resuelvan en los t\u00e9rminos previstos por las normas acusadas, sin perjuicio de que el demandado pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa -oponi\u00e9ndose a las pretensiones de la demanda y controvirtiendo las pruebas- y, en consecuencia, sin importar que para tal efecto todos los titulares de la acci\u00f3n participen o no activamente en las distintas etapas procesales, en tanto est\u00e9n en capacidad de acreditar el perjuicio sufrido\u00bb. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la medida del da\u00f1o y la reparaci\u00f3n, se distingue el evento de quienes concurren al litigio y demuestran la extensi\u00f3n del perjuicio, quienes deben ser reparados en la medida de su comprobaci\u00f3n, del aprovisionamiento ponderado de los que lleguen con posterioridad al fallo, los cuales no podr\u00e1n invocar da\u00f1os extraordinarios o excepcionales para obtener montos mayores. La suma de ambos conceptos corresponde a la indemnizaci\u00f3n colectiva de que trata el numeral 1 del art\u00edculo 65 de la Ley 472 de 1998. Sobre el t\u00f3pico expres\u00f3 el Consejo de Estado: <\/p>\n
\u00abEn efecto, conforme lo prev\u00e9 la Ley 472 de 1998, al referir la manera en que debe tasarse la indemnizaci\u00f3n de perjuicios en la acci\u00f3n de grupo, la sentencia debe disponer una indemnizaci\u00f3n colectiva, pero esta debe ser el producto del c\u00e1lculo de los perjuicios individuales (\u2026). <\/p>\n
\u00abAs\u00ed las cosas, el hecho de escoger la v\u00eda colectiva en busca de la reparaci\u00f3n de un da\u00f1o no puede interpretarse como una renuncia a la garant\u00eda de reparaci\u00f3n integral y, en tal virtud, conservan el derecho a ser indemnizados plenamente, en la medida de su comprobaci\u00f3n. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]s patente que la sentencia debe provisionar lo necesario para la reparaci\u00f3n de quienes, pese a no haber fungido como demandantes, hagan parte del grupo afectado, pues de lo contrario se afectar\u00eda el derecho a la reparaci\u00f3n integral de quienes s\u00ed participaron como demandantes, al verse necesariamente disminuida su participaci\u00f3n en la indemnizaci\u00f3n colectiva que, al final, deber\u00e1 ser distribuida entre todos los beneficiaros, demandantes o no (\u2026)\u00bb82. <\/p>\n
4.6. Para la prosperidad de la pretensi\u00f3n reparatoria de clase, la jurisprudencia exige acreditar la \u00abmisma situaci\u00f3n respecto de la causa que origin\u00f3 los perjuicios individuales y frente a los dem\u00e1s elementos atribuibles a la responsabilidad; es decir, que el hecho generador del da\u00f1o sea id\u00e9ntico, que ese hecho haya sido cometido por el mismo agente, o sea referido a un mismo responsable, y que exista una relaci\u00f3n de causalidad entre el hecho generador del da\u00f1o y el perjuicio (\u2026)\u00bb83. Por supuesto, adem\u00e1s de la culpa y el propio da\u00f1o. <\/p>\n
Los elementos dichos ya fueron analizados. Adem\u00e1s, se halla acreditado que la comisionista de bolsa efectu\u00f3 labores de promoci\u00f3n y publicidad que sirvieron para que los inversores (demandantes iniciales y los posteriores), adquirieran los cd\u00b4s ofrecidos por el emisor extranjero. Ello, en tanto as\u00ed fue aceptado por aquella en la contestaci\u00f3n de la demanda y refrendado en los alegatos de conclusi\u00f3n84. <\/p>\n
As\u00ed se comprueba la causa com\u00fan que origin\u00f3 los perjuicios individuales a los integrantes del grupo, consistente en la falta del deber de asesor\u00eda que deb\u00eda ser suministrado, como medida de protecci\u00f3n frente a la promoci\u00f3n de productos financieros del exterior. Igual identidad se encuentra en el victimario, pues el hecho lesivo para todos los casos es atribuible a Stanford S.A. Comisionista de Bolsa. <\/p>\n
4.7. As\u00ed las cosas, se declarar\u00e1 la responsabilidad civil de la comisionista demandada por los perjuicios causados a los integrantes del grupo inversor. Adem\u00e1s de lo dicho, las particularidades de la operaci\u00f3n for\u00e1nea y los riesgos asociados deb\u00edan ser conocidos por los inversores. No hacerlo sumado a la ausencia de asesor\u00eda profesional los condujo a una inversi\u00f3n de apariencia rentable y segura, pero en realidad fallida. El deber de reparar que se impone a la comisionista de bolsa, por tanto, es pleno. El da\u00f1o irrogado es su absoluta responsabilidad, pues todo acaeci\u00f3 por su no obrar de acuerdo con los est\u00e1ndares m\u00ednimos impuestos por la ley. <\/p>\n
4.8. Extensi\u00f3n y cuantificaci\u00f3n del perjuicio <\/p>\n
4.8.1. Da\u00f1o emergente. Se reconocer\u00e1 el valor en pesos de lo invertido en cd\u00b4s por cada uno de los integrantes del grupo, a la tasa representativa del mercado (TRM) para la \u00e9poca en que adquirieron aquellos valores85. <\/p>\n
<\/p>\n
No. <\/p>\n
NOMBRE DEL INVERSIONISTA <\/p>\n
N\u00daMERO DEL T\u00cdTULO <\/p>\n
VALOR DEL CDU.S <\/p>\n
FECHA EXPEDICI\u00d3N <\/p>\n
VALOR TRM FECHA EXPEDICI\u00d3N <\/p>\n
VALOR PESOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
GUZM\u00c1N PERICO GERM\u00c1N ANDRES <\/p>\n
171647 <\/p>\n
(Fl. 171) <\/p>\n
70.003,84 <\/p>\n
07\/09\/2007 <\/p>\n
$ 2.166,60 <\/p>\n
$ 151.670.319,74 <\/p>\n
2 <\/p>\n
SANABRIA SCHARF FREDY <\/p>\n
301898 <\/p>\n
(Fl. 201) <\/p>\n
50.002,05 <\/p>\n
04\/03\/2008 <\/p>\n
$ 1.849,46 <\/p>\n
$ 92.476.791,39 <\/p>\n
3 <\/p>\n
HERNANDO REYES DUARTE O BEATRIZ VILLAMIZAR DE REYES <\/p>\n
173239 <\/p>\n
(Fl. 210) <\/p>\n
61.781,69 <\/p>\n
03\/10\/2007 <\/p>\n
$ 124.390.636,83 <\/p>\n
4 <\/p>\n
\u00c1LVARO FALLA CARRASCO MANOLO O IZQUIERDO JARAMILLO <\/p>\n
388468 <\/p>\n
(Fl. 213) <\/p>\n
27.140,65 <\/p>\n
27\/11\/2008 <\/p>\n
$ 2.324,10 <\/p>\n
$ 63.077.584,67 <\/p>\n
5 <\/p>\n
LIGIA GRANADOS DE PRIETO O CARLOS CESAR PRIETO VASQUEZ <\/p>\n
172375 <\/p>\n
(Fl. 230) <\/p>\n
40.009,72 <\/p>\n
19\/09\/2007 <\/p>\n
$ 2.124,36 <\/p>\n
$ 84.995.048,78 <\/p>\n
6 <\/p>\n
LUIS VEL\u00c1SQUEZ URIBE O CECILIA RAM\u00cdREZ DE VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
170722 <\/p>\n
(Fl. 523 y 531 C.P.) <\/p>\n
252.000,00 <\/p>\n
17\/08\/2007 <\/p>\n
$ 2.124,40 <\/p>\n
$ 535.348.800,00 <\/p>\n
7 <\/p>\n
IVONNE MART\u00cdNEZ ACU\u00d1A O ROBERTO ALBORNOZ MIRANDA <\/p>\n
178116 <\/p>\n
(Fl. 252) <\/p>\n
14.990,00 <\/p>\n
20\/12\/2007 <\/p>\n
$ 2.005,92 <\/p>\n
$ 30.068.740,80 <\/p>\n
8 <\/p>\n
IVONNE MART\u00cdNEZ ACU\u00d1A O ROBERTO ALBORNOZ MIRANDA <\/p>\n
178114 <\/p>\n
(Fl. 252) <\/p>\n
12.000,00 <\/p>\n
20\/12\/2007 <\/p>\n
$ 2.005,92 <\/p>\n
$ 24.071.040,00 <\/p>\n
9 <\/p>\n
ROSA ADALIA VEL\u00c1SQUEZ REYES O LUZ EDELMIRA VEL\u00c1SQUEZ REYES <\/p>\n
386526 <\/p>\n
(Fl. 2951) <\/p>\n
50.306,75 <\/p>\n
15\/01\/2009 <\/p>\n
$ 2.234,40 <\/p>\n
$ 112.405.402,20 <\/p>\n
10 <\/p>\n
175344 <\/p>\n
(Fl. 261) <\/p>\n
144.751,79 <\/p>\n
07\/11\/2007 <\/p>\n
$ 2.012,89 <\/p>\n
$ 291.369.430,57 <\/p>\n
11 <\/p>\n
DAVID ALCALAY <\/p>\n
376793 <\/p>\n
(Fl. 271) <\/p>\n
10.990,03 <\/p>\n
19\/09\/2008 <\/p>\n
$ 2.187,01 <\/p>\n
$ 24.035.305,51 <\/p>\n
12 <\/p>\n
DAVID ALCALAY <\/p>\n
302227 <\/p>\n
(Fl. 272) <\/p>\n
10.003,28 <\/p>\n
07\/03\/2008 <\/p>\n
$ 1.880,12 <\/p>\n
$ 18.807.366,79 <\/p>\n
13 <\/p>\n
DAVID ALCALAY <\/p>\n
(Fl. 273) <\/p>\n
10.703,79 <\/p>\n
17\/09\/2008 <\/p>\n
$ 2.109,37 <\/p>\n
$ 22.578.253,51 <\/p>\n
14 <\/p>\n
LILIANA BOTERO CABRERA <\/p>\n
170043 <\/p>\n
(Fl. 276) <\/p>\n
25.000,00 <\/p>\n
10\/08\/2007 <\/p>\n
$ 1.981,90 <\/p>\n
$ 49.547.500,00 <\/p>\n
15 <\/p>\n
MARTHA AIDE ESGUERRA DE ARIAS O JOS\u00c9 NO\u00c9 ARIAS ARIAS <\/p>\n
385335 <\/p>\n
(Fl. 280) <\/p>\n
24.005,20 <\/p>\n
22\/09\/2008 <\/p>\n
$ 2.067,45 <\/p>\n
$ 49.629.550,74 <\/p>\n
16 <\/p>\n
LUIS FERNANDO GONZ\u00c1LEZ Y LUZ FANNY CARO ECHEVERRY <\/p>\n
305481 <\/p>\n
(Fl. 284) <\/p>\n
50.000,00 <\/p>\n
22\/04\/2008 <\/p>\n
$ 1.780,79 <\/p>\n
$ 89.039.500,00 <\/p>\n
17 <\/p>\n
COOPERATIVA MULTIACTIVA SUR COLOMBIANA <\/p>\n
309495 <\/p>\n
(Fl. 286) <\/p>\n
153.000,00 <\/p>\n
24\/06\/2008 <\/p>\n
$ 1.713,63 <\/p>\n
$ 262.185.390,00 <\/p>\n
18 <\/p>\n
COOPERATIVA MULTIACTIVA SUR COLOMBIANA <\/p>\n
178079 <\/p>\n
(Fl. 287) <\/p>\n
50.002,74 <\/p>\n
18\/12\/2007 <\/p>\n
$ 2.006,48 <\/p>\n
$ 100.329.497,76 <\/p>\n
PAULA SOF\u00cdA FREYDELI MONTOYA <\/p>\n
173311 <\/p>\n
(Fl. 296) <\/p>\n
69.783,50 <\/p>\n
04\/10\/2007 <\/p>\n
$ 2.017,69 <\/p>\n
$ 140.801.470,12 <\/p>\n
20 <\/p>\n
PAULA SOF\u00cdA FREYDELI MONTOYA <\/p>\n
386654 <\/p>\n
(Fl. 296) <\/p>\n
18.494,13 <\/p>\n
16\/10\/2008 <\/p>\n
$ 2.316,54 <\/p>\n
$ 42.842.391,91 <\/p>\n
21 <\/p>\n
JAVIER ECHEVERRY PALACIO O CECILIA JARAMILLO DE ECHEVERRY <\/p>\n
302770 <\/p>\n
(Fl. 301) <\/p>\n
84.860,13 <\/p>\n
22\/01\/2009 <\/p>\n
$ 2.245,97 <\/p>\n
$ 190.593.306,18 <\/p>\n
22 <\/p>\n
JAVIER ECHEVERRY PALACIO O CECILIA JARAMILLO DE ECHEVERRY <\/p>\n
176511 <\/p>\n
(Fl. 301) <\/p>\n
10.991,20 <\/p>\n
29\/11\/2007 <\/p>\n
$ 2.066,81 <\/p>\n
$ 22.716.722,07 <\/p>\n
23 <\/p>\n
CAROLINA ECHEVERRY J. Y JAVIER ECHEVERRY PALACIO <\/p>\n
180251 <\/p>\n
(Fl. 301) <\/p>\n
25.681,80 <\/p>\n
20\/11\/2008 <\/p>\n
$ 2.342,18 <\/p>\n
$ 60.151.398,32 <\/p>\n
24 <\/p>\n
CAROLINA ECHEVERRY J. Y JAVIER ECHEVERRY PALACIO <\/p>\n
180251 <\/p>\n
(Fl. 1146) <\/p>\n
25.787,38 <\/p>\n
22\/01\/2009 <\/p>\n
$ 2.245,97 <\/p>\n
25 <\/p>\n
MAR\u00cdA ISABEL MOSQUERA DE LEHMANN <\/p>\n
178802 <\/p>\n
(Fl. 1176) <\/p>\n
300.000,00 <\/p>\n
04\/01\/2008 <\/p>\n
$ 2.013,27 <\/p>\n
$ 603.981.000,00 <\/p>\n
26 <\/p>\n
MAR\u00cdA ISABEL MOSQUERA DE LEHMANN <\/p>\n
178803 <\/p>\n
(Fl. 1176) <\/p>\n
280.000,00 <\/p>\n
04\/01\/2008 <\/p>\n
$ 2.013,27 <\/p>\n
$ 563.715.600,00 <\/p>\n
27 <\/p>\n
PATRICIA ABELLA <\/p>\n
386147 <\/p>\n
(Fl. 1163) <\/p>\n
90.000,00 <\/p>\n
06\/10\/2008 <\/p>\n
$ 2.160,08 <\/p>\n
$ 194.407.200,00 <\/p>\n
28 <\/p>\n
PATRICIA ABELLA <\/p>\n
172902 <\/p>\n
(Fl. 1162) <\/p>\n
51.760,37 <\/p>\n
29\/09\/2008 <\/p>\n
$ 2.105,61 <\/p>\n
$ 108.987.152,68 <\/p>\n
29 <\/p>\n
AMPARO GUTI\u00c9RREZ ACU\u00d1A <\/p>\n
(Fl. 1169) <\/p>\n
68.669,44 <\/p>\n
14\/01\/2009 <\/p>\n
$ 2.226,87 <\/p>\n
$ 152.917.915,85 <\/p>\n
30 <\/p>\n
GEORGE LEVY <\/p>\n
314284 <\/p>\n
(Fl. 1152) <\/p>\n
150.000,00 <\/p>\n
18\/09\/2008 <\/p>\n
$ 2.139,14 <\/p>\n
$ 320.871.000,00 <\/p>\n
31 <\/p>\n
GEORGE LEVY <\/p>\n
314286 <\/p>\n
(Fl. 1153) <\/p>\n
252.232,29 <\/p>\n
18\/09\/2008 <\/p>\n
$ 2.139,14 <\/p>\n
$ 539.560.180,83 <\/p>\n
32 <\/p>\n
GEORGE LEVY <\/p>\n
314283 <\/p>\n
100.000,00 <\/p>\n
18\/09\/2008 <\/p>\n
$ 2.139,14 <\/p>\n
$ 213.914.000,00 <\/p>\n
33 <\/p>\n
ALEJANDRO MORALES <\/p>\n
171847 <\/p>\n
(Fl. 1158) <\/p>\n
29.422,52 <\/p>\n
11\/09\/2007 <\/p>\n
$ 2.194,65 <\/p>\n
$ 64.572.133,52 <\/p>\n
34 <\/p>\n
JULIO ENRIQUE GIL ANTORVEZA <\/p>\n
175408 <\/p>\n
(Fl. 1171) <\/p>\n
24.833,83 <\/p>\n
10\/11\/2008 <\/p>\n
$ 2.317,34 <\/p>\n
$ 57.548.427,61 <\/p>\n
35 <\/p>\n
MAR\u00cdA CECILIA ROMERO \u00c1LVAREZ <\/p>\n
175396 <\/p>\n
(Fl. 3093) <\/p>\n
22.990,00 <\/p>\n
14\/11\/2007 <\/p>\n
$ 2.051,80 <\/p>\n
$ 47.170.882,00 <\/p>\n
36 <\/p>\n
MIRYAM PERICO DE \u00c1LVAREZ <\/p>\n
301611 <\/p>\n
(Fl. 1183) <\/p>\n
100.000,00 <\/p>\n
$ 1.887,97 <\/p>\n
$ 188.797.000,00 <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
2.762.198,12 <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
$5.697.491.622,24 <\/p>\n
<\/p>\n
VALORES EN EUROS <\/p>\n
37 <\/p>\n
RODOLFO GONZ\u00c1LEZ ARIAS O MAR\u00cdA DIOSELINA ARIAS H. <\/p>\n
170383 <\/p>\n
(Fl. 298) <\/p>\n
89.883,14 <\/p>\n
15\/08\/2007 <\/p>\n
$ 2.715,66 <\/p>\n
$ 244.092.163,02 <\/p>\n
38 <\/p>\n
ENRIQUE TAFUR TAFUR O MAR\u00cdA EUGENIA ARCINIEGAS <\/p>\n
175746 <\/p>\n
(Fl. 262) <\/p>\n
32.724,55 <\/p>\n
14\/11\/2007 <\/p>\n
$ 3.011,44 <\/p>\n
$ 98.547.909,22 <\/p>\n
122.607,69 <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
$ 342.640.072,25 <\/p>\n
Para un total de $6.040\u2019131.694,49. <\/p>\n
4.8.2. Lucro cesante. No se acceder\u00e1 a la condena por los altos intereses que los clientes convinieron con Stanford Internacional Bank, en tanto dicho perjuicio era eventual e hipot\u00e9tico. No hab\u00eda certeza de que los pudieran recibir. Precisamente constitu\u00eda una de las irregularidades por las que fue intervenido el emisor extranjero. Con mayor raz\u00f3n si se ofrec\u00edan r\u00e9ditos por encima de las tasas existentes en un mercado ordinario, en el inversionista, deber\u00eda haber despertado alarma o sospecha para ser cauto en la colocaci\u00f3n del dinero. <\/p>\n
Tampoco intereses moratorios. No estamos frente al incumplimiento en el pago de una suma dineraria, sino a un evento de responsabilidad civil extracontractual y como lo tiene sentado la jurisprudencia para estos casos \u00ab(\u2026) ese concepto opera \u00fanicamente en virtud del incumplimiento que se suscite por el no pago de la suma l\u00edquida que concrete la sentencia de condena, y as\u00ed se resolver\u00e1 en este caso (\u2026)\u00bb86. <\/p>\n
4.8.3. S\u00ed resulta razonable el reconocimiento del inter\u00e9s bancario corriente, por cuanto la imposibilidad de disponer del dinero impidi\u00f3 con probabilidad, que los demandantes obtuvieran como m\u00ednimo ese tipo de r\u00e9ditos de sus inversiones. Se ordenar\u00e1 su pago liquidado sobre el capital individual invertido en pesos, desde el d\u00eda en que adquirieron los valores fallidos hasta cuando quede en firme esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
4.9. En la indemnizaci\u00f3n colectiva se incluir\u00e1, adem\u00e1s de los montos reconocidos para cada uno de los integrantes del grupo, la suma de $400\u2019000.000 para reparar a los interesados que no intervinieron en el proceso, siempre y cuando, cumplan los criterios que en l\u00edneas posteriores se fijar\u00e1n. La extensi\u00f3n y la cuantificaci\u00f3n de la reparaci\u00f3n individual, deber\u00e1 sujetarse a las consideraciones que sobre el particular se hicieron para los integrantes del grupo que particip\u00f3 en este litigio, sin que se pueda extender a perjuicios no reconocidos. La cantidad se tasa como monto ponderado, desde luego, sujeta a sus vicisitudes. En la hip\u00f3tesis de quedar sobrantes, deben ser restituidos a la comisionista de bolsa demandada; y en el evento de ser insuficientes, sujeta a revisi\u00f3n por el juzgado de instancia87. A\u00f1ad\u00e1se que la cuantificaci\u00f3n de la suma para \u00e9stos inversores indeterminados se calcula, considerando la posibilidad de que exista un n\u00famero mayor88, como as\u00ed lo anot\u00f3 el demandante en el escrito genitor (fl. 317); los montos invertidos que oscilan entre un m\u00e1ximo de m\u00e1s de $600.000.000 y un m\u00ednimo de $19.000.000 por inversor, y el inter\u00e9s reconocido que renten esos dineros. <\/p>\n
4.10. \u00d3rdenes de la acci\u00f3n de grupo: <\/p>\n
4.10.1. Se condenar\u00e1 a la comisionista de bolsa a pagar como indemnizaci\u00f3n colectiva en favor del grupo, las sumas indicadas en el ac\u00e1pite de extensi\u00f3n y cuantificaci\u00f3n del perjuicio. <\/p>\n
4.10.2. Para que se hagan beneficiarios de la reparaci\u00f3n, las personas que concurran con posterioridad a esta decisi\u00f3n, deber\u00e1n cumplir, adem\u00e1s de los requisitos legales, los siguientes criterios: <\/p>\n
1. Acreditar que invirtieron en cd\u00b4s expedidos por Stanford Internacional Bank entre el d\u00eda 7 de junio de 2007, fecha de la autorizaci\u00f3n de la actividad de corresponsal\u00eda, y el 17 de febrero de 2009, data de la intervenci\u00f3n del emisor extranjero; y adem\u00e1s, que la negociaci\u00f3n se ejecut\u00f3 en el territorio nacional. <\/p>\n
2. Demostrar que la adquisici\u00f3n de los cd\u00b4s se debi\u00f3 a la promoci\u00f3n o publicidad efectuada por la demandada Stanford S.A. Comisionista de Bolsa. Para tal efecto, es suficiente que se verifique que esta intervino de alguna manera en la negociaci\u00f3n transfronteriza del interesado. Ello, si se tiene en cuenta que por disposici\u00f3n legal, de la \u00fanica forma como pod\u00eda interactuar con el inversor, era a trav\u00e9s de contratos de corresponsal\u00eda. <\/p>\n
3. Manifiesten en la solicitud que para el efecto dirijan al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, que no le fue brindada asesor\u00eda profesional por la demandada, en la forma exigida en el art\u00edculo 9 del Decreto 2558 de 2007. <\/p>\n
4.10.3. Se dispondr\u00e1 la entrega de la indemnizaci\u00f3n colectiva al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos administrado por el Defensor del Pueblo, para que se paguen los rubros a los integrantes del grupo. Asimismo, la publicaci\u00f3n de esta sentencia en la forma establecida en el art\u00edculo 65 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
4.11. Las aseguradoras demandadas: <\/p>\n
4.11.1. Se exonerar\u00e1 a A.I.G. Colombia Seguros Generales S.A., por cuanto la p\u00f3liza 2048 (fl. 458), no estaba vigente para la fecha cuando acaeci\u00f3 el da\u00f1o, el 17 de febrero de 2009. Se declarar\u00e1 probada la excepci\u00f3n de inexistencia de contrato de seguro. <\/p>\n
4.11.2. Tocante con Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. se allegaron dos modalidades de p\u00f3lizas. La primera, de Responsabilidad Civil de Directores y Administradores, n\u00fameros 2201307007155), con vigencia \u00ab16-11-2007 al 17-11-2008\u00bb, y 2201309000018, con vigencia \u00ab16-11-2008 al 16-11-2009\u00bb (fls. 526 y 531). No habr\u00e1 lugar a imponer la obligaci\u00f3n de indemnizar, pues no se prob\u00f3 que el da\u00f1o fuera causado por el actuar culposo de aqu\u00e9llos y tampoco por el de \u00abcualquier empleado de la sociedad, que sin tener representaci\u00f3n legal de la misma desempe\u00f1e funciones t\u00e9cnicas o administrativas similares a los de los administradores\u00bb. Prospera la excepci\u00f3n de la p\u00f3liza de Responsabilidad Civil para Directores y Administradores no cubre reclamaciones contra Stanford. <\/p>\n
La segunda, de Infidelidad y Riesgos Financieros n\u00famero 2201309000029 (fls. 573 a 575; 585 a 617) con vigencia \u00ab16-11-2008 al 16-11-2009\u00bb, cubre la \u00abresponsabilidad Civil Profesional\u00bb por \u201cda\u00f1o financiero causado por un acto negligente, error negligente u omisi\u00f3n negligente, por parte de un director o empleado del asegurado\u00bb, \u00abcometido u omitido (seg\u00fan el caso), despu\u00e9s de la fecha retroactiva especificada\u00bb. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos se asegura la actividad profesional de la comisionista de bolsa. Incluye la actividad de corresponsal\u00eda a tono con lo previsto en el numeral 7 del art\u00edculo 3.6.1.1. de la Resoluci\u00f3n 1200 de 1995, vigente para la \u00e9poca de los hechos; raz\u00f3n suficiente para desestimar las excepciones relativas a la no configuraci\u00f3n de responsabilidad profesional, la cobertura no se extiende a esa operaci\u00f3n, nulidad relativa del seguro y ausencia de responsabilidad por incumplimiento de garant\u00edas, asociadas estas dos \u00faltimas al formulario de \u00absolicitud de seguro\u00bb. No existe cl\u00e1usula que indique que el amparo se circunscribe a unas actividades y no a otras de la Comisionista de Bolsa; se itera se resguarda la actividad profesional. <\/p>\n
Frente a la defensa de \u00abno hay cobertura desde el punto de vista temporal\u00bb prosperar\u00e1 parcialmente. Respecto de unos demandantes, la suscripci\u00f3n de los CD\u00b4s en virtud de la promoci\u00f3n realizada por la asegurada, la ocurrencia del da\u00f1o y la reclamaci\u00f3n acaecieron en vigencia de la p\u00f3liza. <\/p>\n
En consecuencia, se impone condenar a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. a pagar solidariamente a los demandantes Manolo Izquierdo Jaramillo y \u00c1lvaro Falla Carrasco (Cd. 388468), Rosa Adalia Vel\u00e1squez Reyes y Luz Edelmira Vel\u00e1squez Reyes (Cd. 386526), Javier Echeverry Palacio y Cecilia Jaramillo de Echeverry (Cd. 302770) y, Carolina Echeverry Jaramillo (2 Cds. 180251) y Amparo Guti\u00e9rrez Acu\u00f1a (Cd. 390017), la indemnizaci\u00f3n respectiva hasta el monto asegurado, menos el deducible. Finalmente, al no haber prosperado del todo en su contra las pretensiones, ni airosas en plenitud sus excepciones se declaran compensadas las costas, en lo tocante con esta entidad. <\/p>\n
4.11.4. El recurso de apelaci\u00f3n de los demandantes, por tanto, resulta exitoso. <\/p>\n
5. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, casa la sentencia de 21 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C., Sala Civil, en el proceso ordinario incoado por los recurrentes contra Stanford S.A. Comisionista de Bolsa, Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. y AIG Colombia Seguros Generales S.A, y en sede de instancia: <\/p>\n
6. RESUELVE <\/p>\n
Primero: Revocar la sentencia de 31 de enero de 2017, proferida por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Segundo: Declarar que Stanford S.A. Comisionista de Bolsa es responsable de los da\u00f1os causados a los integrantes del grupo actor, con ocasi\u00f3n del incumplimiento del deber de asesor\u00eda profesional en el marco de la operaci\u00f3n transfronteriza de valores en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Condenar a Stanford S.A. Comisionista de Bolsa a pagar al grupo de inversores, conformado tanto por los presentes en el juicio como los que concurran con posterioridad a esta decisi\u00f3n, una indemnizaci\u00f3n colectiva que se compone de los siguientes conceptos: <\/p>\n
a) En favor de los integrantes del grupo interviniente en el proceso. (i) La suma de $6.040.131.694,49, discriminada en la forma establecida en el ac\u00e1pite (4.8.1.) (ii) El inter\u00e9s bancario corriente, liquidado sobre el capital individual invertido, desde el d\u00eda de adquisici\u00f3n de los valores fallidos hasta la firmeza de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
b) En favor de los integrantes que se presenten con posterioridad a este fallo. La cantidad de $400.000.000. La cuantificaci\u00f3n de la reparaci\u00f3n individual deber\u00e1 sujetarse a las directrices se\u00f1aladas en los ac\u00e1pites 4.9 y 4.10.2. <\/p>\n
Cuarto: Disponer que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de este fallo, la indemnizaci\u00f3n colectiva sea entregada al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos administrado por el Defensor del Pueblo. All\u00ed deber\u00e1 hacerse el pago a los integrantes del grupo presentes y a los que concurran con posterioridad, en la forma como ha quedado pormenorizado. <\/p>\n
Quinto: Ordenar la publicaci\u00f3n por una sola vez de un extracto de esta sentencia en los t\u00e9rminos y para los efectos previstos en el art\u00edculo 65 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
Sexto: Condenar en costas de ambas instancias a Stanford S.A. Comisionista de Bolsa al haber prosperado las s\u00faplicas de la demanda. Las de segundo grado t\u00e1sense en su oportunidad e incl\u00fayase como agencias en derecho el equivalente a dos (2) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes al momento de realizarse el pago. <\/p>\n
S\u00e9ptimo: Condenar en costas de ambas instancias a los demandantes en favor de la AIG Colombia Seguros Generales S.A., por haber prosperado la excepci\u00f3n de inexistencia de seguro. Las de segundo grado t\u00e1sense en su momento, incluyendo como agencia en derecho el equivalente a dos (2) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes al momento de realizarse el pago. <\/p>\n
Octavo: Condenar a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., a pagar de forma solidaria a los actores identificados en el ac\u00e1pite 4.11.2., in fine, los valores en cada caso relacionados, la indemnizaci\u00f3n correspondiente hasta el monto asegurado, menos el respectivo deducible. La suma deber\u00e1 remitirse al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, para el pago respectivo. <\/p>\n
Noveno: Ordenar el pago de honorarios a favor del abogado de los demandantes, en el equivalente al diez por ciento (10%) de la indemnizaci\u00f3n que obtenga cada uno de los miembros del grupo que ingresen con posterioridad a este fallo. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-0036-2009-00278-01 <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
En forma respetuosa me permito ACLARAR mi voto, puesto que, si bien acompa\u00f1o la decisi\u00f3n de casar parcialmente el fallo que el 21 de julio de 2017 profiri\u00f3 la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, estimo que los argumentos compendiados bajo el ep\u00edgrafe \u00abEl mercado de valores, los roles y la correcci\u00f3n de la asimetr\u00eda de la informaci\u00f3n\u00bb, representan una personal relaci\u00f3n del estado del arte por parte del ponente. <\/p>\n
En efecto, el debate que plante\u00f3 la actora en esta sede se restring\u00eda a determinar si exist\u00eda un \u00abconflicto de intereses\u00bb entre un emisor extranjero y la comisionista demandada, as\u00ed como si esta obr\u00f3 \u00abcon el cuidado de una persona prudente que analiza con objetividad y asepsia el producto que [estaba] ofreciendo\u00bb. En ese contexto, lo prolijos an\u00e1lisis que expuso el Magistrado Sustanciador sobre la evoluci\u00f3n hist\u00f3rica del mercado de valores, el \u00abcomercio transfronterizo\u00bb, las asimetr\u00edas de informaci\u00f3n y los est\u00e1ndares de regulaci\u00f3n estatal de la econom\u00eda, no hacen parte del thema decidendum, y \u2013por lo mismo\u2013 reflejan apenas su postura individual sobre el tema. <\/p>\n
Expresado de otro modo, aunque los razonamientos que se incluyeron a partir del numeral 3.2.2. de esta providencia constituyen amplias reflexiones sobre la materia, no hacen parte del n\u00facleo argumentativo a partir del cual la Sala de Casaci\u00f3n Civil construy\u00f3 su consenso decisorio. En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Fecha ut supra <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 No integra el grupo demandante, no es recurrente en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2 Palabra en lat\u00edn que designa el lugar que se conoce como Mercado. <\/p>\n
3 Garc\u00eda M. (2000). El Macellum Magnum y la Roma de Ner\u00f3n. (p. 274). Iberia: Revista de la Antig\u00fcedad, ISSN 1575-0221, N\u00ba 3, 2000. <\/p>\n
4 Refiere Los Oficios de Cicer\u00f3n (p. 242 y 243): \u00abAsimismo se ha de tener por oficio baxo el comercio de los que compran a otros para volver a vender; pues no pueden tener alg\u00fan lucro sin mentir mucho, y no hay vicio m\u00e1s feo que la mentira. (\u2026) El comercio, si es corto, se ha de reputar por oficio ruin; pero si es mucho, y rico, que conduce mercadur\u00edas de todas partes, y las distribuye sin enga\u00f1ar a nadie, no se ha de condenar enteramente\u00bb. <\/p>\n
5 Neme M. (2010). La buena fe en el derecho romano. (p. 106). Bogot\u00e1 Editorial Universidad Externado de Colombia. <\/p>\n
6 Ferrari Vincenzo. (2012). Derecho y Sociedad. Elementos de sociolog\u00eda del derecho. (p. 27) Bogot\u00e1 Editorial Universidad Externado de Colombia. Cita de Parsons. Traducci\u00f3n. Edici\u00f3n original: Diritto e Societ\u00e1. Element di sociolog\u00eda del dirito, RomaBariGius, Laterza & Figli Spa, 2004. <\/p>\n
7 Superintendencia Financiera. Colombia. (2008). Conceptos B\u00e1sicos del Mercado de Valores. (p.2) Superintendencia Financiera. <\/p>\n
9Es oferta p\u00fablica \u201caquella que se dirija a personas no determinadas o a cien o m\u00e1s personas determinadas, con el fin de suscribir, enajenar o adquirir documentos emitidos en serie o en masa, que otorguen a sus titulares derechos de cr\u00e9dito, de participaci\u00f3n y de tradici\u00f3n o representativos de mercanc\u00edas\u201d. Privada la que por defecto no re\u00fana esos requisitos. Debe tenerse en cuenta que el literal b del art\u00edculo 4 de la Ley 964 de 2005 dispuso que \u201cel Gobierno Nacional solo podr\u00e1 calificar como ofertas p\u00fablicas aquellas que se dirijan a personas no determinadas o a sectores o grupos de personas relevantes, o que se realicen por alg\u00fan medio de comunicaci\u00f3n masiva para suscribir, enajenar o adquirir valores\u201d. <\/p>\n
10 Resoluci\u00f3n vigente para la \u00e9poca de los hechos. Luego derogada por el Decreto 2555 de 2010 que mantuvo en su mayor\u00eda el mismo texto de las disposiciones derogadas, inclusive esta relativa a la oferta. <\/p>\n
11 Establece el art\u00edculo 1o. del Decreto 4327 de 2005 por el cual se fusiona la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores y se modifica su estructura: \u201cFusi\u00f3nase la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, la cual en adelante se denominar\u00e1 Superintendencia Financiera de Colombia\u201d. <\/p>\n
12 Negocios que deben ser ejecutadas sobre valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, o sobre valores listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros o los derivados y productos estructurados que sean valores en los t\u00e9rminos de los par\u00e1grafos 3 y 4 del art\u00edculo 2 de la Ley 964 de 2005. Art\u00edculo 1.5.1.1. <\/p>\n
13 Bolsa de valores de Colombia (2008). Gu\u00eda del Mercado de Valores. (p.26) Banco Interamericano de Desarrollo. <\/p>\n
14 Par\u00e1grafo del art\u00edculo 1.5.1.1. de la Resoluci\u00f3n 400 de 1995. <\/p>\n
15 \u201cPara efectos de ser categorizado como \u201cinversionista profesional\u201d, el cliente deber\u00e1 acreditar al intermediario, al momento de la clasificaci\u00f3n, un patrimonio igual o superior a diez mil (10.000) SMMLV y al menos una de las siguientes condiciones: 1. Ser titular de un portafolio de inversi\u00f3n de valores igual o superior a cinco mil (5.000) SMMLV, o 2. Haber realizado directa o indirectamente quince (15) o m\u00e1s operaciones de enajenaci\u00f3n o de adquisici\u00f3n, durante un per\u00edodo de sesenta (60) d\u00edas calendario, en un tiempo que no supere los dos a\u00f1os anteriores al momento en que se vaya a realizar la clasificaci\u00f3n del cliente. El valor agregado de estas operaciones debe ser igual o superior al equivalente a treinta y cinco mil (35.000) SMMLV\u201d. <\/p>\n
16 Art\u00edculo 1.5.2.4 ib\u00eddem. <\/p>\n
17 \u201cEl primero se refiere al mercado en el cual se negocian valores por medio de una bolsa de valores o de un sistema transaccional, y el segundo se refiere al mercado en el cual se negocian valores por fuera de una bolsa de valores o sistemas transaccionales\u201d Bolsa de valores de Colombia (2008). Gu\u00eda del Mercado de Valores. (p.26) Banco Interamericano de Desarrollo. <\/p>\n
. <\/p>\n
18 Corte Constitucional C- 692 de 2007. <\/p>\n
19 Corte Constitucional C-1062 de 2003. <\/p>\n
20 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica art\u00edculos 334; 335; 150 n\u00fam. 8, n\u00fam. 19 lit. d; 189 n\u00fam. 24. <\/p>\n
21Constituci\u00f3n Pol\u00edtica art. 150 n\u00fam. 19 lit. d); Ley 964 de 2005; art\u00edculo 8 Decreto 4327 de 2005. <\/p>\n
22 El fen\u00f3meno de la informaci\u00f3n asim\u00e9trica y su incidencia en el mercado se explica en el documento \u201cEl Mercado de los Limones\u201d (1970) del economista George Akerlof galardonado con el premio nobel de econom\u00eda 2001 por su trabajo en ese campo. Se supone en un mercado que solo hay cuatro tipos de carros. Hay carros nuevos y usados, Hay carros buenos (melocotones) y carros malos (limones). En la venta de usados el comprador tiene menos informaci\u00f3n sobre el estado del veh\u00edculo (informaci\u00f3n asim\u00e9trica), no sabe si son melocotones o limones. Eso hace que les asigne un precio promedio a los veh\u00edculos ante la incertidumbre, buenos y malos por igual valor. Esa situaci\u00f3n genera la ca\u00edda de los precios y que los vendedores de los carros buenos se retiren del mercado porque no est\u00e1n dispuestos a aceptar un pago menor; luego, el mercado colapsa, pues los veh\u00edculos que se venden en su mayor\u00eda son de mala calidad. Arkelof G. El mercado de \u00ablimones\u00bb: incertidumbre en la calidad y el mecanismo de mercado. Cuadernos econ\u00f3micos de ICE, ISSN 0210-2633, N\u00ba 36, 1987, p\u00e1gs. 37-48. Citado tambi\u00e9n en Carbajales M. (2006). La regulaci\u00f3n del mercado financiero. Hacia la autorregulaci\u00f3n del Mercado de Valores. (p. 23). Madrid Editorial Marcial Pons. <\/p>\n