STC1004-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1004-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00074-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por \u00d3scar Andr\u00e9s Guzm\u00e1n R\u00edos contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados-, y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, con ocasi\u00f3n de una solicitud elevada por el quejoso a la primera de las referidas entidades. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental de petici\u00f3n, presuntamente violentada por los accionados. <\/p>\n
2. Para respaldar su reparo, asevera que el 28 de septiembre de 2020, mediante \u201c(\u2026) el conducto regular del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia (\u2026)\u201d, solicit\u00f3 su \u201c(\u2026) inscripci\u00f3n como abogado titulado y la expedici\u00f3n de la correspondiente tarjeta profesional (\u2026)\u201d, petici\u00f3n remitida al Consejo Superior de la Judicatura y radicada en esa corporaci\u00f3n solo hasta el 8 de diciembre pasado. <\/p>\n
Sostiene que han transcurrido \u201cm\u00e1s de 15 d\u00edas\u201d desde la presentaci\u00f3n de su requerimiento, sin obtener una respuesta de fondo, vulner\u00e1ndosele con ello el derecho supralegal invocado. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, se ordene a los convocados contestar su exigencia. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
1. El Consejo Superior de la Judicatura manifest\u00f3 haber dado respuesta al quejoso, mediante oficio 66 del 4 de febrero de 2021, en el cual se le inform\u00f3 que deb\u00eda enviar una \u201c(\u2026) fotograf\u00eda reciente a color con fondo azul claro, (\u2026) para el proceso de impresi\u00f3n (\u2026)\u201d del documento requerido, y una vez cumplido con lo anterior, \u201cse proceder\u00e1 a inscribirlo en el registro de abogados\u201d. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia solicit\u00f3 ser desvinculado del ruego, pues el requerimiento del actor se encuentra en tr\u00e1mite en la Unidad de Registro Nacional de Abogados. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sobre la garant\u00eda contemplada en la norma 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se destaca que \u00e9sta se concreta en la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas. \u00c9stas deben corresponder a lo exigido y notificarse en los puntuales plazos establecidos por la Ley1; sin que ello implique, el acogimiento del fondo del asunto, por cuanto el ordenamiento constitucional no demanda acceder en forma positiva a lo peticionado, pero s\u00ed responder tempestiva, clara, precisa y congruentemente lo impetrado. <\/p>\n
En lo atinente al alcance de la garant\u00eda supralegal mencionada, esta Sala ha anotado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [i] El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la enunciada prerrogativa, se relieva, el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San Jos\u00e9 -Costa Rica- y aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, consagra: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda \u00edndole, sin consideraci\u00f3n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art\u00edstica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: <\/p>\n
\u201ca) el respeto a los derechos o a la reputaci\u00f3n de los dem\u00e1s, o \u201cb) la protecci\u00f3n de la seguridad nacional, el orden p\u00fablico o la salud o la moral p\u00fablicas. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
En torno al canon citado, la Corte Interamericana ha dicho que al estipularse expresamente <\/p>\n
\u201c(\u2026) los derechos a \u2018buscar\u2019 y a \u2018recibir informaciones\u2019, [se] protege el derecho que tiene toda persona a acceder a la informaci\u00f3n bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el estricto r\u00e9gimen de restricciones establecido en [el anotado] instrumento (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
2. Revisados los elementos de juicio adosados, se advierte que, dentro de la oportunidad concedida al Consejo Superior de la Judicatura para pronunciarse sobre los hechos de la tutela, si bien manifest\u00f3 haber contestado la solicitud del gestor el 4 de febrero de 2020, inform\u00e1ndole la necesidad de que allegar una \u201cfotograf\u00eda [suya] reciente con fondo azul claro\u201d para la impresi\u00f3n de la tarjeta profesional de abogado, no acredit\u00f3 el real enteramiento de esa respuesta al promotor, escenario que genera el quebrantamiento de la prerrogativa supralegal analizada con anterioridad. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, es factible abrir paso a la protecci\u00f3n incoada por virtud del control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos)4, a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. El auxilio impetrado ser\u00e1 otorgado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela impetrada por Oscar Andr\u00e9s Guzm\u00e1n R\u00edos contra el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. <\/p>\n
En consecuencia, se le ordena a la primera de las mencionadas corporaciones que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, notifique debidamente la contestaci\u00f3n realizada a la solicitud elevada por el querellante referente a su inscripci\u00f3n en el registro nacional de abogados y expedici\u00f3n de tarjeta profesional. Por secretar\u00eda rem\u00edtasele copia del petitorio y de este pronunciamiento. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 Como la sentencia C-818 de 2011 declar\u00f3 inexequibles los art\u00edculos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 relativos al derecho de petici\u00f3n, transitoriamente se aplicaron las normas pertinentes del extinto Decreto Ley 01 de 1984, sin embargo, sobre la materia se promulg\u00f3 la Ley 1755 de 2015, cuyo art\u00edculo 1\u00b0 y ss. regulan los pertinentes plazos para contestar los requerimientos. <\/p>\n
2 CSJ. STC. 19 de marzo. 2014, rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01 <\/p>\n
3 Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, p\u00e1rrs. 76 y 78. Ver tambi\u00e9n: Corte I.D.H., Caso L\u00f3pez \u00c1lvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, p\u00e1rr. 77; y Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, p\u00e1rr. 108. <\/p>\n
4 Aprobado por Colombia mediante la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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