STC1005-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1005-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00127-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Jorge Hern\u00e1n V\u00e9lez frente a Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, espec\u00edficamente, respecto del magistrado C\u00e9sar Augusto Guerrero D\u00edaz, y el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Calarc\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo\u201d adelantado por el aqu\u00ed actor a Jos\u00e9 Ignacio Garc\u00eda Z\u00fa\u00f1iga. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El censor exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, presuntamente vulneradas por la autoridad querellada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
En ese asunto se libr\u00f3 mandamiento de pago por valor de $203.550.198, decisi\u00f3n frente a la cual el extremo pasivo impetro reposici\u00f3n, remedio zanjado favorablemente al recurrente, en prove\u00eddo de 21 de febrero de 2021, pues el despacho instructor deneg\u00f3 la orden de apremio solicitada por el ejecutante, al considerar que la obligaci\u00f3n perseguida no cumpl\u00eda con el requisito de exigibilidad. <\/p>\n
El aqu\u00ed tutelante present\u00f3 apelaci\u00f3n, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada a la Sala Civil Familia Laboral del Distrito Judicial de Armenia, quien, en providencia de 17 de noviembre pasado, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo. <\/p>\n
Manifiesta el quejoso que la corporaci\u00f3n criticada incurri\u00f3 en \u201cv\u00eda de hecho\u201d, al analizar parcialmente \u201cel contenido del cuestionario\u201d allegado en el interrogatorio anticipado como parte del t\u00edtulo valor, pues de haberlo estudiado de forma integral, habr\u00eda podido establecer la existencia de la obligaci\u00f3n suscitada en el memorado contrato de obra. <\/p>\n
Aduce que, en el caso bajo estudio, \u201cno se ha dado cumplimiento y protecci\u00f3n\u201d a sus prerrogativas fundamentales, por cuanto existe \u201cuna indebida interpretaci\u00f3n material y probatoria, as\u00ed como, una omisi\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de la sana critica\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, se revoque la decisi\u00f3n proferida por el colegiado fustigado. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
Guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto. <\/p>\n
2. El gestor de este auxilio censura el prove\u00eddo de 17 de noviembre de 2020, donde el tribunal querellado confirm\u00f3 la negativa del Juzgado Civil del Circuito de Calarc\u00e1, a proferir el mandamiento de pago solicitado en el caso bajo estudio. <\/p>\n
3. Delanteramente, se advierte que, en relaci\u00f3n con el an\u00e1lisis efectuado por la corporaci\u00f3n fustigada, respecto del documento base de recaudo, ninguna irregularidad se desprende, pues, contrario a lo aseverado por el quejoso, tal providencia se ajusta a la normatividad aplicable al caso concreto. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, el colegiado atacado, al ratificar el pronunciamiento del a quo, explic\u00f3 la posibilidad de invocar como \u201ct\u00edtulo valor\u201d el interrogatorio anticipado de parte, empero, siempre y cuando en \u00e9l existiera una aceptaci\u00f3n, de la persona convocada, frente a la existencia de una obligaci\u00f3n crediticia a su cargo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, seg\u00fan el art\u00edculo 205 del C\u00f3digo General del Proceso, quien no comparezca a la diligencia de interrogatorio o no justifique su inasistencia a la misma, har\u00e1 presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesi\u00f3n sobre los cuales versen las \u201cpreguntas asertivas admisibles\u201d, sin que esa norma pueda interpretarse como el surgimiento inmediato o autom\u00e1tico de t\u00edtulos ejecutivos, pues, la \u201ccredencial coercitiva\u201d depender\u00e1 del contenido integral del cuestionario. <\/p>\n
Frente al interrogatorio allegado al litigio bajo estudio como elemento cartular, adujo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]umple asumir inicialmente el contenido de las preguntas analizadas por la juzgadora con el prop\u00f3sito de discernir acerca de la posibilidad de soportar con suficiencia, el t\u00edtulo ejecutivo que present\u00f3 el demandante para procurar el recaudo de sus obligaciones\u201d. <\/p>\n
\u201cEn ese contexto, la primera pregunta indag\u00f3 \u201csi es cierto o no, que Jos\u00e9 Ignacio Garc\u00eda Z\u00fa\u00f1iga (contratante) identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 16.627.403 (sic), le adeuda al se\u00f1or Jorge Hern\u00e1n V\u00e9lez (contratista) identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 4.380.242, la suma de 203.550.198 pesos moneda corriente, los cuales se oblig\u00f3 a pagar en dinero en efectivo en la ciudad de Armenia Quind\u00edo, el d\u00eda septiembre 29 (sic) de 2016, por concepto de saldo del precio del contrato de obra celebrado entre los se\u00f1ores Jos\u00e9 Ignacio Garc\u00eda Z\u00fa\u00f1iga y Jorge Hern\u00e1n V\u00e9lez, el d\u00eda 16 de enero de 2015\u201d, contenido que permitir\u00eda suponer que, si el obligado hubiera aceptado los tres (3) hechos descritos en la pregunta, tendr\u00eda que inferirse que la presunci\u00f3n abrazar\u00eda, tanto la obligaci\u00f3n y su plazo, como el origen de la misma, vale decir, el contrato de obra suscrito el 16 de enero de 2015 por las partes, todo ello, derivado de la ficci\u00f3n invocada por el demandante\u201d. <\/p>\n
\u201cEsos tres elementos imponen una realidad contractual imposible de eludir, en la medida en que al t\u00edtulo ejecutivo del interrogatorio anticipado de parte, se agreg\u00f3 el texto del contrato de obra, estipulaciones que para nada, pueden soslayarse, pues involucran la complejidad de la relaci\u00f3n jur\u00eddica habida entre las partes, de donde puede inferirse que la credencial ejecutiva tuvo una expresi\u00f3n plural, en tanto el aspirante a ejecutar, trajo doble componente para soportar sus pretensiones, duplicidad que se corrobora con la aceptaci\u00f3n ficta de los hechos que componen la primera pregunta del cuestionario, calificada admisible, por la propia juez que tramit\u00f3 la prueba, situaci\u00f3n que abre un contexto que resulta necesario revisar\u201d. <\/p>\n
\u201cY as\u00ed, vista la cl\u00e1usula segunda del negocio aludido, dicha estipulaci\u00f3n deja ver los compromisos que asumi\u00f3 el contratista, entre los cuales debe destacarse: la adecuaci\u00f3n del terreno y construcci\u00f3n de una carretera de ochenta metros de largo y cinco de ancho; el portal de acceso al predio Las Delicias Lote 2, por 36,63 mts. y ejecutar la caseta del vigilante en 14 metros cuadrados; construcci\u00f3n de cinco casas de distintas dimensiones, de acuerdo con el proyecto arquitect\u00f3nico; la adecuaci\u00f3n general del terreno que consiste en la siembra de \u00e1rboles, palmas y zonas verdes; construcci\u00f3n y adecuaci\u00f3n del parqueadero en la zona frontal del proyecto con los planos del mismo, que hacen parte del mismo convenio; compromisos cuya ejecuci\u00f3n representa el origen del pago correlativo que se reclama ahora (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las disposiciones descritas impiden derivar un t\u00edtulo ejecutivo con las caracter\u00edsticas del reclamado por el demandante, pues a pesar de que efectivamente el valor pretendido est\u00e1 contenido en el contrato de obra, en realidad, resulta ineludible establecer un contraste entre las edificaciones adelantadas por el contratista y su oportunidad, para efectuar una correlaci\u00f3n entre las obligaciones ejecutadas por una parte (hacer) y la causa de los compromisos de la otra (dar), todo ello, con mayor raz\u00f3n, a la demanda se alleg\u00f3 un estado de cuentas presentadas por el contratista, que impone la versi\u00f3n de que hubo obras por valor de $437\u2019928.625, con lo cual se distorsiona el valor inicial del contrato y los dem\u00e1s componentes econ\u00f3micos del proyecto, con sus sensibles impactos en la realidad de la obligaci\u00f3n, as\u00ed como las declaraciones fictas del presunto obligado en cuanto a la claridad y expresividad que pudieran reflejar\u201d. <\/p>\n
\u201cLa incertidumbre se agrava si se tiene en cuenta que como secuela de la aceptaci\u00f3n de la pregunta n\u00famero 6, el contrato de obra fue modificado por acuerdo verbal de las partes, respecto de las caba\u00f1as que pasaron de 72 a 84 metros cuadrados, sin que se demostrara c\u00f3mo operaron los aumentos en las prestaciones del contratista\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el mismo interrogatorio, si se otea la pregunta novena que se tuvo como asertiva y confesada, de la misma se deriva que el demandado admiti\u00f3 que hab\u00eda pagado ya, la suma de $279\u2019845.000, pero que deb\u00eda, aun as\u00ed, la cuant\u00eda de $203\u2019550.198, aspecto que nuevamente agrega confusi\u00f3n a las pretensiones de la demanda, pues la primera cifra coincide con el valor total del contrato de obra, que, si eventualmente se asume como cumplido, se disipar\u00eda la realidad de la deuda (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Todo lo anterior, muestra con largueza las ausencias del t\u00edtulo ejecutivo, en cuanto a su claridad, expresividad y exigibilidad, que tambi\u00e9n extra\u00f1\u00f3 la juzgadora de primera instancia, decisi\u00f3n que ahora reclama ratificaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
4. La tesis atacada es l\u00f3gica, de su lectura, prima facie, no refulge anomal\u00eda; el tribunal efectu\u00f3 una disertaci\u00f3n adecuada de los elementos probatorios que lo condujeron a la determinaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
En efecto, del interrogatorio anticipado allegado al compulsivo, no se pod\u00eda desprender un cr\u00e9dito para su cobro en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Procesos1, pues, al ser analizado ese documento junto con el contrato de obra del cual surgi\u00f3 la relaci\u00f3n jur\u00eddica entre las partes, no exist\u00eda claridad sobre el valor real de la deuda adquirida por el ejecutado, m\u00e1xime, cuando de por medio se encontraban involucradas obligaciones rec\u00edprocas que, seg\u00fan el mismo cuestionario, fueron modificadas de forma verbal sin existir certeza de los t\u00e9rminos de esa nueva negociaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, evidente era que los documentos aportados en el comentado subex\u00e1mine, no reun\u00edan los presupuestos legales para su ejecuci\u00f3n, sin que le estuviere vedado al fallador de segunda instancia, inclusive, de manera oficiosa, estudiar los requisitos formales o sustanciales de tales elementos, y determinar si se trataban de t\u00edtulos ejecutivos que, para el caso, es de los denominados complejos. <\/p>\n
Ahora, los requisitos impuestos a los t\u00edtulos ejecutivos, consignados en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, entendidos como documentos provenientes del deudor o de su causante en donde consten obligaciones claras, expresas y exigibles, por supuesto se trasladan a los t\u00edtulos valores, cuando los documentos base de la ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n no satisfacen plenamente el formalismo cambiario. En esta hip\u00f3tesis, compete al juez, efectivizar el derecho de acceso a la justicia, de tal modo, que no puede predicar la inexistencia del t\u00edtulo valor porque no se cumpla un formalismo cartulario, sino que, en su labor de hacer justicia, debe escrutar si existe un aut\u00e9ntico t\u00edtulo ejecutivo. De modo que, si el instrumento no satisface tales presupuestos, no puede sustraerse del an\u00e1lisis material de la obligaci\u00f3n y de la concurrencia o no de los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo para no esquilmar los derechos del acreedor en el cobro coercitivo. <\/p>\n
La claridad de la obligaci\u00f3n consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequ\u00edvoco y sin confusi\u00f3n en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relaci\u00f3n al cr\u00e9dito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligaci\u00f3n, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el v\u00ednculo jur\u00eddico. Tanto el pr\u00e9stamo a favor del sujeto activo, as\u00ed como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo. <\/p>\n
La expresividad, como caracter\u00edstica adicional, significa que la obligaci\u00f3n debe ser expl\u00edcita, no impl\u00edcita ni presunta, salvo en la confesi\u00f3n presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligaci\u00f3n, por cuanto lo meramente indicativo o impl\u00edcito o t\u00e1cito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulaci\u00f3n de teor\u00edas o hip\u00f3tesis para hallar el t\u00edtulo. Y es exigible en cuanto la obligaci\u00f3n es pura y simple o de plazo vencido o de condici\u00f3n cumplida. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, en el caso, el documento adosado am\u00e9n de carecer claridad y expresividad, no es exigible a trav\u00e9s de los diferentes tipos de obligaciones reclamadas por la ley adjetiva para librar mandamiento de dar, hacer, no hacer o, suscribir documentos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la providencia examinada no se observa arbitraria ni discordante del conflicto puesto bajo conocimiento del tutelado, al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por los anteriores argumentos, se niega el amparo deprecado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Jorge Hern\u00e1n V\u00e9lez frente a Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, espec\u00edficamente, respecto del magistrado C\u00e9sar Augusto Guerrero D\u00edaz, y el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Calarc\u00e1 con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo\u201d adelantado por el aqu\u00ed actor a Crist\u00f3bal Rodr\u00edguez Garc\u00eda contra el aqu\u00ed gestor a Jos\u00e9 Ignacio Garc\u00eda Z\u00fa\u00f1iga. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201cPueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra \u00e9l, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicci\u00f3n, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de polic\u00eda aprueben liquidaci\u00f3n de costas o se\u00f1alen honorarios de auxiliares de la justicia, y los dem\u00e1s documentos que se\u00f1ale la ley. La confesi\u00f3n hecha en el curso de un proceso no constituye t\u00edtulo ejecutivo, pero s\u00ed la que conste en el interrogatorio previsto en el art\u00edculo 184\u201d. <\/p>\n
2 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC1005-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1005-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00127-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Jorge Hern\u00e1n V\u00e9lez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53420","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53420","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53420"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53420\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}