STC1006-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1006-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00149-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Gustavo Rond\u00f3n Valbuena a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por las magistradas Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez y Martha Isabel Garc\u00eda Serrano; extensiva al Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo con radicado 2018-00558, incoado por Flor Alba Vivas de Gonz\u00e1lez contra el aqu\u00ed gestor. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u201cdignidad\u201d, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Flor Alba Vivas de Gonz\u00e1lez, aduciendo que Jairo Carrero Bol\u00edvar, en su condici\u00f3n de representante legal de Grafiq Editores S.A.S., le endos\u00f3 la letra de cambio, por valor de $75.294.431, demand\u00f3 compulsivamente al hoy impulsor para exigirle el pago de esa obligaci\u00f3n. <\/p>\n
El libelo le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien, el 11 de enero de 2019, libr\u00f3 orden ejecutiva contra el convocado por la enunciada cantidad m\u00e1s los intereses de ley. <\/p>\n
Enterado del mandamiento, Rond\u00f3n Valbuena formul\u00f3 las excepciones de \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n\u201d, afirmando haber suscrito bajo presi\u00f3n el t\u00edtulo valor y no ser el directo responsable de la obligaci\u00f3n, pues el negocio causal fue entre Grafiq Editores S.A.S. y Actuando Publicidad y Mercadeo S.A.S., respecto de la cual fue socio y Director General; \u201cfalta de consentimiento para obligarse\u201d, pues dijo haber sido amenazado con una denuncia penal por el no pago e la obligaci\u00f3n; \u201cfraude al incorporar la letra al proceso judicial\u201d y \u201cla letra debi\u00f3 ser llenada de acuerdo a lo pactado\u201d, es decir, por la mitad del valor cobrado. <\/p>\n
En audiencia de 3 de diciembre de 2019, se declararon no probadas las excepciones de fondo planteadas por el deudor y, por tanto, se orden\u00f3 continuar con el compulsivo. <\/p>\n
Inconforme, el tutelante formul\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 a la corporaci\u00f3n recriminada, quien, el 17 de julio de 2020, emiti\u00f3 sentencia ratificando la de primer grado. <\/p>\n
M\u00e1xime, afirma, \u201c(\u2026) si se realiza la confrontaci\u00f3n de lo dicho [por] la demandante con [la declaraci\u00f3n] del se\u00f1or Jairo Carrero (\u2026)\u201d, de donde se extrae que entre ellos nunca se negoci\u00f3 el t\u00edtulo y que la acreencia a favor de Vivas de Gonz\u00e1lez \u201c(\u2026) supera la obligaci\u00f3n contenida en el t\u00edtulo (\u2026) raz\u00f3n por la cual[,] dependiendo de la recuperaci\u00f3n del dinero, ella tendr\u00eda que devolver [una parte] a Grafiq Editores S.A.S. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto la determinaci\u00f3n proferida por el colegiado denunciado y, en su lugar, fallar a su favor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y de los vinculados. <\/p>\n
1. El colegiado recriminado limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a la remisi\u00f3n de copias digitales de la actuaci\u00f3n materia de reproche. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La controversia se cifra en determinar si el tribunal censurado vulner\u00f3 las prerrogativas superlativas del accionante, al ratificar la desestimaci\u00f3n de las defensas perentorias planteadas en el decurso criticado, particularmente, la de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la ejecutante, \u00fanico motivo de inconformismo expuesto en esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En su providencia de 17 de julio de 2020, el sentenciador confutado inici\u00f3 recordando los fundamentos legales sobre la circulaci\u00f3n de los t\u00edtulos valores (art\u00edculos 6241, 6472 y 6563 del C\u00f3digo de Comercio) y sus caracter\u00edsticas de literalidad (art. 626 ej\u00fasdem4) y autonom\u00eda (art. 627 ibidem5), procediendo luego al an\u00e1lisis del asunto sometido a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
A partir del examen de las pruebas adosadas a la actuaci\u00f3n, estim\u00f3 demostrado el presupuesto de la legitimaci\u00f3n de la ejecutante, descartando la tesis defensiva del ahora peticionario, quien, por el contrario, admiti\u00f3 la suscripci\u00f3n del cartulario base de recaudo y, si bien aleg\u00f3 haber sido objeto de presiones indebidas para proceder de esa manera, no ejerci\u00f3 las acciones judiciales a su alcance para desvirtuar la validez de su consentimiento. <\/p>\n
As\u00ed discurri\u00f3 la colegiatura acusada, verificando, en primer lugar, el t\u00edtulo esgrimido por la acreedora: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Revisado el tenor literal de la letra base de cambio, la ejecutante Flor Alba Vivas de Gonz\u00e1lez, en principio, es una tenedora leg\u00edtima porque tiene [el cartulario] conforme a su ley de circulaci\u00f3n [pues,] (\u2026) (i) se encuentra el endoso denominado \u201cEN PROPIEDAD\u201d al dorso del documento -fol. 1 C.1- que no en procuraci\u00f3n, y (ii) la actora fue quien activ\u00f3 el aparato judicial a trav\u00e9s de la acci\u00f3n cambiaria, aportando para tal menester el t\u00edtulo que aqu\u00ed se ejecuta lo [cual] hace evidente su entrega material (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose, enseguida, a los reparos del all\u00e1 recurrente, aqu\u00ed precursor, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El demandado (\u2026) sostiene que ese endoso nunca se configur\u00f3 y, que el real corresponde al denominado en procuraci\u00f3n, hecho que le correspond\u00eda acreditar y que, como lo sostuvo la a quo, no atendi\u00f3. No, porque ese hecho, con certeza, no aflora del interrogatorio de parte absuelto por la ejecutante y s[\u00ed] se reafirma con el contenido del anverso de la letra y el testimonio de (\u2026) Jairo Carrero, representante legal de la endosante Grafiq Editores S.A.[S.] de los que no se deduce cosa distinta a lo que reza en la letra de cambio, debiendo as\u00ed darse aplicaci\u00f3n al tenor literal del t\u00edtulo valor en lo (\u2026) ata\u00f1[adero] al endoso en propiedad, quedando la afirmaci\u00f3n en contrario en la sola apreciaci\u00f3n del ejecutado lo [cual,] per se, no tiene eficacia demostrativa. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y no se infiere otra forma de endoso, porque al cuestionamiento realizad[o] por el a quo en la declaraci\u00f3n de parte de la se\u00f1ora Vivas de Gonz\u00e1lez, \u00e9ste le consult\u00f3 sobre los honorarios que le deb\u00eda a aquella la sociedad Grafiq Editores S.A.S. y le formul\u00f3 la pregunta: \u2018\u00bfEntonces, ese endoso fue en propiedad o [para el] cobro?\u2019 (\u2026) a lo cual respondi\u00f3 aquella contundentemente: \u2018en propiedad\u2019 (\u2026) y con base en ello, a la pregunta del Juez \u2018\u00bfpor qu\u00e9 tiene que salir a devolverle dinero a Grafiq?\u2019 (\u2026), la demandante respondi\u00f3: \u2018(\u2026) lo manej[\u00e9] as\u00ed, porque la verdad, y le soy sincera, a hoy yo no s\u00e9 si se va a poder recuperar la obligaci\u00f3n, por eso lo manej\u00e9 as\u00ed, en propiedad directamente\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, de la declaraci\u00f3n del endosante, extrajo el tribunal lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En igual manera, del testimonio rendido por Jairo Carrero Bol\u00edvar a quien se le pregunt\u00f3: \u2018En relaci\u00f3n al endoso del t\u00edtulo, \u00bfusted nos puede aclarar si le entreg\u00f3 ese t\u00edtulo a la se\u00f1ora Flor Alba, s\u00f3lo para que ella cobrar[a] y le devolviera la plata, o para que ella se hiciera del dinero que recaudara, o c\u00f3mo funcionaba ese negocio?\u2019 (\u2026) a lo cual \u00e9ste respondi\u00f3: \u2018(\u2026) nosotros le debemos a (\u2026) Flor Alba por concepto de muchos casos, o varios casos que nos ha manejado, especialmente un administrativo en contra de la Naci\u00f3n que vale m\u00e1s de $50.000.000 y otros m\u00e1s, se lo dimos como parte de pago de una deuda que tenemos con ella, el sector gr\u00e1fico ha sufrido problemas importantes a raz\u00f3n del tema de la web, y todo esto, y en el momento en que ella nos reclam\u00f3 el dinero, no ten\u00edamos otra forma que decirle, mire tenemos esta letra, c\u00f3jala, c\u00f3brela y pues p\u00e1guese los dineros que le estamos debiendo por los conceptos que tenemos actualmente y ella acept\u00f3, b\u00e1sicamente fue lo que sucedi\u00f3 (\u2026)\u2019. <\/p>\n
\u201cDe igual modo[,] el deponente inform\u00f3 que el [t\u00edtulo valor] se endos\u00f3 en propiedad, pues a la pregunta de la apoderada de la parte ejecutada, seg\u00fan la cual: \u2018[u]sted ha se\u00f1alado que endos\u00f3 en propiedad el t\u00edtulo a la doctora Vivas, se\u00f1ale al despacho \u00bfcu\u00e1l es el valor de la negociaci\u00f3n de ese t\u00edtulo?\u2019 (\u2026) \u00e9ste respondi\u00f3: \u2018La letra se la dimos en propiedad porque nosotros le debemos mucho m\u00e1s dinero a ella\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Basada en los anteriores elementos de juicio, la magistratura censurada concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Reexaminadas estas pruebas se resalta que el pretendido endoso en procuraci\u00f3n no se puede derivar del interrogatorio de parte de la se\u00f1ora Vivas de Gonz\u00e1lez, siempre afirm\u00f3 que su endoso fue en propiedad, narr\u00f3 las circunstancias del negocio, por lo que no se desprende confesi\u00f3n alguna para poderla calificar de mala fe (\u2026); circunstancia \u00e9sta que tampoco se desprende del testimonio del representante legal de Grafiq Editores S.A.S., porque indic\u00f3 que el endoso fue en propiedad. <\/p>\n
\u201cEn s\u00edntesis, lo \u00fanico acreditado es que, entre endosante y endosatario, existen varias negociaciones y que la transferencia se hizo para pagarle unas de ellas por concepto de honorarios, tal como lo afirm\u00f3 el representante legal de Grafiq en su testimonio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. N\u00f3tese, el sentenciador convocado estudi\u00f3 todos y cada uno de los medios de conocimiento aludidos por el tutelante, esto es, el interrogatorio de parte de su adversaria, el cartulario presentado para el cobro y el testimonio del representante legal de Grafiq Editores S.A.S., Jairo Carrero y de su examen, tanto individual como conjunto, coligi\u00f3 la existencia del endoso en propiedad realizado por el acreedor inicial, en favor de la promotora de la acci\u00f3n ejecutiva. <\/p>\n
En esas condiciones, la Sala no advierte el yerro f\u00e1ctico denunciado, pues la determinaci\u00f3n rebatida se adopt\u00f3 teniendo en cuenta las probanzas adosadas al plenario y, bajo ese panorama, el ruego tuitivo carece de la aptitud para prosperar frente a quien lo plantea. <\/p>\n
Sobre la apreciaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)6. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos dis\u00edmiles (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Se destaca, el an\u00e1lisis probatorio, se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
4. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa arbitraria al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, pues, el colegiado demandado defini\u00f3 la controversia teniendo en cuenta las pruebas allegadas al decurso criticado y la normatividad aplicable en la materia y, por tal motivo, el tribunal confutado no pod\u00eda resolverla de la manera rogada por el accionante. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos10 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196911, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d12, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio13. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-14, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales15; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas16. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) El ejercicio del derecho consignado en un t\u00edtulo-valor requiere la exhibici\u00f3n del mismo. Si el t\u00edtulo es pagado, deber\u00e1 ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o s\u00f3lo de los derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotar\u00e1 el pago parcial en el t\u00edtulo y extender\u00e1 por separado el recibo correspondiente. En caso de pago parcial el t\u00edtulo conservar\u00e1 su eficacia por la parte no pagada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Se considerar\u00e1 tenedor leg\u00edtimo del t\u00edtulo a quien lo posea conforme a su ley de circulaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) El endoso puede hacerse en propiedad, en procuraci\u00f3n o en garant\u00eda (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4 \u201c(\u2026) El suscriptor de un t\u00edtulo quedar\u00e1 obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5 \u201c(\u2026) Todo suscriptor de un t\u00edtulo-valor se obligar\u00e1 aut\u00f3nomamente. Las circunstancias que invaliden la obligaci\u00f3n de alguno o algunos de los signatarios, no afectar\u00e1n las obligaciones de los dem\u00e1s (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
7 CSJ. STC21575-2017 de 15 de diciembre de 2017, exp. 0500022130002017-00242-01. <\/p>\n
8 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
9 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
10 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
11 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
12 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
13 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
16 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC1006-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1006-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00149-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Gustavo Rond\u00f3n Valbuena a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53421","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53421","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53421"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53421\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}