STC1008-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1008-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00264-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Gustavo Adolfo Gonz\u00e1lez Ramos frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal; extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, al Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad, la Fiscal\u00eda Diecinueve de la Unidad Nacional Anticorrupci\u00f3n y la Fiscal\u00eda y Procuradur\u00eda Generales de la Naci\u00f3n, con ocasi\u00f3n del juicio de la se\u00f1alada especialidad con radicado 2016-00122, adelantado contra el gestor por los delitos de \u201cpeculado por apropiaci\u00f3n agravado por la cuant\u00eda, en grado de tentativa y en calidad de interviniente, en concurso heterog\u00e9neo y sucesivo con falsedad en documento p\u00fablico agravada por el uso; en concurso homog\u00e9neo y sucesivo y en concurso heterog\u00e9neo con concierto para delinquir agravado\u201d. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
En decisi\u00f3n de 7 de mayo de 2014, modificada el 16 de marzo de 2015, la Fiscal\u00eda Sesenta y Uno Delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito acus\u00f3 al investigado por los punibles de peculado por apropiaci\u00f3n tentado, agravado por la cuant\u00eda, en calidad de interviniente, falsedad material en documento p\u00fablico agravada por el uso, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, en concurso heterog\u00e9neo con concierto para delinquir, agravado. <\/p>\n
El 2 de diciembre de 2015, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta absolvi\u00f3, al hoy querellante, de los cargos endilgados. <\/p>\n
Inconformes, los representantes de la Fiscal\u00eda, el Ministerio P\u00fablico y el apoderado de la parte civil, apelaron la \u00faltima determinaci\u00f3n. <\/p>\n
La impugnaci\u00f3n fue definida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 27 de junio de 2019, revocando la sentencia recurrida para, en su lugar, condenar, por primera vez, al enjuiciado a la pena principal de 137 meses y 12 d\u00edas de prisi\u00f3n, multa de 18.750 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, por el mismo lapso de la sanci\u00f3n privativa de la libertad. <\/p>\n
En el numeral s\u00e9ptimo de la parte resolutiva del fallo, el colegiado se\u00f1al\u00f3: \u201c(\u2026) [c]ontra la presente decisi\u00f3n, el procesado (\u2026) tiene derecho a impugnar (\u2026) cuya resoluci\u00f3n corresponde a la Sala de Casaci\u00f3n Penal (\u2026) por haber sido condenado por primera vez en sede de apelaci\u00f3n. Dese aplicaci\u00f3n al tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 210 de la Ley 600 de 2000 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El declarado responsable hizo uso del aludido medio de defensa, desatado por la hom\u00f3loga penal, en prove\u00eddo de 11 de marzo de 2020, donde dispuso revocar la sanci\u00f3n pecuniaria fijada por el sentenciador de segundo grado, para dejar inc\u00f3lume, en lo restante, la determinaci\u00f3n rebatida, advirtiendo la improcedencia de cualquier otra censura. <\/p>\n
Inconforme, el 9 de junio de 2020, el enjuiciado present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y el 16 de septiembre de 2020, la autoridad accionada lo desech\u00f3. <\/p>\n
El actor alega el desconocimiento del precedente jurisprudencial y la legislaci\u00f3n internacional por parte de la corporaci\u00f3n encartada, al no garantizarle la posibilidad de rebatir la sentencia a trav\u00e9s de la cual se dirimi\u00f3 su impugnaci\u00f3n especial frente a la primera condena. <\/p>\n
Para el suplicante, dicha actuaci\u00f3n lesion\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) limit\u00f3, sin justificaci\u00f3n constitucional v\u00e1lida, el ejercicio de los recursos que consagra la legislaci\u00f3n procesal penal para aquellos procesados no aforados condenados por primera vez en segunda instancia por un tribunal. Y al aplicarles esa reductora hermen\u00e9utica de aquel derecho y esta garant\u00eda al aqu\u00ed accionante, al negarle el recurso extraordinario de casaci\u00f3n vulner\u00f3 su derecho a la igualdad frente a aquellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto la determinaci\u00f3n adoptada por el alto tribunal confutado el 16 de septiembre de 2020 y, en su lugar, tramitar el remedio excepcional referido. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal asegur\u00f3 haber garantizado la prerrogativa fundamental incoada por el libelista, pues al resolver el recurso interpuesto frente al primer fallo de condena, valor\u00f3, exhaustivamente, todas las pruebas obrantes en el expediente, lo cual le permiti\u00f3 ratificar dicha declaratoria de responsabilidad, cumpliendo, de esta manera, con el deber de otorgar una v\u00eda judicial efectiva para la revisi\u00f3n de la determinaci\u00f3n del ad quem, independientemente de la denominaci\u00f3n dada a tal procedimiento. <\/p>\n
2. Dentro del t\u00e9rmino otorgado para contestar, los dem\u00e1s interesados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales del accionante, al restringirle la posibilidad de impetrar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n respecto a la providencia que resolvi\u00f3 la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d a su primera condena. <\/p>\n
2. La Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, con ocasi\u00f3n del an\u00e1lisis de constitucionalidad del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 17 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, que le atribu\u00eda a la Sala Plena de la Corte Suprema la posibilidad de resolver las impugnaciones y los recursos de apelaci\u00f3n contra las diferentes actuaciones procesales que realizaba la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en los casos de juzgamiento a funcionarios p\u00fablicos con fuero constitucional, aludi\u00f3 a la cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 17 numeral 6\u00ba de la Ley Estatutaria se\u00f1alaba que correspond\u00eda a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, cumplir las siguientes funciones: \u201c6. Resolver las impugnaciones y los recursos de apelaci\u00f3n contra las sentencias, medidas cautelares, providencias y autos interlocutorios que profiera la Sala de Casaci\u00f3n Penal en los procesos que tramite contra los funcionarios y servidores p\u00fablicos con fuero constitucional de juzgamiento por los hechos punibles que se les imputen (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible el memorado precepto, citando el art\u00edculo 234 de la Constituci\u00f3n el cual dispone que, la Corte Suprema de Justicia es el m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, y la ley \u201c(\u2026) dividir\u00e1 la Corte en salas, se\u00f1alar\u00e1 a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinar\u00e1 aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno\u201d. En ese sentido, reiter\u00f3 los argumentos del presidente de la Corte Suprema de entonces, cuando expres\u00f3 \u201c(\u2026) al suponerse que el recurso de apelaci\u00f3n contra sentencias, medidas cautelares, providencias y autos interlocutorios que profiera un funcionario judicial, implica que un juez de mayor grado revisar\u00e1 esas decisiones, y al haberse establecido que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no es superior jer\u00e1rquico de la Sala Casaci\u00f3n Penal, se hace entonces necesario declarar la inexequibilidad del numeral 6o del art\u00edculo 17\u201d. Por consiguiente, la carencia de superior funcional o jer\u00e1rquico frustr\u00f3 la impugnaci\u00f3n de las sentencias condenatorias. <\/p>\n
Aunque es evidente para esta Sala, que la segunda instancia no corresponde al mecanismo de la doble conformidad en toda su extensi\u00f3n, porque el canon en comento circunscrib\u00eda la cuesti\u00f3n a los aforados, s\u00ed apostaba por la doble conformidad, al atribuir la funci\u00f3n de \u201c(\u2026) resolver las impugnaciones y los recursos de apelaci\u00f3n\u201d, sin embargo, se itera, el prop\u00f3sito qued\u00f3 frustrado por la declaratoria de inexequibilidad comentada. El texto como se trasunt\u00f3, bienvenido era, porque le atribu\u00eda a la Sala Plena de la Corte Suprema la posibilidad de resolver las impugnaciones y los recursos de apelaci\u00f3n contra las diferentes actuaciones procesales que realizaba la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en los casos de juzgamiento a funcionarios p\u00fablicos con fuero constitucional, beneficio que pod\u00eda extenderse, para no incurrir en discriminaci\u00f3n, a los no aforados. <\/p>\n
Hasta ese momento subsist\u00eda en la jurisprudencia un laberinto entre el instituto de la doble conformidad de la regla 29 de la Carta y la doble instancia prevista en el art\u00edculo 31, confundiendo el derecho a impugnar la primera condena en materia criminal como est\u00e1ndar del debido proceso, con el factor funcional que implican los niveles o grados a que se refiere la segunda instancia por virtud del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Empero, en sentencia C-792 de 2014, cambiando radicalmente su viejo y persistente criterio, la Corte Constitucional, declar\u00f3 \u201cinconstitucionales con efectos diferidos\u201d algunos art\u00edculos de la Ley 906 de 2004, por cuanto omit\u00edan \u201c(\u2026) la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias\u201d; e igualmente, exhort\u00f3 \u201cal Congreso de la Rep\u00fablica para que, en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o contado a partir de la notificaci\u00f3n por edicto de [esa providencia], regul[ara] integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias, (\u2026) [y] de no hacer[lo], a partir del vencimiento de [ese] t\u00e9rmino, se entender[\u00eda] que procede[r\u00eda] la impugnaci\u00f3n de todas las sentencias condenatorias ante el superior jer\u00e1rquico o funcional de quien impuso la condena (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ahora, como los lineamientos de la citada sentencia no se materializaron en una Ley, en el prove\u00eddo SU-215 de 28 de abril de 2016, el alto tribunal constitucional, con el objeto de determinar el alcance del citado fallo C-792 de 2014, precis\u00f3, entre otros aspectos, que (i) surt\u00eda efectos desde el 25 de abril de 2016; y (ii) \u201c\u00fanicamente opera respecto de las sentencias que para ese entonces a\u00fan estuvieran en el t\u00e9rmino de ejecutoria, o de las que se expidan despu\u00e9s de esa fecha\u201d. Dijo en efecto la Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Al no tratarse de una disposici\u00f3n vinculante, sino de un acto de lenguaje sin fuerza normativa obligatoria para el Congreso, el exhorto puede interpretarse de modo amplio, de suerte que se entienda referido a la impugnaci\u00f3n de las condenas impuestas por primera vez en cualquier etapa del proceso penal ordinario. Si el Congreso ha omitido la oportunidad que se le reconoci\u00f3 en ese exhorto, desde luego que no por eso pierde su facultad de regular la materia. Pero en tal caso esta Corte debe velar por la supremac\u00eda e integridad del mandato constitucional de garantizar la impugnaci\u00f3n de las condenas impuestas por primera vez en el proceso penal (CP. arts. 29, 31, 229 y 241). Lo cual le exige obrar de modo que asegure la adaptaci\u00f3n del ordenamiento y los procesos penales al orden superior (CP. art 4) (\u2026)\u201d (negrillas propias). <\/p>\n
Si bien el mencionado \u00f3rgano legislativo no ha implementado en nuestro ordenamiento jur\u00eddico penal, una reforma subsanando la se\u00f1alada omisi\u00f3n legis-reglamentaria, s\u00ed realiz\u00f3 un cambio sustancial en la competencia atribuida constitucionalmente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura, porque, con la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2018, estipul\u00f3 como atribuci\u00f3n de esa Corporaci\u00f3n: \u201c(\u2026) [r]esolver (\u2026), la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena de (\u2026) los fallos que (\u2026) profieran los Tribunales Superiores o Militares (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ahora, que en la actualidad no haya un reglamento jur\u00eddico sobre la forma como se debe tramitar la impugnaci\u00f3n de la \u201cprimera condena\u201d cuando aqu\u00e9lla es emitida en segunda instancia, no significa que hoy, esa posibilidad est\u00e9 cercenada para el procesado, por cuanto al existir un \u00f3rgano jurisdiccional con competencia constitucional para conocer de ese espec\u00edfico asunto, es il\u00f3gico afirmar que esa autoridad no pueda ejercer dicha funci\u00f3n por configurarse un vac\u00edo meramente formal, pues, ante estos eventos, es indispensable aplicar directamente las normas integradoras del bloque de constitucionalidad, las cuales, sin duda, permiten acceder a la \u201cdoble conformidad\u201d, como pasa a explicarse: <\/p>\n
El art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica establece que el debido proceso \u201cse aplicar\u00e1 a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas\u201d, y contempla una serie de garant\u00edas que hacen parte de la esencia de ese derecho fundamental, tales como: i) \u201c[n]adie podr\u00e1 ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, ii) [e]n materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicar\u00e1 de preferencia a la restrictiva o desfavorable, iii) [t]oda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable, iv) [q]uien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por \u00e9l, o de oficio, durante la investigaci\u00f3n y el juzgamiento; a un debido proceso p\u00fablico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho (\u2026)\u201d (negrillas de la Sala). <\/p>\n
El anterior precepto constituye un claro desarrollo del art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, el cual prev\u00e9 un conjunto de garant\u00edas judiciales: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garant\u00edas m\u00ednimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o int\u00e9rprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicaci\u00f3n previa y detallada al inculpado de la acusaci\u00f3n formulada; c) concesi\u00f3n al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparaci\u00f3n de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elecci\u00f3n y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no seg\u00fan la legislaci\u00f3n interna, si el inculpado no se defendiere por s\u00ed mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra s\u00ed mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior (\u2026)\u201d (se resalta). <\/p>\n
Igualmente, el canon 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, estipula: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendr\u00e1 derecho a ser o\u00edda p\u00fablicamente y con las debidas garant\u00edas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n de car\u00e1cter penal formulada contra ella o para la determinaci\u00f3n de sus derechos u obligaciones de car\u00e1cter civil. La prensa y el p\u00fablico podr\u00e1n ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden p\u00fablico o seguridad nacional en una sociedad democr\u00e1tica, o cuando lo exija el inter\u00e9s de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opini\u00f3n del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa ser\u00e1 p\u00fablica, excepto en los casos en que el inter\u00e9s de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendr\u00e1 derecho, en plena igualdad, a las siguientes garant\u00edas m\u00ednimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusaci\u00f3n formulada contra ella; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparaci\u00f3n de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elecci\u00f3n; c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elecci\u00f3n; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el inter\u00e9s de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que \u00e9stos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un int\u00e9rprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra s\u00ed misma ni a confesarse culpable (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendr\u00e1 en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptaci\u00f3n social (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendr\u00e1 derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 6. Cuando una sentencia condenatoria en firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisi\u00f3n de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deber\u00e1 ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 7. Nadie podr\u00e1 ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada pa\u00eds (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Los ordenamientos modernos, en proyecci\u00f3n de la tendencia registrada supranacionalmente, establecen preceptos que consagran el postulado de la condena confirmatoria. <\/p>\n
En la Constituci\u00f3n del Estado de Ecuador de 2008 se estatuye el derecho de todo ciudadano a \u201c[r]ecurrir el fallo o resoluci\u00f3n en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos\u201d (art. 76). <\/p>\n
Argentina ha hecho la incorporaci\u00f3n por la v\u00eda jurisprudencial, tras los fallos Arce y Casal del a\u00f1o 2005, en los cuales se ratifica el juzgamiento penal en dos instancias, entendidas como la posibilidad de revisi\u00f3n integral de la resoluci\u00f3n condenatoria. <\/p>\n
El resto de los pa\u00edses de Iberoam\u00e9rica no han regulado positivamente el derecho al recurso en estos casos, ni consagrado preceptos superiores que lo positivicen, pese al paladino mandato impuesto por el citado canon 8\u00b0 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. <\/p>\n
No puede perderse de vista, por disposici\u00f3n constitucional (art. 31), toda decisi\u00f3n judicial es susceptible de apelarse, salvando las excepciones legales. Tr\u00e1tese, en criterio de esta Sala, de una garant\u00eda que constituye baluarte y proyecci\u00f3n del debido proceso, y que, en tal virtud, asegura al afectado que la resoluci\u00f3n del juzgador, si\u00e9ndole adversa, pueda ser revisada por un funcionario de superior nivel \u201c(\u2026) a prop\u00f3sito de revocarla ante la eventualidad de engendrar vicios o desconocer alg\u00fan derecho protegido por la ley (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Ahora, la \u201cdoble conformidad\u201d, seg\u00fan la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se caracteriza por \u201c(\u2026) brinda[r] mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado (\u2026)\u201d3, por medio de un \u201c(\u2026) recurso ordinario accesible y eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la correcci\u00f3n de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho (\u2026)\u201d4; sin embargo, esta garant\u00eda \u00fanicamente procede contra la primera sentencia condenatoria proferida en segunda instancia, pues el fallo de esa naturaleza, emitido en primer grado, es susceptible de apelaci\u00f3n, acorde al sentido positivo del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal5. <\/p>\n
La \u201cdoble conformidad\u201d debe asegurar que el condenado pueda acceder a una verdadera revisi\u00f3n de su sentencia, sin mediar formalidades de dif\u00edcil cumplimiento que impidan la materializaci\u00f3n de esa prerrogativa, pues, de lo contrario, \u201c(\u2026) supon[dr\u00eda] la negaci\u00f3n misma del derecho involucrado (\u2026)\u201d6, teniendo en cuenta que \u201c(\u2026) la inexistencia de recursos internos efectivos coloca a una persona en (\u2026) indefensi\u00f3n (\u2026)\u201d7 ante el poder punitivo del Estado. <\/p>\n
Por otro lado, es inocultable el limitado alcance que el legislador colombiano le dio al Acto Legislativo n\u00b0 1 del 18 de enero de 2018, en tanto que circunscribi\u00f3 la reforma all\u00ed introducida a los \u201caforados constitucionales\u201d, en relaci\u00f3n con quienes, en el art\u00edculo 2\u00ba, previ\u00f3 que \u201cla Sala de Casaci\u00f3n Penal y las Salas Especiales garantizar\u00e1n la separaci\u00f3n de la instrucci\u00f3n y el juzgamiento, la doble instancia de la sentencia y el derecho a la impugnaci\u00f3n de la primera condena\u201d (se subraya). <\/p>\n
Del mismo modo, se constata que, debido a esa restricci\u00f3n, se gener\u00f3 un estado de trato desigual respecto de los dem\u00e1s procesados penales, condenados por primera vez en segunda instancia, comoquiera que, en cuanto a tales condenas, nada se consagr\u00f3 en procura de garantizar el derecho a impugnarlas. <\/p>\n
Con otras palabras, desde la vigencia del referido acto legislativo, los aforados constitucionales que habiendo sido absueltos en primera instancia, resultan condenados en segunda, tienen garantizado su derecho a impugnar este \u00faltimo pronunciamiento, pues, en la actualidad, ya fueron creadas las Salas Especializadas al interior de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, logrando con ello, la materializaci\u00f3n de tal prerrogativa; sin embargo, las dem\u00e1s personas vinculadas a un proceso penal, no cuentan con el mismo mecanismo de protecci\u00f3n dado el vac\u00edo legislativo para otorgarles semejante goce constitucional. <\/p>\n
Como nada justifica esa disparidad de trato, el estado de cosas que acaba de describirse es, sin duda, inconstitucional y, por lo mismo, habilita que la acci\u00f3n de tutela act\u00fae para proteger dicho derecho en casos concretos, toda vez que su vulneraci\u00f3n comporta el quebranto, en l\u00edneas generales, del debido proceso y, en forma espec\u00edfica, de las garant\u00edas que se adicionaron con la memorada enmienda constitucional. <\/p>\n
No obstante, lo arg\u00fcido, debe resaltarse que aun cuando esa reforma se haya dirigido, en particular, a \u201clos aforados constitucionales\u201d, lo cierto es que atribuy\u00f3 a la Corte Suprema de Justicia competencia para conocer de la solicitud de \u201c(\u2026) doble conformidad\u201d entablada frente a las sentencias condenatorias dictadas por los Tribunales Superiores. As\u00ed, el numeral 7\u00ba, del canon 3\u00ba del Acto Legislativo n\u00b0 1 de 18 de enero de 2018, establece: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 7. Resolver, a trav\u00e9s de una Sala integrada por tres Magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y que no hayan participado en la decisi\u00f3n, conforme lo determine la ley, la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena de la sentencia proferida por los restantes Magistrados de dicha Sala en los asuntos a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del presente art\u00edculo, o de los fallos que en esas condiciones profieran los Tribunales Superiores o Militares (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
En consecuencia, en concordancia con la regla 29 de la Carta, con el bloque de constitucionalidad inserto en el derecho nacional, de acuerdo con la doctrina constitucional de la sentencia C-792 de 2014 y la vigencia inmediata del Acto Legislativo n\u00ba 1 de 2018, cuyos art\u00edculos 2 y 3 autorizan expresamente \u201c(\u2026) el derecho a la impugnaci\u00f3n de la primera condena (\u2026)\u201d; o la solicitud \u201c(\u2026) de la doble conformidad judicial de la primera condena (\u2026) o de los fallos que en esas condiciones profieran los tribunales superiores o militares (\u2026)\u201d, resulta incuestionable la procedibilidad de la doble conformidad contra la primera declaratoria de responsabilidad contra cualquier persona, sin distingos, por virtud, tambi\u00e9n, del derecho a la igualdad de la regla 13 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
De tal modo que, imperativo del principio de la supremac\u00eda constitucional, se impone el gobierno y aplicaci\u00f3n del derecho a impugnar la primera condena penal proferida en segunda o \u00fanica instancia para surtir la doble conformidad jur\u00eddica estudi\u00e1ndola en forma integral, sea o no aforado el imputado, extendiendo los alcances del amparo a todos, y no exclusivamente para ellos, con el fin de salvaguardar las garant\u00edas afectadas y defender la coherencia del sistema normativo y la democracia constitucional. <\/p>\n
4. No es la primera vez que este Colegiado aborda la cuesti\u00f3n, lleva varios a\u00f1os discutiendo el problema en casos concretos, siendo los m\u00e1s relevantes: <\/p>\n
a. En la STC8851 de 11 de julio de 2018, \u00c1lvaro Antonio Ashton Giraldo, en calidad de aforado exigi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la \u201cdoble conformidad\u201d a su proceso adelantado por el delito de concierto para delinquir agravado\u201d, porque el mismo estaba siendo rituado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, m\u00e1s no por el estrado de instrucci\u00f3n creado para surtir la primera instancia. <\/p>\n
En aquella ocasi\u00f3n, aunque se desestim\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada por cuanto el procedimiento se hallaba en la etapa de investigaci\u00f3n y a\u00fan no exist\u00eda sentencia, se destac\u00f3 que, de todas maneras, Ashton Giraldo contaba con la posibilidad de impetrar la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d si eventualmente resultase condenado, conforme a lo enunciado en ese Acto Legislativo. <\/p>\n
Sobre lo discurrido, la Sala destac\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para el promotor de este amparo, la autoridad atacada le vulner\u00f3 el debido proceso, particularmente, (\u2026) el derecho a impugnar la sentencia condenatoria\u201d. Sin embargo, aun cuando dicho resguardo es impr\u00f3spero, por cuanto el quebranto as\u00ed denunciado por el actor, en el momento actual es puramente hipot\u00e9tico, pues a\u00fan no se ha dictado fallo, s\u00ed compele al Colegiado enjuiciado asegurarle al petente su derecho a formular \u201crecurso de apelaci\u00f3n\u201d contra la sentencia de \u201cPrimera Instancia\u201d, o a la doble conformidad, esto es, impugnar la \u201cprimera condena\u201d, haciendo uso de su reglamento interno y de aqu\u00e9llas herramientas jur\u00eddicas8 para permitirle su goce, en la medida como se vayan integrando las Salas Especiales creadas por el Acto Legislativo 01 de 2018. Pero este derecho a la doble instancia, en los t\u00e9rminos del anunciado Acto, o en los de la sentencia C-792 de 2014, no se halla infringido en lo hasta ahora rituado en su caso porque, como se itera, la correspondiente impugnaci\u00f3n solo se prev\u00e9 en la regla 1 inciso tercero: \u201c[c]ontra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia proceder\u00e1 el recurso de apelaci\u00f3n. Su conocimiento corresponder\u00e1 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En ese orden, la actividad adelantada hasta ahora por la Sala de Casaci\u00f3n Penal no es arbitraria ni trasgresora de derechos; adem\u00e1s, no estaba autorizada la Corporaci\u00f3n Jurisdiccional ante el silencio del Congreso, atribuirse funciones propias de \u00e9ste. No obstante, instaladas legal y materialmente las Salas all\u00ed previstas, designados y posesionados los juzgadores que las conformaran, es cuando deber\u00e1 aplicarse de manera inmediata el se\u00f1alado Acto Legislativo 001 de 2018, con todo su vigor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
b. En el fallo STC12447 de 26 de septiembre de 2018, se estudi\u00f3 el caso de Mart\u00edn Emilio Morales Diz, otrora Senador de la Rep\u00fablica, quien, en la demanda de amparo, manifest\u00f3 que, si bien ya se hab\u00edan creado las Salas de Instrucci\u00f3n y de Juzgamiento de primera instancia anexas a la de Casaci\u00f3n Penal \u00e9sta \u00faltima lo conden\u00f3 por \u201cconcierto para delinquir agravado\u201d en concurso material heterog\u00e9neo con los delitos de \u201ctr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes\u201d, \u201cadministraci\u00f3n de recursos de grupos armados al margen de la Ley\u201d, \u201ctentativa de homicidio agravado en concurso homog\u00e9neo sucesivo\u201d, y \u201cporte de armas y munici\u00f3n de uso privativo de las fuerzas armadas\u201d, en calidad de coautor, y \u201chomicidio agravado como determinador\u201d. <\/p>\n
Morales Diz pidi\u00f3 la \u201cdoble conformidad\u201d de esa sanci\u00f3n, pero dicha colegiatura la desestim\u00f3 por improcedente. <\/p>\n
En esa oportunidad, esta Corte acogi\u00f3 el criterio, seg\u00fan el cual, ante la vigencia del Acto Legislativo 1 de 18 de enero de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n Penal no pod\u00eda seguir conociendo de decursos en donde se juzgaran a aforados en primera instancia, pues ello desconoc\u00eda la estructura de la se\u00f1alada reglamentaci\u00f3n para materializar el derecho a la impugnaci\u00f3n especial y, por ello, accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n rogada al estimar que, a la luz de la enmienda constitucional rese\u00f1ada, la Sala de Casaci\u00f3n Penal carec\u00eda de competencia para emitir el fallo all\u00ed dictado y deb\u00eda, en consecuencia, remitir el decurso criticado a la Sala Especial de Primera Instancia, creada con ese prop\u00f3sito, y donde se le garantizar\u00eda al petente el derecho a controvertir la decisi\u00f3n final. <\/p>\n
Al punto, la Sala adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Es cierto que existen razones de conveniencia que inducen a pensar que la Sala de Casaci\u00f3n Penal no deber\u00eda perder la competencia para dictar sentencia hasta cuando entre a funcionar la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia. Ello ser\u00eda lo m\u00e1s deseable para la estabilidad de las instituciones y la satisfacci\u00f3n de las expectativas de seguridad jur\u00eddica de los asociados. Pero las garant\u00edas penales y los derechos fundamentales de las personas jam\u00e1s pueden estar sometidos a las conveniencias generales, ni las decisiones de los jueces dependen de la opini\u00f3n p\u00fablica o de motivos utilitaristas. Los funcionarios judiciales est\u00e1n constitucional y legalmente investidos para proteger los derechos superiores de las personas por encima de cualquier motivo de conveniencia \u201cpol\u00edtica\u201d o \u201cmoral\u201d que se erija en una especie de tiran\u00eda de la raz\u00f3n extrajur\u00eddica encarnada en el clamor popular por sobre las formas y los contenidos sustanciales del ordenamiento jur\u00eddico (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed las cosas, se vislumbra que para el momento en que se emiti\u00f3 el fallo condenatorio contra el tutelante, esto es, el 31 de mayo de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n no pod\u00eda continuar adelantando la actuaci\u00f3n y mucho menos proferir sentencia, como en efecto aconteci\u00f3, por cuanto para ese momento ya se encontraba en vigor el Acto Legislativo de reforma constitucional con efectos inmediatos, el cual le quit\u00f3 competencia para conocer de los procesos contra los aforados constitucionales en cualquiera de las etapas de la primera instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
c. Esta Sala, en las sentencias aprobadas en sesi\u00f3n de 22 de mayo de 2019, bajo los n\u00fameros 11001-02-03-000-2019-01361-00 y 11001-02-04-000-2019-00463-01, evidenci\u00f3 el quebranto de la garant\u00eda a la \u201cdoble conformidad\u201d por no otorgarse frente a la \u201cprimera condena\u201d emitida en segunda instancia por el tribunal respectivo; al hallar que los interesados concurrieron en un lapso razonable. <\/p>\n
Y, en cuanto al agotamiento de las herramientas de defensa, en la 11001-02-03-000-2019-01361-00, el censor atac\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la alzada al incoar el remedio extraordinario de casaci\u00f3n y, por ello, suscit\u00f3 un pronunciamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Penal sobre el particular, juicio considerado por esta especialidad como insuficiente, pasando a otorgar la protecci\u00f3n reclamada. En el 11001-02-04-000-2019-00463-01 la tutelante formul\u00f3 reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo del ad quem, donde no se le concedi\u00f3 la alzada y, ante su negativa, impetr\u00f3, de nuevo, el remedio horizontal y queja; sin embargo, ambos fueron rechazados. <\/p>\n
La primera controversia, ata\u00f1e al fallo STC6768-2019, en el cual Marvin Royert Gonz\u00e1lez pidi\u00f3 la protecci\u00f3n a sus derechos fundamentales, pues, en su decir, al interior del juicio penal impulsado en su contra por el delito de \u201cconcusi\u00f3n\u201d, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga hab\u00eda revocado la absoluci\u00f3n otorgada por el a quo y, en su lugar, lo conden\u00f3 a pena privativa de la libertad. <\/p>\n
Frente a la decisi\u00f3n del ad quem, Royert Gonz\u00e1lez inco\u00f3 apelaci\u00f3n, pero esa defensa fue denegada y, por ello, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, si bien este \u00faltimo fue inadmitido por la Sala Penal de la Corte, esa corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que, en todo caso, estudi\u00f3 de fondo el asunto a trav\u00e9s de ese mecanismo, tras lo cual, ratific\u00f3 la providencia emitida por el Tribunal de Bucaramanga. <\/p>\n
En consecuencia, esta Corporaci\u00f3n orden\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, definir la \u201cdoble conformidad\u201d del accionante. <\/p>\n
En el asunto con la radicaci\u00f3n 11001-02-04-000-2019-00463-01 que corresponde a la sentencia STC16778-2019, Cielo Roc\u00edo Perea Valderrama, all\u00ed tutelante, adujo que en el decurso penal adelantado en su contra, hab\u00eda sido absuelta en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Rivera -Huila-, pero, en sede de apelaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, la conden\u00f3 por primera vez y, si bien la gestora pidi\u00f3 la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d respecto a ese prove\u00eddo, el aludido colegiado lo desestim\u00f3 por improcedente al no existir reglamentaci\u00f3n de ese instituto jur\u00eddico para los no aforados; adem\u00e1s, la promotora hab\u00eda impetrado recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que se encontraba en tr\u00e1mite. <\/p>\n
Perea Valderrama acudi\u00f3 al ruego para obtener la doble conformidad de la sanci\u00f3n impuesta; no obstante, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el auxilio al estarse surtiendo el precitado mecanismo de defensa; sin embargo, esta Sala al definir la impugnaci\u00f3n formulada por la petente, concedi\u00f3 la salvaguarda implorada, por cuanto el Acto Legislativo n\u00ba 1 de 2018 ya hab\u00eda establecido qui\u00e9n era la autoridad competente para dirimir las controversias sobre la \u201cdoble conformidad\u201d y se estim\u00f3 que no exist\u00eda raz\u00f3n v\u00e1lida para restringir ese derecho \u00fanicamente en favor de los aforados. <\/p>\n
Adicionalmente, se consider\u00f3 que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no era id\u00f3neo para proteger la prerrogativa en comento al tener unos alcances y presupuestos diferentes a la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d y, por tal motivo, la Corte orden\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dar curso a la apelaci\u00f3n de la primera condena impuesta al revocar la absoluci\u00f3n del a quo. <\/p>\n
d. En la sentencia STC16778-2019 de 12 de diciembre de 2018, Ruffo Heliodoro Echeverry Moreno, quien hab\u00eda sido absuelto en primera instancia por el delito de \u201cacceso carnal con persona en incapacidad de resistir\u201d, fue condenado, en sede de alzada, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito judicial Popay\u00e1n, a ciento sesenta y ocho (168) meses de prisi\u00f3n por esa conducta. <\/p>\n
Echeverry Moreno solicit\u00f3 la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d y la casaci\u00f3n a esa determinaci\u00f3n, siendo negado el primero y concedido el segundo; empero, este \u00faltimo, si bien se inadmiti\u00f3, fue tramitado de manera oficiosa confirmando lo decidido por el ad quem. <\/p>\n
La Sala advirti\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada, pues, al momento de la sanci\u00f3n, estaban vigentes los alcances jur\u00eddicos de las sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016 y, en esa medida, lo procedente, en primer lugar, era dar curso a la \u201cdoble conformidad\u201d y, de mantenerse el reproche penal, en segundo t\u00e9rmino, abrirle paso a la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la Corte se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La doble conformidad, tambi\u00e9n \u201cdoble verificaci\u00f3n\u201d, no es propiamente el derecho a la segunda instancia, sino la facultad a impugnar la primera sentencia condenatoria en el \u00e1mbito penal, por razones de justicia material; en consecuencia, se trata de una garant\u00eda de naturaleza convencional y constitucional9 al interior del proceso penal en procura de tornar eficaz el debido proceso para el imputado, inculpado o procesado a fin de que pueda recurrir y demandar la revisi\u00f3n amplia e integral o el control formal y material del primer fallo condenatorio, sea que se profiera en primera, segunda o \u00fanica instancia mediante un recurso ordinario, sencillo, eficaz y accesible que pueda ser decidido por un juez o tribunal de superior jerarqu\u00eda org\u00e1nica o funcional; en todo caso, diferente al que dict\u00f3 el fallo objeto del recurso, pero antes de que obtenga la decisi\u00f3n cuestionada, los efectos de cosa juzgada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ahora esta modalidad de impugnaci\u00f3n tampoco puede confundirse con el recurso extraordinario (o acci\u00f3n) de revisi\u00f3n, por cuanto este mecanismo, entre otras tantas peculiaridades, procede contra sentencias ejecutoriadas, caracter\u00edsticas que no son de resorte de la garant\u00eda universal de la \u201cdoble conformidad\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, no puede confundirse ni relegarse en su tarea con relaci\u00f3n a la doble conformidad o a la doble condena, porque este mecanismo apenas es desarrollo del derecho a obtener la revisi\u00f3n integral de la primera condena, o ante el derecho que se otorga a quien en segunda instancia es condenado por primera vez, o para quien es sancionado en juicios criminales de \u00fanica instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La doble conformidad no es la casaci\u00f3n, ya lo expuso esta Sala en providencias anteriores, tampoco es revisi\u00f3n; la casaci\u00f3n no es doble conformidad, se itera, porque ser\u00eda desnaturalizar cada recurso para tramar enredos y galimat\u00edas o para diluir los prop\u00f3sitos de la casaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si la casaci\u00f3n es culmen en el juzgamiento de instancia, al hallarse la Corte Suprema en el v\u00e9rtice del sistema como Corte de Casaci\u00f3n. No puede se\u00f1alarse que primero debe tramitarse la casaci\u00f3n y luego la doble conformidad, porque significar\u00eda que ahora la Corte de Casaci\u00f3n es Corte de doble conformidad o juez de instancia esencialmente, de modo que cede su arsenal hist\u00f3rico a un recurso que emerge como resultado de imprevisiones legislativas. Pero, adem\u00e1s, desde la estructura propia de los recursos, la casaci\u00f3n es limitada a unas causales precisas y a un modelo con prop\u00f3sitos singulares; la impugnaci\u00f3n a la primera condena es amplia, abierta e ilimitada porque el juez de la doble conformidad debe revisar el todo, a\u00fan sin la presencia de reparos concretos, basta que el inculpado impugne en t\u00e9rminos elementales y sin formalismos pero en tiempo, contra su condena, para que el superior estudie la totalidad del fondo del asunto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En consecuencia, en casos como el presente a fin de observar el debido proceso, compete primero dar paso al derecho a la doble conformidad del condenado, respetando la autonom\u00eda e independencia judicial, como aut\u00e9ntica instancia, con las reglas de la apelaci\u00f3n. Tramitada la doble conformidad o impugnaci\u00f3n especial analizar\u00e1 el juez de ella, si concede la casaci\u00f3n, si fuere el caso, seg\u00fan se cumplan o no los requisitos del legislador; luego verificar\u00e1 si se resuelve tramitarlo, en fin; pero la doble conformidad no tiene porque alterar la casaci\u00f3n para tornarla en un mero tr\u00e1mite, anterior al de la doble conformidad, ni tampoco para convertir la impugnaci\u00f3n especial en un ap\u00e9ndice de la casaci\u00f3n, porque los dos recursos son totalmente diferentes. La doble conformidad en un derecho supremo de quien, a pesar de haber sido absuelto, por los avatares de la configuraci\u00f3n del sistema, ahora en nueva decisi\u00f3n es condenado y, entonces, tiene derecho a formular la petici\u00f3n de una revisi\u00f3n amplia e ilimitada por un juez superior, aut\u00f3nomo, independiente e imparcial, sin preconceptos de la primera condena para establecer si la confirma o revoca (\u2026)\u201d10. <\/p>\n
Por tal motivo, esta Sala orden\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Popay\u00e1n, rituar la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d formulada por Ruffo Heliodoro Echeverry Moreno frente a la primera condena que le impuso esa colegiatura. <\/p>\n
e. En el pronunciamiento STC2889-2020 de 16 de marzo, en el auxilio incoado por Ricardo Alfonso Linero Gonz\u00e1lez, \u00e9ste arguy\u00f3 que hab\u00eda sido juzgado bajo el procedimiento de la Ley 906 de 2004, por el delito de acto sexual violento, conducta por la cual hab\u00eda sido absuelto por el juzgador de primer nivel. <\/p>\n
El 6 de febrero de 2017, la Sala Penal del Tribunal Judicial de Santa Marta, revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n y, en su lugar, lo conden\u00f3 a ciento cuarenta y tres (143) meses de prisi\u00f3n, d\u00e1ndole la oportunidad de impetrar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El censor adujo que se hab\u00edan violentado sus garant\u00edas fundamentales, por cuanto contra esa determinaci\u00f3n proced\u00eda la \u201cdoble conformidad\u201d en su favor. <\/p>\n
La Sala estim\u00f3 que, pese a serle aplicable al tutelante la prerrogativa de la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d, conforme a lo estatuido en las sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, pues su proceso estaba vigente luego del 25 de abril de 2016, no hizo uso de ese medio defensivo, dilapidando tal oportunidad. <\/p>\n
Ahora, de haberla ejercido y de mantenerse la sanci\u00f3n, el all\u00ed quejoso contaba con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual tampoco fue impetrado y, adem\u00e1s, la decisi\u00f3n protestada por v\u00eda de tutela se hab\u00eda proferido hac\u00eda m\u00e1s de seis (6) meses. De manera que no se superaban los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, tornando improcedente el auxilio. <\/p>\n
4.1. La vigencia de la doble conformidad. De acuerdo con lo establecido en las sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016 de la Corte Constitucional, la Sala infer\u00eda que para asuntos penales rituados bajo la Ley 600 de 200011 o Ley 906 de 2004, o trat\u00e1ndose de procesos en curso o con sentencia no ejecutoriada al 25 de abril de 2016, estaban sujetos a la garant\u00eda de la impugnaci\u00f3n especial frente a la primera condena emitida en segunda instancia. La prerrogativa se fortaleci\u00f3 con el Acto Legislativo de 2018. <\/p>\n
La Sala, si bien hab\u00eda mantenido un criterio uniforme acerca de la fecha en la cual pod\u00eda predicarse el derecho a la \u201cdoble conformidad\u201d, a modo de obiter dicta, en las sentencias STC531-2020, STC189-2020, STC15017-2019, STC13920-2019 y STC6768-2019, indic\u00f3 que como el precedente patrio emanaba de lo rese\u00f1ado en los \u201cPactos Internacionales de Derechos Civiles, Pol\u00edticos y Econ\u00f3micos aprobado por Naciones Unidas en 1966\u201d, ratificados por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, y vigente desde el 23 de marzo de 1976, a partir de \u00e9sta \u00faltima calenda, la impugnaci\u00f3n especial ten\u00eda cabida en el ordenamiento nacional. <\/p>\n
El prove\u00eddo STC15017-2019 se origin\u00f3 en la salvaguarda instaurada por Juan Diego Ot\u00e1lora Ospina, quien, habiendo sido absuelto por el a quo, result\u00f3 sancionado por \u201csecuestro y extorsi\u00f3n\u201d en decisi\u00f3n de la Sala Penal del del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, autoridad que no le brind\u00f3, la posibilidad de hacer uso de la prerrogativa a la impugnaci\u00f3n especial, todo lo cual, advirti\u00f3 la Corte, lesionaba esa garant\u00eda constitucional. <\/p>\n
En la sentencia STC13920-2019, se estudi\u00f3 el caso de Cristian Ignacio Murillo Mendoza contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, pues \u00e9ste cuestionaba a ese colegiado su negativa a rituarle la impugnaci\u00f3n especial por \u00e9l enarbolada, por estarse surtiendo la casaci\u00f3n primeramente formulada. Como, a criterio de esta Corporaci\u00f3n, tal circunstancia violaba el debido proceso, porque, en primer lugar, deb\u00eda adelantarse el estudio de la \u201cdoble conformidad\u201d y, con posterioridad, la casaci\u00f3n, se otorg\u00f3 el amparado suplicado. <\/p>\n
En el pronunciamiento STC189-2020, Jairo Alberto Ruiz Rojas demand\u00f3 a la Sala Penal hom\u00f3loga, pues, si bien hab\u00eda incoado casaci\u00f3n y ese remedio se le inadmiti\u00f3, el estrado atacado viabiliz\u00f3 la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d a la condena impuesta en segunda instancia. La Corte constat\u00f3 que ese proceder resultaba lesivo a las garant\u00edas del petente, porque nunca se le indic\u00f3 que el remedio extraordinario en cuesti\u00f3n no supl\u00eda, subsidiariamente, \u201cla impugnaci\u00f3n especial\u201d, por cuanto dicha garant\u00eda deb\u00eda permitirle al sancionado elevar su protesta sin tecnicismos, y mucho menos, luego de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
En la determinaci\u00f3n STC531-2020, Alejandro Zapata Ram\u00edrez acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela aduciendo que, aun cuando hab\u00eda sido absuelto por el a quo, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn lo conden\u00f3 como coautor de los delitos de \u201cfeminicidio\u201d en concurso heterog\u00e9neo con acceso \u201ccarnal violento\u201d y, si bien se le concedi\u00f3 la casaci\u00f3n incoada, no se le inform\u00f3 que, en primer lugar, ten\u00eda derecho a la \u201cdoble conformidad\u201d. Esta Colegiatura concedi\u00f3 el amparo pues, como ya se ha dicho, esa prerrogativa no puede soslayarse por otros recursos carentes de idoneidad para controvertir la sanci\u00f3n penal cuando \u00e9sta surge en segunda instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
En la sentencia rese\u00f1ada, as\u00ed como en las anteriormente referidas, se manifest\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c(\u2026) De conformidad con lo establecido por el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, aprobado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, aceptado sin reservas por Colombia mediante la Ley 74 de 1968 y vigente desde el 23 de marzo de 1976, \u00abtoda persona declarada culpable de un delito tendr\u00e1 derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidas a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esta disposici\u00f3n fue reiterada en el numeral 2o del art\u00edculo 8o de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San Jos\u00e9 de Costa Rica, incorporada por la Ley 16 de 1972, vigente a partir del 18 de julio de 1978, seg\u00fan el cual \u00abtoda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garant\u00edas m\u00ednimas (…): h) recurrir el fallo ante juez o tribunal superior (…)\u00bb. <\/p>\n
\u201c(\u2026). <\/p>\n
\u201c(\u2026) Entonces, es evidente que el derecho a la doble conformidad de la condena penal est\u00e1 vigente en nuestro ordenamiento jur\u00eddico -se reitera- desde 1976. Luego, la circunstancia de que esa prerrogativa se haya vulnerado en todos los procesos en que los enjuiciados no tuvieron la posibilidad de impugnar la primera condena penal que, por tanto cobr\u00f3 ejecutoria en esas condiciones, no es una causal eximente de la obligaci\u00f3n del Estado de garantizarla, es una situaci\u00f3n agravatoria de su incapacidad de brindar a los procesados penales las garant\u00edas m\u00ednimas reconocidas por los instrumentos internacionales adoptados por nuestro ordenamiento interno desde hace m\u00e1s de cuatro d\u00e9cadas (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
Empero, es de advertir, en todos esos casos, se trataba de meros obiter dictum, porque en los mencionados fallos no se discut\u00eda acerca de la vigencia de la aplicaci\u00f3n de la \u201cdoble conformidad\u201d en el tiempo y, por ese motivo, ese aspecto no puede constituirse como el eje fundante de las decisiones donde se halla inserto; y, en esa medida, carece de car\u00e1cter vinculante para esta Sala al ser s\u00f3lo dichos de paso y no estructurarse en elementos causales de la resolutiva. <\/p>\n
4.2. La vigencia en los instrumentos internacionales y en derecho nacional. Los \u201cPactos Internacionales de Derechos Civiles, Pol\u00edticos y Econ\u00f3micos aprobados por Naciones Unidas en 1966\u201d, ratificados por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, no se refieren al espacio temporal de aplicaci\u00f3n de una garant\u00eda efectiva para materializar el derecho a impugnar la primera condena en segundo grado o en \u00fanica instancia pronunciada contra un aforado. <\/p>\n
En la sentencia C-792 de 29 de octubre de 2014, la Corte Constitucional, sobre el particular, adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tanto la Carta Pol\u00edtica como los instrumentos internacionales de derechos humanos han calificado la impugnaci\u00f3n de los fallos condenatorios como un derecho subjetivo que integra el n\u00facleo b\u00e1sico del derecho de defensa. Es as\u00ed como el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica establece que toda persona tiene \u201cderecho\u201d a impugnar las sentencias condenatorias, el art\u00edculo 14.5 del PIDCP le asigna la condici\u00f3n de \u201cderecho\u201d en cabeza de toda persona declarada culpable de un delito, y el art\u00edculo 8.2.h de la CADH establece que toda persona tiene \u201cderecho\u201d a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Se trata entonces de un derecho constitucional y convencional, cuyo sujeto activo es la persona que ha sido condenada en un proceso penal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Lo primero que encuentra esta Corporaci\u00f3n es que el ordenamiento superior no contiene una regla especial que prevea los elementos de la hip\u00f3tesis abstracta examinada en esta oportunidad. Es decir, ni el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, ni el art\u00edculo 8.2.h de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, ni el art\u00edculo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos determinan de manera expresa que existe el derecho a impugnar las sentencias que establecen la responsabilidad penal por primera vez en la segunda instancia de un proceso penal; se trata \u00fanicamente de prescripciones generales sobre el derecho de impugnar o recurrir los fallos condenatorios en el marco de este tipo de juicios (\u2026)\u201d (negrilla ajena al texto). <\/p>\n
Ahora bien, en el mencionado pronunciamiento, el Alto Tribunal cit\u00f3 varios casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos, Herrera Ulloa Vs. Costa Rica\u201d, \u201cBarreto Leiva Vs. Venezuela\u201d, \u201cMohamed Vs. Argentina\u201d y \u201cLiakat Al\u00ed Alibux Vs. Suriname\u201d, pero no tom\u00f3 partido por alguno de ellos, en lo de la vigencia. <\/p>\n
En la jurisprudencia de la Corte Constitucional como atr\u00e1s se se\u00f1al\u00f3, hasta en la providencia C-792 de 2014 hubo oposici\u00f3n a ese derecho, el cual apenas se consolid\u00f3 con las dos sentencias fundantes en ese Tribunal: la C-792 de 2014 y la SU-215 de 2016. <\/p>\n
Con posterioridad vino el Acto Legislativo n\u00ba 1 de 2018, la Sala Plena de la esa Corporaci\u00f3n ha proferido las siguientes decisiones: 1. SU-217 de 2019, por medio de la cual extendi\u00f3 los beneficios a los procesos regidos por la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004; adem\u00e1s, puntu\u00f3 la inaplicabilidad de la doble conformidad para procesos terminados y con fallo ejecutoriado antes de brindarse la posibilidad de recurrir las condenas por ese medio, especialmente, aquellas emitidas en \u00fanica instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, previo a la vigencia del Acto 1\u00ba de 2018, acaecida el 18 de enero de 2018. 2. La SU-218 donde nuevamente requiri\u00f3 al Congreso para tramitar la Ley correspondiente a esta impugnaci\u00f3n. Y, 3. La SU-373 de 2019, donde clarific\u00f3 que no es la regla 31 de la Carta la que regula la impugnaci\u00f3n especial, sino la del derecho a impugnar la sentencia condenatoria; igualmente, se adentra en los efectos de la favorabilidad penal respecto a las sentencias, junto con el deber de armonizar los derechos no involucrados para hacer interpretaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n. Empero, en estas \u00faltimas decisiones de unificaci\u00f3n no defini\u00f3 una fecha de aplicaci\u00f3n de la garant\u00eda; como s\u00ed lo hizo en la C-792 de 2014. <\/p>\n
4.3. Los casos m\u00e1s relevantes en la \u00f3rbita interamericana, con diferentes \u00e9pocas. a. El 2 de julio de 2004, en el asunto \u201cHerrera Ulloa Vs. Costa Rica\u201d, Mauricio Herrera Ulloa y a Fern\u00e1n Vargas Rohrmoser, en calidad de periodista, el primero, y, el segundo, como representante legal de un diario, fueron condenados por la justicia de su pa\u00eds por delitos relacionados con \u201cofensas en la modalidad de difamaci\u00f3n\u201d a un diplom\u00e1tico de Costa Rica. <\/p>\n
Los encausados impetraron recurso de casaci\u00f3n, pero la Sala Tercera de la Corte Suprema de Costa Rica rechaz\u00f3 dicho medio defensivo. <\/p>\n
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, advirti\u00f3 que, el ordenamiento del Estado convocado no brindaba garant\u00edas para Herrera Ulloa y Vargas Rohrmoser que les permitiera hacer uso de un mecanismo de f\u00e1cil acceso para ejercer su derecho de contradicci\u00f3n ante condenas en asuntos penales, derecho que no se satisfac\u00eda con la mera existencia de una corporaci\u00f3n encargada de definir recursos especializados y altamente t\u00e9cnicos. <\/p>\n
En el caso se demand\u00f3 la responsabilidad internacional del Estado por la imposici\u00f3n de una condena por difamaci\u00f3n en perjuicio de Mauricio Herrera Ulloa y la falta de un recurso adecuado y efectivo para cuestionar dicha medida. <\/p>\n
Mauricio Herrera Ulloa, trabajaba en el diario \u201cLa Naci\u00f3n\u201d, y Fern\u00e1n Vargas Rohrmoser, era el presidente de la Junta Directiva y representante legal de ese medio de difusi\u00f3n. Los d\u00edas 19, 20 y 21 de mayo de 1995 publicaron unos art\u00edculos en los cuales se vinculaba a F\u00e9lix Przedborski, entonces delegado de Costa Rica, ante la Organizaci\u00f3n Internacional de Energ\u00eda At\u00f3mica, con diversas conductas il\u00edcitas. El 25 de mayo de 1995 Przedborski public\u00f3 en el peri\u00f3dico \u201cLa Naci\u00f3n\u201d, un art\u00edculo en el cual daba su versi\u00f3n de los hechos. <\/p>\n
En la actuaci\u00f3n procesal luego del tr\u00e1mite y de acudir en dos oportunidades al recurso de casaci\u00f3n; en la segunda ocasi\u00f3n, los recursos fueron declarados \u201csin lugar\u201d, manteni\u00e9ndose la condena. Agitado el litigio en la Corte interamericana, esta razon\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el presente caso, los recursos de casaci\u00f3n presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara un an\u00e1lisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. Esta situaci\u00f3n conlleva a que los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por los se\u00f1ores Fern\u00e1n Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa, y por el defensor de \u00e9ste \u00faltimo y apoderado especial del peri\u00f3dico \u201cLa Naci\u00f3n\u201d, respectivamente (supra p\u00e1rr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no satisficieron los requisitos del art\u00edculo 8.2 h. de la Convenci\u00f3n Americana en cuanto no permitieron un examen integral sino limitado (\u2026)\u201d13. <\/p>\n
Y con fundamento en lo analizado concluy\u00f3: \u201cPor todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado viol\u00f3 el art\u00edculo 8.2.h. de la Convenci\u00f3n Americana en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio del se\u00f1or Mauricio Herrera Ulloa\u201d14. <\/p>\n
Por tal motivo, se orden\u00f3 a Costa Rica dejar sin efectos la sanci\u00f3n impuesta a los all\u00ed accionantes y adecuar su sistema jur\u00eddico para implementar un mecanismo de defensa sencillo que permitiera cuestionar las condenas penales en asuntos como el debatido. <\/p>\n
b. El 17 de noviembre de 2009, en el caso \u201cBarreto Leiva vs. Venezuela\u201d, \u00d3scar Enrique Barreto Leiva, en su condici\u00f3n de Director Sectorial de Administraci\u00f3n y Servicios del Ministerio de la Secretar\u00eda de la Presidencia de la Rep\u00fablica, fue condenado en \u00fanica instancia por la Corte Suprema Justicia de esa naci\u00f3n, por delitos contra el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
El Tribunal Interamericano constat\u00f3 que dicho cargo no daba fuero al all\u00ed procesado y, en esa medida, no pod\u00eda ser juzgado como si tuviera esa calidad; adem\u00e1s, ante el m\u00e1ximo \u00f3rgano jurisdiccional de Venezuela en materia penal, no se pod\u00edan incoar recursos frente a las decisiones all\u00ed proferidas. <\/p>\n
Por tanto, la colegiatura internacional exigi\u00f3 al pa\u00eds demandado, modificar sus c\u00f3digos para permitirle a sus ciudadanos confrontar los fallos condenatorios e, incluso, en favor de quienes gocen de \u201cfuero especial\u201d. <\/p>\n
c. El 23 de noviembre de 2012, en el asunto Mohamed Vs. Argentina, Oscar Alberto Mohamed como conductor de autob\u00fas, result\u00f3 absuelto por el delito de \u201chomicidio culposo\u201d, en decisi\u00f3n emanada del Juzgado Nacional en lo Correccional N\u00b03; sin embargo, el fallo fue revocado por la Sala Primera de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien lo conden\u00f3 por primera vez en segunda instancia, por la conducta rese\u00f1ada. <\/p>\n
Si bien el procesado impetr\u00f3 el recurso extraordinario federal, el mismo fue desestimado por la precitada colegiatura al no satisfacer los presupuestos t\u00e9cnicos de ese medio defensa. <\/p>\n
\u00d3scar Alberto Mohamed formul\u00f3 queja ante la Corte Suprema de la Naci\u00f3n, quien deneg\u00f3 esa defensa por cuanto el remedio extraordinario s\u00f3lo se ocupaba de casos con total ausencia de fundamento normativo, cuesti\u00f3n que no se presentaba en la controversia. <\/p>\n
La corporaci\u00f3n internacional encontr\u00f3 que el ritual adelantado contra el all\u00e1 enjuiciado no ofrec\u00eda medios impugnaticios adecuados para controvertir la condena impuesta por primera vez y, por ello, orden\u00f3 al Estado accionado adoptar las medidas necesarias para permitir a \u00d3scar Alberto Mohamed, presentar un recurso mediante el cual pudiera obtener una revisi\u00f3n amplia de su sanci\u00f3n. <\/p>\n
d. El 30 de enero de 2014, en el caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname, el all\u00ed petente, el 14 de agosto de 2004, en calidad de aforado como Ministro de Finanzas y Exministro de Recursos Naturales, fue condenado en \u00fanica instancia por los delitos de \u201cfalsificaci\u00f3n, fraude y violaci\u00f3n de la norma sobre divisa extranjera\u201d, por la Alta Corte de Justicia del Estado fustigado. <\/p>\n
En esa oportunidad, si bien el pa\u00eds convocado adujo que, tras la sanci\u00f3n en comento, en 2007 hab\u00eda modificado su ordenamiento para permitir recurrir las sentencias penales contra aforados dentro de los tres (3) meses siguientes a la reforma, Liakat Ali Alibux no hab\u00eda hecho uso de esa prerrogativa. <\/p>\n
Con todo, dijo el pa\u00eds refutado, la Alta Corte de Justicia de Suriname, ya hab\u00eda dado tr\u00e1mite al medio defensa para que el condenado pudiera controvertir el fallo penal materia de reproche. <\/p>\n
Pese a lo antelado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estim\u00f3 que, al momento de la sentencia sancionatoria, el all\u00e1 procesado no contaba con un mecanismo de defensa efectivo que le permitiera impugnarlo y, por ello, el agravio a Liakat Ali Alibux ya se hab\u00eda materializado; adem\u00e1s, porque la nueva regulaci\u00f3n no permiti\u00f3 subsanar la situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Sin embargo, como el recurso contra la condena del all\u00e1 procesado se estaba rituando, el precitado tribunal no adopt\u00f3 ninguna disposici\u00f3n al respecto. <\/p>\n
Mirados los juicios siguientes: caso V\u00e9lez Loor vs. Panam\u00e1\u0301 (23 de noviembre de 2010), caso Mendoza y otros vs. Argentina (14 de mayo de 2013), caso Amrhein y otros vs. Costa Rica (25 de abril de 2018) y caso Gorigoit\u00eda vs. Argentina (2 de septiembre de 2019), tampoco se obtiene una subregla temporal con efectos erga omnes, que compela a esta Sala a aceptarla con reciedumbre. <\/p>\n
4.4. En un suceso nuevo, la Corte Constitucional colombiana, tras haber seleccionado la tutela de Andr\u00e9s Felipe Arias Leiva, dict\u00f3 la sentencia SU-146 de fecha 21 de mayo de 2020, que ampar\u00f3 su derecho a la doble conformidad, y, entre otras manifestaciones, se\u00f1al\u00f3 que compete al juez \u201c(\u2026) ante la interrelaci\u00f3n de derechos y principios cuya vigencia sugiere conclusiones opuestas (\u2026)\u201d adoptar decisiones tomando la que m\u00e1s se ajuste a \u201c(\u2026) una interpretaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n\u201d, obligaci\u00f3n de la cual se desentendi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]i de la Sentencia C-792 de 2014 ni del Acto Legislativo 01 de 2018 se puede extraer una interpretaci\u00f3n que impida considerar la viabilidad de aplicar la garant\u00eda del derecho a impugnar la sentencia penal condenatoria con el actual est\u00e1ndar, antes de su adopci\u00f3n o expedici\u00f3n. En el primer caso, es evidente que el pronunciamiento de la Corte Constitucional no tuvo por objeto decidir casos individuales acaecidos antes de efectuar el pronunciamiento y, en el segundo caso, quedo\u0301 probado al hacer la s\u00edntesis del proceso legislativo que culmino\u0301 con la expedici\u00f3n del acto reformatorio, que en el seno del Congreso de la Rep\u00fablica no hubo una oposici\u00f3n definitiva a considerar que casos fallados antes pudieran ser beneficiarios del derecho a la impugnaci\u00f3n a trav\u00e9s de un mecanismo amplio e integral (p\u00e1rrafos 122 y 123, supra). Vale la pena destacar, adem\u00e1s, que de las decisiones proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional en sede de control concreto tampoco se extrae una regla que impida el reconocimiento ahora solicitado (\u2026)\u201d15. <\/p>\n
Y luego de hacer algunas precisiones asent\u00f3: <\/p>\n
\u201c(…) [U] na perspectiva de la situaci\u00f3n que solo tenga en cuenta el efecto de cosa juzgada y el principio de seguridad jur\u00eddica llevar\u00eda a considerar que todas las condenas penales proferidas antes de que el ordenamiento interno actualizara su lectura, son intocables. Una posici\u00f3n en tal sentido, sin embargo, desconoce o anula la garant\u00eda procesal penal en estudio, su naturaleza y la extensi\u00f3n de sus efectos en el tiempo, sacrificio que es injustificado en el orden constitucional (\u2026)\u201d16. <\/p>\n
En ese contexto, fij\u00f3 algunos criterios para tener en cuenta frente a asuntos que se definieron en \u00fanica instancia con antelaci\u00f3n a la C-792 de 2014 y al Acto Legislativo del 2018: <\/p>\n
\u201c(\u2026)(i) [E]l momento en el que se profiri\u00f3\u0301 la sentencia condenatoria, con miras a determinar si para tal fecha ya exist\u00eda un est\u00e1ndar internacional configurado en el sentido en el que ahora se reclama por el accionante; (ii) [e]l tipo de garant\u00eda de que se trata, esto es, un derecho subjetivo de aplicaci\u00f3n inmediata que encuentra en el escenario del juicio penal su espacio de protecci\u00f3n; y, (iii) (\u2026) la permanencia en el tiempo de las consecuencias que emanan de la aplicaci\u00f3n de un est\u00e1ndar que no se ajusta -ahora- a la interpretaci\u00f3n correcta del derecho al debido proceso (\u2026)\u201d17. <\/p>\n
Para el caso concreto, el est\u00e1ndar del derecho a la impugnaci\u00f3n de la primera condena, lo maximiza siguiendo el principio pro persona previsto en el bloque de constitucionalidad y lo encuentra relevante porque \u201c(\u2026) atiende a la situaci\u00f3n de que el accionante actualmente est\u00e1\u0301 cumpliendo una condena privativa de la libertad, lo que significa, para el examen que viene realizando la Sala, que actualmente sigue siendo relevante analizar el alcance del derecho a impugnar la sentencia penal condenatoria. Sin desconocer, por supuesto, el efecto de cosa juzgada que recae sobre la condena que se profiri\u00f3\u0301 en contra del tutelante (\u2026)\u201d18. <\/p>\n
No obstante, para preservar y no desvanecer los efectos de la cosa juzgada, otorga la impugnaci\u00f3n especial, pero mantiene indemne la condena de la Sala de Casaci\u00f3n Penal: \u201c(\u2026) porque en la actualidad la condena se est\u00e1\u0301 cumpliendo como consecuencia de la ejecutoria de una providencia que no ha sido objeto integral de revisi\u00f3n; lo cierto es que no se desvanecen los efectos de cosa juzgada que recaen sobre la sentencia condenatoria, pues esto no implicar\u00eda un proceso de armonizaci\u00f3n sino de sacrificio de uno de los intereses en juego, que no se justifica en este asunto (\u2026)\u201d19. <\/p>\n
Tras no encontrar conflicto con los derechos de las v\u00edctimas relacionadas con \u201c(\u2026) con las m\u00e1ximas violaciones de derechos humanos, sobre las cuales deber\u00edan operar cautelas especiales (\u2026)\u201d20 en materia de conflictos, coligi\u00f3 que el \u201c(\u2026) el reconocimiento de la impugnaci\u00f3n se concreta en la interposici\u00f3n del recurso de impugnaci\u00f3n por parte del condenado, cuyo resultado puede ser (i) la confirmaci\u00f3n de la sentencia en su integridad, en cuyo caso no solo se fortalece institucionalmente la decisi\u00f3n judicial, sino que se aporta mayor tranquilidad a la verdad que esta contiene para las v\u00edctimas; o, (ii) la revocatoria -o modificaci\u00f3n- de la condena, en su totalidad o respecto de alg\u00fan elemento, con lo cual la institucionalidad y las v\u00edctimas, en sus posiciones, tambi\u00e9n resultan afianzadas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Concluy\u00f3 entonces, con la providencia judicial de condena, recae el efecto de cosa juzgada, que compromete el principio de seguridad jur\u00eddica, \u201c(\u2026) la concesi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n amplia e integral no tiene efectos directos sobre la prescripci\u00f3n de t\u00e9rminos o fen\u00f3menos similares derivados del paso del tiempo, ni sobre la situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de libertad del actor, porque sobre la Sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia -que no es objeto de an\u00e1lisis alguno en esta providencia- existe un alto grado de presunci\u00f3n de acierto y, por supuesto, de firmeza (\u2026)\u201d21. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la data tomada para extender m\u00e1s all\u00e1 de la prevista en la sentencia C-792 de 2014, finc\u00e1ndola en el caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname, expone que, si s\u00f3lo se tienen en cuenta la cosa juzgada y el principio de seguridad jur\u00eddica, conductas anteriores a la actualizaci\u00f3n normativa de nuestro ordenamiento, todas las condenas anteriores ser\u00edan intangibles o intocables. Y, tras analizar los criterios arriba expuestos para extender hacia el pasado los efectos de la doble conformidad, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n que, en consideraci\u00f3n de esta Sala, es definitiva para afirmar que en dicho sistema regional existe una verdadera posici\u00f3n de derecho que se adscribe al art\u00edculo 8.2.h. de la Convenci\u00f3n, seg\u00fan la cual se exige un mecanismo amplio e integral como garant\u00eda del bien fundamental a impugnar la sentencia condenatoria en materia penal (\u2026) es la dictada en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname dado que, como se indic\u00f3 en los p\u00e1rrafos 97 y ss, supra, se emiti\u00f3 respecto de un sujeto que, con supuestos similares al presente, fue juzgado por la m\u00e1xima instancia penal de su pa\u00eds sin derecho a impugnar su fallo condenatorio (\u2026)\u201d22. <\/p>\n
Luego, a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esta providencia, adem\u00e1s, encuentra antecedente en decisiones previas del Comit\u00e9\u0301 de Derechos Humanos y de la misma Corte Interamericana, con lo cual, no hay duda que para tal momento exist\u00eda certeza en el sistema convencional que, en garant\u00eda del derecho previsto en el art\u00edculo 8.2.h., los aforados constitucionales, juzgados por las m\u00e1ximas instancias judiciales de sus pa\u00edses, ten\u00edan derecho a que otro juez valorara amplia e integralmente su fallo (\u2026)\u201d23. <\/p>\n
Coligi\u00f3, entonces: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por lo tanto, para la Sala Plena la fecha de la expedici\u00f3n de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Liakat Ali Alibux, el 30 de enero de 2014, constituye un referente imprescindible, por cuanto (i) ha jugado un papel fundamental para establecer el alcance del derecho convencional previsto en el art\u00edculo 8.2.h. de la Convenci\u00f3n, instrumento internacional de derechos humanos que hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto; (ii) contiene un pronunciamiento expreso sobre el caso de un funcionario que, en un Estado tambi\u00e9n vinculado a la Convenci\u00f3n Americana, fue juzgado en \u00fanica instancia -como aforado- por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de justicia de su pa\u00eds, pronunciamiento que, adem\u00e1s, sigue una l\u00ednea clara del \u00e1mbito de protecci\u00f3n del derecho que en la misma sede y en el Sistema Universal de Derechos Humanos venia construy\u00e9ndose; (iii) los pronunciamientos de la Corte Interamericana y, por lo tanto, esta Sentencia, han sido relevantes interpretativamente en la lectura del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, comprensi\u00f3n que ya ha sido acogida por nuestro Ordenamiento Jur\u00eddico; y (iv) como est\u00e1ndar, permite cobijar casos juzgados bajo un marco regional de derechos que ya amparaba sus situaciones, de manera m\u00e1s amplia y compatible con nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026)\u201d24. <\/p>\n
4.5. Esta Sala mirando la cuesti\u00f3n, ha venido persistentemente otorgando amparos sin discriminar aforados y no aforados, salvo algunas excepciones, con apoyo en la C-792 de 2014, decisi\u00f3n que compeli\u00f3 la expedici\u00f3n del Acto Legislativo n\u00ba 1 de enero 18 de 2018. La Corte constitucional, en el asunto Arias Leiva, lo hace ahora, desde el caso del 30 de enero de 2014, de Liakat Ali Alibux vs. Suriname. <\/p>\n
La Sala, en coherencia con el ordenamiento Nacional, considera prudente dar eficacia a la vigencia de la garant\u00eda desde la fecha cuando se dict\u00f3 la sentencia C-792 de 2104, por cuanto, al analizar diferentes decisiones de la Corte Interamericana, hubo casos anteriores al de Liakat Ali Alibux, donde el mismo organismo protegi\u00f3 la garant\u00eda en cuesti\u00f3n, los cuales corresponden a fechas anteriores a la seleccionada por la Corte Constitucional local. <\/p>\n
Justamente, cual atr\u00e1s se record\u00f3, hubo un precedente interamericano, con m\u00e1s de una d\u00e9cada de antelaci\u00f3n, consistente en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, que se decidi\u00f3 el 2 de julio de 2004, posteriormente, hubo algunos otros. Luego, en esas condiciones, la data 30 de enero de 2014 del caso Liakat, aunque justificada en el pensamiento de la hom\u00f3loga constitucional, deviene casual y deleznable en la b\u00fasqueda de un criterio estable para esta Sala, porque bien podr\u00eda haber sido otro juicio diferente, el baremo para la aplicaci\u00f3n de la doble conformidad jur\u00eddica. <\/p>\n
Esta Sala, sean aforados o no, en asuntos de este linaje, considera prudente aplicar la garant\u00eda desde la fecha de la emisi\u00f3n de la sentencia C-792 de 2014, el veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014), y no desde el treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), data del caso interamericano Liakat Al\u00ed Alibux. <\/p>\n
La misma Corte Constitucional, en la C-792 de 2014, cita algunos de los juicios m\u00e1s relevantes y, el anterior, es apenas uno de ellos, en procura de materializar la garant\u00eda debatida. En efecto, enunci\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e encuentran las sentencias en los casos Herrera Ulloa vs Costa Rica, Barreto Leiva vs Venezuela, V\u00e9lez Loor vs Panam\u00e1 y Liakat Al\u00ed Alibux vs Suriname (\u2026)\u201d25, de donde luego infiri\u00f3: \u201cEn todos estos eventos, la Corte IDH encontr\u00f3 que los Estados eran responsables por la vulneraci\u00f3n del derecho previsto en el art\u00edculo 8.2.h. de la CADH\u201d26, pasando a dar por demostrado el d\u00e9ficit de garant\u00eda tocante con un \u201c(\u2026) elemento normativo omitido, relativo a la previsi\u00f3n de un recurso judicial que materialice el derecho a la impugnaci\u00f3n del primer fallo condenatorio en el marco de un juicio penal, constituye un elemento estructural del proceso, y [que] por tanto, se proyecta en toda la normativa procesal penal, y adem\u00e1s, implica el redise\u00f1o de una amplia gama de instituciones (\u2026)\u201d27, para finalmente resolver en el ordinal primero de la sentencia: \u201cDeclarar la inconstitucionalidad con efectos diferidos, y en los t\u00e9rminos se\u00f1aladas en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta providencia, de las expresiones demandadas contenidas en los art\u00edculos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias (\u2026)\u201d28. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil, partir\u00e1 del d\u00eda 29 de octubre de 2014, porque da mayor seguridad a las decisiones que viene tomando en sus fallos constitucionales, frente a esta garant\u00eda, implementada con la aprobaci\u00f3n y entrada en vigencia del Acto Legislativo n\u00ba 1 de 2018, cuando se provey\u00f3 la Sala de juzgamiento de primera instancia en esta Corte. La data de la sentencia C-792 de 2014 representa la recepci\u00f3n oficial por v\u00eda jurisprudencial con efectos erga omnes en el ordenamiento constitucional colombiano y en el procedimiento penal de la garant\u00eda, gracias a la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad por omisi\u00f3n legislativa de algunas reglas penales atr\u00e1s rese\u00f1adas, al hallarse nuestro sistema de juzgamiento en contrav\u00eda con m\u00faltiples instrumentos internacionales, y por su definida estructura inconvencional, al apartarse derechamente del art. 8.2 de la Convenci\u00f3n Americana, pacto, al cual se adhiri\u00f3 el Estado colombiano. <\/p>\n
Por supuesto, esa subregla no puede ser una camisa de fuerza, por cuanto analizados diferentes est\u00e1ndares, como algunos de los se\u00f1alados en la sentencia SU-146 del 21 de mayo de 2020, de Arias Leiva bien podr\u00e1 darse v\u00eda a hip\u00f3tesis diferentes, tales como de hechos acaecidos en el pasado, con respecto a juzgamientos no adelantados a\u00fan, o en curso, o con sentencias a\u00fan no emitidas, o sin ejecutoriar, o de todas las que se expidan con posterioridad a la data adoptada, por virtud del principio de favorabilidad que, en cada evento concreto, se analizar\u00edan. <\/p>\n
Esta Sala bien podr\u00eda tomar alguno de los otros casos donde la Corte Interamericana dispuso el reconocimiento de la garant\u00eda como el atr\u00e1s rese\u00f1ado -Ulloa Herrera de 2004- uno de los primeros en el tiempo para el reconocimiento de esa conquista, o el seleccionado por la Corte Constitucional del 30 de enero del 2014, pero cualquiera de ellos har\u00eda voluble el fundamento del apoyo decisional, ante la pluralidad de juicios con diferentes fechas que le podr\u00edan dar soporte, o ante la debilidad de las razones para honrarlo. <\/p>\n
Por tanto, la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia C-792 de 2014, ser\u00e1, mientras no se expida el correspondiente estatuto normativo, el fundamento, por parte de esta Sala para encarar el an\u00e1lisis y juzgamiento de las acciones constitucionales de amparo que en la materia se formulen en atenci\u00f3n a las razones atr\u00e1s expuestas, y a los siguientes motivos relevantes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Carencia de preceptiva expresa en el ordenamiento interno que inserte la regla 8.2 de la Convenci\u00f3n Americana, por ejemplo, alg\u00fan C\u00f3digo de Procedimiento Penal o Ley Estatutaria. Apenas, seg\u00fan se trasunt\u00f3 con antelaci\u00f3n, el numeral 6 del art. 17 de la Ley 270 de 1996 busc\u00f3 ese objetivo, pero devino frustr\u00e1neo, al ser declarado inexequible. <\/p>\n
2. Hasta la expedici\u00f3n de la C-792 de 2014, todas las decisiones de revisi\u00f3n de tutelas o de acciones de constitucionalidad planteadas, desecharon la aplicaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n especial con car\u00e1cter integral. <\/p>\n
3. Por virtud de los efectos \u201cerga omnes de las sentencias de inconstitucionalidad\u201d que por su propia naturaleza despliegan, seg\u00fan la regla 243 de la Carta vigente en nuestro ordenamiento, en cuanto dispone: \u201cLos fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional\u201d. <\/p>\n
4. Por el respeto a la Carta y al principio de supremac\u00eda constitucional que esta Sala debe, as\u00ed como al precedente de naturaleza constitucional dimanado de las decisiones de control constitucional, que juzgan el ordenamiento interno; as\u00ed como por las secuelas de la cosa juzgada constitucional de la C-792 de 2014, como por sus efectos imperativos que exceden los l\u00edmites de las decisiones interpartes, interpares o inter communis. <\/p>\n
Por supuesto, no desconoce esta Sala, como en p\u00e1rrafos anteriores se expuso, la posibilidad de dar aplicaciones excepcionales en asuntos que soporten el an\u00e1lisis de criterios de ponderaci\u00f3n de la propia Sala, ajustados a la C-792 de 2014 y a los expuestos en la SU 146 de 2020: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) [E]l momento en el que se profiri\u00f3\u0301 la sentencia condenatoria, con miras a determinar si para tal fecha ya exist\u00eda un est\u00e1ndar internacional configurado en el sentido en el que ahora se reclama por el accionante; (ii) [e]l tipo de garant\u00eda de que se trata, esto es, un derecho subjetivo de aplicaci\u00f3n inmediata que encuentra en el escenario del juicio penal su espacio de protecci\u00f3n; y, (iii) (\u2026) la permanencia en el tiempo de las consecuencias que emanan de la aplicaci\u00f3n de un est\u00e1ndar que no se ajusta -ahora- a la interpretaci\u00f3n correcta del derecho al debido proceso (\u2026)\u201d30. <\/p>\n
4.6. Oportunidad. Sea en cualquiera de los procedimientos de la Ley 906 de 2004 o de la Ley 600 de 2000, si en primera instancia se absuelve a la persona y al apelarse la providencia, en segundo grado se revoca la decisi\u00f3n para condenar, se puede solicitar la impugnaci\u00f3n especial de esta \u00faltima determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Empero, esta Sala ha considerado que para tener derecho a la garant\u00eda, se requiere que el \u00f3rgano, colegiado o juzgador que profiera la decisi\u00f3n condenatoria primera, resultado de la apelaci\u00f3n contra la absolutoria de primer grado, otorgue, advierta, anuncie o informe, en la resolutiva de la primera condena, el derecho a interponer la doble conformidad o impugnaci\u00f3n especial como protecci\u00f3n del derecho del condenado por primera vez, y cuando no lo haya hecho, podr\u00e1 retrotraerse a esta oportunidad la posibilidad para la interposici\u00f3n de la doble conformidad o de la impugnaci\u00f3n especial, seg\u00fan las circunstancias analizadas o demostradas. <\/p>\n
Esta exigencia no es casual, sino relevante para los prop\u00f3sitos del caso, por cuanto ya el art\u00edculo 170 de la Ley 600 de 2000, dispon\u00eda que toda sentencia contendr\u00e1 entre los varios requisitos: \u201cLos recursos que proceden contra ella\u201d, aspecto que reiter\u00f3 el art\u00edculo 162 de la Ley 906 de 2004 y con mayor \u00e9nfasis al imponer el: \u201cSe\u00f1alamiento del recurso que procede contra la decisi\u00f3n y la oportunidad para interponerlo\u201d. De no ser as\u00ed se quebranta el derecho de defensa31. <\/p>\n
De modo que, al emitirse la condena, por primera vez en segunda instancia, la impugnaci\u00f3n especial debe solicitarse al no ser oficiosa; y como consecuencia el auxilio constitucional devendr\u00e1 inane. <\/p>\n
Por el contrario, si se revoca la absoluci\u00f3n para condenar y el afectado pide la impugnaci\u00f3n especial, pero no se le tramita, el ruego tuitivo es el instrumento id\u00f3neo para proteger el derecho al debido proceso. <\/p>\n
Para el caso de los aforados juzgados ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, si el decurso es de \u00fanica instancia o de primera, ante la condena, incumbe al procesado solicitar la impugnaci\u00f3n especial. <\/p>\n
Sobre lo aqu\u00ed aducido, en la sentencia STC531-2020 de 30 de enero de 2020, la Sala resolvi\u00f3 un caso en el cual un ciudadano fue condenado en primera instancia por \u201chomicidio simple\u201d pero se lo absolvi\u00f3 por los delitos de \u201cfeminicidio agravado y acceso carnal violento, en concurso homog\u00e9neo\u201d y al ser apelada la providencia, el ad quem le extendi\u00f3 la pena impuesta en raz\u00f3n de estas \u00faltimas conductas. <\/p>\n
Por tal motivo, el all\u00e1 reclamante impetr\u00f3 casaci\u00f3n que le fue otorgada; sin embargo, el recurso fue inadmitido y, con fundamento en lo acontecido, el quejoso formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela que se le concedi\u00f3, pues ante la primera condena por los hechos punibles ya referidos, el estrado de segundo grado debi\u00f3 ponerle de presente la posibilidad de incoar la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d porque era procedente, pero al no indic\u00e1rsele nada al respecto, se quebrantaron las garant\u00edas del accionante, all\u00ed procesado. <\/p>\n
En cuanto a lo discurrido, la Corte enfatiz\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De manera m\u00e1s reciente en un caso an\u00e1logo al que es materia de estudio, esta Corporaci\u00f3n dio v\u00eda libre a la solicitud de amparo de una persona que hab\u00eda sido inicialmente condenada por los delitos de constre\u00f1imiento ilegal y utilizaci\u00f3n ilegal de uniformes e insignias, pero en segunda instancia se revoc\u00f3 parcialmente esa decisi\u00f3n y se le sentenci\u00f3 como coautor de los punibles de secuestro simple y extorsi\u00f3n, circunstancia que conllev\u00f3 a incrementar la pena inicialmente dosificada en 70 meses de prisi\u00f3n, para imponer una definitiva de 570 meses. (CSJ, STC15017-2019) (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y es que resulta evidente que siempre que el juez penal determine que procede la imposici\u00f3n del castigo punitivo, est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de analizar los diferentes elementos del tipo y de la responsabilidad, presupuestos que var\u00edan de una conducta a otra y que, por lo tanto, impiden predicar que, si una persona es responsable de una, lo es, per se, de otra u otras (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En otras palabras, para referirnos al caso concreto, el que el juzgado 3\u00ba Penal del Circuito de Conocimiento de Bello (Antioquia) haya concluido que el accionante era autor del delito de homicidio de una mujer, no equivale a afirmar que tambi\u00e9n lo era del feminicidio de otra y del acceso carnal sobre ambas, de ah\u00ed que ese juzgador lo absolviera de esas conductas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si otro funcionario, en este asunto, los integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn consideraron que deb\u00eda responder no solo por el homicidio simple de una de las v\u00edctimas, sino por uno calificado \u2013el feminicidio-, que es un tipo penal distinto al primero (art. 104A del C.P.) y por otras tres conductas delictivas, esto es, otro feminicidio y dos accesos carnales violentos, en manera alguna podr\u00eda afirmarse que ya le fue garantizado su derecho a la doble conformidad, pues ning\u00fan otro juez o tribunal ha ratificado que lo que ocurri\u00f3 en la madrugada del 4 de septiembre de 2015, en el domicilio de las v\u00edctimas fue un doble feminicidio precedido por la agresi\u00f3n sexual endilgada, ni que el actor constitucional particip\u00f3 en esos hechos, esa fue una primera condena (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Cuando en una segunda sentencia se afirme la concurrencia de los elementos estructurales de los tipos penales de feminicidio y acceso carnal violento, la ocurrencia de tan lamentables sucesos y la participaci\u00f3n del procesado en ellas, se habr\u00e1 respetado su prerrogativa fundamental a la doble conformidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esa es, justamente, la finalidad de la garant\u00eda en comento: que dos jueces o tribunales distintos coincidan en la responsabilidad de la persona sometida a juicio criminal en las conductas objeto de la investigaci\u00f3n, de modo que \u00fanicamente con la segunda condena podr\u00e1 afirmarse el cumplimiento del Estado frente al derecho fundamental del encausado (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Bajo el panorama que viene de analizarse, surge palmaria la necesidad de acceder al amparo invocado, para garantizar al tutelante el derecho a la doble conformidad de la primera sentencia condenatoria por los dos delitos que le fueron imputados \u2013feminicidio y acceso carnal violento- (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En consecuencia, se dispondr\u00e1 a dejar sin valor ni efecto la providencia dictada el 29 de agosto de 2018 y la notificaci\u00f3n de la sentencia de segunda instancia dictada el 17 de enero de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, para que se realice nuevamente aquel acto de enteramiento, indicando al acusado los recursos procedentes (\u2026)\u201d (subrayas originales). <\/p>\n
4.7. Eventualidad. La impugnaci\u00f3n especial implica una nueva etapa procesal tras proferirse el primer fallo condenatorio precedido de absoluci\u00f3n, o al haberse emitido el de \u00fanica instancia, con car\u00e1cter condenatorio. <\/p>\n
Como corolario, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no puede tener cabida antes de la doble conformidad; pero contrario sensu, es procedente luego de evacuarse la impugnaci\u00f3n especial. Si no se procede en esa forma, se vulnera el debido proceso y la actuaci\u00f3n ser\u00eda susceptible de amparo constitucional, cual lo ha venido se\u00f1alando esta Sala, en forma expl\u00edcita, desde la sentencia de tutela STC16778-2019 del 12 de diciembre de 2019, radicado n.\u00b011001-02-03-000-2019-03906-00, de Ruffo Heliodoro Echeverry Moreno Vs. las Salas Penales del Tribunal Superior de Popay\u00e1n y de Casaci\u00f3n de la Corte, donde se expresaron las sustanciales diferencias entre uno y otro recurso. <\/p>\n
Para esta Sala, ambos instrumentos de defensa tienen perfiles y fuentes jur\u00eddicas dis\u00edmiles, pudi\u00e9ndose y debi\u00e9ndose rituar el primero y, luego, el segundo. <\/p>\n
Sobre lo aducido, en el antecedente citado, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el subj\u00fadice, se observa el fallo de 28 de marzo de 2017, donde la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, en sede de apelaci\u00f3n, revoc\u00f3 la providencia absolutoria del a quo y, en su lugar, conden\u00f3 al aqu\u00ed actor a ciento sesenta y ocho meses (168) meses de prisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Frente a esa determinaci\u00f3n, el gestor interpuso recurso de casaci\u00f3n, medio de impugnaci\u00f3n inadmitido el 5 de diciembre de 2018, prove\u00eddo en el cual se dispuso que una vez agotado el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004, regresaran las diligencias al despacho a efectos de garantizar \u201cel principio de doble conformidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
(\u2026) El querellante, a trav\u00e9s de su apoderado, present\u00f3 ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n el mecanismo de insistencia y respecto de \u00e9ste, el Ministerio P\u00fablico, el 31 de enero de 2019, consider\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal pod\u00eda (\u2026) estudiar la garant\u00eda del derecho procesal que le asiste al acusado de la doble instancia o impugnaci\u00f3n (\u2026) [y, en consecuencia] (\u2026) admitir de manera oficiosa la demanda de casaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Una vez ingres\u00f3 el expediente a la Sala querellada, se fij\u00f3 el 17 de julio de 2019, para la lectura del fallo fechado el 10 de julio anterior, providencia dictada en consonancia con lo dispuesto en el auto inadmisorio. En esa decisi\u00f3n, se procedi\u00f3 a \u201cexaminar la legalidad de la sentencia proferida el 28 de marzo de 2017\u201d, resolvi\u00e9ndose confirmarla y, para ello, se realiz\u00f3, seg\u00fan la corporaci\u00f3n cuestionada, un an\u00e1lisis pormenorizado del material demostrativo, concluyendo que estaba probado, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, la materialidad del delito y la responsabilidad del gestor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Aunque a trav\u00e9s del proceder descrito anteriormente se pretendi\u00f3 asegurar al condenado un estudio de su caso ante el m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no se comparte esa postura, por cuanto, se debi\u00f3 realizar, primero, el an\u00e1lisis de la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d y, luego, lo atinente a la demanda de casaci\u00f3n en aras de garantizar mayor seguridad jur\u00eddica al condenado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Lo anterior implicaba desatar como primera medida el medio ordinario de impugnaci\u00f3n y, luego de ello, proceder al estudio del recurso extraordinario (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se ha dicho que el mecanismo extraordinario no resulta ser id\u00f3neo para la protecci\u00f3n del derecho a la \u201cdoble conformidad\u201d, pues los fines, la naturaleza, las formalidades, la competencia funcional, la taxatividad de las causales de casaci\u00f3n, el rigor t\u00e9cnico, la excepcionalidad de la tarea nomofil\u00e1ctica, la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, y otras muchas particularidades que identifican en el derecho nacional y comparado al recurso de casaci\u00f3n, tornan inadmisible y deleznable la aludida asimilaci\u00f3n entre el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y el de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El primero es en extremo formal y rigorista, apuntalado para dar unidad y coherencia l\u00f3gica al ordenamiento; el segundo es universal, no restringido a unas pr\u00edstinas causales, permitiendo denunciar todo tipo de errores, siendo una verdadera garant\u00eda para todos los condenados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4.8. Inmediatez. Si los criterios normativos de la doble conformidad se encuentran vigentes y esa prerrogativa no es otorgada pese a implorase o se tramita primero la casaci\u00f3n, la cuesti\u00f3n puede ser remediada a trav\u00e9s del ruego tuitivo, pero debe acudirse dentro de los seis (6) meses siguientes al fallo condenatorio, porque de no hacerse sin una justa causa, se desatender\u00eda la exigencia de la inmediatez32, por supuesto, ello no obsta que ante evidentes transgresiones la Sala pueda superar esta subregla. <\/p>\n
4.9. Especialidad en los recursos judiciales. Los recursos extraordinarios de revisi\u00f3n y casaci\u00f3n no est\u00e1n constituidos para asegurar el derecho a la doble conformidad, el primero, por proceder \u00fanicamente frente a sentencias con fuerza de cosa juzgada y, el segundo, porque, dado su car\u00e1cter t\u00e9cnico, est\u00e1 limitado a sus causales33. La doble conformidad, por el contrario, supone un an\u00e1lisis integral de todo el juicio, sin consideraci\u00f3n a motivos especiales, sin formalismos ni exigencias t\u00e9cnicas, porque sus \u00fanicas fronteras son la Constituci\u00f3n, la Ley, los principios, valores y derechos. La sola formulaci\u00f3n da lugar al an\u00e1lisis de la primera sentencia condenatoria34. <\/p>\n
4.10. No prescripci\u00f3n ni libertad. Tampoco condena por perjuicios. En todos estos casos, donde esta Sala conceda la impugnaci\u00f3n especial, nada tiene que resolver sobre prescripci\u00f3n o libertad, porque en los juicios cuyas sentencias son objeto de amparo, no son la materia ni el quid del an\u00e1lisis, el fondo de la cuesti\u00f3n, sino apenas la concesi\u00f3n o no del mecanismo, de modo que esas sentencias que contienen la primera condena continuar\u00e1n soportadas en las presunciones de acierto o de legalidad. Tampoco dar\u00e1n lugar a la iniciaci\u00f3n de acciones reparativas, por cuanto, lo concedido, ser\u00e1 apenas la posibilidad de una revisi\u00f3n amplia y sin formalidades de la primera condena. Y ser\u00e1 a juicio de esta Sala como luego podr\u00e1 por petici\u00f3n de parte concederse la casaci\u00f3n. En el punto prescriptivo, resulta relevante lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia SU-146 de 2020: <\/p>\n
5. Descendiendo al asunto rebatido, se observa que, en el fallo de 11 de marzo de 2020, la corporaci\u00f3n accionada defini\u00f3 la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d a la primera condena proferida contra el tutelante en segundo grado, por los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n en grado de tentativa, en la modalidad de interviniente, falsedad en documento p\u00fablico agravada por el uso y concierto para delinquir agravado. <\/p>\n
En la rese\u00f1ada providencia, la autoridad confutada ratific\u00f3 la tesis del fallador ad quem, en torno a la demostraci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, acerca de la responsabilidad del investigado en las conductas punibles descritas y la satisfacci\u00f3n de los presupuestos legales para imputar las circunstancias de agravaci\u00f3n en dos de ellas, empero, revoc\u00f3 la sanci\u00f3n pecuniaria dispuesta por el tribunal. <\/p>\n
No obstante, sin consideraciones adicionales, en el ordinal tercero de la parte resolutiva de su providencia, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Contra esta decisi\u00f3n no procede ning\u00fan recurso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5.1. Para esta Sala, se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada porque la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d, en manera alguna, diluye el remedio extraordinario de casaci\u00f3n frente a la primera condena dictada en segunda instancia contra un ciudadano. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, como se ha rese\u00f1ado a lo largo de esta providencia, una y otra defensa son mecanismos independientes, con prop\u00f3sitos dis\u00edmiles. <\/p>\n
Del mismo modo, la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d constituye un nuevo escenario procesal cuando el ad quem revoca la decisi\u00f3n absolutoria y, en su lugar, condena al encausado. En ese momento, el interesado cuenta con la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d y, tras agotarse ese instrumento, tiene lugar la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, los pronunciamientos de la Corte Constitucional y los actos legislativos emitidos en la materia, de ninguna manera han derogado, eliminado, sustituido o subsumido la casaci\u00f3n respecto a la denominada \u201cdoble conformidad\u201d. <\/p>\n
Recientemente, la corporaci\u00f3n convocada, en el auto AP2118-2020 de 3 de septiembre de 2020, expres\u00f3 lo siguiente, en relaci\u00f3n con la postura adoptada en el caso objeto de examen: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si la Corte Suprema de Justicia admiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada contra la primera sentencia condenatoria del Tribunal y se pronunci\u00f3 de fondo en la sentencia de casaci\u00f3n, qued\u00f3 satisfecha la doble conformidad judicial y no cabe una nueva impugnaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Los planteamientos transcritos no los comparte la Sala, pues no existe par\u00e1metro constitucional ni legal que excluya la casaci\u00f3n frente a la impugnaci\u00f3n especial36, por cuanto ambos instrumentos de defensa tienen perfiles y fuentes jur\u00eddicas heterog\u00e9neos, debi\u00e9ndose rituar inicialmente, el primero; y, luego, el segundo. <\/p>\n
Ese derrotero ha sido plasmado en m\u00faltiples decisiones de esta Corporaci\u00f3n, en donde, precisamente, al diluirse la casaci\u00f3n en la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d, o \u00e9sta en aqu\u00e9lla, ha constatado la vulneraci\u00f3n a las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de las personas que han sido condenadas, por primera vez, en segunda instancia. <\/p>\n
Al respecto, vale la pena memorar la sentencia dictada el pasado 5 de noviembre de 2020, donde, sobre el t\u00f3pico en comento, se puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]e conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, (\u2026) el \u00abprincipio de doble conformidad\u00bb debe surtirse como un \u00abrecurso ordinario\u00bb, a fin de \u00abgarantizar\u00bb la revisi\u00f3n del fallo condenatorio proferido por primera vez en segunda instancia o en \u00fanica instancia, sin que tenga sustento la deducci\u00f3n [seg\u00fan la cual] el agotamiento de la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb reemplaza o diluye el \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, [por tratarse de] mecanismos independientes y con fines distintos, (\u2026) torna[ndo] dicha interpretaci\u00f3n [en] restrictiva y contraria a los principios constitucionales y procesales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cY es que, sin justificaci\u00f3n v[\u00e1]lida -pues no existe par\u00e1metro constitucional o legal que sustituya la \u00abcasaci\u00f3n\u00bb respecto a la \u00abdoble conformidad\u00bb- se cercenar\u00eda a las partes un \u00abderecho\u00bb con el [cual] normalmente se cuenta en el proceso penal (\u2026)37\u201d. <\/p>\n
Y en un pronunciamiento m\u00e1s reciente, se reiter\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed las cosas, al concluir que contra la primera condena procede la apelaci\u00f3n -como mecanismo ordinario-, pero cercenar la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra los fallos que resuelven dicha alzada especial, se irrespet\u00f3 el debido proceso de los inculpados en la causa penal, pues, se itera, dicho remedio no desdice el de casaci\u00f3n, menos lo sustituy\u00f3. <\/p>\n
Por lo dicho, se concluye que la Sala de Casaci\u00f3n Penal incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto, en raz\u00f3n a que desconoci\u00f3 las reglas procesales aplicables al caso en trat\u00e1ndose de la viabilidad del recurso extraordinario de casaci\u00f3n (\u2026)38\u201d. <\/p>\n
5.2. Se insiste, la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d constituye un nuevo espacio procedimental mediante el cual, el acusado, a trav\u00e9s de una exposici\u00f3n no sujeta a reglas t\u00e9cnicas, puede obtener un estudio m\u00e1s amplio y flexible de sus reparos. <\/p>\n
De confirmarse la condena o, de revocarse, los sujetos procesales pueden invocar la casaci\u00f3n a esa providencia, simplemente, porque tal instrumento, se mantiene vigente en el ordenamiento y, dado su car\u00e1cter extraordinario, viene a cerrar el debate en la contienda. <\/p>\n
La competencia para la resoluci\u00f3n de la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d est\u00e1 reservada a una la Sala de la autoridad censurada integrada por tres (3) magistrados39 y la casaci\u00f3n, funcionalmente est\u00e1 asignada a la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, no existe duda, la ley tambi\u00e9n distingue las funciones y competencias para dirimir la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d y el recurso de casaci\u00f3n; por tal motivo, el auxilio implorado ser\u00e1 otorgado. <\/p>\n
Ahora, como en el caso, la determinaci\u00f3n que zanj\u00f3 la \u201cimpugnaci\u00f3n especial\u201d objeto de disenso, no la emitieron tres (3) magistrados, sino el pleno de la Sala permanente encargada de resolver los recursos de casaci\u00f3n, ser\u00e1 ella misma quien defina la manera como se rituar\u00e1 el rese\u00f1ado remedio extraordinario y la integraci\u00f3n de la Sala respectiva para desatarlo. <\/p>\n
6. Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
7. En consecuencia, se ordenar\u00e1 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, deje sin efecto el numeral tercero de la parte resolutiva del prove\u00eddo de 16 de septiembre de 2020, seg\u00fan el cual, \u201c(\u2026) contra [esa] determinaci\u00f3n no procede ning\u00fan recurso (\u2026)\u201d y, en el mismo t\u00e9rmino, autorice el tr\u00e1mite del remedio extraordinario de casaci\u00f3n respecto a ese fallo, indicando c\u00f3mo estar\u00e1 integrada la Sala encargada de definir esa defensa. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196940, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d41, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
8.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio42. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
8.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia43, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales44; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas45. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
9. De acuerdo a lo discurrido, se otorgar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Gustavo Adolfo Gonz\u00e1lez Ramos frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del juicio de la se\u00f1alada especialidad con radicado n\u00ba 56434, adelantado contra el gestor por los delitos de \u201cpeculado por apropiaci\u00f3n agravado por la cuant\u00eda, en grado de tentativa y en calidad de interviniente, en concurso heterog\u00e9neo y sucesivo con falsedad en documento p\u00fablico agravada por el uso; en concurso homog\u00e9neo y sucesivo y en concurso heterog\u00e9neo con concierto para delinquir agravado\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Penal que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, deje sin efecto el numeral tercero de la parte resolutiva del prove\u00eddo de 16 de septiembre de 2020, seg\u00fan el cual, \u201c(\u2026) contra [esa] determinaci\u00f3n no procede ning\u00fan recurso (\u2026)\u201d y, en el mismo t\u00e9rmino, autorice el tr\u00e1mite del remedio extraordinario de casaci\u00f3n respecto a ese fallo, indicando c\u00f3mo estar\u00e1 integrada la Sala encargada de definir esa defensa. Rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 COLOMBIA, Ley 74 del 26 de diciembre de 1968, Diario Oficial. A\u00f1o CV. No. 32682. 31 de diciembre de 1968. P. 3. Texto por medio del cual, se aprueban los \u00abPactos Internacionales de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, as\u00ed como el Protocolo Facultativo de este \u00faltimo, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votaci\u00f3n un\u00e1nime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966\u00bb. <\/p>\n
2 CSJ SC del 15 de enero de 2010 (M.P. Pedro O. Munar). Ver tambi\u00e9n, en similar sentido: CSJ SSC del 8 de junio de 1999 (Carlos E. Jaramillo); del 8 de junio de 2004 (M.P. Edgardo Villamil Portilla); 15 de diciembre de 2006 (M.P. Pedro O. Munar); 9 de julio de 2009 (M.P. William Nam\u00e9n Vargas); 8 de septiembre de 2009 (M.P. Edgardo Villamil Portilla). <\/p>\n
3 Caso Barreto Leiva c. Venezuela, sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, p\u00e1rr. 89. <\/p>\n
4 Caso Herrera Ulloa c. Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, p\u00e1rrs. 161 y 164. <\/p>\n
5 \u201c(\u2026) La apelaci\u00f3n procede, salvo los casos previstos en este c\u00f3digo, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6 Caso Baena Ricardo y otros c. Panam\u00e1, sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, p\u00e1rr. 82. <\/p>\n
7 Caso del Tribunal Constitucional c. Per\u00fa, sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. p\u00e1rr. 89. <\/p>\n
8 Los denominados conjueces estatuidos en el Decreto 1265 de 1970, fueron creados para \u201creemplazar\u00e1[r] a los magistrados que queden separados del conocimiento de un negocio por impedimento o recusaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
9 Por cuanto emana de los principios, valores y derechos insertos en los sistemas regionales de protecci\u00f3n de derechos humanos, por ejemplo, el sistema interamericano del Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, pero tambi\u00e9n previsto en la dogm\u00e1tica de las cartas constitucionales de los Estados constitucionales y sociales de derecho, por cuanto representa in m\u00ednimum de garant\u00edas para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas y de la libertad personal contra los enjuiciamientos arbitrarios, para obtener la certeza o justicia f\u00e1ctica, jur\u00eddica y probatoria del fallo condenatorio, no como doble instancia, sino como derecho a la revisi\u00f3n del fallo que condena por primera vez a una persona. <\/p>\n
10 COLOMBIA, CSJ. CIVIL. Sentencia de tutela: STC16778-2019 del 12 de diciembre de 2019, radicado n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03906-00, Ruffo Heliodoro Echeverry Moreno Vs. la Sala de Casaci\u00f3n Penal y Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n. <\/p>\n
11 CSJ. STC2560-2019 de 1\u00b0de marzo de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-00348-00. <\/p>\n
13 CORTE INTERAMERICANA, Caso Herrera Herrera Ulloa Vs. Estado de Costa Rica, sentencia del 2 de octubre del 2004. <\/p>\n
14 CORTE INTERAMERICANA, Caso Herrera Herrera Ulloa Vs. Estado de Costa Rica, sentencia del 2 de octubre del 2004. <\/p>\n
15 COLOMBIA, CConst. Sent. SU146 de 2020 del 21 de mayo de 2020, Mg. Diana Fajardo, caso Andr\u00e9s Felipe Arias. <\/p>\n
16 COLOMBIA, CConst. Sent. SU146 de 2020 del 21 de mayo de 2020, Mg. Diana Fajardo, caso Andr\u00e9s Felipe Arias. <\/p>\n
17 COLOMBIA, CConst. Sent. SU146 de 2020 del 21 de mayo de 2020, Mg. Diana Fajardo, caso Andr\u00e9s Felipe Arias. <\/p>\n
18 COLOMBIA, CConst. Sent. SU146 de 2020 del 21 de mayo de 2020, Mg. Diana Fajardo, caso Andr\u00e9s Felipe Arias. <\/p>\n
19 COLOMBIA, CConst. Sent. SU146 del 21 de mayo de 2020, Mg. Diana Fajardo, caso Andr\u00e9s Felipe Arias. <\/p>\n
20 COLOMBIA, CConst. Sent. SU146 del 21 de mayo de 2020, Mg. Diana Fajardo, caso Andr\u00e9s Felipe Arias. <\/p>\n
21 COLOMBIA, CConst. Sent. SU146 del 21 de mayo de 2020, Mg. Diana Fajardo, caso Andr\u00e9s Felipe Arias. <\/p>\n
22 COLOMBIA, CConst. Sent. SU146 del 21 de mayo de 2020, Mg. Diana Fajardo, caso Andr\u00e9s Felipe Arias. <\/p>\n
23 COLOMBIA, CConst. Sent. SU146 del 21 de mayo de 2020, Mg. Diana Fajardo, caso Andr\u00e9s Felipe Arias. <\/p>\n
24 COLOMBIA, CConst. Sent. SU146 de 2020 del 21 de mayo de 2020, Mg. Diana Fajardo, caso Andr\u00e9s Felipe Arias. <\/p>\n
25 CCONST. Sent. C-792 de 2014, Expediente D-10045, sent. de inconstitucionalidad del 29 de octubre de 2014, Mg. Pon. Dr. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez. <\/p>\n
26 CCONST. Sent. C-792 de 2014, Expediente D-10045, sent. de inconstitucionalidad del 29 de octubre de 2014, Mg. Pon. Dr. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez. <\/p>\n
27 CCONST. Sent. C-792 de 2014, Expediente D-10045, sent. de inconstitucionalidad del 29 de octubre de 2014, Mg. Pon. Dr. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez. <\/p>\n
28 CCONST. Sent. C-792 de 2014, Expediente D-10045, sent. de inconstitucionalidad del 29 de octubre de 2014, Mg. Pon. Dr. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez. <\/p>\n
29 CCONST. Sent. C-792 de 2014, Expediente D-10045, sent. de inconstitucionalidad del 29 de octubre de 2014, Mg. Pon. Dr. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez. <\/p>\n
30 COLOMBIA, CConst. Sent. SU146 de 2020 del 21 de mayo de 2020, Mg. Diana Fajardo, caso Andr\u00e9s Felipe Arias. <\/p>\n
31 CSJ. STC532-2020, de 30 de enero de 2020, exp. 11001-02-03-000-2019-04174-00. <\/p>\n
32 CSJ. STC2889-2020, de 16 de marzo de 2020, exp. 11001-02-04-000-2019-02455-01 <\/p>\n
33 CSJ. STC6238-2019, de 21 de mayo de 2019, exp. 11001-02-04-000-2019-00410-01 <\/p>\n
34 CSJ. STC6238-2019, de 21 de mayo de 2019, exp. 11001-02-04-000-2019-00410-01 <\/p>\n
35 COLOMBIA, CConst. Sent. SU146 del 21 de mayo de 2020, Mg. Diana Fajardo, caso Andr\u00e9s Felipe Arias. <\/p>\n
36 \u201c(\u2026) Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026). Art\u00edculo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: (\u2026) 1. Actuar como tribunal de casaci\u00f3n. (\u2026) Ley 600 de 2000 (\u2026). Art\u00edculo 75. De la Corte Suprema De Justicia. (\u2026) La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce: (\u2026). 1. De la casaci\u00f3n (\u2026) (\u00e9nfasis extexto). <\/p>\n
37 CSJ STC9509-2020 de 5 de noviembre de 2020. <\/p>\n
38 CSJ STC10417-2020 de 25 de noviembre de 2020. <\/p>\n
39 \u201c (\u2026) Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026) Art\u00edculo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: (\u2026) 7. Resolver, a trav\u00e9s de una Sala integrada por tres Magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y que no hayan participado en la decisi\u00f3n, conforme lo determine la ley, la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena de la sentencia proferida por los restantes Magistrados de dicha Sala en los asuntos a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del presente art\u00edculo, o de los fallos que en esas condiciones profieran los Tribunales Superiores o Militares (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
40 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
42 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
43 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
44 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
45 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1008-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1008-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00264-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Gustavo Adolfo Gonz\u00e1lez Ramos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53422","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53422","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53422"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53422\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53422"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53422"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53422"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}