STC1010-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
STC1010-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00180-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Freddy Francisco, Arhiadna del Socorro, Alexia de la Paz y Josefina Alexandra Ca\u00f1adas Arriaga al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Quibd\u00f3 y la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, integrada por los magistrados Juan Carlos Socha Mazo, Jhon Jairo Ortiz Alzate y Jhon Roger L\u00f3pez Gartner, con ocasi\u00f3n del juicio de ejecutivo mixto con radicado n\u00b02014-00230-01, incoado por Jhon Alex\u00e1nder Gamboa Ortiz contra los gestores, como herederos de Yolanda Arriaga de Ca\u00f1adas. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. En la calidad descrita, los reclamantes imploran la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Con fundamento en escrituras p\u00fablicas de hipoteca, Jhon Alex\u00e1nder Gamboa Ortiz demand\u00f3 compulsivamente a Yolanda Arriaga de Ca\u00f1adas ante el Juzgado Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Quibd\u00f3, para exigirle la cancelaci\u00f3n de las sumas contenidas en dichos instrumentos. <\/p>\n
Mediante auto de 19 de agosto de 2015, se libr\u00f3 apremio de pago y, una vez se conoci\u00f3 del deceso de aqu\u00e9lla, el enunciado prove\u00eddo se notific\u00f3 a los impulsores como descendientes de Arriaga de Ca\u00f1adas. <\/p>\n
Al replicar ese pronunciamiento, los promotores formularon las excepciones perentorias de \u201cprescripci\u00f3n\u201d y \u201ctacha de falsedad\u201d de los cartularios base de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, en virtud del aducido car\u00e1cter espurio del poder que, presuntamente, Yolanda Arriaga de Ca\u00f1adas confiri\u00f3 para suscribir los referidos documentos. <\/p>\n
El expediente pas\u00f3 a manos del estrado del circuito confutado, quien, en fallo de 1\u00b0 de febrero de 2018, desestim\u00f3 las defensas planteadas por los tutelantes y, por tanto, orden\u00f3 continuar con el coercitivo. <\/p>\n
Inconformes con lo as\u00ed decidido, los precursores impetraron apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal fustigado, despacho que, el 4 de abril postrero, declar\u00f3 desierta la alzada por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Aseveran los actores que el 5 de junio ulterior, la Fiscal\u00eda Ciento Tres Especializada de Quibd\u00f3 alleg\u00f3 al dossier un informe en el cual daba cuenta del car\u00e1cter fabulado del poder materia de controversia. <\/p>\n
El 30 de agosto siguiente, el juzgado del circuito encausado se\u00f1al\u00f3 que, en el caso, se configurada la causal de nulidad de indebida notificaci\u00f3n del mandamiento de pago. <\/p>\n
Por tal motivo, el all\u00ed demandante formul\u00f3 apelaci\u00f3n, recurso desatado por la corporaci\u00f3n atacada el 28 de noviembre de 2018, revocando el pronunciamiento protestado. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, los censores promovieron s\u00faplica, instrumento procesal desatado el 21 de marzo de 2019, de manera adversa a sus intereses. <\/p>\n
Posteriormente, los petentes, al abrigo del reporte de emanado de la fiscal\u00eda, pidieron al juzgado a quo invalidar el procedimiento refutado y darlo por terminado. <\/p>\n
El 21 de febrero de 2020, se deneg\u00f3 ese pedimento y, por ello, los gestores entablaron el mecanismo de defensa vertical, el cual fue zanjado por el ad quem recriminado el 28 de mayo postrero, ratificando la determinaci\u00f3n recurrida. <\/p>\n
Los quejosos afirman que se lesionaron sus garant\u00edas porque estando probada la falsedad aducida, los despachos accionados se han negado a tomar medidas al respecto <\/p>\n
Asimismo, aducen que en 2018 y 2019, sucedieron varios \u201cparos en la rama judicial\u201d y, en 2020, a partir del 16 de marzo de ese a\u00f1o, los t\u00e9rminos procesales se suspendieron, con ocasi\u00f3n la emergencia generada por la \u201cCOVID19\u201d y, por tanto, el tribunal demandado no estaba habilitado para proferir el auto de 28 de mayo de 2020. <\/p>\n
3. Solicitan, por tanto, dejar sin efecto las actuaciones reprochadas. <\/p>\n
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1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
El juzgado del circuito encartado defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se pone al descubierto el naufragio de la salvaguarda, al incumplirse los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
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2. Se advierte que el reproche se dirige contra (i) la sentencia de 1\u00b0 de febrero de 2018, mediante la cual el despacho del circuito enjuiciado desestim\u00f3 las excepciones perentorias de \u201cprescripci\u00f3n\u201d y tacha de \u201cfalsedad\u201d formuladas por los tutelantes y, adem\u00e1s, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; (ii) el auto de 4 de abril postrero, en donde el tribunal acusado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n impetrada por aqu\u00e9llos al citado fallo; (iii) el prove\u00eddo de 29 de marzo de 2019, desestimatorio del recurso de s\u00faplica interpuesto contra la determinaci\u00f3n de 28 de noviembre anterior, en la cual dicho colegiado revoc\u00f3 la nulidad decretada por el a quo; y (iv) la decisi\u00f3n de 28 de mayo de 2020, proferida por el ad quem censurado, relacionada con la ratificaci\u00f3n de la negativa del despacho de primer grado a anular y terminar el ritual objeto de disenso. <\/p>\n
Por tanto, como el ruego tuitivo se inco\u00f3 el 25 de enero de 2021, es claro el transcurso de m\u00e1s de ocho (8) meses desde la \u00faltima de las actuaciones rese\u00f1adas, tiempo que supera el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este amparo. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si los impulsores se demoraron en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las autoridades atacadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales, m\u00e1xime si no esgrimi\u00f3 razones para justificar su tardanza. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el alegato seg\u00fan el cual los precursores no pudieron concurrir de manera oportuna al auxilio desde 2018 ante la existencia de \u201cparos\u201d en la rama judicial y la emergencia sanitaria generada por la \u201cCOVID19\u201d que motiv\u00f3 la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, carece de fundamento. <\/p>\n
Frente al primer embate, teniendo en cuenta que el tiempo determinado por la Sala para acudir tempestivamente a esta jurisdicci\u00f3n es en meses, la circunstancia del cierre de los despachos por cese de actividades, es intrascendente, por cuanto, de acuerdo con el inciso final del art\u00edculo 188 del C\u00f3digo General del Proceso2, solo cuando se indiquen t\u00e9rminos en d\u00edas, tales eventos s\u00ed tienen incidencia, pero en trat\u00e1ndose de meses y a\u00f1os, no. <\/p>\n
En cuanto al segundo ataque, se destaca, el Acuerdo PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura para enfrentar la pandemia, no restringi\u00f3 en manera alguna el acceso a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En efecto, en el art\u00edculo 2\u00b0 del rese\u00f1ado acto administrativo, se indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos. A partir de la fecha las excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos adoptada ser\u00e1n las siguientes: 1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dar\u00e1 prelaci\u00f3n en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepci\u00f3n se har\u00e1 mediante correo electr\u00f3nico dispuesto para el efecto y para su tr\u00e1mite y comunicaciones se har\u00e1 uso de las cuentas de correo electr\u00f3nico y herramientas tecnol\u00f3gicas de apoyo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con nitidez se aprecia que, en manera alguna, se excluyeron demandas de linaje constitucional, pues tan solo se priorizaron algunas, pero en manera alguna se restringieron reclamaciones relacionadas con tem\u00e1ticas como las aqu\u00ed planteadas y en esa medida, los gestores contaban con la posibilidad de acudir oportunamente a esta jurisdicci\u00f3n para invocar la protecci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas. <\/p>\n
Adicionalmente, debe observarse que en el art\u00edculo 7.2 del acuerdo PCSJ20-11556 de 22 de mayo de 20203, el Consejo Superior de la Judicatura reanud\u00f3 los t\u00e9rminos en materia civil y autoriz\u00f3 la definici\u00f3n de las apelaciones que estuvieran pendientes de resoluci\u00f3n; por tanto, es claro, el colegiado refutado estaba plenamente habilitado para desatar la alzada controvertida el 28 de mayo postrero. <\/p>\n
3. En cuanto al segundo presupuesto se\u00f1alado, se advierte, los tutelantes, teniendo a su alcance el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia del juzgado del circuito cuestionado, no hicieron un uso adecuado de esa defensa al omitir su sustentaci\u00f3n y, por ello, el tribunal fustigado declar\u00f3 desierto dicho mecanismo el 4 de abril de 2018, dilapid\u00e1ndose as\u00ed un instrumento id\u00f3neo en beneficio de sus intereses. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)5\u201d. <\/p>\n
Esa herramienta defensiva resulta procedente acorde con el numeral 2\u00b0 del canon 355 del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Son causales de revisi\u00f3n: (\u2026) 2\u00b0. Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto los interesados anhelan un pronunciamiento del fallador constitucional, frente a particularidades que deben ser atendidas y solucionadas por el funcionario competente; sin hallar asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, en raz\u00f3n de su car\u00e1cter eminentemente residual. <\/p>\n
En torno a lo considerado esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) conforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2591 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19699, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Freddy Francisco, Arhiadna del Socorro, Alexia de la Paz y Josefina Alexandra Ca\u00f1adas Arriaga al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Quibd\u00f3 y la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, integrada por los magistrados Juan Carlos Socha Mazo, Jhon Jairo Ortiz Alzate y Jhon Roger L\u00f3pez Gartner, con ocasi\u00f3n del juicio de ejecutivo mixto con radicado n\u00b02014-00230-01, incoado por Jhon Alex\u00e1nder Gamboa Ortiz contra los gestores, como herederos de Yolanda Arriaga de Ca\u00f1adas. <\/p>\n
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) En los t\u00e9rminos de d\u00edas no se tomar\u00e1n en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 7\u00b0. Excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos en materia civil. Se except\u00faan de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos prevista en el art\u00edculo 1 del presente acuerdo las siguientes actuaciones en materia civil, las cuales se adelantar\u00e1n de manera virtual: (\u2026) 7.2. El tr\u00e1mite y decisi\u00f3n de los recursos de apelaci\u00f3n y queja interpuestos contra sentencias y autos, as\u00ed como los recursos de s\u00faplica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
5 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
6 CSJ STC6287-2020 de 28 de agosto de 2020, exp. 11001-02-03-000-2020-02011-00. <\/p>\n
7 CSJ. STC de 13 de marzo de 2013, exp. 52001-22-13-000-2013-00011-01. <\/p>\n
8 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
9 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
10 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
11 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC1010-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA STC1010-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00180-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Freddy Francisco, Arhiadna del Socorro, Alexia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53423","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53423","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53423"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53423\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53423"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53423"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53423"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}