STC1039-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1039-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00263-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Bienvenido Torres de la Hoz contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso y petici\u00f3n, que dice vulnerados por la autoridad acusada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene \u00abenviarle copia del oficio [con el que] fue remitido a la Oficina Judicial\u2026 para designar por reparto el recurso de impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Miguel Bienvenido Torres de la Hoz promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado 12 Civil del Circuito de Barranquilla, que fue desestimada con sentencia del 17 de marzo de 2020. <\/p>\n
2.2. Expres\u00f3 el accionante que fue enterado de dicha providencia el 10 de noviembre de 2020, por lo que \u00abestando dentro de los t\u00e9rminos legales present\u00f3\u2026 impugnaci\u00f3n\u00bb, pero que no ha \u00abrecibido respuesta de recibido del recurso\u00bb, por lo que el primero de diciembre de 2020, pidi\u00f3 copia del oficio mediante el cual se remiti\u00f3 el asunto a la Oficina Judicial con miras a surtir el prenotado medio de impugnaci\u00f3n, sin haber recibido respuesta a la fecha de presentaci\u00f3n de esta demanda de amparo. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla inform\u00f3 que \u00abel expediente de la acci\u00f3n de tutela [criticada], no se encuentra en [esa sede judicial], debido que la misma se remiti\u00f3 a la\u2026 Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n del fallo, hecho que se produjo el d\u00eda 17 de septiembre del 2020\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 12 Civil del Circuito de Barraquilla rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas y examinados los fundamentos de la presente queja supralegal, esto es, que a la fecha no se ha emitido decisi\u00f3n alguna, con relaci\u00f3n a la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 el quejoso frente al fallo de 17 de marzo de 2020, desde el pasado 12 de noviembre, pertinente es recordar que con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se critican situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que la Magistratura censurada ha incumplido el t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 321 del Decreto 2591 de 1991 (por el cual se reglamenta la acci\u00f3n de tutela), para pronunciarse respecto de la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 el tutelante contra el fallo que dirimi\u00f3, en primera instancia, el asunto objeto de reproche constitucional. <\/p>\n
Ello en la medida en que, de acuerdo a lo informado por el censor (hechos que se tienen por ciertos en virtud de la presunci\u00f3n de veracidad consagrada en el art\u00edculo 202 de la citada normatividad, al no haberse pronunciado debidamente el estrado accionado sobre la demanda de tutela), el escrito de impugnaci\u00f3n se present\u00f3 ante la sede judicial acusada el 12 de noviembre de 2020, sin que a la fecha de proferimiento de esta decisi\u00f3n se hubiese resuelto sobre la procedencia de dicho recurso, sumado a que ninguna raz\u00f3n expuso dicha Corporaci\u00f3n para justificar tal tardanza. <\/p>\n
Por ese rumbo, en lo tocante a las situaciones excepcionales que permiten excusar esa demora, en pret\u00e9ritas ocasiones esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (subrayas fuera de texto – CSJ STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep., rad. 2014-2009-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que la autoridad acusada ha trasgredido las garant\u00edas del accionante, habida cuenta de que ha superado, sin justificaci\u00f3n, los t\u00e9rminos previstos para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n que interpuso el tutelante. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1 el amparo rogado, ordenando a la Corporaci\u00f3n encausada que se pronuncie respecto a la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 el quejoso el pasado 12 de noviembre. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Miguel Bienvenido Torres de la Hoz y, en consecuencia, ordena a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, se pronuncie respecto a la impugnaci\u00f3n que interpuso el accionante el pasado 12 de noviembre en la acci\u00f3n de tutela incoada por \u00e9l contra el Juzgado 12 Civil del Circuito de Barranquilla (radicado 08001-22-13-000-2020-00094). <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed decidido a todos los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y oportunamente rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse esta sentencia. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abPresentada debidamente la impugnaci\u00f3n el juez remitir\u00e1 el expediente dentro de los dos d\u00edas siguientes al superior jer\u00e1rquico correspondiente\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abSi el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se entrar\u00e1 a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguaci\u00f3n previa\u00bb. <\/p>\n
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