STC1040-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1040-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00249-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Limitada contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial convocada, por lo que reclam\u00f3 que se le ordene \u00abresolver el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Limitada -Aser Ingenier\u00eda- promovi\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, quien el 7 de marzo de 2019 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abindebida integraci\u00f3n de t\u00edtulo complejo\u00bb; determinaci\u00f3n recurrida por la actora. <\/p>\n
2.2. Recepcionado el asunto en el Tribunal, el 11 de octubre de 2019 se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la alzada, sin que a la fecha exista decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la parte actora que el 27 de enero de 2021 solicit\u00f3 impulso procesal, pues \u00aba la fecha han transcurrido 6 a\u00f1os [desde que inici\u00f3 el proceso] y 370 d\u00edas calendarios desde [que lleg\u00f3 al tribunal], donde ya se ha descontado el t\u00e9rmino que estuvo cerrado la rama judicial por la emergencia sanitaria del Covid-19, no se ha resuelto la apelaci\u00f3n existiendo una mora judicial injustificada al exceder en m\u00e1s de 6 meses el t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 120 y 121 del CGP, m\u00e1s a\u00fan cuando el operador judicial no ampli\u00f3 el t\u00e9rmino (Sentencia T-803)\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de amparo, orden\u00f3 enterar a la autoridad judicial accionada, a las partes y terceros intervinientes en el proceso que origina la queja. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Valledupar inform\u00f3 que el proceso se recepcion\u00f3 en esa sede el 9 de octubre de 2019, procediendo a su admisi\u00f3n; que por solicitud de la demandada se declar\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia contemplada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, remitiendo el expediente al despacho que sigue en turno, empero, aquel rehus\u00f3 el conocimiento por lo que se suscit\u00f3 conflicto de competencia, remitiendo las diligencias a la Sala Mixta de esa colegiatura, quien con prove\u00eddo del 19 de octubre de 2020 asign\u00f3 la competencia al primer despacho que lo avoc\u00f3; que el 17 de noviembre siguiente, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 corri\u00f3 traslado para sustentar la alzada; que actualmente el proyecto de fallo est\u00e1 circulando ante los dem\u00e1s magistrados que integran la sala de decisi\u00f3n, el cual una vez aprobado, ser\u00e1 proferido; indic\u00f3 que la parte actora ha intentado en reiteradas oportunidades acciones de tutela y vigilancias administrativas, en aras de obtener el impulso procesal; que en reiteradas oportunidades se le ha indicado que no ha sido posible emitir decisi\u00f3n final por no estar el proceso en turno, y la imperiosidad que existen no solo de evacuar los que le anteceden, sino muchas acciones constitucionales que han sido sometidas a conocimiento, lo que hace m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de congesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (STC de 11 de mayo de 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, de entrada, se resalta que la queja de la sociedad promotora se circunscribe a la demora que se ha suscitado en torno a la decisi\u00f3n del recurso de alzada formulado contra el fallo de 7 de marzo de 2019, dictado en el proceso ejecutivo por ella incoado en contra de Aguas del Cesar S.A. ESP. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
Igualmente, esta Sala ha indicado que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por mora judicial son \u00ab\u2026las que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
3. Pues bien, del informe allegado por el magistrado ponente del caso fustigado, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza en proferir decisi\u00f3n final en el juicio ejecutivo que se contrae la inconformidad del gestor, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino de la obligaci\u00f3n de respetar los turnos establecidos para fallar los procesos a su cargo, as\u00ed como del tr\u00e1mite que se debe de impartir, especialmente, a las peticiones de las partes, entre ellas, la p\u00e9rdida de competencia dispuesta en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, no sobra resaltar que, conforme lo inform\u00f3 el prenotado magistrado sustanciador, se encuentra en curso el an\u00e1lisis del proyecto de decisi\u00f3n, mediante la cual habr\u00e1 de definirse sobre la alzada formulada contra el fallo de primera instancia. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos, esta colegiatura con fundamento en la jurisprudencia constitucional, consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Corte Constitucional\u2026 ha precisado que \u00abrespecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. \u2026\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; reiterada en CSJ STC, 6 feb. 2015, rad. 2014-01948-03). <\/p>\n
4. Por consiguiente, se denegar\u00e1 el amparo constitucional deprecado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
8 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1040-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC1040-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00249-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Limitada contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53426","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53426"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53426\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}