STC1048-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1048-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00207-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Edison L\u00f3pez Garc\u00eda contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la causa judicial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la decisi\u00f3n proferida en sede de impugnaci\u00f3n especial, en el marco del proceso que lo hall\u00f3 responsable del delito de homicidio simple. <\/p>\n
Por tal motivo, pretenden que a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, se declare \u00abla nulidad de la sentencia No. SPA649-2020 [del] 25 de noviembre del 2020\u00bb, y, que como consecuencia de ello, se \u00aborden[e] [su] libertad inmediata\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que dentro de la acci\u00f3n judicial que se sigui\u00f3 en su contra, no solo se logr\u00f3 acreditar que su participaci\u00f3n en el hecho punible \u00abno fue determinante\u00bb, pues los sucesos acaecieron como consecuencia de \u00abuna ri\u00f1a\u00bb, luego, dice, no se le pod\u00eda calificar como coautor del delito, sino que la acci\u00f3n punitiva se encontraba \u00abprescrita\u00bb, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dejando de lado sus propios precedentes jurisprudenciales, confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n condenatoria que dict\u00f3 en su contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, esto es, la pena principal de 238 meses de prisi\u00f3n, circunstancia que, dice, lesiona las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 28 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Secretar\u00eda de la Sala Especializada en lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, relacion\u00f3 las actuaciones que despleg\u00f3 esa Corporaci\u00f3n con relaci\u00f3n al tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n especial a que hace referencia el escrito de tutela. <\/p>\n
b. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira refiri\u00f3, que no ha lesionado derecho fundamental alguno del actor, pues la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 en relaci\u00f3n con el \u00e9ste, fue absolutoria. <\/p>\n
c. La Magistrada sustanciadora de la Sala Penal del Tribunal Superior de la citada ciudad, precis\u00f3 que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso pues con la decisi\u00f3n criticada no se incurri\u00f3 en ninguna \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
d. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del se\u00f1or Edison est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al prove\u00eddo proferido el 25 de noviembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3, en sede de impugnaci\u00f3n especial, \u00abNEGAR la declaratoria de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb y \u00abCONFIRMAR\u00bb la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2018 del Tribunal Superior de Pereira \u2013Sala Penal, que revoc\u00f3 lo decidido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esa misma ciudad, para en su lugar, declararlo responsable del delito de homicidio simple, pues seg\u00fan su criterio, se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales. <\/p>\n
3. As\u00ed pues, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n antes individualizada, la Sala identifica el ejercicio de una actividad contraria a los lineamientos legales y jurisprudenciales que rigen el asunto, en detrimento de los derechos fundamentales invocados por el gestor de la salvaguarda, lo que amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. En efecto, en el fallo conculcado, al disponer que contra la sentencia que resolvi\u00f3 la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb de l\u00edneas atr\u00e1s memorada y formulada por el aqu\u00ed interesado \u00abno procede recurso alguno\u00bb, se transgredieron los bienes jur\u00eddicos no solo de aqu\u00e9l, sino de todos los all\u00ed condenados, bajo el amparo de lo normado en el canon 29 de la Carta Magna, as\u00ed como del precepto 181 de la Ley 906 de 2004, el cual dispone en relaci\u00f3n al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que \u00ab(\u2026) procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garant\u00edas fundamentales\u00bb; y del art\u00edculo 180 ejusdem, que establece: \u00abEl recurso pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes, la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos, y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia.\u00bb (Subraya la Corte). <\/p>\n
3.2. En vista entonces, del marco legal y constitucional tra\u00eddo a colaci\u00f3n, esta Sala considera que a pesar de que en este caso se trata del \u00f3rgano de cierre en el campo penal y que al juez de tutela no le concierne entrar como una nueva instancia a verificar o a estudiar, como lo dice el actor, si efectivamente se desconocieron los precedentes jurisprudenciales en cuanto refiera a la coautor\u00eda que le fue endilgada y si la acci\u00f3n penal seguida en su contra prescribi\u00f3, es del caso, advertir, que estas actuaciones son propias del juez ordinario y no del juez constitucional y deben defenderse por la v\u00eda ordinaria. <\/p>\n
3.3. T\u00e9ngase en cuenta que esta Sala en recientes fallos, en casos de contornos similares, dej\u00f3 sentada su posici\u00f3n en punto de la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la impugnaci\u00f3n especial, puesto que \u00abal tratarse de una sentencia de \u00faltima instancia, viables resultan, como regla de principio, los extraordinarios de revisi\u00f3n y casaci\u00f3n, de donde la exclusi\u00f3n de este \u00faltimo, como se desprende del inciso final de la providencia cuestionada, implica el desconocimiento del tenor literal de las reglas reguladoras del juicio, no obstante que el canon 27 del C\u00f3digo Civil, aplicable regula que \u00ab[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u00bb. <\/p>\n
3.2. De otro lado, debe decirse que la posici\u00f3n presentada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, acerca de que al haber estudiado el caso de marras en sede de la mentada \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb, improcedente resulta entonces el ataque extraordinario, por cuanto, en \u00faltimas, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria analiz\u00f3 y decidi\u00f3 el asunto, sea por una o por otra v\u00eda de censura, resulta abiertamente restrictiva desde el punto de vista procesal, m\u00e1xime cuando \u00ab[e]n materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicar\u00e1 de preferencia a la restrictiva o desfavorable\u00bb. <\/p>\n
Y es que en materia de \u00ab[l]a aplicaci\u00f3n de la favorabilidad penal en materia de normas procesales, como excepci\u00f3n al car\u00e1cter de aplicaci\u00f3n inmediata de las mismas, esta Corporaci\u00f3n incluso ha expresado, al referirse a la concordancia del art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887 con el art\u00edculo 29 constitucional, que no es operante la distinci\u00f3n entre normas sustantivas y normas procesales, en tanto el texto constitucional no establece diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales en materia penal. en materia de tr\u00e1nsito de leyes procesales debe concluirse (i) que siendo el proceso una situaci\u00f3n jur\u00eddica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicaci\u00f3n general inmediata en tanto que, como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definici\u00f3n de una situaci\u00f3n jur\u00eddica a trav\u00e9s de una sentencia, en s\u00ed mismo no se erige como una situaci\u00f3n consolidada sino como una situaci\u00f3n en curso; (ii) que en consecuencia de lo anterior las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en tr\u00e1mite tan pronto entran en vigencia, con excepci\u00f3n de aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua; y (iii) que el empleo de las reglamentaciones sobre la aplicaci\u00f3n general inmediata de las normas procesales est\u00e1 limitado por el principio constitucional de favorabilidad\u00bb <\/p>\n
No se olvide que de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales pronunciados acerca del \u00abprincipio de doble conformidad\u00bb, di\u00e1fano resulta que el mismo debe materializarse a trav\u00e9s de la concesi\u00f3n del recurso ordinario de apelaci\u00f3n contra la primera sentencia condenatoria, el cual, como es sabido, no requiere para su procedencia, del cumplimiento de ning\u00fan requisito especial o de alguna t\u00e9cnica en su presentaci\u00f3n, contrario a lo que sucede con la demanda de casaci\u00f3n, motivo por el cual, no puede entenderse que la impugnaci\u00f3n especial reemplaza a la v\u00eda extraordinaria, pues, de un lado, distintos son los fines de uno y otro mecanismo de defensa, adem\u00e1s de que con dicho postulado, se les estar\u00eda sustrayendo un recurso a los extremos procesales, que legalmente se encuentra consagrado, circunstancia que va en contrav\u00eda de los principios constitucionales y legales relacionados con el ejercicio de los bienes jur\u00eddicos al debido proceso, la defensa y la igualdad, as\u00ed en contra de estos mismos, as\u00ed como la posibilidad de que los recursos diferentes sean conocidos, estudiados y decididos por jueces diferentes, lo que en s\u00ed mismo constituye una garant\u00eda para el reo, as\u00ed no se garantice que ellos saldr\u00e1n avantes porque el derecho es para que se estudie por un juez diferente y no que se resuelva favorablemente\u00bb. <\/p>\n
3.4. Igualmente, en un asunto en el que se analiz\u00f3 sobre la procedencia del mecanismo extraordinario en punto de la aludida impugnaci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: \u00abAunque a trav\u00e9s del proceder descrito anteriormente [impugnaci\u00f3n especial], se pretendi\u00f3 asegurar al condenado un estudio de su caso ante el m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no se comparte esa postura, por cuanto, se debi\u00f3 realizar, primero, el an\u00e1lisis de [\u00e9ste recurso] y, luego, lo atinente a la demanda de casaci\u00f3n en aras de garantizar mayor seguridad jur\u00eddica al condenado. <\/p>\n
Lo anterior implicaba desatar como primera medida el medio ordinario de impugnaci\u00f3n y, luego de ello, proceder al estudio del recurso extraordinario. (\u2026) Se ha dicho que el mecanismo extraordinario no resulta ser id\u00f3neo para la protecci\u00f3n del derecho a la \u2018doble conformidad\u2019, pues los fines, la naturaleza, las formalidades, la competencia funcional, la taxatividad de las causales de casaci\u00f3n, el rigor t\u00e9cnico, la excepcionalidad de la tarea nomofil\u00e1ctica, la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, y otras muchas particularidades que identifican en el derecho nacional y comparado al recurso de casaci\u00f3n, tornan inadmisible y deleznable la aludida asimilaci\u00f3n entre el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y el de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El primero es en extremo formal y rigorista, apuntalado para dar unidad y coherencia l\u00f3gica al ordenamiento; el segundo es universal, no restringido a unas pr\u00edstinas causales, permitiendo denunciar todo tipo de errores, siendo una verdadera garant\u00eda para todos los condenados. (\u2026) Las Cortes de casaci\u00f3n no existen por doquier, pero los jueces de apelaci\u00f3n y, en lo de la cuesti\u00f3n debatida de la \u201cdoble verificaci\u00f3n\u201d, deben llenar los espacios del orbe para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos de los imputados. (\u2026)Para esta Sala, el perfil extraordinario y los m\u00faltiples matices singulares que ostenta el recurso de casaci\u00f3n, a\u00fan universalizado para toda clase de causas, no cumple ni satisface la protecci\u00f3n de la garant\u00eda de la doble verificaci\u00f3n, por cuanto su car\u00e1cter especial, reglado y cerrado limita el estudio de los errores judiciales, circunscritos a causales precisas y a sus finalidades; su \u00e1mbito e historia desde el punto de vista epistemol\u00f3gico y ontol\u00f3gico impiden la realizaci\u00f3n del cometido amplio, informal y material de la impugnaci\u00f3n que ahora se reclama en esta acci\u00f3n.(…). No es la apreciaci\u00f3n anterior una opini\u00f3n insular de la Sala. La Corte Constitucional, analizando la naturaleza de la doble conformidad, en relaci\u00f3n con las dificultades de la casaci\u00f3n y su incapacidad para suplir la tarea de la doble verificaci\u00f3n expuso: <\/p>\n
\u201c(…) el recurso de casaci\u00f3n no satisface los est\u00e1ndares del derecho a la impugnaci\u00f3n, por las siguientes razones: (i) no todas las sentencias condenatorias que se dictan por primera vez en la segunda instancia son susceptibles de ser impugnadas, porque el recurso no procede contra los fallos que juzgan contravenciones, porque el recurso puede ser inadmitido a discreci\u00f3n cuando se considere que la revisi\u00f3n judicial no es necesaria para los fines de la casaci\u00f3n, y porque cuando los cuestionamientos del recurrente versan sobre la orden de reparaci\u00f3n integral, son aplicables todas los condicionamientos de la legislaci\u00f3n com\u00fan; (ii) el tipo de examen que efect\u00faa el juez de casaci\u00f3n es distinto del que se efect\u00faa en el marco del derecho a la impugnaci\u00f3n, porque no recae sobre la controversia que da lugar al proceso judicial sino sobre la providencia recurrida, y porque el juez no tiene plenas potestades para efectuar revisar (sic) integralmente el fallo sino s\u00f3lo a partir de las causales establecidas de manera taxativa en el derecho positivo; (iii) por regla general, en sede de casaci\u00f3n no existe una revisi\u00f3n oficiosa del fallo recurrido, porque la valoraci\u00f3n de la sentencia se debe circunscribir a los cargos planteados por el casacionista (…)\u201d. <\/p>\n
La doble conformidad, tambi\u00e9n \u201cdoble verificaci\u00f3n\u201d, no es propiamente el derecho a la segunda instancia, sino la facultad a impugnar la primera sentencia condenatoria en el \u00e1mbito penal, por razones de justicia material; en consecuencia, se trata de una garant\u00eda de naturaleza convencional y constitucional4 al interior del proceso penal en procura de tornar eficaz el debido proceso para el imputado, inculpado o procesado a fin de que pueda recurrir y demandar la revisi\u00f3n amplia e integral o el control formal y material del primer fallo condenatorio, sea que se profiera en primera, segunda o \u00fanica instancia mediante un recurso ordinario, sencillo, eficaz y accesible que pueda ser decidido por un juez o tribunal de superior jerarqu\u00eda org\u00e1nica o funcional; en todo caso, diferente al que dict\u00f3 el fallo objeto del recurso, pero antes de que obtenga la decisi\u00f3n cuestionada, los efectos de cosa juzgada. (\u2026) Ahora esta modalidad de impugnaci\u00f3n tampoco puede confundirse con el recurso extraordinario (o acci\u00f3n) de revisi\u00f3n, por cuanto este mecanismo, entre otras tantas peculiaridades, procede contra sentencias ejecutoriadas, caracter\u00edsticas que no son de resorte de la garant\u00eda universal de la \u201cdoble conformidad\u201d\u00bb (CSJ STC10960-2020). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido, y al dejar sentado que contra la primera condena procede la apelaci\u00f3n, como mecanismo ordinario, pero cercenar la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra los fallos que resuelven dicha alzada especial, se irrespet\u00f3 el debido proceso del inculpado en la causa penal objeto de revisi\u00f3n constitucional, considera esta Sala que no debe procederse de manera directa a conceder el recurso, sino que se dar\u00e1 v\u00eda a que sea la propia Sala de Casaci\u00f3n Penal la que estudie y resuelva si se cumplen los dem\u00e1s requisitos para su procedencia, y en ese sentido se conceder\u00e1 el amparo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONCEDE el resguardo rogado, y en consecuencia se DISPONE: <\/p>\n
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO las manifestaciones contenidas en la providencia que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial a que se refiere el actor, relativas a que contra esa decisi\u00f3n no procede recurso alguno, y en consecuencia, ORDENAR a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte que proceda a emitir providencia en la que advierta sobre la procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n y el t\u00e9rmino para su presentaci\u00f3n, y en caso de haber sido interpuesto o que se llegue a interponer, garantizar que sea estudiada y decidida su procedencia de acuerdo con las normas legales, sin que sea v\u00e1lida la afirmaci\u00f3n contenida en el fallo de 25 de noviembre de 2020 (SP4649-2020), que afirmaba que, \u00abContra la presente sentencia no procede recurso alguno\u00bb, y las actuaciones que de ella dependan. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC1048-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1048-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00207-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Edison L\u00f3pez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53434","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53434","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53434"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53434\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53434"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53434"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53434"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}