STC1049-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1049-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00128-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mario de Jes\u00fas Suesc\u00fan Sierra frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, los Juzgados Diecis\u00e9is Civil del Circuito y Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n ambos de la misma ciudad, y la Fiscal\u00eda 111 Local de la misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las decisiones proferidas en ambas instancias en el marco del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que Roger Alberto Restrepo Restrepo promovi\u00f3 en su contra. <\/p>\n
Solicita entonces, \u00abORDENA[R] LA REVISI\u00d3N DEL PROCESO (\u2026) y como consecuencia de ello se declare LA NULIDAD DE LO ACTUADO\u00bb en el referido asunto. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto, aduce que pese a que se acredit\u00f3 con el interrogatorio de parte efectuado al ejecutado, que \u00e9ste era \u00abconsiente (\u2026) de que se hab\u00eda cancelado\u00bb el dinero objeto de la obligaci\u00f3n \u00aba trav\u00e9s de [la] inmobiliaria \u201cAZWL\u201d (\u2026) pero, que [el propietario de esta] se apropi\u00f3 en forma fraudulenta, porque ten\u00eda autorizaci\u00f3n para quedarse con dicho dinero\u00bb, y que \u00abfung\u00eda como intermediario\u00bb del acreedor, en el marco del litigio referido en l\u00edneas anteriores, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn confirm\u00f3 en su integridad lo decidido por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la misma ciudad, que dispuso seguir adelante con el cobro coercitivo en su contra. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque \u00abaparece constancia de CANCELACI\u00d3N DE LA DEUDA\u00bb que se corrobora con la versi\u00f3n rendida por el ejecutante y N\u00e9stor Fernando V\u00e9lez Botero ante la Fiscal\u00eda 111 Local de Medell\u00edn, \u00aben el sentido de que la deuda por la cual se pretende rematar [su] propiedad (\u2026) ya fue cancelada\u00bb, las autoridades judiciales convocadas le han negado las solicitudes de nulidad procesal invocadas, al punto que el juez cognoscente dispuso el remate del inmueble objeto de garant\u00eda con un dictamen que no es acorde con lo dispuesto en el C\u00f3digo General del Proceso, y adem\u00e1s acept\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito allegada por el acreedor, la que tuvo que objetar porque \u00abjur\u00eddica y legalmente no existe (\u2026) la DEUDA\u00bb, circunstancias todas \u00e9stas que, insiste, \u00abgenera[n] una NULIDAD que puede ser declarara aun de forma oficiosa\u00bb, raz\u00f3n por la cual se hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 29 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn precis\u00f3, que la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, pues no solo est\u00e1 pendiente de resolver sobre el recurso de apelaci\u00f3n que el actor formul\u00f3 en punto de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, sino que \u00absi bien el Despacho ha conocido en segunda instancia otras decisiones dictadas por el a quo, la inmediatamente anterior -identificada con consecutivo 03- se resolvi\u00f3 en noviembre de 2018 por lo que, en virtud del principio de inmediatez, ninguna de ellas ser\u00eda pasible de an\u00e1lisis en sede constitucional\u00bb. <\/p>\n
b. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad refiri\u00f3, que no ha lesionado prerrogativa superior alguna del actor, pues \u00abcada una de sus solicitudes han sido debidamente atendidas (\u2026), garantizando la debida contradicci\u00f3n de las actuaciones al interior del proceso, adem\u00e1s, (\u2026) en diligencia de remate celebrada el 11 de septiembre de 2019, rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad presentado a trav\u00e9s de apoderado por el demandado, bajo los preceptos de los art\u00edculos 132, 133, 134 y 135 del C\u00f3digo General del Proceso; decisi\u00f3n frente a la cual interpuso el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, concedi\u00e9ndose parcialmente el recurso de apelaci\u00f3n en el efecto diferido mediante auto del 17 de noviembre de 2020, el cual actualmente se surte en el H. Tribunal Superior\u00bb. <\/p>\n
c. La Fiscal 111 Local de la memorada urbe se\u00f1al\u00f3, que adelant\u00f3 investigaci\u00f3n por el delito de estafa, evidenciando que el aqu\u00ed actor fue v\u00edctima de tal punible, raz\u00f3n por la cual se imputar\u00e1n cargos al se\u00f1or Laurencio Suelta Mena. <\/p>\n
d. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte al escrito de tutela y comoquiera que son las quejas dirigidas en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, las que le otorgan competencia para conocer del presente asunto, se advierte que la censura formulada por el se\u00f1or Suesc\u00fan Sierra, en lo fundamental, se dirige contra el prove\u00eddo proferido el 8 de mayo del 2014 por la citada Corporaci\u00f3n, que ratific\u00f3 \u00edntegramente el prove\u00eddo adiado 23 de noviembre de 2012 por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de la misma localidad, que resolvi\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n instaurada en su contra por Roger Alberto Restrepo Restrepo, pues en su criterio, existe causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. Pues bien, de las documentales allegadas se encuentran probados los siguientes hechos: <\/p>\n
3.1. Roger Alberto Restrepo Restrepo instaur\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria en contra de Mario de Jes\u00fas Suesc\u00fan Sierra, aqu\u00ed tutelante, con el objeto de obtener el pago de $110.000.000,oo contenidos en tres pagar\u00e9s, asunto que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn, bajo el radicado n\u00ba 2010-00380-00. <\/p>\n
3.2. Mediante auto del 17 de junio de 2010, se libr\u00f3 mandamiento de pago a favor en contra de ahora gestor por la suma reclamada, m\u00e1s los intereses moratorios causados desde el 16 de marzo de 2010 y hasta la cancelaci\u00f3n total de la obligaci\u00f3n; adem\u00e1s, se decret\u00f3 el embargo y secuestro del bien identificado con matr\u00edcula n\u00ba001-983732. <\/p>\n
3.3. Una vez notificado el ejecutado, contest\u00f3 la demanda y propuso excepciones de m\u00e9rito a las que denomin\u00f3: \u00abfalta de causa\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb, \u00absimulaci\u00f3n de cr\u00e9dito contenido en los t\u00edtulos ejecutivos\u00bb, \u00abfalta de exigibilidad de la obligaci\u00f3n\u00bb, \u00abpago\u00bb, \u00abcobro de intereses de \u201cusura\u201d\u00bb, y as\u00ed mismo solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad, por encontrarse en curso una acci\u00f3n penal. <\/p>\n
3.4. El 23 de noviembre de 2012, se resolvi\u00f3 de fondo el asunto declarando no probadas las defensas formuladas, y en consecuencia, seguir adelante con el cobro, imputando a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito las sumas de $2.000.000 y $4.400.000 de acuerdo a los recibos aportados, ordenando la venta en p\u00fablica subasta del bien hipotecado, entre otras disposiciones, decisi\u00f3n que fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n por parte del demandado. <\/p>\n
3.5. La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, mediante sentencia del 8 de mayo de 2014, ratific\u00f3 \u00edntegramente lo resuelto por el juez del conocimiento. <\/p>\n
3.6. Por medio de providencia del 27 de agosto de 2015, se declar\u00f3 probada la objeci\u00f3n que por error grave formul\u00f3 el ejecutado frente al dictamen pericial que aport\u00f3 la parte demandante en relaci\u00f3n al inmueble objeto de garant\u00eda, y aunque aqu\u00e9l atac\u00f3 lo resuelto a trav\u00e9s de apelaci\u00f3n, el Superior mantuvo lo decidido el 20 de septiembre de 2016. <\/p>\n
3.7. El 13 de febrero del 2017, no se accedi\u00f3 a la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad, debido a que el proceso penal aludido por el obligado, tan s\u00f3lo se encontraba en fase de indagaci\u00f3n, sin que se hubiese demostrado que formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n o que se ya se hubiera presentado escrito de acusaci\u00f3n, determinaci\u00f3n en contra de la cual el demandado present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n <\/p>\n
3.8. Por auto del 31 de enero de 2018, se estableci\u00f3 que no era viable dar por terminado el proceso por pago, en raz\u00f3n a que no se aport\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito junto con la consignaci\u00f3n que acreditara el pago que se persigue. As\u00ed mismo, no deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada en cita, por improcedente. <\/p>\n
3.9. Una vez actualizado el aval\u00fao, a trav\u00e9s de providencia del 10 de junio de 2019, se se\u00f1al\u00f3 para el 9 de julio siguiente la diligencia de remate del predio embargado y secuestrado; no obstante, el ejecutado solicit\u00f3 reprogramaci\u00f3n de dicha actuaci\u00f3n, bajo el argumento que \u00abaunque se publique el cartel el pr\u00f3ximo domingo, no nos dan los t\u00e9rminos procesales para el 9 de julio, pues median dos lunes festivos\u00bb. <\/p>\n
3.10. El aqu\u00ed tutelante mediante escrito del 4 de julio 2019, denunci\u00f3 algunas irregularidades relacionadas con las fotos registradas en el dictamen pericial, la publicaci\u00f3n y diligenciamiento del cartel del remate, y, la ausencia del certificado de tradici\u00f3n y libertad del bien a subastar, por lo que deprec\u00f3 la suspensi\u00f3n de la almoneda, la que se reprogram\u00f3 para el 11 de septiembre del citado a\u00f1o. <\/p>\n
3.11. El aqu\u00ed actor, con los mismos argumentos ahora expuestos, es decir la falta de valoraci\u00f3n probatoria, la existencia de pruebas documentales, y, los testimonios del acreedor, entre otros, aleg\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en la controversia; empero, llegada la hora y fecha del remate, \u00e9ste se declar\u00f3 desierto, y adem\u00e1s, se deneg\u00f3 la invalidez reclamada por el ejecutado, decisi\u00f3n que fue atacada por \u00e9ste a trav\u00e9s de apelaci\u00f3n, mecanismo que el 31 de enero de 2020 fue declarado desierto por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Medell\u00edn, por no haberse sufragado las expensas necesarias para las copias respectivas; adem\u00e1s, no solo se fij\u00f3 nuevamente fecha para la pr\u00e1ctica de la subasta, sino que modific\u00f3 y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aportada por el acreedor. <\/p>\n
3.12. Comoquiera que el obligado formul\u00f3 el mecanismo de alzada contra las dos \u00faltimas decisiones, con los mismos elementos de juicio aqu\u00ed tra\u00eddos, el 17 de noviembre \u00faltimo el Juzgado en comento concedi\u00f3 el recurso ante el Superior, el que est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
4. Visto lo anterior, se observa que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
4.1. No cabe duda que en el presente caso se incumple con el presupuesto de la prontitud que lo gobierna, toda vez que la determinaci\u00f3n que dej\u00f3 en firme la decisi\u00f3n que result\u00f3 adversa al actor, es decir, la que puso fin al litigio en lo que respecta a emitir la orden de pago irrestricta en su contra, data del 8 de mayo de 2014, mientras que se acudi\u00f3 al amparo constitucional s\u00f3lo hasta el 12 de enero pasado, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo, sin se haya expuesto circunstancia especial o motivo alguno que impidiera al actor acudir a esta sede tan pronto tuvo ocurrencia el presunto agravio. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, si bien, con la situaci\u00f3n generada por el virus Covid-19, se dio la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales en raz\u00f3n del Estado de Emergencia Social, Econ\u00f3mico y Ecol\u00f3gico declarado por el Gobierno Nacional, t\u00e9ngase en cuenta que, de conformidad con numeral 1\u00ba del art\u00edculo 2\u00ba del Acuerdo PCSJA20-11526 del 22 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura, las acciones de tutela y h\u00e1beas corpus siempre estuvieron excepcionadas de la aludida par\u00e1lisis en los tr\u00e1mite judiciales1; luego entonces, nada obstaba para que el inconforme acudiera al amparo en un t\u00e9rmino razonable, a fin de exponer sus quejas frente al proceso de divorcio ahora cuestionado. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron casi 6 a\u00f1os desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 de fondo el litigio, sin que aqu\u00e9l solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que consideran hoy vulnerados con tal la determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre la tardanza en acudir al amparo, reiteradamente se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC2007-2020). <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC3979-2020). <\/p>\n
En igual sentido ha referido que, \u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ib). <\/p>\n
4.3. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la inconformidad del se\u00f1or Mario de Jes\u00fas frente al auto del 31 de enero de 2020, que fij\u00f3 fecha para la pr\u00e1ctica de la subasta y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, se advierte prematura la solicitud de amparo, toda vez que estando en tr\u00e1mite la alzada que el accionante interpuso contra dicha determinaci\u00f3n, adem\u00e1s, con los mismos argumentos aqu\u00ed expuestos, resulta presuroso suplicar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, hasta tanto la materia sea resuelta de forma definitiva por la autoridad correspondiente, esto es, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n. <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que, \u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC3515-2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (Cit.). <\/p>\n
4.4. Finalmente, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela atacar una diligencia de remate, so pretexto del acaecimiento de un da\u00f1o irreparable: \u00abtampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019\u00bb (CSJ STC3678-2020). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos. A partir de la fecha las excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos adoptada ser\u00e1n las siguientes: 1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dar\u00e1 prelaci\u00f3n en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepci\u00f3n se har\u00e1 mediante correo electr\u00f3nico dispuesto para el efecto y para su tr\u00e1mite y comunicaciones se har\u00e1 uso de las cuentas de correo electr\u00f3nico y herramientas tecnol\u00f3gicas de apoyo. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1049-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1049-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00128-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mario […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53435","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53435","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53435"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53435\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53435"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53435"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53435"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}