STC1052-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1052-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00179-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Sergio Prada Serrano, Christian Colmenares Delgado e Isaser S.A., contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al buen nombre y al \u00ablibre desarrollo de la iniciativa privada\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con ocasi\u00f3n del proceso de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea de socios que en su contra, de Sergio Alejandro y Mar\u00eda Nathalia Prada Ojeda, instaur\u00f3 Sonia Yohanna Prada Serrano y Mar\u00eda Isabel Prada Serrano. <\/p>\n
Solicitan, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abrevocar en todas sus partes y efectos la sentencia dictada (\u2026) dentro del proceso verbal [referido] (\u2026) el d\u00eda 19 de agosto de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo aducen, en s\u00edntesis, que Sonia Yohanna Prada Serrano y Mar\u00eda Isabel Prada Serrano instauraron en su contra y de Sergio Alejandro Prada Ojeda y Mar\u00eda Nathalia Prada Ojeda, proceso verbal para impugnar todas las decisiones contenidas en el \u00abacta 02\u00bb de la asamblea de accionistas de la sociedad Isaser S.A., celebrada el 1\u00ba de abril de 2019. <\/p>\n
Manifiestan que mediante auto del 2 de octubre siguiente, la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades admiti\u00f3 la anterior demanda, de la cual se notific\u00f3 personalmente a Juan Pablo Prada Serrano, representante legal de la compa\u00f1\u00eda aludida, y de la que se enter\u00f3 por conducta concluyente a Sergio Alejandro Prada Ojeda y Mar\u00eda Nathalia Prada Ojeda; no obstante, respecto del demandado Sergio Prada Serrano, afirman, \u00abnunca se surti\u00f3\u00bb la citaci\u00f3n personal, y en su reemplazo, se adelant\u00f3 la comunicaci\u00f3n por aviso, desconociendo de esta manera lo dispuesto en el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Aseveran que en prove\u00eddo del 5 de julio de 2020, la Superintendencia accionada tuvo por no contestada la demanda, pese a que el se\u00f1or Sergio Prada Serrano \u00abse encontraba sin notificaci\u00f3n por ninguno de los medios autorizados por la ley\u00bb; no obstante, en esa misma providencia se cit\u00f3 a las partes para el 8 de julio siguiente a las \u00ab9:00 a.m.\u00bb, con el fin de adelantar la audiencia inicial a trav\u00e9s de medios virtuales. <\/p>\n
Manifiestan que en la data memorada, revisaron su correo electr\u00f3nico y all\u00ed encontraron que la entidad accionada hab\u00eda postergado la audiencia para las \u00ab2:00 p.m.\u00bb; empero, al ingresar nuevamente a esa hora se percataron que la audiencia ya hab\u00eda culminado, motivo por el que solicitaron la nulidad de todo lo actuado, pero en providencia del 23 de julio de la citada anualidad el a quo atacado desestim\u00f3 esa petici\u00f3n, decisi\u00f3n que apelada, fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en auto del 30 de septiembre subsiguiente. <\/p>\n
Sostienen que en sentencia del 19 de agosto del a\u00f1o pasado, la Superintendencia convocada desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda, \u00abadvirti\u00f3 la inexistencia de las decisiones adoptadas por la Asamblea de Accionistas de Isaser S.A., durante la denominada reuni\u00f3n por derecho propio celebrada el 1 de abril de 2019 y que constan en el acta n.\u00b0 02\u00bb y ofici\u00f3 a la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 a fin de que efectuaran las \u00abanotaciones que correspondan en el registro mercantil de Isaser S.A.\u00bb; determinaci\u00f3n que, en su sentir, conculc\u00f3 las garant\u00edas invocadas, habida cuenta que, en primer lugar, las autoridades judiciales accionadas desatendieron que el demandado Sergio Prada Serrano no fue debidamente enterado del juicio cuestionado, pues nunca se tuvo certeza del lugar donde pod\u00eda ser ubicado, m\u00e1xime cuando la empresa de correos omiti\u00f3 certificar la entrega de las comunicaciones respectivas; y en segundo t\u00e9rmino, desconocieron que los contendientes pactaron \u00abcl\u00e1usula compromisoria\u00bb para resolver sus disputas, raz\u00f3n por la cual los Despachos atacados carec\u00edan de \u00abjurisdicci\u00f3n y competencia\u00bb para adelantar el asunto, haciendo finalmente incurrir en error a los demandados, ya que, dicen, \u00abfraudulentamente\u00bb se cambi\u00f3 la hora para impedir su asistencia a la audiencia inicial. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 1\u00ba de febrero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Superintendencia de Sociedades aleg\u00f3, que las actuaciones adelantadas al interior del tr\u00e1mite cuestionado se encuentran ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico, motivo por el que la vulneraci\u00f3n alegada es inexistente; en todo caso, afirm\u00f3, la solicitud de protecci\u00f3n no satisface el presupuesto de inmediatez, ya que \u00abhan transcurrido m\u00e1s de 11 meses\u00bb desde que los accionantes tuvieron conocimiento de la \u00absupuesta indebida notificaci\u00f3n\u00bb que ahora ponen de presente; adicionalmente, los aqu\u00ed interesados desperdiciaron la posibilidad de expresar sus inconformidades frente a las decisiones atacadas a trav\u00e9s de los recursos legales. <\/p>\n
b.) Por su parte, Mar\u00eda Isabel Prada Serrano, quien obra como demandante dentro del tr\u00e1mite censurado, adujo que no solo los accionantes tienen otros mecanismos de defensa judicial a su alcance para objetar los pretendido a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela, sino que adem\u00e1s, \u00ablos motivos de la acci\u00f3n de tutela instaurada no son espec\u00edficos, los hechos y fundamentos de derecho no son de f\u00e1cil comprensi\u00f3n, pues el tutelante no explica razonadamente los argumentos de la inmediatez de la afectaci\u00f3n de sus derechos fundamentales que ameriten una resoluci\u00f3n favorable a sus pretensiones en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sino que por el contrario se limita a relatar de una manera desordenada, una serie de sucesos que fenecieron en el pasado, respecto de los cuales dejo fenecer las oportunidades procesales establecidas por el legislador, y en las que todos modos ya se encuentra en tr\u00e1mite recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
c.) Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En innumerables fallos la Corte ha decantado que la tutela tan s\u00f3lo procede contra providencias o actuaciones judiciales en los casos en que \u00e9stas entra\u00f1en alguna causal de procedencia del amparo, valga decir, que sean el fruto de una arbitrariedad del administrador de justicia, en cuya virtud, se ocasione quebranto a los derechos fundamentales, siempre que el afectado no tenga a su disposici\u00f3n otra forma de resguardo judicial o que haya acudido tard\u00edamente al escenario constitucional. <\/p>\n
2. En el presente asunto, los accionantes cuestionan, de un lado, los autos del 23 de julio y 30 de septiembre, ambos de 2020, mediante los cuales las autoridades judiciales accionadas negaron la nulidad del juicio de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea de socios que en su contra, de Sergio Alejandro y Mar\u00eda Nathalia Prada Ojeda, instaur\u00f3 Sonia Yohanna Prada Serrano y Mar\u00eda Isabel Prada Serrano; y, por otra parte, la sentencia dictada el 19 de agosto siguiente dentro del comentado asunto. <\/p>\n
3. Del escrito de tutela y las documentales digitales allegadas a las presentes diligencias, est\u00e1 demostrado lo siguiente: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, mediante auto del 23 de julio de 2020, la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades desestim\u00f3 la nulidad incoada por los aqu\u00ed accionantes, con fundamento en que no se indic\u00f3 la causal de invalidez pretendida respecto al supuesto cambio de la hora en que se llev\u00f3 a cabo la audiencia inicial; adem\u00e1s, se omiti\u00f3 aportar la prueba del presunto correo institucional donde fue informado de la modificaci\u00f3n de la hora de ese acto; en lo tocante a la falta de jurisdicci\u00f3n y competencia por la existencia de la cl\u00e1usula compromisoria, el a quo estim\u00f3 que debi\u00f3 proponerse por v\u00eda de excepci\u00f3n, por lo que no era procedente plantear ese reproche en dicho escenario. <\/p>\n
3.2. Frente a la anterior determinaci\u00f3n, los ahora gestores formularon sin \u00e9xito recurso de apelaci\u00f3n, pues en prove\u00eddo del 30 de septiembre de la citada anualidad, el Tribunal accionado la confirm\u00f3 \u00edntegramente, bajo los siguientes argumentos: <\/p>\n
En cuanto a la nulidad de la audiencia inicial celebrada el 8 de julio pasado, el ad quem accionado estim\u00f3: \u00abarguye el recurrente que existe nulidad en la audiencia practicada el 08 de julio de 2020 a las 9:00 a.m., porque posterior al auto del 5 de junio de 2020 que se\u00f1al\u00f3 la mentada fecha y hora, recibi\u00f3 un correo electr\u00f3nico donde se le convocaba a tal diligencia ese mismo d\u00eda, pero a las 2:00 p.m., raz\u00f3n por la que no compareci\u00f3. <\/p>\n
No obstante, como bien lo observa la Superintendencia, el hecho previsible, irresistible y externo con el que el interesado pretenda de manera posterior justificar su inasistencia a la audiencia, \u201c(…) solo ser\u00e1n apreciadas si se aportan dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la fecha en que ella se verific\u00f3\u201d2, cumplido el lapso establecido, esa solicitud, se torna extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Habi\u00e9ndose efectuado la vista p\u00fablica el 8 de julio de 2020, los tres d\u00edas para expresar la justificaci\u00f3n de inasistencia, fenecieron el 13 de julio y se verifica que s\u00f3lo hasta el 14 de ese mismo mes, el apoderado de los demandados Sergio Alejandro Prada Ojeda y Mar\u00eda Nathalia Prada Ojeda envi\u00f3 correo electr\u00f3nico con las manifestaciones tendientes a explicar la falta de comparecencia, es decir, fuera del t\u00e9rmino estatuido en la norma. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la invalidaci\u00f3n pretendida teniendo como basti\u00f3n la aparente existencia de un correo que agendaba una hora distinta a la ordenada en auto del 05 de junio de 2020 para la celebraci\u00f3n de la audiencia, no se encuentra enlistada dentro de las causales de nulidad regladas en el art. 133 del estatuto procesal, raz\u00f3n de m\u00e1s, para confirmar en este aspecto, el auto que neg\u00f3 la nulidad deprecada\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en lo atinente a \u00abnulidad por falta de jurisdicci\u00f3n y competencia\u00bb, el Tribunal acusado consider\u00f3 que, aunque \u00abReclama el apelante, la configuraci\u00f3n de la causal primera estatuida en el art. 133 del C.G.P., porque en los estatutos de la sociedad Isaser S.A., se encuentra pactada la cl\u00e1usula compromisoria, en el evento de discrepancias entre los socios y la empresa, deber\u00e1n acudir a un Tribunal de Arbitramento, entonces, el Juez Societario carece de jurisdicci\u00f3n y competencia para resolver la litis propuesta por las se\u00f1oras Sonia Yohanna Prada Serrano y Mar\u00eda Isabel Prada Serrano. <\/p>\n
Resulta oportuno precisar que, el negocio arbitral pactado entre las partes para la resoluci\u00f3n de conflictos, puede extinguirse mediante un acuerdo dispositivo posterior, sea expreso, t\u00e1cito o por conducta concluyente, esto es, por surgir de la autonom\u00eda de la voluntad, as\u00ed mismo puede finiquitarse y cuando el demandado no propone, dentro del t\u00e9rmino de traslado de la demanda, las excepciones previas de falta de competencia o existencia de compromiso o cl\u00e1usula compromisoria se\u00f1aladas en el art\u00edculo 100 del C.GP., forzoso es colegir la extinci\u00f3n t\u00e1cita de ese pacto negocial. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Entonces, en prove\u00eddo del 05 de junio de 2020, qued\u00f3 establecido que el apelante no contest\u00f3 la demanda, decisi\u00f3n que no fue objeto de cuestionamiento alguno, o sea, tampoco propuso en tiempo, la excepci\u00f3n previa de \u201ccompromiso o cl\u00e1usula compromisoria\u201d quedando extinto el pacto arbitral, en virtud del actuar silente de los interesados. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 135 de la ley procesal, estatuye que: \u201cNo podr\u00e1 alegar la nulidad quien omiti\u00f3 hacerlo como excepci\u00f3n previa (…)\u201d; para el caso, la parte demandada habi\u00e9ndose notificado en debida forma4, no plante\u00f3 el medio defensivo de las excepciones previas argumentando la cl\u00e1usula compromisoria, por ende, la nulidad, no es la instancia procesal para palear tal omisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, advierte la Corte la improcedencia de la salvaguarda reclamada en este espec\u00edfico caso, pues no se observa defecto alguno para dejar sin valor ni efecto las providencias referidas, en la medida en que los Despachos accionados expusieron unas apreciaciones jur\u00eddicas y probatorias que no lucen caprichosas o antojadizas. <\/p>\n
En efecto, para denegar la nulidad deprecada por los aqu\u00ed interesados, los estrados convocados finiquitaron que el supuesto cambio en la hora en que se llev\u00f3 a cabo la audiencia inicial, no encuadraba en ninguna de las causales de nulidad previstas en la nueva ley de enjuiciamiento civil, en todo caso, tampoco se encontraba demostrada esa irregularidad; de otra parte, las autoridades judiciales querelladas ultimaron que los aqu\u00ed interesados omitieron formular la excepci\u00f3n previa de cl\u00e1usula compromisoria, raz\u00f3n por la cual no pod\u00edan solicitar la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Se aprecia as\u00ed, que las valoraciones sobre los puntos materia de discordia, sea cual fuere el criterio de cara a las mismas, no fueron irreflexivas o antojadizas, sino basadas en una ponderaci\u00f3n juiciosa de los elementos demostrativos aportados al asunto cuestionado, de la situaci\u00f3n respectiva y de las normas llamadas a gobernarla, lo que impide la interferencia del juez de tutela, ya que en lo referente a la interpretaci\u00f3n legal y a la evaluaci\u00f3n probatoria, no puede inmiscuirse el juez constitucional porque esos precisos puntos pertenecen al contorno funcional de cada administrador de justicia, por tal raz\u00f3n no deben someterse al escrutinio de la acci\u00f3n de amparo, salvo, se reitera, en situaciones de evidente arbitrariedad, circunstancia que en el sub examine se encuentra descartada. <\/p>\n
Sobre el particular, se ha definido en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC081-2020). <\/p>\n
5. Ahora bien, respecto de la pretensi\u00f3n de los gestores encaminada a que se deje sin valor ni efecto la sentencia dicta 19 de agosto del a\u00f1o pasado dentro del proceso verbal de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea censurado, ha de considerarse que tampoco tiene cabida, comoquiera que, en un acto constitutivo de incuria, desaprovecharon la oportunidad de instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a aquella determinaci\u00f3n, a voces de lo contemplado en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, mecanismo id\u00f3neo para poner de presente las inconformidades de los ahora interesados frente a lo resuelto por la Superintendencia atacada, empero, no lo hicieron. <\/p>\n
Por lo anterior, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que debi\u00f3 dirimir el juez natural en el estadio procesal respectivo, ya que el amparo no est\u00e1 concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de impugnaci\u00f3n previstos en la ley. Por eso es que con atino, la jurisprudencia de esta Sala ha considerado que, \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no se logran proteger los derechos fundamentales invocados, es decir, que no es eficaz e id\u00f3neo para ello, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar o reemplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las que aqu\u00ed se discuten, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y, a quebrantar la Carta Pol\u00edtica, pues la \u00e9sta petici\u00f3n no es una instancia adicional\u00bb (CSJ STC1378-2020). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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