STC1054-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1054-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00092-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Clara Lida Uni frente a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogot\u00e1 y el Juzgado Sexto de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la paz, a la \u00abtranquilidad\u00bb y a la \u00abseguridad social\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocada, con las decisiones proferidas en ambas instancias dentro del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho que promovi\u00f3 frente a Sigifredo Duarte Moncada, y el juicio de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que aqu\u00e9l formul\u00f3 en su contra. <\/p>\n
Aunque no elev\u00f3 una petici\u00f3n en concreto, de la lectura del escrito de tutela y la subsanaci\u00f3n, se advierte que lo pretendido por la gestora, en \u00faltimas, es que se deje sin valor ni efecto lo resuelto por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al interior de los citados asuntos, comoquiera que, aunque \u00abintent\u00f3 enderezar la decisi\u00f3n de la sentencia de primera instancia, (\u2026) no alcanz\u00f3 a proteger los Derechos de esta Adulta Mayor, de los vej\u00e1menes de violencia intrafamiliar vividos a mano de SIGFREDO DUARTE MONCADA\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo se pudo extraer de complejo escrito, y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a los diferentes medios de prueba que aport\u00f3 dentro del proceso para demostrar el tiempo de convivencia, y por tanto, la existencia de sociedad patrimonial con el se\u00f1or Duarte Moncada, la que, asegura, se inici\u00f3 desde \u00abenero de 1993\u00bb, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al revocar parcialmente lo decidido por el Juzgado Primero de Familia de Descongesti\u00f3n de la misma urbe, estableci\u00f3 que el inicio de la relaci\u00f3n tuvo lugar a partir del \u00ab31 de diciembre de 1994\u00bb, circunstancia que afect\u00f3 el posterior proceso de liquidaci\u00f3n de la citada sociedad, en la medida que se desconocieron \u00abgananciales (\u2026) la figura de la adquisici\u00f3n de bienes (\u2026), su activo, matem\u00e1ticamente el valor total de las liquidaciones (\u2026) ganancias de producci\u00f3n, (\u2026) mejoras que fueron desarrolladas hombro a hombro\u00bb, y de manera general, el trabajo de inventarios y aval\u00faos que le result\u00f3 \u00abnociv[o]\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque finc\u00f3 sus esperanzas en un recurso de casaci\u00f3n, \u00e9ste result\u00f3 adverso, y en la actualidad \u00abcontin\u00faa viviendo en un rinc\u00f3n de (\u2026) [la] casa, a espera que sean reconocidas tan siquiera las acreencias de esas mejoras que como Compa\u00f1era tiene derecho a que sean repartidas equitativamente\u00bb, por lo que, dice, se hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 2 de febrero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela fue instituida por la Carta Pol\u00edtica de 1991, como un mecanismo judicial subsidiario y excepcional para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o eventualmente de particulares, en cuanto no tengan protecci\u00f3n eficaz y oportuna en otra jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, jurisprudencialmente se tiene establecido, que si bien puede ejercerse en cualquier tiempo, ello no significa que el amparo proceda con completa independencia de la demora en la presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n; en este sentido, entonces, la tutela resulta improcedente cuando la demanda se interpone despu\u00e9s de transcurrido un lapso irrazonablemente extenso, desde la fecha en que sucedieron los hechos o viene present\u00e1ndose el hecho vulnerador que la parte accionante estima que afecta sus derechos fundamentales. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio, revisado el sistema de consulta de actuaciones judiciales de la Rama Judicial, no cabe duda acerca de la improcedencia de la salvaguarda reclamada por la se\u00f1ora Clara Lida Uni, si se tiene en cuenta que no satisface el presupuesto de la prontitud que gobierna este tipo de acciones especial\u00edsimas, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
2.1. Mediante prove\u00eddo del 5 de octubre de 2012, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a prop\u00f3sito del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho que la aqu\u00ed interesada promovi\u00f3 frente a Sigifredo Duarte Moncada, se resolvi\u00f3, entre otros, revocar parcialmente el fallo dictado el 29 de junio anterior por el Juzgado Primero de Familia de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad, para en su lugar, entonces, \u00abDECLARAR la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho (\u2026) entre el 31 de diciembre de 1994 y el 19 de noviembre de 2009 (\u2026); RECONOCER que durante igual periodo de tiempo (\u2026) se form\u00f3 entre los compa\u00f1eros permanentes (\u2026) una sociedad patrimonial de bienes\u00bb1. <\/p>\n
2.2. Por auto del 14 de octubre de 2018, la Colegiatura convocada decidi\u00f3 \u00abRECHAZAR LA DEMANDA PRESENTADA\u00bb respecto del recurso extraordinario de revisi\u00f3n formulado contra de la sentencia adiada 1\u00ba de diciembre de 2017, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Sexto de Familia de esta capital aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n practicado en el marco del juicio de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que Sigifredo Duarte Moncada promovi\u00f3 en contra de la gestora. <\/p>\n
2.3. Mediante prove\u00eddo del 29 de noviembre de 2019, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 \u00abINFUNDADO\u00bb el citado mecanismo extraordinario. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, como las decisiones que resolvieron la puntual tem\u00e1tica tra\u00edda aqu\u00ed por la gestora, es decir, sobre la existencia de sociedad patrimonial de hecho con su expareja, la \u00faltima data de finales del a\u00f1o 2019, y la acci\u00f3n tutela fue radicada s\u00f3lo hasta el 18 de enero de 2021, resulta evidente la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo, y en consecuencia, la inobservancia del presupuesto b\u00e1sico de inmediatez que rige este tipo de asuntos constitucionales. <\/p>\n
Y es que aunque las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los criterios que lo gobiernan y que se relacionan con la urgencia, la celeridad y la eficacia, los cuales se encuentran previstos en el art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, es imperativo que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia del hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, so pena de que no resulte adecuado hacer un an\u00e1lisis de fondo de su solicitud. <\/p>\n
La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado de vieja data que \u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional. <\/p>\n
En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n
Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (ver entre otras, CSJ STC3677-2020). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Frente a esta determinaci\u00f3n se formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sin embargo, en prove\u00eddo adiado 25 de junio de 2014 se declar\u00f3 desierto el citado mecanismo. <\/p>\n
<\/p>\n
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