STC1056-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1056-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00713-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 23 de junio de 2020, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la salvaguarda promovida por Hermides Ome Ome a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, con ocasi\u00f3n de los incidentes de desacato seguidos a continuaci\u00f3n de los resguardos propuestos por el gestor contra la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Restrepo -Meta-, los Juzgados Promiscuo Municipal de esa localidad y Quinto Civil del Circuito de Villavicencio. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El promotor aduce que estando en posesi\u00f3n de un inmueble, fue despojado de \u00e9ste por terceros y, por tal motivo, elev\u00f3 una querella en la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Restrepo -Meta-, quien, el 26 de agosto 2016, dispuso el desalojo del predio en favor del inicialista. <\/p>\n
Posteriormente, personas interesadas en el bien, acudieron ante esa entidad alegando un mejor derecho y, en resoluci\u00f3n n\u00b0010 de 18 de octubre de postrero, se dej\u00f3 sin efecto la actuaci\u00f3n inicial. <\/p>\n
Por lo expuesto, el impulsor impetr\u00f3 acci\u00f3n de tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad, en donde enfatiz\u00f3 en la afectaci\u00f3n a su posesi\u00f3n al no haber sido convocado al precitado tr\u00e1mite. <\/p>\n
El 8 de noviembre de ulterior, el mencionado estrado desestim\u00f3 los pedimentos del precursor, decisi\u00f3n por \u00e9l impugnada y cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 14 de diciembre de 2016, ese despacho revoc\u00f3 la decisi\u00f3n protestada y concedi\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, pues, en su decir, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda encausada no pod\u00eda invalidar una determinaci\u00f3n administrativa sin la intervenci\u00f3n ni el consentimiento del petente y, por ello, orden\u00f3 <\/p>\n
\u201c(\u2026) dejar sin efectos jur\u00eddicos la resoluci\u00f3n n\u00b0 018 de octubre [anterior] (\u2026) y, en consecuencia, (\u2026) [de]volver las cosas al estado en que se encontraban antes de proferir[la] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Al abrigo de la enunciada sentencia, el suplicante formul\u00f3 incidente de desacato en la sede municipal recriminada, aseverando que la posesi\u00f3n del predio no le hab\u00eda sido restituida. <\/p>\n
Como ese ritual tardaba en zanjarse, el reclamante entabl\u00f3 otro auxilio ante el tribunal fustigado, predicando mora en las actuaciones porque el asunto llevaba dos (2) a\u00f1os sin ser definido. <\/p>\n
Asimismo, expuso que la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda atacada y el estrado del circuito convocado estaban quebrantando su garant\u00eda al debido proceso. <\/p>\n
El 29 de junio de 2019, la colegiatura enunciado acogi\u00f3 los planteamientos del gestor, pero solo en cuanto a la mora en la soluci\u00f3n de la controversia incidental y, por tanto, <\/p>\n
\u201c[o]rden[\u00f3] al Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, profiera decisi\u00f3n definitiva en el tr\u00e1mite incidental (\u2026) [y, adem\u00e1s, remiti\u00f3] copias [a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La autoridad destinataria de ese mandato, 15 de julio postrero, se\u00f1al\u00f3 que la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda hab\u00eda obedecido lo dictado en la salvaguarda, cuando el 28 de junio de 2019, se pronunci\u00f3 al respecto. <\/p>\n
Lo antelado, porque, seg\u00fan sostuvo, all\u00ed se dispuso dejar sin efecto la resoluci\u00f3n n\u00b0 010 de 18 de octubre de 2016 y, dado que la orden de tutela se\u00f1alaba devolver las cosas al estado como se hallaban antes de ese acto administrativo, ese cometido se acredit\u00f3 porque el inmueble ahora <\/p>\n
\u201c(\u2026) [estaba] al cuidado y administraci\u00f3n de los se\u00f1ores Xiomara Carolina Abreo Torres y \u00c1lvaro de Jes\u00fas R\u00edos Marulanda quienes [lo] adquirieron por compra a Juan Pablo Ar\u00e9valo Parra (\u2026) persona que se desaloj\u00f3 el 26 de agosto de 2016, [del predio motivo de debate] (\u2026)\u201d <\/p>\n
Indica el actor que present\u00f3 incidente de desacato ante la corporaci\u00f3n cuestionada, aduciendo la inobservancia de lo decretado por ella. <\/p>\n
El 10 de octubre de 2019, el tribunal encausado estableci\u00f3 que se hab\u00eda atendido a su fallo, pues el mismo versaba sobre la tardanza del Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo -Meta- en definir lo relativo a la orden emanada de su superior jer\u00e1rquico, mandato obedecido en el auto de 15 de julio anterior. <\/p>\n
Para el impulsor, se lesionaron sus garant\u00edas, pues, pese a haber obtenido sentencia favorable del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio, el 14 de diciembre de 2016, a la misma no se le dio cumplimiento. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, ordenar acatar dicha decisi\u00f3n. <\/p>\n
4. La demanda de amparo se present\u00f3 en la secretar\u00eda de esta Sala el 16 de marzo de 2020 y fue admitida el 17 de marzo postrero; no obstante, el 19 de marzo ulterior, por falta de competencia, se envi\u00f3 el expediente a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, quien la recibi\u00f3 el 29 de mayo siguiente y surtida la gesti\u00f3n correspondiente, para efectos de la impugnaci\u00f3n, aqu\u00e9lla envi\u00f3 las actuaciones a esta Sala, arribando las mismas el 21 de enero de 2021. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
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1. La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Restrepo -Meta-, el tribunal y el estrado municipal acusado, defendieron, por separado, la legalidad de su proceder. <\/p>\n
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2. El juzgado del circuito reprochado arguy\u00f3 la imposibilidad de manifestarse al respecto, al no contar con las diligencias reprochadas. <\/p>\n
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3. Lo dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, pues, frente a los Juzgados Promiscuo Municipal de esa localidad y Quinto Civil del Circuito de Villavicencio, am\u00e9n de ser razonable lo prove\u00eddo por el primer despacho rese\u00f1ado en el auto de 15 de julio de 2019, en donde se estim\u00f3 cumplida la orden del segundo estrado aludido, el actor desatendi\u00f3 los presupuestos de temporalidad y residualidad, porque <\/p>\n
\u201c(\u2026) al no existir elementos probatorios siquiera sumarios que demostraran como Hermides Ome Ome fue poseedor de dicho inmueble, aunado a que la orden impuesta por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio no dec\u00eda expl\u00edcitamente que el inmueble deb\u00eda ser entregado al accionante, el Juzgado Promiscuo Municipal del Circuito de Villavicencio consider\u00f3 cumplida la orden\u201d. <\/p>\n
\u201cEstos argumentos, si bien pueden ser contrarios a los inter\u00e9s del actor, son fruto de la autonom\u00eda e independencia que gozan las autoridades judicial, por ende, no constituyen una vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales, m\u00e1xime cuando el accionante no aport\u00f3 en esta oportunidad elementos de convencimiento de que demuestren: a) que fue poseedor en alg\u00fan momento del inmueble Barcelona; b) que las personas que actualmente figuran como propietarios lo hacen de manera irregular; o c) que Juan Pablo Ar\u00e9valo Parra carec\u00eda de facultades para realizar esa venta.\u201d. <\/p>\n
\u201cComo consecuencia de la ausencia de pruebas, se convertir\u00eda en una actuar arbitrario, que afectar\u00eda los derechos de terceros, acceder a sus pretensiones, siendo los argumentos de su escrito respaldo insuficiente de sus afirmaciones\u201d. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, tiene la posibilidad de acudir a las respectivas acciones civiles en aras de demostrar su calidad de poseedor leg\u00edtimo, tambi\u00e9n puede presentar una denuncia con la finalidad de demostrar la falsedad de la escritura p\u00fablica donde figura esta compraventa y, finalmente, puede acudir a acciones policivas con la finalidad de hacer efectiva su presunta calidad de poseedor, siendo la acci\u00f3n de tutela el mecanismo inadecuado para arribar a alguna de estas conclusiones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ata\u00f1edero al tribunal demandado, rese\u00f1\u00f3 la ausencia de vulneraci\u00f3n, en tanto si bien esa autoridad le concedi\u00f3 la salvaguarda rogada al actor, \u00e9sta versaba, exclusivamente, sobre la demora del juzgado municipal refutado en zanjar el incidente de desacato materia de controversia, lo cual fue obedecido en los t\u00e9rminos se\u00f1alados por esa colegiatura; adem\u00e1s, el promotor, pudiendo incoar alzada frente a lo resuelto por dicha corporaci\u00f3n, no lo hizo. <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante sin exponer los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Esta Corte ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n incidental est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y son etapas de un procedimiento con id\u00e9ntica finalidad. <\/p>\n
En reiteradas ocasiones la Sala, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito de dicho incidente, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta respecto del auto mediante el cual se imponen las sanciones del caso. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, es pertinente recordar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo\u201d. <\/p>\n
\u201cPor consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Excepcionalmente, se abrir\u00eda paso este resguardo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este instrumento extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
El alto Tribunal Constitucional tambi\u00e9n ha precisado la prosperidad de este mecanismo de forma particular y respecto de actuaciones como la presente, \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el caso, se memora, en la salvaguarda incoada por el promotor ante colegiado confutado, donde, de un lado pidi\u00f3 protecci\u00f3n a su prerrogativa al debido proceso en relaci\u00f3n con la entrega del inmueble cuya posesi\u00f3n alega le fue despojada y, de otro, denunci\u00f3 la mora del Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo -Meta- en resolver un incidente de desacato, el tribunal solo concedi\u00f3 est\u00e1 \u00faltima pretensi\u00f3n, en sentencia de 29 de junio de 2019. <\/p>\n
Lo anterior, al encontrar acreditada una tardanza de dos (2) a\u00f1os en la definici\u00f3n de ese tr\u00e1mite y, para ello, le concedi\u00f3 al estrado demandado cinco (5) d\u00edas para resolverlo. <\/p>\n
En obedecimiento a esa disposici\u00f3n, el 15 de julio 2019, el mencionado despacho dirimi\u00f3 el ritual que motiv\u00f3 la queja del censor. <\/p>\n
Al no estar conforme con lo decidido, el promotor rog\u00f3 a la corporaci\u00f3n encausada que le exigiera a dicho juzgado, cumplir el fallo de 29 de junio anterior. <\/p>\n
En auto de 10 octubre de 2019, se desestim\u00f3 dicho pedimento, pues lo ordenado a la enunciada sede municipal se contrajo, exclusivamente, a desatar el incidente de desacato materia de disenso, lo cual ya hab\u00eda ocurrido. <\/p>\n
Para la Sala, no se incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n alguna, por parte de la corporaci\u00f3n convocada, porque, en efecto, su decisi\u00f3n solo se dirigi\u00f3 a pedirle celeridad al Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo -Meta-, en la soluci\u00f3n de un procedimiento incidental; por tanto, se profiri\u00f3 la respectiva determinaci\u00f3n, quedando cumplido el mandato del tribunal. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, el colegiado no le indic\u00f3 a dicho de estrado c\u00f3mo deb\u00eda zanjar el incidente de desacato, tan s\u00f3lo le impuso desatarlo y as\u00ed aconteci\u00f3, tal como dicha corporaci\u00f3n lo estableci\u00f3 prove\u00eddo de auto de 10 octubre de 2019. <\/p>\n
Ahora, si el tutelante quer\u00eda una determinaci\u00f3n diferente respecto al mencionado despacho municipal se observa que \u00e9l ten\u00eda a su alcance la posibilidad de impugnar el fallo de 29 de junio de 2019; empero, no lo hizo, dilapidando as\u00ed un mecanismo de defensa id\u00f3neo para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
Aunado a ello, esa sentencia no fue seleccionada por la Corte Constitucional para su revisi\u00f3n, seg\u00fan auto de 20 de agosto de ulterior4, emanado de esa corporaci\u00f3n; adem\u00e1s, no se advierte que el precursor hubiere \u201cinsistido\u201d en ello, como se lo permit\u00edan los art\u00edculos 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 19925; por tanto, esa desidia conllev\u00f3 a la firmeza del pronunciamiento acusado. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha esgrimido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Una vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012) (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
4.1. Atinente a la forma como el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo -Meta- resolvi\u00f3 el incidente de desacato, en relaci\u00f3n al auxili\u00f3 que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio le hab\u00eda concedido al petente el 14 de diciembre de 2016, el ruego aqu\u00ed implorado no prospera al desatenderse los requisitos de inmediatez y subsidiariedad; adem\u00e1s, existe carencia actual de objeto, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En cuanto al presupuesto de temporalidad se\u00f1alado, se advierte que, entre la presentaci\u00f3n de la demanda de amparo, esto es, el 16 de marzo de 2020, y el auto de 15 de julio de 2019, mediante el cual se desat\u00f3 el aludido tr\u00e1mite incidental, han transcurrido m\u00e1s de ocho (8) meses, lapso que supera el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este amparo. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Por tanto, si el petente se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a los estrados atacados y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
4.2. Ahora bien, aflora que el 14 de diciembre de 2016, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio, otorg\u00f3 la salvaguarda implora por el gestor y le orden\u00f3 a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Restrepo -Meta <\/p>\n
\u201c(\u2026) dejar sin efectos jur\u00eddicos la resoluci\u00f3n n\u00b0 018 de octubre de 2016 (\u2026) y, en consecuencia, (\u2026) [de]volver las cosas al estado en que se encontraban antes de proferir[la] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Lo antelado, teniendo en cuenta que en ese acto administrativo se hab\u00eda invalidado una orden de desalojo consumada a solicitud del tutelante y donde se sostuvo el menoscabo de su posesi\u00f3n en el inmueble. <\/p>\n
Reclamado el cumplimiento de la disposici\u00f3n tutelar y tras dos (2) a\u00f1os de tr\u00e1mite incidental, el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo -Meta- se\u00f1al\u00f3, en auto de 15 de julio de 2019, que se hab\u00eda acatado el mandato del estrado del aludido circuito porque la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda ya se hab\u00eda pronunciado sobre esa cuesti\u00f3n el 28 de junio de anterior. <\/p>\n
Lo antelado, porque, en su decir, all\u00ed se dispuso dejar sin efecto la resoluci\u00f3n n\u00b0 010 de 18 de octubre de 2016 y, dado que la orden de tutela se\u00f1alaba devolver las cosas al estado como se hallaban antes de ese acto administrativo, ese cometido se acredit\u00f3 porque el inmueble ahora <\/p>\n
\u201c(\u2026) [estaba] al cuidado y administraci\u00f3n de los se\u00f1ores Xiomara Carolina Abreo Torres y \u00c1lvaro de Jes\u00fas R\u00edos Marulanda quienes [lo] adquirieron por compra a Juan Pablo Ar\u00e9valo Parra (\u2026) persona que se desaloj\u00f3 el 26 de agosto de 2016, [del predio motivo de debate] (\u2026)\u201d <\/p>\n
La Corte observa que, dada la reprensible tardanza en definirse el tr\u00e1mite incidental, se produjo una modificaci\u00f3n trascendental de las circunstancias que solo daban lugar a un cumplimiento formal del fallo constitucional materia de disenso. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, al dejarse sin efecto el acto administrativo n\u00b0010 de 18 de octubre de 2016, quedaba en firme la orden de desalojo pedida por el actor sobre el inmueble motivo de disenso, pero aconteci\u00f3 que, por el paso del tiempo, quien se dijo, deb\u00eda desocuparlo, efectu\u00f3 un negocio en favor de terceros para que continuaran en el bien. <\/p>\n
Desde esa \u00f3ptica, la controversia asumi\u00f3 un nuevo cariz, pues ahora aparecen enfrentados sustantivamente los intereses de aqu\u00e9llos y, los del censor frente al predio, y tampoco aparece acreditada la posesi\u00f3n aducida por el actor antes del desalojo; por tanto, la protecci\u00f3n ahora exigida por el censor, en torno al alcance del resguardo inicialmente conferido, no sale avante por presentarse un \u201checho consumado\u201d. <\/p>\n
Respecto de lo aducido, esta Colegiatura ha arg\u00fcido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]nte un hecho consumado, el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, impide \u201cuna eventual procedencia de la acci\u00f3n de tutela, pues, no puede predicarse la reversibilidad de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona (Sentencias T-138 de 1994 y T-612 de 2008) (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
Con todo, el precursor puede acudir a un tr\u00e1mite declarativo con el prop\u00f3sito de recuperar el se\u00f1or\u00edo del inmueble, aportando los elementos de convicci\u00f3n que estime pertinentes tanto para probar la calidad detentada respecto al inmueble, como para refutar el negocio invocado por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, en donde se indic\u00f3 que la persona desalojada transfiri\u00f3 derechos del bien en favor otros. <\/p>\n
Este mecanismo impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de protecci\u00f3n a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente supletivo, de otra manera se convertir\u00eda en un medio para obviar las alternativas contempladas en los ordenamientos ordinarios y ante los jueces naturales. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades p\u00e9rdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
5. Finalmente, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no estar demostrados los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, propios del mismo. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d10 (negrillas originales). <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos11 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196912, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d13, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio14. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia15, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales16; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas17. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR esta determinaci\u00f3n mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2003, exp. 00382. <\/p>\n
2 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010. <\/p>\n
3 \u00cddem. <\/p>\n
4https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/autos\/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCI%C3%93N%2020%20DE%20AGOSTO%20DE%202019%20NOTIFICADO%2004%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf <\/p>\n
5 Art\u00edculo 51. Insistencia. Adem\u00e1s de los treinta d\u00edas de que dispone la Sala de Selecci\u00f3n y en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, cualquier Magistrado titular o directamente el Procurador General de la Naci\u00f3n o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 insistir en la selecci\u00f3n de una o m\u00e1s tutelas para su revisi\u00f3n, dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u00bb. Art\u00edculo 52. Tr\u00e1mite de la insistencia. Recibida la solicitud, la Sala de Selecci\u00f3n de turno entrar\u00e1 a reexaminar en los t\u00e9rminos y por las causales previstas en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, la tutela objeto de insistencia. Si encuentra procedente la selecci\u00f3n, as\u00ed lo har\u00e1 y dispondr\u00e1 su reparto. Si la decisi\u00f3n fuere negativa, se informar\u00e1 de ello al solicitante dentro de los tres d\u00edas siguientes. Contra las decisiones de selecci\u00f3n no proceder\u00e1 recurso alguno. <\/p>\n
6 CSJ. Civil. Sentencia de 25 de junio de 2013, exp. 1100102030002013-01262-00. <\/p>\n
7 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
8 CSJ. STC de 21 de noviembre de 2013, exp. 85001-22-08-000-2013-00107-02. <\/p>\n
9 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
10 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00. <\/p>\n
11 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
13 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
14 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
16 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
17 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1056-2021 Magistrado ponente STC1056-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00713-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 23 de junio de 2020, proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53441","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53441","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53441"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53441\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53441"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53441"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53441"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}