STC1058-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1058-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2020-00321-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 15 de diciembre de 2020, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la salvaguarda promovida por Mar\u00eda, en representaci\u00f3n de sus menores hijos, Valentina y Mart\u00edn1, contra el Juzgado Quinto de Familia de la misma ciudad; con ocasi\u00f3n del proceso de alimentos iniciado por la aqu\u00ed gestora, en nombre de sus descendientes, frente a Pablo, bajo el n\u00famero 2020-00126. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora suplica la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, alimentos y protecci\u00f3n especial de sus menores hijos, presuntamente quebrantadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja manifiesta que promovi\u00f3 juicio de fijaci\u00f3n de alimentos contra Pablo y en favor de sus hijos Valentina y Mart\u00edn, de 14 y 7 a\u00f1os, respectivamente. <\/p>\n
Afirma que, despu\u00e9s de varias solicitudes de impulso procesal, por auto de 31 de agosto de 2020, se admiti\u00f3 el libelo y se dispuso oficiar a la caja de compensaci\u00f3n Comfenalco Cartagena y a la empresa donde labora el demandado con el fin de establecer la capacidad econ\u00f3mica de \u00e9ste. <\/p>\n
Afirma que ha reclamado el decreto de medidas cautelares, pero la juez accionada no ha emitido pronunciado al respecto. <\/p>\n
3. Refiriendo que su situaci\u00f3n se torna \u201ccada d\u00eda m\u00e1s gravosa\u201d, pues no cuenta con recursos econ\u00f3micos suficientes para sostener a Valentina y Mart\u00edn, pide, en concreto, ordenar al estrado confutado dar celeridad al decurso y decretar el \u201cembargo\u201d del salario y del subsidio familiar del demandado. <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Delegada en asuntos de Familia de Cartagena emiti\u00f3 concepto donde precis\u00f3 que los art\u00edculos 129 y 130 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia le permiten al juez fijar cuota alimentaria provisional, incluso, en ausencia de prueba respecto de la solvencia econ\u00f3mica del demandado. <\/p>\n
2. El juzgado accionado y los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda al observar la ocurrencia de un hecho superado, tras hallar acreditado <\/p>\n
\u201c(\u2026) que el Despacho accionado le dio impulso al proceso, fij\u00f3 alimentos provisionales y orden\u00f3 su consignaci\u00f3n, tomando las medidas tendientes a determinar la capacidad econ\u00f3mica real del demandado con miras a dictar una orden de embargo, la Sala considera que se ha conjurado la afectaci\u00f3n de las garant\u00edas superiores invocadas en la demanda (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 la promotora, insistiendo en la persistencia de la vulneraci\u00f3n alegada, pues, si bien la juez accionada dispuso alimentos provisionales, la orden fue dirigida directamente al progenitor demandado, cuando, en su criterio, lo debido era ordenar la retenci\u00f3n de salarios y prestaciones al pagador de la empresa donde labora aqu\u00e9l. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La actora cuestiona que al interior del aludido juicio de alimentos por ella iniciado en beneficio de sus menores hijos, Valentina y Mart\u00edn, y en contra del progenitor de aqu\u00e9llos, el juzgado confutado no haya ordenado el \u201cembargo\u201d del salario y del subsidio familiar del demandado. <\/p>\n
2. Revisada la actuaci\u00f3n censurada se observa que, mediante auto de 4 de diciembre de 2020, el estrado convocado fij\u00f3 alimentos provisionales a cargo de Pablo y a favor de sus descendientes Valentina y Mart\u00edn, por valor equivalente al 35% de un salario m\u00ednimo legal mensual vigente, suma que aqu\u00e9l deber\u00eda consignar mensualmente en el Banco Agrario de Colombia a \u00f3rdenes del juzgado. <\/p>\n
Adicionalmente, en la misma providencia, dispuso requerir a la empresa, Legumbres Heriberto Montes Bedoya SAS -donde labora el all\u00ed accionado-, y a la caja de compensaci\u00f3n familiar en donde \u00e9ste se encuentra afiliado, con el objeto de determinar la capacidad econ\u00f3mica real del demandado y, con base en ello, decretar las medidas cautelares a las cuales hubiese lugar. <\/p>\n
Para la Corte, la gesti\u00f3n del juzgado confutado es suficiente para acreditar la configuraci\u00f3n de un hecho superado, pues fij\u00f3 alimentos provisionales, a\u00fan en ausencia de prueba respecto de la solvencia del demandado, y orden\u00f3 su consignaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso2, habilita al juez para decretar, a\u00fan de oficio, las pruebas necesarias para establecer la capacidad econ\u00f3mica del accionado; raz\u00f3n por la cual no se observa arbitrariedad alguna, por parte del estrado convocado, al requerir a la entidad pagadora de la empresa donde labora el demandado y a la caja de compensaci\u00f3n a la cual \u00e9ste se encuentra afiliado, previo al decreto de medidas cautelares. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se disipan los supuestos f\u00e1cticos sobre los cuales el aqu\u00ed actora encauz\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n a sus prerrogativas, pues, con independencia de que en dicho prove\u00eddo no se haya accedido a su s\u00faplica en los t\u00e9rminos por ella esperados, se dio contestaci\u00f3n al reclamo invocado, raz\u00f3n por la cual, administrar justicia constitucional para el caso en concreto, se torna inane. <\/p>\n
Sobre la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(…) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEl \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Con todo, se destaca, la actora, recurri\u00f3 las determinaciones adoptadas en el mencionado auto de 4 de diciembre de 2020, a trav\u00e9s de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, recursos a\u00fan pendientes de definirse por el estrado confutado. <\/p>\n
En este escenario, la tutela tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, al tratarse de una queja constitucional prematura, pues lo controvertido a\u00fan no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad accionada. <\/p>\n
Al juez constitucional le est\u00e1 vedado anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador natural, pues no puede arrogarse facultades que no le son propias. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 397. (\u2026) 3. El juez, a\u00fan de oficio, decretar\u00e1 las pruebas necesarias para establecer la capacidad econ\u00f3mica del demandado y las necesidades del demandante, si las partes no las hubieren aportado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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