STC1059-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1059-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2020-00432-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2020, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la salvaguarda promovida por Antonio Rotavisky Rotavisky, y Luis Eduardo Rotavisky contra los Juzgados Noveno Civil del Circuito y D\u00e9cimo Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cincumplimiento contractual\u201d, adelantado por los aqu\u00ed actores a Minerales Andinos de Occidente. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores imploran el amparo de la garant\u00eda al debido proceso, presuntamente vulnerada por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Ante el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Medell\u00edn, los aqu\u00ed gestores, incoaron el juicio objeto de este resguardo, pidiendo se declarar\u00e1 el incumplimiento por parte de la empresa Minerales Andinos de Occidente del contrato de cesi\u00f3n de derechos mineros N\u00b0 058-98M. <\/p>\n
Arguyen los tutelantes que, en sentencia de 3 de septiembre de 2020, el referido despacho neg\u00f3 las pretensiones deprecadas, dando como probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el extremo pasivo. <\/p>\n
Afirman que la anterior determinaci\u00f3n fue apelada, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada al juzgado del circuito convocado, quien, en fallo de 18 de febrero de 2020, ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo. <\/p>\n
Sostienen que los despachos fustigados incurrieron en las siguientes irregularidades: <\/p>\n
\u201c(\u2026) i) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues aun cuando se prob\u00f3 la propiedad del t\u00edtulo minero en cabeza del accionado, en los fallos se [determin\u00f3] que [aqu\u00e9l] solo supo de la cesi\u00f3n del t\u00edtulo minero con la presentaci\u00f3n de la demanda, lo cual es falso; ii) defecto f\u00e1ctico por valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio, al equiparar el registro mercantil con el minero, conllevando una falsa interpretaci\u00f3n de los hechos; y iii) decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Exigen, en concreto, dejar sin efectos las sentencias emitidas en el caso bajo estudio. <\/p>\n
1. EL Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Medell\u00edn remiti\u00f3 en link digital de consulta del expediente contentivo del asunto sublite. <\/p>\n
2. El estrado del circuito se opuso al ruego resaltando la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as sentencias que se califican como constitutivas de v\u00eda hecho fueron proferidas, la de primera instancia, el 9 de septiembre de 2019, y la de segunda instancia confirmatoria de la de primera, el 18 de febrero de este a\u00f1o, adquiriendo ejecutoria la misma una vez notificada, que valga precisar se hizo en estrados al haberse proferido en audiencia (art. 302 C. General del proceso) y siendo as\u00ed, a partir del d\u00eda siguiente comenzaba a correr el t\u00e9rmino a que aluden las pautas jurisprudenciales anteriores para interponer la solicitud de amparo. la acci\u00f3n de tutela ha debido interponerse el d\u00eda 19 de agosto del presente a\u00f1o, y \u00e9sta fue presentada a trav\u00e9s de los canales dispuestos para tal fin por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de la pandemia generada por el Covid 19, el 2 de diciembre \u00faltimo, circunstancia que sin la menor duda contraviene el principio de la inmediatez consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formularon los promotores aduciendo que \u201c(\u2026) se les est\u00e1 poniendo un l\u00edmite o, barrera, basado en un t\u00e9rmino judicial extra\u00eddo de criterios auxiliares de derecho, al cual debi\u00f3 aplicar la suspensi\u00f3n (\u2026)\u201d decretada por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Los censores reprochan, puntualmente, el prove\u00eddo de 18 de febrero de 2020, mediante el cual, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en segunda instancia, ratific\u00f3 la desestimaci\u00f3n de las pretensiones invocadas en el proceso bajo estudio. <\/p>\n
2. Se advierte que, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, esto es, el 2 de diciembre pasado, y la providencia censurada, han transcurrido m\u00e1s de once (11) meses, tiempo que supera el t\u00e9rmino establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si los petentes se demoraron en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la corporaci\u00f3n atacada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el alegato expuesto por los censores en el escrito de impugnaci\u00f3n no es admisible para justificar la tardanza en la presentaci\u00f3n del presente ruego constitucional, pues el Acuerdo PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020, se indic\u00f3 que las tutelas relacionadas con la vida, la salud y la libertad tendr\u00edan prelaci\u00f3n; empero, no se limit\u00f3 el derecho a acceder al amparo por otros motivos. <\/p>\n
En efecto, en el art\u00edculo 2\u00b0 del rese\u00f1ado acto administrativo, se indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos. A partir de la fecha las excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos adoptada ser\u00e1n las siguientes: 1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dar\u00e1 prelaci\u00f3n en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepci\u00f3n se har\u00e1 mediante correo electr\u00f3nico dispuesto para el efecto y para su tr\u00e1mite y comunicaciones se har\u00e1 uso de las cuentas de correo electr\u00f3nico y herramientas tecnol\u00f3gicas de apoyo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con nitidez se aprecia que, en manera alguna, se excluyeron reclamaciones de linaje constitucional, distintas a las all\u00ed priorizadas y, en esa medida, los promotores contaban con la posibilidad de acudir oportunamente a esta jurisdicci\u00f3n para invocar la protecci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas haciendo uso de los canales virtuales habilitados para ello. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
3 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
6 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
10 <\/p>\n
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