STC1060-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1060-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2020-00643-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 1\u00b0 de diciembre de 2020, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela promovida por Alfonso Farf\u00e1n Caballero, Yesid Alfonso, Blanca Jazm\u00edn Farf\u00e1n Quevedo, Paola Carolina y Felipe C\u00e9sar Andr\u00e9s Vergara Boh\u00f3rquez, contra el Juzgado Veinte de Familia de la misma ciudad; con ocasi\u00f3n del proceso de sucesi\u00f3n intestada de Mar\u00eda del Carmen Quevedo Guti\u00e9rrez, promovido por Eliseo Quevedo Guti\u00e9rrez (q.e.p.d.) y Ricarsinda Quevedo de Urrego, bajo el n\u00famero 2018-00614. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los actores suplican la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente quebrantadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De lo narrado en el escrito inicial y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada, se coligen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
El 11 de enero de 2019, Alfonso Farf\u00e1n Caballero, invocando su condici\u00f3n de albacea, acudi\u00f3 al juicio de sucesi\u00f3n intestada de Mar\u00eda del Carmen Quevedo Guti\u00e9rrez, para dar a conocer la existencia del \u201ctestamento verbal\u201d dejado por la causante. <\/p>\n
Como aqu\u00e9lla, seg\u00fan los accionantes, no ten\u00eda herederos forzosos, Farf\u00e1n Caballero solicit\u00f3 la adecuaci\u00f3n del tr\u00e1mite al de una \u201csucesi\u00f3n testada\u201d, petici\u00f3n desestimada \u201csin la m\u00e1s m\u00ednima motivaci\u00f3n\u201d, en providencia de 3 de abril siguiente, ratificada el 13 de septiembre posterior. <\/p>\n
Aunque, frente al \u00faltimo prove\u00eddo mencionado interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, el juzgado mantuvo lo decidido y deneg\u00f3 la alzada por improcedente, mediante auto de 24 de septiembre de la misma anualidad. <\/p>\n
Refieren que, el 19 de marzo de 2019, Farf\u00e1n Caballero pidi\u00f3 \u201cel reconocimiento de personer\u00eda jur\u00eddica\u201d, bajo las previsiones del art\u00edculo 1352 del C\u00f3digo Civil, sin embargo, \u201cel se\u00f1or juez nunca se pronunci\u00f3\u201d al respecto. <\/p>\n
Alegan que, aun cuando las herederas Alicia y Blanca Dolores Quevedo Guti\u00e9rrez consintieron el contenido del aludido testamento, el despacho confutado no se pronunci\u00f3 sobre el particular. <\/p>\n
Asimismo, reprochan la negativa del juzgado a tramitar la tacha de falsedad planteada por el apoderado de Alicia Quevedo Guti\u00e9rrez, frente a los poderes otorgados por los all\u00ed demandantes a la abogada Elo\u00edsa S\u00e1nchez Sarta, para el adelantamiento del decurso. <\/p>\n
Afirman que, para cuestionar la precitada \u201cirregularidad\u201d, Farf\u00e1n Caballero solicit\u00f3 declarar la nulidad de lo actuado y, en consecuencia, \u201ccon base en el testamento se iniciara nuevamente el tr\u00e1mite sucesoral por la v\u00eda testamentaria\u201d. Asimismo, requiri\u00f3 la remisi\u00f3n de copias a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones a las cuales hubiere lugar. No obstante, dichas peticiones, \u201cal igual que las anteriores, fueron denegadas mediante auto falto de motivaci\u00f3n y sin rebatir sus fundamentos\u201d, proceder que, aseveran, pone en duda la imparcialidad del estrado accionado. <\/p>\n
En criterio de los tutelantes, al margen de la validez del aludido testamento, el despacho convocado est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de impartirle a la sucesi\u00f3n el tr\u00e1mite correspondiente y, adem\u00e1s, el art\u00edculo 487 del C\u00f3digo General del Proceso permite adelantar conjuntamente la sucesi\u00f3n testada e intestada. <\/p>\n
3. Piden, en concreto, ordenar al despacho confutado decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto de apertura, \u201ce inici[ar] un nuevo proceso con base en el testamento aportado dentro del cual, tanto los accionantes como los dem\u00e1s asignatarios y herederos, puedan ejercer plenamente la defensa de sus derechos\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El juzgado confutado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder se\u00f1alando que el aqu\u00ed tutelante, Alfonso Farf\u00e1n Caballero, ha intentado hacer valer como testamento un documento suscrito por la causante denominado \u201ctestamento privilegiado (verbal)\u201d, sin embargo, por cuanto el mismo no re\u00fane los requisitos de los art\u00edculos 474 y 475 del estatuto procesal civil, mediante auto de 3 de abril de 2019, orden\u00f3 continuar la sucesi\u00f3n como intestada; decisi\u00f3n recurrida, sin \u00e9xito, por el accionante conforme al prove\u00eddo del 13 de septiembre de 2019, dada la caducidad del testamento, y del cual se rechaz\u00f3 un nuevo recurso de reposici\u00f3n por tratarse del mismo t\u00f3pico. <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno de Familia de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, ante ese despacho, se adelant\u00f3 el proceso de \u201csolicitud previa de aprobaci\u00f3n (sic) de testamento de la causante Mar\u00eda (sic) del Carmen Quevedo Guti\u00e9rrez (sic)\u201d, rechazado por auto de 4 de julio de 2018 y, aun cuando frente a dicha decisi\u00f3n se interpuso apelaci\u00f3n, el remedio fue inadmitido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mediante prove\u00eddo de 22 de agosto de 2018, siendo retirado por el interesado el 4 de septiembre de siguiente. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda, en primer lugar, al observar la falta de legitimaci\u00f3n de Yesid Alfonso, Blanca Jazm\u00edn Farf\u00e1n Quevedo, Paola Carolina y Felipe C\u00e9sar Andr\u00e9s Vergara Boh\u00f3rquez, por no ser parte en el asunto cuestionado. Adem\u00e1s, cuestion\u00f3 que los prenombrados no dirigieran las solicitudes aqu\u00ed expuestas directamente ante el estrado convocado. <\/p>\n
En lo atinente a Alfonso Farf\u00e1n Caballero, hall\u00f3 inobservado el requisito de inmediatez por cuanto las decisiones reprochadas datan del 13 de febrero, 3 de abril, 13 y 24 de septiembre de 2019, y 14 de febrero de 2020, superando el plazo de los seis meses considerado jurisprudencialmente como razonable para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tambi\u00e9n estim\u00f3 incumplido el requisito de subsidiariedad, pues el interesado no agot\u00f3 el recurso de queja para cuestionar el prove\u00eddo que deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n interpuesta frente al auto del 13 de septiembre de 2019 por el cual se ratific\u00f3 la negativa de adecuaci\u00f3n del tr\u00e1mite sucesoral. <\/p>\n
Al margen de lo antelado, descart\u00f3 la arbitrariedad del estrado confutado, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) el interesado no acompa\u00f1\u00f3 con la solicitud de adecuaci\u00f3n del tr\u00e1mite sucesoral de intestado a testado, la reducci\u00f3n del testamento verbal a escrito conforme a las exigencias del art\u00edculo 475 del C.G. del P., con miras a justificar su petici\u00f3n y en esa medida, las razones del Juzgado para negar en auto del 3 de abril de 2019, lo pretendido por el quejoso al se\u00f1alar que el \u201cel asunto se seguir\u00e1 tramitando por las reglas de la sucesi\u00f3n intestada\u201d, por cuanto el citado documento \u201cno cumple con lo dispuesto en los art\u00edculos 474 y 475 del C.G. del P.\u201d, y mantener tal decisi\u00f3n en prove\u00eddo del 13 de septiembre siguiente, no lucen arbitrarias ni antojadizas, sino ajustadas a la legalidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 Alfonso Farf\u00e1n Caballero, reprochando la negativa del amparo por la supuesta falta de legitimaci\u00f3n de sus representados, pues, en su criterio, \u201c(\u2026) para acudir a esa protecci\u00f3n es indiferente, o mejor, no es estrictamente necesario que quien lo hace \u00e9ste vinculado procesalmente pues basta que considere que sus derechos han sido vulnerados o amenazados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, legalmente, no existe un t\u00e9rmino fijado para acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, e insisti\u00f3 en la vulneraci\u00f3n alegada, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y se\u00f1alando que, contrario a lo afirmado por el a quo constitucional, <\/p>\n
\u201c(\u2026) las normas fundamento de las decisiones del 3 de abril y 13 de septiembre del 2.019, nada tienen que ver con los requisitos sustanciales que debe reunir todo testamento, ya que dichos art\u00edculos se refieren es al procedimiento que se debe adelantar en cada caso para su aprobaci\u00f3n, situaci\u00f3n muy diferente a la de su caducidad o nulidad. Lo segundo, carece de veracidad la afirmaci\u00f3n de que no se present\u00f3 la solicitud de elevarlo a escrito dentro de los treinta d\u00edas siguientes al fallecimiento de la causante y que se (sic) haya operado la caducidad, pues probado est\u00e1 de que s\u00ed se hizo dentro de ese t\u00e9rmino, petici\u00f3n que, es bueno anotar, al igual que las que hice sobre el cambio del tr\u00e1mite sucesoral, se deneg\u00f3 sin controvertir los fundamentos de hecho y de derecho, inclusive jurisprudenciales que expuse en su momento (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1. De entrada, es preciso advertir que esta salvaguarda constituye un tr\u00e1mite defensivo de los derechos fundamentales de las personas, cuyo prop\u00f3sito es la protecci\u00f3n inmediata; empero, no todas se encuentran facultadas para invocarla. <\/p>\n
Al respecto, basta auscultar el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, el cual si bien estipula: \u201c[l]a acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona\u201d, el mismo texto condiciona su legitimaci\u00f3n a quien sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no a los terceros; ahora, \u201cse pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u201d. <\/p>\n
El mencionado canon normativo es desarrollo de la regla 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de la cual se colige que a dicho auxilio solo puede acudir el \u201cvulnerad[o] o amenazad[o]\u201d en sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, en el promotor del resguardo debe existir un inter\u00e9s que habilite su intervenci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de quienes conforman alguno de los extremos del asunto o fueron tenidos o reconocidos como terceros intervinientes. <\/p>\n
2. Bajo esa tesitura, es claro el fracaso del ruego elevado por Yesid Alfonso, Blanca Jazm\u00edn Farf\u00e1n Quevedo, Paola Carolina y Felipe C\u00e9sar Andr\u00e9s Vergara Boh\u00f3rquez, porque, en el sub ex\u00e1mine, aqu\u00e9llos no ostentan ninguna de las calidades enunciadas. <\/p>\n
En efecto, las pruebas aportadas a estas diligencias revelan que los prenombrados no fueron parte o terceros intervinientes dentro del litigio materia de censura, por lo cual, se insiste, no pueden aducir el quebranto de sus garant\u00edas, por parte del Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En torno a lo expuesto, la Corte ha estimado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) \u2018cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSignifica lo anterior que no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones solo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite, no lograron que estas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. En lo atinente a la queja interpuesta por Alfonso Farf\u00e1n Caballero, quien, aduce la calidad de albacea testamentario, de entrada, se observa la inviabilidad del amparo por inobservancia del requisito de inmediatez, pues la decisi\u00f3n por la cual el juzgado accionado determin\u00f3 que el asunto se seguir\u00eda tramitando por las reglas de la sucesi\u00f3n intestada, por cuanto el citado documento \u201cno cumpl\u00eda con lo dispuesto en los art\u00edculos 474 y 475 del C.G. del P\u201d, data del 3 de abril de 2019, y el gestor acudi\u00f3 a este amparo hasta el 17 de noviembre de 2020, esto es, pasados m\u00e1s de un (1) a\u00f1o y siete (7) meses desde la presunta vulneraci\u00f3n, lapso que supera, ampliamente, el plazo de seis (6) meses adoptado por esta Sala como razonable para reclamar el resguardo de sus derechos. <\/p>\n
Sobre este aspecto la Corte, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Ahora, aun aceptando que la insistencia del actor actualiza la queja, la protecci\u00f3n incoada de todas maneras resulta intempestiva, pues, desde la emisi\u00f3n de la providencia de 24 de septiembre de 2019 que deneg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n frente al auto de 13 de septiembre anterior, por el cual se ratific\u00f3 la negativa de adecuaci\u00f3n del tr\u00e1mite sucesoral, a la fecha de interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n, transcurrieron casi catorce (14) meses, sin evidenciarse circunstancias que justifiquen la inactividad del interesado. <\/p>\n
4. Lo propio ocurre frente a la providencia de 14 de febrero de 2020, por la cual la juez accionada se pronunci\u00f3 con respecto a las presuntas irregularidades en los poderes otorgados por los all\u00ed demandantes a la abogada Eloisa S\u00e1nchez Sarta, pues pasaron m\u00e1s de nueve (9) meses sin que el interesado acudiera a esta especial jurisdicci\u00f3n a poner en conocimiento esas supuestas anomal\u00edas. <\/p>\n
Con todo, si el actor considera que tanto la actuaci\u00f3n del juzgado como de la mencionada profesional del derecho, es constitutiva de alguna conducta punible o susceptible de vigilancia administrativa, deber\u00e1 acudir directamente ante las autoridades competentes a formular las denuncias correspondientes, asumiendo la responsabilidad que ello conlleva; pues rebasa el objeto de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional la indagaci\u00f3n de dichas situaciones. <\/p>\n
5. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC de 21 de enero de 2015, exp. 08001-22-13-000-2014-00598-01. <\/p>\n
2 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00 <\/p>\n
3 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC1060-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente STC1060-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2020-00643-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53445","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53445","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53445"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53445\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53445"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53445"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53445"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}