STC1061-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
STC1061-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2020-00301-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2020, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Rosaura Mart\u00ednez Quintero contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo con acci\u00f3n mixta, radicado n\u00ba 2014-00371, iniciado por Bancolombia S.A. a la aqu\u00ed gestora. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La impulsora reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por la autoridad jurisdiccional atacada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos soporte del presente resguardo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
La precitada entidad financiera instaur\u00f3 juicio coercitivo mixto contra la precursora, para obtener el pago de la suma, debidamente indexada, de $281.025.625, garantizada mediante hipoteca abierta, sin l\u00edmite de cuant\u00eda, sobre el inmueble con matr\u00edcula 370-70135 y cuatro pagar\u00e9s. Como medidas cautelares, solicit\u00f3 el embargo y secuestro de la aludida edificaci\u00f3n y de los dineros depositados en todo tipo de productos bancarios a nombre de la morosa. <\/p>\n
El 7 de octubre de 2017, tras tener por sustituida la demanda, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali libr\u00f3 mandamiento de pago y, el 19 de mayo de 2018, ante el silencio de la convocada durante el t\u00e9rmino para presentar excepciones, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, practicar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, avaluar y rematar el bien objeto de la garant\u00eda real y enviar el expediente a los jueces de ejecuci\u00f3n de sentencias. <\/p>\n
El despacho accionado avoc\u00f3 el conocimiento de las diligencias, aprob\u00f3 el estado de cuentas por $369.862.396,451 y, en prove\u00eddo de 22 de agosto de 2019, corri\u00f3 traslado de la estimaci\u00f3n econ\u00f3mica del inmueble cautelado ($461.959.500), allegado por el acreedor, con fundamento en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso2, esto es, el catastral m\u00e1s el 50%. <\/p>\n
Concluido el respectivo t\u00e9rmino sin pronunciamiento de la pasiva, se fij\u00f3 el 26 de noviembre del mismo a\u00f1o a las 10:00 de la ma\u00f1ana, para llevar a cabo la audiencia de remate. <\/p>\n
Llegado el d\u00eda y hora de la convocatoria, a la cual \u00fanicamente concurri\u00f3 Bancolombia S.A., \u00e9ste formul\u00f3 postura por la suma de $369.862.396, superior al 70% del justiprecio del predio ($323.371.650). El estrado censurado la admiti\u00f3, ordenando la adjudicaci\u00f3n del bien ra\u00edz al acreedor. <\/p>\n
Por auto de 21 de enero de 2020, corregido el 7 de febrero del mismo a\u00f1o y ratificado el 6 de marzo posterior, la autoridad cuestionada requiri\u00f3 a la instituci\u00f3n financiera cancelar los dineros correspondientes a las obligaciones laborales a cargo de la deudora y comunicadas por los Juzgados Dieciocho y Diecisiete de esa especialidad, cuya concurrencia de embargos hab\u00eda sido admitida mediante providencias de 23 de agosto de 2017 y 19 de abril de 2018. <\/p>\n
El 4 de marzo de 2020 la hoy querellante deprec\u00f3 la ilegalidad de la almoneda, por haberse acogido la postura de su acreedor, \u201csin dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 468 del C\u00f3digo General del Proceso3\u201d. El pedimento fue desestimado en pronunciamiento del 8 de septiembre, ratificado el 18 de noviembre de 2020, por cuanto el decurso adelantado es un ejecutivo mixto y no el procedimiento de \u201cadjudicaci\u00f3n o realizaci\u00f3n especial de la garant\u00eda real\u201d, consagrado en la norma cuya aplicaci\u00f3n invoc\u00f3 la libelista. <\/p>\n
La promotora califica como \u201carbitrarias\u201d las determinaciones adoptadas por el fallador recriminado, pues desconocen el contenido del art\u00edculo 468 del ordenamiento procesal aplicable al pleito y el criterio jurisprudencial expuesto por esta Corte en la sentencia STC2136-2019, al <\/p>\n
\u201c(\u2026) adjudicar al banco acreedor el inmueble por el equivalente al 80% del aval\u00fao (\u2026) y (\u2026) no acceder a la declaratoria de ilegalidad solicitada (\u2026) [lo cual torna] indispensable la intervenci\u00f3n del juez de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable [al] continuar el proceso bajo los lineamiento[s] [del] C\u00f3digo de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo mixto y negarse[,] (\u2026) sin soportar su decisi\u00f3n a dar aplicaci\u00f3n a los postulados [del] numeral 5\u00ba del art\u00edculo 468 [adjetivo] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Ruega, en concreto, dejar sin valor ni efecto el remate de su predio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y los vinculados <\/p>\n
1. El juez accionado narr\u00f3 la gesti\u00f3n surtida en el decurso materia de ataque y defendi\u00f3 su legalidad. <\/p>\n
2. Dentro del t\u00e9rmino otorgado para contestar, los dem\u00e1s interesados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo por encontrar razonables las decisiones reprochadas; adicionalmente, destac\u00f3 la insatisfacci\u00f3n del requisito de subsidiariedad, ante el desperdicio de los instrumentos jur\u00eddicos dise\u00f1ados por el legislador para controvertir la adjudicaci\u00f3n por cuenta del cr\u00e9dito, dispuesta por el funcionario ejecutor. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La inco\u00f3 la quejosa, insistiendo en los argumentos expuestos en el libelo introductor, por cuanto, desde su perspectiva, ning\u00fan fundamento expuso el a quo constitucional para apartarse de la normatividad consagrada en el C\u00f3digo General del Proceso aplicable a su juicio en virtud del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 6254 ni del precedente sentado por esta Corte en la sentencia tra\u00edda a colaci\u00f3n en su queja. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El presente resguardo estriba en establecer si, con la providencia de 8 de septiembre de 2020, ratificada el 18 de noviembre del mismo a\u00f1o, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la ciudad de Cali, trasgredi\u00f3 los derechos de la tutelante, al no declarar la ilegalidad de la adjudicaci\u00f3n por cuenta del cr\u00e9dito, decretada al t\u00e9rmino de la diligencia de remate del inmueble objeto de la garant\u00eda real, en el compulsivo mixto iniciado por Bancolombia S.A. <\/p>\n
2. Sin dificultad se advierte el fracaso del resguardo por la inobservancia del presupuesto de subsidiariedad, pues si la reclamante estimaba que su acreedor deb\u00eda cubrir el 100% del valor del predio para hacerse a su dominio, como lo prev\u00e9 el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 468 del C\u00f3digo General del Proceso5, y, por lo tanto, no pod\u00eda admitirse su postura por el 80%, as\u00ed debi\u00f3 exponerlo \u201cantes de la adjudicaci\u00f3n de los bienes\u201d como lo impone el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 452 ej\u00fasdem6. <\/p>\n
Al no haber procedido de esa manera, las irregularidades cometidas, seg\u00fan el dicho de la inconforme, en la memorada audiencia, quedaron saneadas al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 455 ibidem7. <\/p>\n
El descuido de la convocante, quien solo acudi\u00f3 al proceso cuatro meses despu\u00e9s de llevada a cabo la almoneda y emitida la decisi\u00f3n ahora censurada -26 de noviembre de 2019-, le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza residual, cuya instauraci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los sujetos procesales, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades desaprovechadas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al requisito de procedibilidad en comento, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)9\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es palpable, la propia impulsora fue quien desperdici\u00f3 las herramientas establecidas por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los intervinientes en un litigio, al no haber observado las reglas y perentorios plazos de interposici\u00f3n del medio defensivo procedente contra la determinaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
3. Al margen de lo anterior, la postura examinada no se observa absurda al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, pues la sede cuestionada deneg\u00f3 el pedimento, por dem\u00e1s tard\u00edo, de la censora, basada en un entendimiento prudente y motivado de las normas aplicables y en una adecuada hermen\u00e9utica del precedente jurisprudencial sobre la materia. <\/p>\n
En efecto, el juzgador convocado estim\u00f3 inviable la aplicaci\u00f3n de la normatividad para el proceso de \u201cadjudicaci\u00f3n o realizaci\u00f3n especial de la garant\u00eda real\u201d (art\u00edculos 467 y 468 adjetivos), al compulsivo mixto adelantado por Bancolombia S.A. a la ahora quejosa, por tratarse de asuntos de distinta naturaleza, en tanto el primero de ellos, exige la pretensi\u00f3n del pago de una suma de dinero \u201cexclusivamente con el producto de los bienes gravados con hipoteca o prenda\u201d, mientras el \u00faltimo permite la persecuci\u00f3n de otro tipo de propiedades. <\/p>\n
Como la citada entidad financiera no encaus\u00f3 su demanda por la particular senda comentada, sino que, expresamente, indic\u00f3 su inter\u00e9s de adelantar un litigio \u201cejecutivo con acci\u00f3n mixta\u201d y solicit\u00f3 el embargo de propiedades distintas al inmueble hipotecado, lo propio, concluy\u00f3 el juez ejecutor, era adelantar el juicio bajo los lineamientos generales consagrados en los cap\u00edtulos I a III del T\u00edtulo \u00danico de la Secci\u00f3n segunda del ordenamiento procesal (Ley 1564 de 2012). <\/p>\n
Tal tesis, contrario a lo aseverado por la libelista, no desconoce el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n consagrado en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 625 del Estatuto Adjetivo para los decursos de la estirpe en estudio, pues, precisamente, con apoyo en sus preceptos fue desarrollada la fase posterior al vencimiento del t\u00e9rmino para presentar excepciones. <\/p>\n
Tampoco se aparta el criterio del funcionario fustigado, del precedente de esta Corporaci\u00f3n, pues el entendimiento expuesto por la gestora frente a la sentencia STC2136-2019 de 25 de febrero de 2019, es equivocado y as\u00ed tuvo oportunidad de explicarlo esta Sala, en un caso de similares contornos al de ahora, donde se precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]o as\u00ed resuelto lejos est\u00e1 de pugnar con la sentencia de tutela STC2136-2019, pues all\u00ed, contrario a lo sostenido por los actores, se consider\u00f3 que para el ejercicio del derecho de persecuci\u00f3n por parte del acreedor hipotecario, \u00e9ste \u2018(\u2026) podr\u00e1 hacer uso de los mecanismos que ha previsto el C\u00f3digo General del Proceso, en los que podr\u00e1 perseguir tanto el bien gravado como cualquier otro de propiedad del deudor (art. 422 y ss.), como tambi\u00e9n acudir al nuevo procedimiento de \u2018adjudicaci\u00f3n o realizaci\u00f3n especial de la garant\u00eda real\u2019 (art. 467), que permite al acreedor solicitar desde el principio la adjudicaci\u00f3n del bien para el pago de su acreencia, y en caso de presentarse oposici\u00f3n mediante excepciones de m\u00e9rito se deba acudir a las reglas especiales que se han dispuesto cuando se opta por adelantar la ejecuci\u00f3n para procurar la satisfacci\u00f3n de obligaci\u00f3n dineraria exclusivamente con el producto de los bienes dados en garant\u00eda real (art. 468)\u2019[.] <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n este caso, como se vio, (\u2026) la acreedora opt\u00f3 por el primer tr\u00e1mite citado, [donde], [seg\u00fan] se expuso en el [memorado] fallo, \u2018se ha dispuesto, como regla general, que la subasta para el pago de las obligaciones deber\u00e1 cumplir las exigencias de los art\u00edculos 448 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, entre las [cuales] resulta relevante[,] para el caso en estudio que en ning\u00fan caso el precio base para la licitaci\u00f3n podr\u00e1 ser inferior al 70% del aval\u00fao dado a los bienes objeto de remate, pudiendo hacer postura sin limitaci\u00f3n alguna cualquiera de los acreedores acumulados o terceros interesados, de suerte que se le adjudicar\u00e1 a [quien] haga la mejor oferta, con el solo compromiso de que si \u2018el rematante fuere acreedor de mejor derecho el remate s\u00f3lo se aprobar\u00e1 si consigna[,] adem\u00e1s[,] el valor de las costas causadas en inter\u00e9s general de los acreedores, a menos que exista saldo del precio suficiente para el pago de ellos\u2019 (\u2026)10\u201d. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la aplicabilidad de las previsiones consagradas en los art\u00edculos 467 y 468 del C\u00f3digo General del Proceso, solo es viable en aquellos eventos en donde el acreedor elige perseguir \u201cel pago de una obligaci\u00f3n en dinero, exclusivamente con el producto de los bienes gravados con hipoteca o prenda\u201d, como lo exige el segundo canon, pues en el caso de acciones mixtas, no es dable predicar el cumplimiento de dicho presupuesto f\u00e1ctico y, por tanto, las normas llamadas a gobernar la lid, ser\u00e1n las generales previstas en los art\u00edculos 422 y siguientes, que permiten al ejecutante \u00fanico \u201crematar por cuenta de su cr\u00e9dito (inciso 2\u00ba del art\u00edculo 451)11\u201d, como lo hizo Bancolombia S.A. en este asunto, siempre y cuando, claro est\u00e1, se subasten las propiedades por un porcentaje igual o superior al 70% de su aval\u00fao (inc. 3\u00ba del art\u00edculo 448 ej\u00fasdem12), condici\u00f3n tambi\u00e9n satisfecha en el tr\u00e1mite rebatido. <\/p>\n
4. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d13. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
5. En cuanto a la presunta vulneraci\u00f3n de la prerrogativa establecida en el art\u00edculo 13 de la Carta Pol\u00edtica, no est\u00e1 demostrado que, en iguales condiciones a las descritas en esta salvaguarda, la sede judicial accionada hubiese impartido un trato diferente en favor de otras personas y, como qued\u00f3 puntualizado, el decurso analizado en la sentencia cuya aplicaci\u00f3n reclam\u00f3 la inconforme, es distinto al suyo, pues se trataba, exclusivamente, de un ejecutivo hipotecario y no uno de naturaleza mixta como el promovido en su contra. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos14 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196915, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d16, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio17. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-18, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales19; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas20. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Auto de 5 de octubre de 2016, sin objeciones de la demandada. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Trat\u00e1ndose de bienes inmuebles el valor ser\u00e1 el del aval\u00fao catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50%), salvo que quien lo aporte considere que no es id\u00f3neo para establecer su precio real. En este evento, con el aval\u00fao catastral deber\u00e1 presentarse un dictamen obtenido en la forma indicada en el numeral 1 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) Cuando el acreedor persiga el pago de una obligaci\u00f3n en dinero, exclusivamente con el producto de los bienes gravados con hipoteca o prenda, se observar\u00e1n las siguientes reglas: <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
5. Remate de bienes. El acreedor con hipoteca de primer grado, podr\u00e1 hacer postura con base en la liquidaci\u00f3n de su cr\u00e9dito; si quien lo hace es un acreedor hipotecario de segundo grado, requerir\u00e1 la autorizaci\u00f3n de aquel y as\u00ed sucesivamente los dem\u00e1s acreedores hipotecarios. <\/p>\n
Si el precio del bien fuere inferior al valor del cr\u00e9dito y las costas, se adjudicar\u00e1 el bien por dicha suma; si fuere superior, el juez dispondr\u00e1 que el acreedor consigne a orden del juzgado la diferencia con la \u00faltima liquidaci\u00f3n aprobada del cr\u00e9dito, y de las costas si las hubiere, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, caso en el cual aprobar\u00e1 el remate. <\/p>\n
Si el acreedor no realiza oportunamente la consignaci\u00f3n se proceder\u00e1 como lo dispone el inciso final del art\u00edculo 453. <\/p>\n
Si son varios los acreedores y se han liquidado costas a favor de todos, se aplicar\u00e1 lo preceptuado en el numeral 7 art\u00edculo 365. <\/p>\n
Cuando el proceso verse sobre la efectividad de la prenda y esta se justiprecie en suma no mayor a un salario m\u00ednimo mensual, en firme el aval\u00fao el acreedor podr\u00e1 pedir su adjudicaci\u00f3n dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes, para lo cual en lo pertinente se aplicar\u00e1n las reglas de este art\u00edculo. <\/p>\n
Cuando a pesar del remate o de la adjudicaci\u00f3n del bien la obligaci\u00f3n no se extinga, el acreedor podr\u00e1 perseguir otros bienes del ejecutado, sin necesidad de prestar cauci\u00f3n, siempre y cuando este sea el deudor de la obligaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4 \u201c(\u2026) Los procesos en curso al entrar a regir este c\u00f3digo, se someter\u00e1n a las siguientes reglas de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
En aquellos procesos ejecutivos en curso en los que, a la entrada en vigencia de este c\u00f3digo, hubiese precluido el traslado para proponer excepciones, el tr\u00e1mite se adelantar\u00e1 con base en la legislaci\u00f3n anterior hasta proferir la sentencia o auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n. Dictada alguna de estas providencias, el proceso se seguir\u00e1 conforme a las reglas establecidas en el C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5 \u201c(\u2026) El acreedor con hipoteca de primer grado, podr\u00e1 hacer postura con base en la liquidaci\u00f3n de su cr\u00e9dito; si quien lo hace es un acreedor hipotecario de segundo grado, requerir\u00e1 la autorizaci\u00f3n de aquel y as\u00ed sucesivamente los dem\u00e1s acreedores hipotecarios. <\/p>\n
Si el precio del bien fuere inferior al valor del cr\u00e9dito y las costas, se adjudicar\u00e1 el bien por dicha suma; si fuere superior, el juez dispondr\u00e1 que el acreedor consigne a orden del juzgado la diferencia con la \u00faltima liquidaci\u00f3n aprobada del cr\u00e9dito, y de las costas si las hubiere, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, caso en el cual aprobar\u00e1 el remate (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6 \u201c(\u2026) Los interesados podr\u00e1n alegar las irregularidades que puedan afectar la validez del remate hasta antes de la adjudicaci\u00f3n de los bienes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7 \u201c(\u2026) Las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerar\u00e1n saneadas si no son alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n
Las solicitudes de nulidad que se formulen despu\u00e9s de esta, no ser\u00e1n o\u00eddas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
8 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
9 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
10 CSJ STC4927-2020 de 29 de julio de 2020, exp. 68001-22-13-000-2020-00199-01. <\/p>\n
11 \u201c(\u2026) Sin embargo, quien sea \u00fanico ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho podr\u00e1 rematar por cuenta de su cr\u00e9dito los bienes materia de la subasta sin necesidad de consignar porcentaje, siempre que aquel equivalga por lo menos al cuarenta por ciento (40%) del aval\u00fao en caso contrario consignar\u00e1 la diferencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
12 \u201c(\u2026) En el auto que ordene el remate el juez realizar\u00e1 el control de legalidad para sanear las irregularidades que puedan acarrear nulidad. En el mismo auto fijar\u00e1 la base de la licitaci\u00f3n, que ser\u00e1 el setenta por ciento (70%) del aval\u00fao de los bienes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
13 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
14 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
15 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
16 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
17 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
18 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
19 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
20 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1061-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA STC1061-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2020-00301-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 14 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53446","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53446","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53446"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53446\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53446"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53446"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53446"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}