STC1062-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1062-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01772-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 24 de noviembre de 2020, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jaime Smith Ortiz frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo hipotecario\u201d iniciado por el Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. contra Marco Orlando Betancourt Armero y Myriam Forero de Betancourt. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor implora la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente transgredidos por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. inco\u00f3 el decurso contra Marco Orlando Betancourt Armero y Myriam Forero de Betancourt, con el objeto de cobrar unas sumas de dinero contenidas en el pagar\u00e9 \u201cN\u00ba 2000-1-039888-5\u201d, respaldadas en el gravamen constituido en la escritura p\u00fablica \u201cN\u00ba 5187\u201d de 4 de septiembre de 1996 de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, sobre el predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria \u201cN\u00ba 50C-1377384\u201d, ubicado en la \u201ccalle 43\u00aa # 66b-27, apto 503, Conjunto Residencial Santillana II Etapa\u201d1. <\/p>\n
Agotadas las etapas de rigor, la autoridad judicial acusada avoc\u00f3 conocimiento en el asunto debatido y, en auto de 12 de septiembre de 2017, orden\u00f3 la actualizaci\u00f3n del \u201cdespacho comisorio N\u00ba 031 de 11 de octubre de 2016\u201d, elaborado por la Oficina de Apoyo de esa dependencia, con el objeto de adelantar la diligencia de entrega del bien referenciado, al rematante2. <\/p>\n
El Juzgado Cuarenta Civil Municipal de esta urbe, efectu\u00f3 el acto rese\u00f1ado y, ese mismo d\u00eda, Jaime Smith, aqu\u00ed tutelante, present\u00f3 oposici\u00f3n3. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 14 de agosto de 2019, la juez fustigada \u201crechaz\u00f3 de plano\u201d la manifestaci\u00f3n realizada por el promotor4. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, el gestor inco\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n5. <\/p>\n
En providencia de 4 de febrero de 2020, la funcionaria acusada mantuvo su decisi\u00f3n inc\u00f3lume y concedi\u00f3 el remedio vertical en el \u201cefecto devolutivo\u201d6. <\/p>\n
El 10 de febrero de 2020, el quejoso exigi\u00f3 la aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n del anterior veredicto, solicitando, adem\u00e1s, \u201c(\u2026) el cambio del efecto del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
En auto calendado el 20 de febrero de 2020, la servidora encargada deneg\u00f3 los pedimentos elevados por el petente8. <\/p>\n
Asevera el precursor que la c\u00e9lula confutada no se ha \u201c(\u2026) pronunciado frente a los dos memoriales radicados el d\u00eda 10 de febrero de 2020 [y, adem\u00e1s, sigue] adelante con el proceso (\u2026)\u201d, lo cual, en su sentir, vulnera sus garant\u00edas superiores, pues, \u201cpasa por alto\u201d sus solicitudes \u201c(\u2026) que condicionan la din\u00e1mica (\u2026)\u201d del juicio reprochado y dependen, \u201cb\u00e1sicamente\u201d, de su consecuci\u00f3n9. <\/p>\n
3. Pide, por tanto, ordenar al juzgado fustigado que se pronuncie acerca de sus pedimentos, elevados el 10 de febrero de 202010. <\/p>\n
1. Respuesta de la accionada <\/p>\n
1. La judicatura acusada realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en esa instancia, destacando que, mediante auto calendado el 14 de agosto de 2019, \u201c(\u2026) rechaz\u00f3 de plano la oposici\u00f3n planteada (\u2026)\u201d por el tutelante en la diligencia de entrega del fundo rematado. <\/p>\n
Aunado, se\u00f1al\u00f3, el 4 de febrero de 2020 resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n enarbolado por el gestor contra la anterior determinaci\u00f3n y, el 20 de febrero siguiente, deneg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n formulada por aqu\u00e9l. <\/p>\n
Por \u00faltimo, adujo que remiti\u00f3 el expediente a la Oficina de Apoyo de esa dependencia, quien, \u201c(\u2026) previo al suministro de las expensas necesarias, elabor\u00f3 el oficio N\u00ba OCCES20-GB0122 de fecha 23 de octubre de 2020 (\u2026)\u201d, para su env\u00edo al superior jer\u00e1rquico y surtir la alzada frente a esa providencia, la cual concedi\u00f3 en el efecto devolutivo. <\/p>\n
En ese orden, exigi\u00f3 se nieguen las s\u00faplicas del gestor, pues, seg\u00fan advirti\u00f3, el amparo \u201c(\u2026) deviene improcedente, por cuanto no se ha quebrantado, amenazado ni puesto en peligro ning\u00fan derecho fundamental (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
2. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 manifestaci\u00f3n, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional no accedi\u00f3 al resguardo implorado, \u201c(\u2026) en los t\u00e9rminos pedidos, (\u2026) porque la juez accionada s\u00ed se pronunci\u00f3 sobre las solicitudes que el se\u00f1or Smith radic\u00f3 el 10 de febrero de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De otra parte, al observar lo comunicado por la funcionaria enjuiciada \u201c(\u2026) y consultado el proceso en la p\u00e1gina de la Rama Judicial (\u2026)\u201d, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]\u00fan no se han remitido las copias necesarias del expediente para que este Tribunal Superior desate el recurso de apelaci\u00f3n que el accionante formul\u00f3 contra el auto que rechaz\u00f3 su oposici\u00f3n, por lo que se abrir\u00e1 paso a la tutela para que la juzgadora, a trav\u00e9s de la oficina de apoyo, proceda a remitirlo como mensaje de datos (\u2026)\u201d12. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el precursor, argumentando la importancia de obtener una definici\u00f3n por parte de la falladora accionada, acerca de su solicitud de \u201caclaraci\u00f3n\u201d, respecto del prove\u00eddo de 4 de febrero de 2020, pues, seg\u00fan acota, expuso \u201c(\u2026) errores de forma y no de fondo (\u2026) que afectar\u00edan la decisi\u00f3n (\u2026)\u201d en sede de apelaci\u00f3n13. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El querellante censura la actuaci\u00f3n de la juez fustigada, quien, afirma, ha menoscabado las prerrogativas invocadas, al incurrir en una tardanza injustificada para emitir un pronunciamiento respecto de dos pedimentos radicados el 10 de febrero de 2020. <\/p>\n
2. La mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n14 y de la Corte Constitucional15, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura comparte y hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana16 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos17, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Fallar los negocios dentro de un plazo razonable18 no es una obligaci\u00f3n impuesta, exclusivamente, por el legislador nacional; obligaciones internacionales adquiridas por Colombia radican en los jueces, cualquiera sea su grado, el deber de solucionar oportunamente las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
Esta Sala reprocha toda actuaci\u00f3n de los funcionarios y jueces tendientes a generar incertidumbre y zozobra a quienes acuden al sistema judicial, pues cuando el usuario debe esperar un plazo excesivo para la resoluci\u00f3n de su pleito o el diligenciamiento de sus peticiones, se estructura la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, tales como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por tanto, es la acci\u00f3n de tutela el medio eficaz para amparar las prerrogativas quebrantadas por la demora en la tramitaci\u00f3n de su caso. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, la Corte Constitucional ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El desconocimiento del plazo razonable viola la garant\u00eda de acceso oportuno a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026). De esta forma, la carencia de una soluci\u00f3n de fondo que resuelva el asunto jur\u00eddico planteado (…), desconoce la seguridad jur\u00eddica y su derecho a que se resuelva la situaci\u00f3n. La irrazonabilidad del plazo dentro de un proceso frustra el acceso a la administraci\u00f3n de justicia en el componente del derecho a obtener una decisi\u00f3n judicial. No basta con estar en presencia de una autoridad judicial, es indispensable que ella resuelva la situaci\u00f3n para que haya pleno acceso a la jurisdicci\u00f3n. (\u2026)\u201d19. <\/p>\n
3. Revisadas las pruebas adosadas a esta tramitaci\u00f3n, se constata la inviabilidad del auxilio pretendido, pues no se avizora que la c\u00e9lula atacada haya incurrido en la negligencia a ella imputada, para resolver sobre las solicitudes elevadas por el inicialista el 10 de febrero de 2020. <\/p>\n
Se destaca, en el subex\u00e1mine, el quejoso implor\u00f3, en escritos separados, de un lado, la aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n del veredicto de 4 de febrero de 2020, dictado por el estrado cognoscente, pues, seg\u00fan sostuvo, en aquella oportunidad no se pronunci\u00f3 sobre \u201c(\u2026) el nombramiento del secuestre (\u2026)[, as\u00ed como tampoco, acerca] de la prueba trasladada (\u2026)\u201d y, de otro, pidi\u00f3 el \u201c(\u2026) cambio de efecto de la apelaci\u00f3n concedida (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 20 de febrero de 2020, el despacho encausado, sobre lo requerido por el peticionario, advirti\u00f3 no haber \u201c(\u2026) omiti[do] resolver (\u2026) ninguno de los puntos sobre los que versaba el recurso all\u00ed desatado (\u2026)\u201d e, igualmente, asegur\u00f3: \u201c(\u2026) no se evidencia que el auto en cita contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Finalmente, respecto a la modificaci\u00f3n del efecto de la alzada, la judicatura convocada la neg\u00f3 porque lo hizo con apego a la codificaci\u00f3n procesal civil vigente y, \u201c(\u2026) en esa direcci\u00f3n, los argumentos del opositor carecen de asidero (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La gesti\u00f3n descrita evidencia que la servidora querellada, contrario a lo expuesto por el petente, s\u00ed resolvi\u00f3 lo exigido por el promotor en la contienda reprochada, de manera oportuna y conforme a sus competencias y a la normatividad aplicable, por tanto, la tardanza endilgada por el querellante, en relaci\u00f3n con los pedimentos rese\u00f1ados, es inexistente. <\/p>\n
3.1. Con todo, en torno al efecto del remedio vertical concedido por la juez cognoscente, se advierte, al superior jer\u00e1rquico le corresponde, previo a admitir la alzada, realizar el examen preliminar de la providencia apelada y efectuar, si es el caso, la correcci\u00f3n sobre su tramitaci\u00f3n, tal como lo establece inciso 6\u00ba del art\u00edculo 325 del C\u00f3digo General del Proceso20, quedando entonces, en el juez natural, la potestad de definir acerca de esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Ahora, concerniente a lo ordenado por el a quo constitucional, se destaca, la c\u00e9lula querellada aport\u00f3, en este tr\u00e1mite, lo correos enviados al tribunal el 26 de noviembre de 2020 a las 11:36 a.m.21 con el dossier materia de censura digitalizado, ello para que se surtiera el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el peticionario contra el prove\u00eddo de 14 de agosto de 2019, mediante el cual se \u201crechaz\u00f3 de plano\u201d la oposici\u00f3n incoada por \u00e9ste en la diligencia de entrega. <\/p>\n
Pese a lo discurrido, el mandato impartido en primer grado ser\u00e1 ratificado, pues no puede comprenderse la configuraci\u00f3n de un \u201checho superado\u201d, por cuanto, de un lado, el acto descrito se realiz\u00f3 en virtud de lo dispuesto por el tribunal y, de otro, es claro el amplio t\u00e9rmino transcurrido desde la formulaci\u00f3n del remedio vertical, por parte del tutelante, y la remisi\u00f3n del expediente al fallador de segundo grado -26 de noviembre de 2020-; tardanza no justificada. <\/p>\n
3.3. Recu\u00e9rdese, a la juez cognoscente, como encargada de la orientaci\u00f3n del proceso judicial, le asiste el deber de velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n con celeridad y diligencia, adoptando las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del decurso, por lo tanto, ser\u00e1 responsable por las demoras que ocurran por el incumplimiento a ese mandato, tal como lo precept\u00faa el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso22. <\/p>\n
Los t\u00e9rminos previstos en el estatuto procesal civil no constituyen una formalidad. Se trata de una b\u00fasqueda de la justicia material para los administrados y justiciables en el Estado Constitucional de Derecho, de modo que los juicios no se deben someter a plazos interminables, de nunca acabar. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. <\/p>\n
S\u00f3lo hay justicia si las controversias se resuelven r\u00e1pida y cumplidamente, en lapsos razonables, de manera que la ciudadan\u00eda, crea en sus jueces y en el Estado, porque sus litigios se decidir\u00e1n prontamente y sin dilaciones. El juez del Estado contempor\u00e1neo comprende las necesidades de la ciudadan\u00eda y acata responsablemente sus deberes cuando dispensa justicia a tiempo y en forma transparente. El verdadero juzgador es adalid de la confianza leg\u00edtima, de la seguridad jur\u00eddica y de la inclusi\u00f3n y reconocimiento de derechos. Esta tarea la verifica al sentenciar con celeridad, comprometido con pol\u00edticas p\u00fablicas de soluci\u00f3n \u00e1gil de las controversias a su cargo. <\/p>\n
Por consiguiente, se mantendr\u00e1 el mandato de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, consistente en el env\u00edo de \u201c(\u2026) forma inmediata, (\u2026) \u2013como mensaje de datos- de las copias necesarias para que se surta el recurso de apelaci\u00f3n que el accionante interpuso contra el auto de 14 de agosto de 2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, por el motivo antes se\u00f1alado, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196923, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d24, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio25. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia26, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales27; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas28. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase copia de este pronunciamiento al juzgado involucrado. <\/p>\n
TERCERO: Env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Cuaderno Principal. <\/p>\n
2 Folio 436; \u201c02Cuaderno\u201d <\/p>\n
3 Folio 1; Cuaderno \u201c11. Respuesta 1 Juzgado 3 de Ejecuci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
4 Folio 1; Cuaderno \u201c11. Respuesta 1 Juzgado 3 de Ejecuci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
5 Ibidem. <\/p>\n
6 Ibidem. <\/p>\n
7 Folios 7 al 14; Cuaderno \u201c09. Respuesta Anexo 1\u201d. <\/p>\n
8 Folio 15; Cuaderno \u201c09. Respuesta Anexo 1\u201d. <\/p>\n
9 Folio 1; Cuaderno \u201c03. Anexo Escrito de Tutela\u201d. <\/p>\n
10 Folio 5; Cuaderno \u201c05. Escrito de Tutela\u201d. <\/p>\n
11 Folios 1 al 4; Cuaderno \u201c11. Respuesta 1 Juzgado 3 de Ejecuci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
12 Folios 1 al 4; Cuaderno \u201c12. Fallo Primera Instancia\u201d. <\/p>\n
14 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01. Y varias m\u00e1s. <\/p>\n
15 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
16 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
17 Asuntos Adolf c. Austria, de 26 de marzo de 1982; Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983; Erckner y Hofauer c. Austria, de 23 de abril de 1987 y Kizil\u02c6z c. Turqu\u00eda, de 25 de septiembre de 2001, entre otros. <\/p>\n
18 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 8, garant\u00eda judicial 1. <\/p>\n
19 Corte Constitucional. Sentencia SU 394 de 2016. <\/p>\n
20 ART\u00cdCULO 325. EXAMEN PRELIMINAR. <\/p>\n
Cuando la apelaci\u00f3n haya sido concedida en un efecto diferente al que corresponde, el superior har\u00e1 el ajuste respectivo y lo comunicar\u00e1 al juez de primera instancia. Efectuada la correcci\u00f3n, continuar\u00e1 el tr\u00e1mite del recurso. <\/p>\n
21 Folios 1 al 4; Cuaderno \u201cCumplimiento al Fallo\u201d. <\/p>\n
22 ART\u00cdCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez: <\/p>\n
1. Dirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal. <\/p>\n
23 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
24 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
25 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
26 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
27 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
28 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC1062-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1062-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01772-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 24 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53447","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53447","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53447"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53447\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53447"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53447"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53447"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}