STC1065-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1065-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2020-00315-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 11 de diciembre de 2020, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la salvaguarda promovida por Nueva E.P.S., frente al Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad; con ocasi\u00f3n del incidente de desacato seguido a continuaci\u00f3n del amparo incoado por Ingrid Mayerly Cruz Galeano, en calidad de agente oficiosa de Austin Daniel Betancourt Cruz, contra la aqu\u00ed petente, con radicado n\u00b0 2019-00296. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que, en desarrollo del tr\u00e1mite incidental censurado, mediante auto de 10 de octubre de 2019, el estrado confutado sancion\u00f3 por desacato a Wilmar Rodolfo Lozano Parga, en su calidad de Gerente Zonal Tolima de la Nueva E.P.S., con un d\u00eda de arresto y multa equivalente a tres salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, determinaci\u00f3n confirmada, en sede de consulta, el 28 de octubre de 2019. <\/p>\n
Refiere que, el 5 de agosto y 11 de septiembre siguientes, solicit\u00f3 a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico del juzgado querellado, la inaplicaci\u00f3n de la referida penalidad; petici\u00f3n reiterada el 3 de noviembre de 2020, en donde, adem\u00e1s, puso en conocimiento que hab\u00eda dado cumplimiento a la orden tutelar; no obstante, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego, no ha obtenido pronunciamiento alguno, por parte de la autoridad convocada. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar a la c\u00e9lula judicial cuestionada, dar respuesta a sus reclamaciones. <\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. El juzgado confutado pidi\u00f3 desestimar la protecci\u00f3n invocada al estar configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la aludida sanci\u00f3n fue resuelta mediante auto de 9 de diciembre de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
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2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda al observar la ocurrencia de un hecho superado, tras hallar acreditado <\/p>\n
\u201c(\u2026) que el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 se pronunci\u00f3 sobre las solicitudes presentadas a trav\u00e9s de medio electr\u00f3nico, as\u00ed no tuvieran las resultas esperadas por la entidad. De all\u00ed, que el objeto perseguido mediante el recurso de amparo elevado por la Nueva E.P.S. ya se encuentre materializado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 la promotora, se\u00f1alando que si bien es cierto el despacho querellado se pronunci\u00f3 sobre la petici\u00f3n de inejecuci\u00f3n de la penalidad impuesta, no valor\u00f3 las pruebas que demostraban el cabal cumplimiento de la orden tutelar. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Nueva E.P.S. cuestiona la supuesta mora del juzgado accionado en dar respuesta a sus solicitudes presentadas el 5 de agosto, 11 de septiembre y 3 de noviembre de 2020, en las cuales pidi\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta mediante auto de 10 de octubre de 2019, a Wilmar Rodolfo Lozano Parga, en su calidad de Gerente Zonal Tolima de la Nueva E.P.S., por incumplimiento a la orden de tutela emitida mediante fallo de 2 de agosto de 2019, a favor de Austin Daniel Betancourt Cruz. <\/p>\n
2. La mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n1 y de la Corte Constitucional2, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura comparte y hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana3 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos4, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Fallar los negocios dentro de un plazo razonable5 no es una obligaci\u00f3n impuesta, exclusivamente, por el legislador nacional; obligaciones internacionales adquiridas por Colombia radican en los jueces, cualquiera sea su grado, el deber de solucionar oportunamente las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
2.1. Proyectadas las anteriores premisas al caso objeto de estudio, de entrada, se descarta la mora alegada, por cuanto, tal como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, mediante prove\u00eddo de 9 de diciembre de 2020, en el tr\u00e1mite de esta salvaguarda, el juzgado accionado resolvi\u00f3 la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n por desacato, reclamada por la entidad tutelante, denegando dicha s\u00faplica. <\/p>\n
Lo antelado, conducir\u00eda a negar la protecci\u00f3n invocada por la configuraci\u00f3n de un hecho superado, si no fuera porque, revisada la citada providencia, se observa un proceder arbitrario por parte del estrado confutado que amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional, como pasa a explicarse. <\/p>\n
La Corte ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n incidental est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y son etapas de un procedimiento con la misma finalidad. <\/p>\n
En reiteradas ocasiones esta Corporaci\u00f3n, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito de dicho incidente, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta respecto del auto mediante el cual se imponen las sanciones del caso. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, es pertinente recordar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
3.1. Excepcionalmente, se abre paso este resguardo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este instrumento extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
El alto Tribunal Constitucional tambi\u00e9n ha precisado la viabilidad de este mecanismo de forma particular y respecto de actuaciones como la presente, \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
3.2. Conforme a las consideraciones expuestas y, tal como se anticip\u00f3, esta Corte acceder\u00e1 al resguardo incoado, por observarse la configuraci\u00f3n de un defecto f\u00e1ctico en la providencia de 9 de diciembre de 2020, a trav\u00e9s de la cual el juzgado accionado neg\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de las sanciones de multa y arresto impuestas a Wilmar Rodolfo Lozano Parga, en su calidad de Gerente Zonal Tolima de la Nueva E.P.S., por el supuesto desacato al fallo de tutela emitido el 2 de agosto de 2019. <\/p>\n
N\u00f3tese, de las pruebas aqu\u00ed allegadas, se constata que, junto al memorial presentado por la entidad tutelante el 3 de noviembre de 2020, se alleg\u00f3 copia de la historia cl\u00ednica del beneficiario de la orden tutelar, donde aparece indicado que el procedimiento de \u201ccorrecci\u00f3n de estrabismo\u201d, se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda 20 de octubre de 2020. <\/p>\n
No obstante, sin analizar el contenido de dicho documento, el juez querellado refiri\u00f3 que tan solo exist\u00eda una mera expectativa frente a la pr\u00e1ctica del mencionado procedimiento, y recalc\u00f3 que, con todo, la sanci\u00f3n ya hab\u00eda sido confirmada por el tribunal, en sede de consulta. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la falta de apreciaci\u00f3n del juez de las probanzas obrantes en el decurso, justifican la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, en aras de salvaguardar el debido proceso del incidentado. <\/p>\n
Agr\u00e9guese, el objeto de las sanciones en el incidente de desacato, se enfocan a lograr el cumplimiento efectivo de la sentencia de tutela, pero dicho instrumento no es un fin, en s\u00ed mismo, porque los correctivos son accesorios y, en \u00faltimas, no garantizan la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, aspecto que tampoco implica que las mismas jam\u00e1s se impongan; empero cuando haya lugar a hacerlo, los falladores deben analizar la suficiente diligencia para no afectar otras prerrogativas superlativas. <\/p>\n
Como lo ha indicado esta Corte, incluso, luego de surtirse el grado jurisdiccional de consulta, es dable verificar el cumplimiento de la orden constitucional; as\u00ed, ante cumplimientos posteriores a las sanciones decretadas en asuntos como el reprochado, esta Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]omo el accionante (sic) aun cuando extempor\u00e1neamente, acat\u00f3 el referido fallo, la Corte dejar\u00e1 sin efectos las sanciones que le fueron impuestas por el juzgado, pues el fin perseguido con el tr\u00e1mite del desacato ya se cumpli\u00f3. <\/p>\n
\u201cCabe acotar, que la Corte Constitucional sobre el tema ha precisado que se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino la sanci\u00f3n como una de las formas de b\u00fasqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser as\u00ed, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que \u00e9ste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreci\u00f3. <\/p>\n
\u201cLa imposici\u00f3n o no de una sanci\u00f3n dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanci\u00f3n, deber\u00e1 acatar la sentencia. <\/p>\n
\u201cEn caso de que se haya adelantado todo el tr\u00e1mite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanci\u00f3n no se haga efectiva, el renuente a cumplir podr\u00e1 evitar ser sancionado acatando (subrayado fuera del texto, sentencia T-421 de 23 de mayo de 2003) (\u2026)\u201d9 (subl\u00ednea original). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n exigida se abre paso, con el fin de conjurar el defecto observado y brindar el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la accionante. En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 que resuelva, nuevamente, la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n de multa y arresto impuesta a Wilmar Rodolfo Lozano Parga, en su calidad de Gerente Zonal Tolima de la Nueva E.P.S., revisando de manera detenida la historia cl\u00ednica del beneficiario de la orden tutelar, en aras de verificar el actual cumplimiento de la misma. <\/p>\n
5. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196910, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por lo discurrido, se revocar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada y, en su lugar, CONCEDER el amparo incoado por Nueva EPS. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 que, dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, se pronuncie sobre el escrito presentado por la accionante el 3 de noviembre de 2020, atendiendo a las consideraciones expuestas. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01. Y varias m\u00e1s. <\/p>\n
2 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
3 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
4 Asuntos Adolf c. Austria, de 26 de marzo de 1982; Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983; Erckner y Hofauer c. Austria, de 23 de abril de 1987 y Kizil\u02c6z c. Turqu\u00eda, de 25 de septiembre de 2001, entre otros. <\/p>\n
5 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 8, garant\u00eda judicial 1. <\/p>\n
6 CSJ. Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2003, exp. 00382. <\/p>\n
7 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010. <\/p>\n
8 \u00cddem. <\/p>\n
9 CSJ. STC de 21 de septiembre de 2011 exp. 2011-01940-00; 5 de julio de 2012, exp. 2012-01313-00; y 3 de octubre de 2013, 2013-00068-02. <\/p>\n
11 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
12 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC1065-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente STC1065-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2020-00315-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53448","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53448","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53448"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53448\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53448"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53448"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53448"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}