STC1067-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1067-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01099-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 23 de julio de 2020, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la salvaguarda promovida por Ismael Cubides Rodr\u00edguez y Jackeline Ruiz Daza frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de la misma urbe, con ocasi\u00f3n del juicio de la rese\u00f1ada especialidad, adelantado contra los aqu\u00ed promotores, por el delito de \u201clavado de activos\u201d. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los tutelantes imploran la protecci\u00f3n de sus prerrogativas a la vida digna, libertad personal, trabajo y debido proceso, presuntamente violentadas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. La causa petendi constitucional y las correspondientes actuaciones, admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
El 5 de noviembre de 2019, luego de un preacuerdo suscrito entre la fiscal\u00eda y los procesados, aqu\u00ed accionantes, el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 los conden\u00f3 a cuarenta y ocho (48) meses de prisi\u00f3n, como c\u00f3mplices del delito de \u201clavado de activos\u201d. <\/p>\n
El 13 de diciembre postrero, Cubides Rodr\u00edguez le solicit\u00f3 al estrado cognoscente, la sustituci\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva intramural, por la domiciliaria, aduciendo ser un adulto de 66 a\u00f1os, sin antecedentes penales y con arraigo; petici\u00f3n negada mediante auto del 18 del citado mes. <\/p>\n
Las anteriores determinaciones fueron objeto apelaci\u00f3n; empero, el 12 de febrero de 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la referida capital, en una sola decisi\u00f3n, dispuso confirmar lo resuelto por el a quo en la sentencia y en el auto se\u00f1alado. <\/p>\n
En criterio de los querellantes, los falladores accionados vulneraron sus garant\u00edas superiores, por cuanto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n punto a la solicitud de concesi\u00f3n de la sustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n intramuros por la domiciliaria en raz\u00f3n a la causal 2 del Art.314 por remisi\u00f3n del Art. 461 del C.P.P., la deniegan pese a reconocer que si bien la Ley 1142 de 2007, excluy\u00f3 dicho beneficio para los delitos de lavado de activos entre otros, los hechos para el caso particular se generaron antes de dicha ley, por lo que resulta aplicable su texto original, el cual no ten\u00eda esa restricci\u00f3n. Sin embargo, termina negando la solicitud bajo el argumento que la pol\u00edtica criminal se ha endurecido para esta clase de delitos, enfoc\u00e1ndose en la gravedad del delito en s\u00ed mismo\u201d. <\/p>\n
\u201cEn cuanto a la negaci\u00f3n de los falladores para la concesi\u00f3n de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, es importante se\u00f1alar que la misma se centra en la supuesta prohibici\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de la \u201clex tertia\u201d, pero sin que se efect\u00fae un detallado an\u00e1lisis respecto de la propia Ley 1709 de 2014 y sus efectos en relaci\u00f3n con las modificaciones que incorpor\u00f3 al art\u00edculo 63 y 68a del C\u00f3digo Penal para el momento de los hechos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Piden, en concreto, revocar las decisiones de primera y segunda instancia, mediante las cuales no se accedi\u00f3 a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y, en consecuencia, se otorgue el beneficio de la \u201csuspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena\u201d, o se conceda, de manera subsidiaria, la \u201cprisi\u00f3n domiciliaria\u201d solicitada. <\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y de los vinculados <\/p>\n
1. La colegiatura confutada, luego de rese\u00f1ar las actuaciones dentro del asunto penal, inform\u00f3 que los censores no interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual el expediente fue remitido al despacho de origen el 9 de marzo de 2020. <\/p>\n
2. El juzgado fustigado demand\u00f3 negar el amparo, ante la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por los quejosos; igualmente, resalt\u00f3 que lo pretendido por aqu\u00e9llos es \u201ctornar la acci\u00f3n de tutela en una tercera instancia, desconociendo as\u00ed su naturaleza\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n incoada al estimar que el auxilio impetrado, no cumpl\u00eda el presupuesto de subsidiariedad. Al respecto anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]ebe precisarse que la discusi\u00f3n sobre el tema debi\u00f3 proponerse a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n, el cual, seg\u00fan lo inform\u00f3 la Sala accionada, no fue interpuesto, omisi\u00f3n que hace inviable la petici\u00f3n de amparo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, en lo atinente a la definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n contra el auto de 18 de diciembre de 2019, desestimatorio de la sustituci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n intramural por domiciliaria, reclamada por Ismael Cubides Rodr\u00edguez, sostuvo que la providencia se encontraba ajustada a la normatividad aplicable al caso, en consecuencia, no se pod\u00eda predicar la existencia de una arbitrariedad, que hiciera necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formularon los actores insistiendo en los argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor. <\/p>\n
Indicaron que, de conformidad con las sentencias \u201cC-599\/05 y la SU-24 de abril de 2018 (sic)\u201d, las cuales determinan los requisitos de procedencia de la tutela, \u201cen ning\u00fan aparte se\u00f1alan que se debe agotar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n para poder acudir a trav\u00e9s del mecanismo de protecci\u00f3n constitucional\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente pleito. <\/p>\n
2. Los libelistas pretenden que, a trav\u00e9s de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, se les otorgue la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena o, en su defecto, la sustituci\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva intramural por domiciliaria. <\/p>\n
En sentir de los accionantes, las autoridades atacadas incurrieron en v\u00eda de hecho, al no hacer expl\u00edcitas las razones \u201cf\u00e1cticas y probatorias\u201d, sustento de la negativa a acceder a sus pedimentos, conllevando esto una falta de motivaci\u00f3n, pues, aducen, se inobserv\u00f3 la vigencia de la normatividad aplicable a su caso. <\/p>\n
3. En lo ata\u00f1edero a la providencia de 12 de febrero de 2020, confirmatoria de la sentencia de 5 de noviembre de 2019, en la cual el juzgado encausado, conden\u00f3 a Ismael Cubides Rodr\u00edguez y Jackeline Ruiz Daza, a cuarenta y ocho (48) meses de prisi\u00f3n, como c\u00f3mplices del delito de \u201clavado de activos\u201d, de entrada, se advierte el fracaso de la salvaguarda, por desconocimiento del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, si los tutelantes reprochan la normatividad aplicada por los juzgadores denunciados a su caso, han debido atacar el fallo del ad quem censurado, a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, procedente conforme lo consagra el art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 20041; empero, as\u00ed no procedieron. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, pues de otra manera se convertir\u00eda en un medio para obviar herramientas al alcance de todo litigante, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican esta senda. <\/p>\n
Esta Sala ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. El mismo motivo de improcedencia le cierra el paso a la protecci\u00f3n reclamada por Jackeline Ruiz Daza, pues \u00e9sta, contrario a su compa\u00f1ero de causa, no elev\u00f3 petici\u00f3n independiente ante los querellados, con miras a lograr la suspensi\u00f3n condicional de su pena o la sustituci\u00f3n de la misma para cumplirla en su domicilio y, como se acot\u00f3, tampoco interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n para lograr una decisi\u00f3n sobre sus censuras. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la protecci\u00f3n invocada por aqu\u00e9lla, en dicho punto, deviene impr\u00f3spera por su condici\u00f3n subsidiaria, evento contemplado como causal de inviabilidad en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
5. Ahora, en torno a la queja impetrada contra la ratificaci\u00f3n del auto de 18 de diciembre de 2019, donde se le neg\u00f3 a Ismael Cubides Rodr\u00edguez la sustituci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n intramural por domiciliaria, el amparo tambi\u00e9n fracasa, pues ninguna irregularidad se observa en la gesti\u00f3n del tribunal querellado. <\/p>\n
Al respecto anot\u00f3 que, seg\u00fan el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 314 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal3, por remisi\u00f3n del canon 461 ib\u00eddem, en su texto original, es posible sustituir el cumplimiento de la pena en establecimiento penitenciario, por la de lugar de residencia, en el evento en que el acusado sea mayor de 65 a\u00f1os y que su personalidad y la \u00edndole y modalidad del delito lo hagan aconsejable, aclarando que, con la modificaci\u00f3n de la Ley 1142 de 2007, se excluy\u00f3 de este beneficio a los procesados por delitos de conocimiento de los jueces penales especializados. <\/p>\n
No obstante, precis\u00f3 que esta \u00faltima norma, adem\u00e1s de ser desfavorable al procesado, entr\u00f3 a regir con posterioridad a la comisi\u00f3n de los hechos por los cuales Cubides Rodr\u00edguez result\u00f3 condenado y, en tal virtud, no le era aplicable. <\/p>\n
Igualmente, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En este orden, es claro que Ismael Cubides Rodr\u00edguez acredita los dos primeros requisitos, pues tiene 66 a\u00f1os de edad, tiene su arraigo familiar y laboral en Villavicencio y carece de antecedentes penales\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, como quiera que la ardua pol\u00edtica criminal dirigida a otorgar un tratamiento punitivo diferenciado y m\u00e1s riguroso a los condenados por delitos como el lavado de activos, fue desarrollada por el legislador y la jurisprudencia constitucional y penal a partir de la expedici\u00f3n de la Ley 1142 de 2007, esta circunstancia no pod\u00eda tenerse en cuenta para derivar los reprochable del delito. Sin perjuicio de esto, basta advertir la gravedad de la pena m\u00ednima contemplada para este punible, ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n, y la radicaci\u00f3n de la competencia en los jueces penales especializados para llevar a este tipo de procesos, para concluir que, a\u00fan antes de la expedici\u00f3n de la norma referida, el legislador les imprim\u00eda mayor rigor a los procesos de lavado de activos y castigaba este delito con contundencia (\u2026)\u201d <\/p>\n
Pese a lo discurrido, en relaci\u00f3n con la modalidad de la comisi\u00f3n del delito, manifest\u00f3 estar de acuerdo con el an\u00e1lisis realizado por el a quo, de la conducta punible desplegada por los sentenciados, pues: <\/p>\n
\u201c(\u2026) estas dos personas aceptaron haber utilizado a su hijo para sacar del pa\u00eds una suma muy importante de moneda extranjera de su propiedad, que embalaron y camuflaron en su equipaje de carga para evitar su detecci\u00f3n por rayos x, y que no contaba con respaldo en las actividades econ\u00f3micas l\u00edcitas de ninguno. Y es que no se trat\u00f3, como pretende hacerlo ver el acusado, de una suma irrelevante, sino de aproximadamente $434.000.000 de procedencia il\u00edcita y con un destino desconocido\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, la colegiatura fustigada adujo que, dada la rigurosidad del procesamiento y sanci\u00f3n del lavado de activos, y a lo reprochable de la forma c\u00f3mo los sentenciados cometieron esa conducta punible, no encontraba acreditados los requisitos para acceder a la sustituci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n impuesta a Cubides Rodr\u00edguez. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, se excluye la posibilidad de predicar las anomal\u00edas alegadas en la providencia rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener4, no se advierte un proceder arbitrario, por parte de los accionados, luego no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
Atinente a ello, esta Sala ha afirmado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
7. Finalmente, no es posible otorgar el auxilio como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable, al no estar probados los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, propios del mismo; pues el hecho de que los quejosos est\u00e9n privados de la libertad no puede ser tomado como una violaci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales, por cuanto tal evento es el resultado del adelantamiento de un proceso en su contra, en el cual, con fundamento en un preacuerdo, por ellos suscrito y, dadas las facultades punitivas en cabeza del Estado, fueron condenados como c\u00f3mplices del delito de \u201clavado de activos\u201d. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d6 (negrillas originales). <\/p>\n
8. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
8.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
8.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
9. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201cART\u00cdCULO 181. PROCEDENCIA. \u201cEl recurso [de casaci\u00f3n] como control constitucional y legal procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garant\u00edas fundamentales por: 1. Falta de aplicaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, o aplicaci\u00f3n indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso. 2. Desconocimiento del debido proceso por afectaci\u00f3n sustancial de su estructura o de la garant\u00eda debida a cualquiera de las partes. 3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.4. Cuando la casaci\u00f3n tenga por objeto \u00fanicamente lo referente a la reparaci\u00f3n integral decretada en la providencia que resuelva el incidente, deber\u00e1 tener como fundamento las causales y la cuant\u00eda establecidas en las normas que regulan la casaci\u00f3n civil\u201d. <\/p>\n
2 Sentencia de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. 00616-00. <\/p>\n
3 \u201cART\u00cdCULO 314. SUSTITUCI\u00d3N DE LA DETENCI\u00d3N PREVENTIVA. La detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario podr\u00e1 sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos: \u201c2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) a\u00f1os, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusi\u00f3n en el lugar de residencia\u201d. <\/p>\n
4CSJ. STC. 17 abr. 2013, Rad. 00743-00; v\u00e9ase igualmente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de 2005, Rad. 00142-00. <\/p>\n
5 CSJ. STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012. <\/p>\n
6 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00. <\/p>\n
7 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC1067-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1067-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01099-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 23 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53449","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53449","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53449"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53449\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53449"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53449"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53449"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}