STC1068-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1068-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2020-00335-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 18 de diciembre de 2020, por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la tutela promovida por Carlos Alberto Arenas Loaiza frente el Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo \u2013 Tolima, con ocasi\u00f3n del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal iniciado en su contra por Diana Marcela Monta\u00f1a Arg\u00fcello, bajo el n\u00famero 2017-00073. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor suplica la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, administraci\u00f3n de justicia, vivienda, defensa, entre otras, presuntamente quebrantadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja manifiesta que, mediante sentencia de 24 de diciembre de 2019, el estrado accionado aprob\u00f3 la partici\u00f3n de la masa social de la sociedad conyugal entre \u00e9l y Diana Marcela Monta\u00f1a Arg\u00fcello, disponiendo la cancelaci\u00f3n de un bien afectado a vivienda familiar cuya beneficiaria, seg\u00fan afirma, es su actual esposa, Luc\u00eda Alejandra V\u00e1squez Soto, quien no fue convocada al decurso. <\/p>\n
En su criterio, debi\u00f3 convocarse a V\u00e1squez Soto porque, el inmueble fue adquirido por \u00e9l el 15 de septiembre de 2017, \u00e9poca en la cual ya se hab\u00eda emitido la providencia de 15 de septiembre de 2016 que declar\u00f3 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n su sociedad conyugal con Monta\u00f1a Arg\u00fcello. <\/p>\n
Por lo anterior, considera que el predio fue ilegalmente adjudicado a Monta\u00f1a Arg\u00fcello, quien era una tercera ajena a la sociedad conyugal contra\u00edda con V\u00e1squez Soto. <\/p>\n
A\u00f1ade que su apoderado no ejerci\u00f3 una debida defensa t\u00e9cnica, pues no se pronunci\u00f3 respecto al inventario de bienes ni a la partici\u00f3n de \u00e9stos. Adem\u00e1s, afirma, se enter\u00f3 del fallecimiento de aqu\u00e9l, tiempo despu\u00e9s de haberse dictado el fallo de 24 de diciembre de 2019, el cual tampoco recurri\u00f3. <\/p>\n
3. Aduciendo que es un militar retirado, quien padece de estr\u00e9s postraum\u00e1tico, episodios de irritabilidad y descontrol de impulsos, entre otros trastornos, pide, en concreto, dejar sin efecto la providencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n y, en su lugar, emitir un nuevo pronunciamiento atendiendo a las pruebas por \u00e9l allegadas al decurso. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El juzgado confutado relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n, se\u00f1alando que no se configura ninguna de las causales gen\u00e9ricas para la procedencia del amparo invocado. <\/p>\n
2. Diana Marcela Monta\u00f1a Arg\u00fcello se opuso a la prosperidad del amparo indicando que en el decurso censurado no se vulneraron las prerrogativas del accionante. <\/p>\n
Precis\u00f3 que los derechos respecto del bien objeto de litigio fueron adquiridos cuando a\u00fan estaba vigente la sociedad conyugal. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda al echar de menos los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad, por cuanto el actor solo acudi\u00f3 a esta especial jurisdicci\u00f3n, transcurridos once meses desde la emisi\u00f3n la decisi\u00f3n que estima vulneratoria de sus garant\u00edas superlativas, respecto de la cual no formul\u00f3 recurso alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 el abogado Edwin Machado Acu\u00f1a, quien sostuvo actuar como agente oficioso del aqu\u00ed actor, aduciendo que, para la \u00e9poca de notificaci\u00f3n del fallo constitucional de primer grado, aqu\u00e9l padec\u00eda una crisis nerviosa severa \u201ca ra\u00edz de estos acontecimientos\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en el sublite, los requisitos de inmediatez y subsidiariedad deb\u00edan ser modulados y, en su lugar, efectuar un an\u00e1lisis de fondo del asunto, atendiendo a las circunstancias especiales acaecidas con ocasi\u00f3n de la pandemia, al estado de salud mental del tutelante y a la falta de defensa t\u00e9cnica, por el abandono y posterior deceso del apoderado de su prohijado en el decurso cuestionado. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien el escrito de impugnaci\u00f3n no fue presentado por el tutelante, la Corte encuentra acreditadas las circunstancias especiales que ameritan la intervenci\u00f3n de quien afirma actuar como agente oficioso, en defensa de las prerrogativas fundamentales de aqu\u00e9l. <\/p>\n
2. Ahora, revisada la actuaci\u00f3n procesal censurada, de entrada, se advierte la inviabilidad del amparo por la inobservancia de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2.1. El primero, por cuanto, desde la emisi\u00f3n de la sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n -24 de diciembre de 2019- a la fecha de interposici\u00f3n de este amparo -14 de diciembre de 2020-, transcurri\u00f3, con escasa diferencia, un a\u00f1o sin que el interesado acudiera a esta especial jurisdicci\u00f3n a exponer las supuestas irregularidades ahora expuestas. <\/p>\n
Sobre este aspecto la Corte, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2.2. El segundo, por cuanto el actor no formul\u00f3 objeci\u00f3n frente a la aludida partici\u00f3n, incuria que lo inhabilit\u00f3 para apelar la sentencia aprobatoria del trabajo partitivo, conforme lo establece el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso2. <\/p>\n
Cuando se verifican desidias como la comentada, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica al sostener: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [ante la negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d3. <\/p>\n
Con todo, nada obsta para que el actor acuda ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria a demandar la nulidad de la aludida partici\u00f3n, acorde con lo preceptuado en el art\u00edculo 1405 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual: \u201cLas particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y seg\u00fan las mismas reglas que los contratos\u201d, pues all\u00ed, entre otras cuestiones, puede dilucidarse si, en efecto, fue inventariado y adjudicado un bien ajeno a la sociedad conyugal liquidada. <\/p>\n
3. Ahora, las exculpaciones presentadas en el escrito de impugnaci\u00f3n para justificar la tardanza en la formulaci\u00f3n del presente ruego y la omisi\u00f3n en el uso de los mecanismos defensivos para controvertir la decisi\u00f3n censurada, no se abren paso, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
En efecto, la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos decretada con ocasi\u00f3n del estado de emergencia sanitaria desatado por el virus Covid-19, carece de fundamento, pues, seg\u00fan el Acuerdo PCSJA20-11526 de 22 de marzo de 2020, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, all\u00ed se indic\u00f3 que las reclamaciones relacionadas con la vida, la salud y la libertad tendr\u00edan prelaci\u00f3n; empero, no se limit\u00f3 el derecho a acceder al amparo por otros motivos. <\/p>\n
En efecto, en el art\u00edculo 2\u00b0 del rese\u00f1ado acto administrativo, se indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos. A partir de la fecha las excepciones a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos adoptada ser\u00e1n las siguientes: 1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dar\u00e1 prelaci\u00f3n en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Su recepci\u00f3n se har\u00e1 mediante correo electr\u00f3nico dispuesto para el efecto y para su tr\u00e1mite y comunicaciones se har\u00e1 uso de las cuentas de correo electr\u00f3nico y herramientas tecnol\u00f3gicas de apoyo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con nitidez se aprecia que, en manera alguna, se excluyeron reclamaciones de linaje constitucional, distintas a las all\u00ed priorizadas y, en esa medida, el precursor contaba con la posibilidad de acudir oportunamente a esta jurisdicci\u00f3n directamente, a trav\u00e9s de un representante judicial o de un agente oficioso para invocar la protecci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas haciendo uso de los canales virtuales habilitados para ello. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, si el censor se demor\u00f3 para incoar la salvaguarda constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible al juzgado querellado y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales invocadas como soporte de este auxilio. <\/p>\n
Tampoco es de recibo, justificar que el actor no haya utilizado los medios de defensa que ten\u00eda a su alcance en el tr\u00e1mite criticado, por la supuesta negligencia de su abogado, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) la contingente incuria de los apoderados judiciales (\u2026) en defender los intereses de sus representados, no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito la acci\u00f3n pues aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a \u00e9stos y no al juez acusado, dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales[.] (\u2026) [E]l derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018…los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal…\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u201d4. <\/p>\n
Ahora, las circunstancias de vulnerabilidad descritas por el quejoso no permiten desconocer los presupuestos generales de procedibilidad de esta acci\u00f3n, porque, en todo caso, \u00e9ste cont\u00f3 con la representaci\u00f3n de un abogado para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el tutelante cuenta con el apoyo de su actual esposa, quien, seg\u00fan afirma, tambi\u00e9n ten\u00eda inter\u00e9s en las resultas del decurso, de manera que aqu\u00e9lla bien pudo estar al tanto de las actuaciones procesales a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial y, de advertir la negligencia del apoderado, adelantar las gestiones para que el aqu\u00ed petente otorgar\u00e1 poder a otro profesional del derecho. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u201c[Por otra parte] no se puede \u00abdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb (CSJ STC, 29 ene. 2007, rad. 2006-00282-01), ni tampoco puede perderse de vista que \u00abexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00 <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 509. Presentaci\u00f3n de la partici\u00f3n, objeciones y aprobaci\u00f3n. una vez presentada la partici\u00f3n, se proceder\u00e1 as\u00ed: (\u2026) 2. Si ninguna objeci\u00f3n se propone, el juez dictar\u00e1 sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, la cual no es apelable (\u2026)\u201d. La misma disposici\u00f3n se encontraba regulada en el numeral 2 del art\u00edculo 611 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp.: 00616-00. <\/p>\n
4 CSJ STC, 7 nov. 2013, rad. 2013-02516-00. <\/p>\n
5 CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00365-01, reiterada en CSJ STC, 19 ene. 2012, rad. 2011-01601-01, CSJ STC10177-2018 y STC6183-2020. <\/p>\n
6 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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