STC1071-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1071-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01917-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2020, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la salvaguarda promovida por Juan Fernando Tob\u00f3n Arango contra el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo singular adelantado por el aqu\u00ed actor al Grupo Arka S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El censor exige la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
En el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se tramita el juicio objeto de esta salvaguarda, asunto en el cual, mediante auto de 7 de julio de 2010, se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito allegada por la parte demandante y se orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a los \u201cjuzgados de ejecuci\u00f3n de sentencias\u201d. <\/p>\n
Aduce el promotor que, en auto de 26 de noviembre de 2020, el despacho instructor dej\u00f3 sin efecto la anterior decisi\u00f3n, previo memorial allegado por la parte ejecutada, el cual, en su sentir, era \u201cextempor\u00e1neo y sin cumplir las formalidades de un recurso\u201d ordinario. <\/p>\n
Manifiesta haber presentado reposici\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, \u201c(\u2026) esperando que [el convocado] (\u2026) aplique lo establecido en (\u2026) el art\u00edculo 8\u00b0 del Acuerdo No. PSAA13-9984\u201d. <\/p>\n
Afirma que el despacho confutado incurri\u00f3 en \u201cdefecto sustantivo y procedimental\u201d, por cuanto aqu\u00e9l perdi\u00f3 competencia para adoptar cualquier decisi\u00f3n dentro del proceso a partir de la emisi\u00f3n del fallo ejecutoriado, el cual orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Sostiene que \u201clas actuaciones dilatorias de la parte demandada y las decisiones exageradamente demoradas y contrarias al ordenamiento jur\u00eddico por parte del [estrado querellado]\u201d, le han impedido \u201crecaudar la obligaci\u00f3n a [su] favor\u201d, gener\u00e1ndole un \u201cperjuicio irremediable\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, remitir el comentado decurso al juez competente. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Expres\u00f3 que el pleito bajo estudio no ha sido enviado al juez de ejecuci\u00f3n de sentencias, por cuanto est\u00e1 pendiente de resolverse el recurso de reposici\u00f3n impetrado por el tutelante y liquidar las respectivas costas del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n impetrada, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L] a protecci\u00f3n constitucional invocada resulta prematura, como quiera que el recurso de reposici\u00f3n formulado por la mandataria judicial del accionante contra el citado prove\u00eddo, con base en los mismos argumentos expuestos en el escrito tutelar, a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite, seg\u00fan lo manifestado por el despacho convocado y conforme a las actuaciones registradas en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, sin que pueda a trav\u00e9s de este mecanismo reclamarse una decisi\u00f3n anticipada que solo le corresponde emitir al funcionario competente\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
El censor impugn\u00f3 insistiendo en los argumentos de disenso expuestos en el escrito genitor, e indicando que \u201cno \u201cse tuvo en cuenta el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlas prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n
2. El resguardo se concreta en establecer si se menoscabaron los derechos supralegales de Juan Fernando Tob\u00f3n Arango con el auto de 26 de noviembre de 2020, emitido por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante el cual se dej\u00f3 sin efecto, tanto la liquidaci\u00f3n presentada en el caso bajo estudio, como la remisi\u00f3n del expediente a los juzgados de ejecuci\u00f3n de sentencias. <\/p>\n
3. Es palmario el fracaso del reclamo, por tratarse de una queja constitucional prematura, por cuanto, de las pruebas aportadas a este ruego y una vez revisado el \u201csistema de consulta de procesos\u201d de la Rama Judicial, se evidencia que el 1 de diciembre pasado, el gestor recurri\u00f3 en reposici\u00f3n la providencia aqu\u00ed criticada, remedio que se encuentra en tr\u00e1mite para su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, atendiendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de resguardo, no es factible acudir a la misma cuando a\u00fan est\u00e1 pendiente de resolver por el funcionario competente el cuestionamiento elevado frente a al prove\u00eddo reprochada en tutela. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corte manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Al juez constitucional le est\u00e1 vedado anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador natural, pues no puede arrogarse facultades que no le son propias. <\/p>\n
4. Finalmente, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, propios del mismo; m\u00e1xime cuando el promotor ninguna gesti\u00f3n realiz\u00f3 para demostrar la necesidad de una resoluci\u00f3n inmediata de su caso por encontrarse ante un perjuicio inminente. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, la Sala ha indicado: <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
2 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
3 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
10 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1071-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1071-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2020-01917-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53451","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53451","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53451"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53451\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53451"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53451"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53451"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}