STC1072-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1072-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00324-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 1\u00ba de diciembre de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Leandro Giraldo, la Alcald\u00eda de Ayapel (C\u00f3rdoba), la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo de la misma urbe, as\u00ed como la Defensor\u00eda del Pueblo, Regional Risaralda, y el Procurador Delegado, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular en la cual fungi\u00f3 como coadyuvante el aqu\u00ed promotor frente a Bancolombia, sucursal Ayapel, radicada bajo el n\u00famero 2015-01271-00. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte del presente amparo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Leandro Giraldo, coadyuvado por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Bancolombia, sucursal Ayapel (C\u00f3rdoba), ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, quien la instruy\u00f3 bajo el radicado N\u00ba 2015-01271. <\/p>\n
Reprocha el actor que la juez encausada, de \u201cmanera ilegal\u201d, termin\u00f3 el decurso cuestionado y no se pronunci\u00f3 respecto a su solicitud dirigida a \u201csaber en derecho si comet\u00eda prevaricato al terminar la acci\u00f3n popular, [por] desistimiento t\u00e1cito\u201d. <\/p>\n
Manifiesta que le requiri\u00f3 a la falladora \u201cdigitalizar\u201d todo lo actuado en el pleito y remitirlo a su correo electr\u00f3nico, \u201clo cual se neg\u00f3 a realizar\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, i) determinar si la juez cometi\u00f3 prevaricato al concluir el referido asunto aplicando la se\u00f1alada figura, ii) decretar la nulidad de todo lo actuado por desconocimiento del art\u00edculo 5 de la Ley 472 de 1998, iii) ordenar la aplicaci\u00f3n del canon 84 del mencionado precepto legal, iv) exhortar al estrado encausado para que \u201cdigitalice\u201d y remita a su correo personal copia aut\u00e9ntica del expediente debatido y v) requerir al Procurador Delegado y al Defensor del Pueblo en Pereira para que demuestren su gesti\u00f3n en el litigio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial fustigada remiti\u00f3 el decurso objeto de controversia digitalizado, e indic\u00f3 que el mismo fue terminado por desistimiento t\u00e1cito mediante auto de 25 de junio de 2018, providencia recurrida por el actor y frente a la cual, se dispuso mantener la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo, Regional de Risaralda, adujo su falta de competencia para adelantar las pretensiones del censor; adem\u00e1s, solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo, ya que el tutelante cuenta con otros medios diferentes para garantizar su derecho. <\/p>\n
4. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, dada su improcedencia, por cuanto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]rimero, es falso que el juzgado hubiera omitido pronunciarse sobre los aspectos que relata el ahora accionante, en cuanto del expediente enviado surge n\u00edtido que la \u00faltima actuaci\u00f3n data del 2 de agosto de 2018, que fue cuando se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra la providencia que dio por terminada la acci\u00f3n popular por desistimiento t\u00e1cito. Con posterioridad, ninguna solicitud se avista (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201cY segundo, ello pone en evidencia que, en consecuencia, el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, ninguna solicitud ha elevado tendiente a que el juzgado se pronuncie sobre el mentado prevaricato, o para que le env\u00ede el expediente a su correo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el libelista, insistiendo en los argumentos de disenso, presentados en el escrito genitor. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El auxilio se concreta en establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, al i) no pronunciarse, presuntamente, en torno a su petici\u00f3n, dirigida a \u201csaber en derecho si comet\u00eda prevaricato al terminar la acci\u00f3n popular\u201d, por desistimiento t\u00e1cito, y ii) negarse a digitalizar y enviar las actuaciones adelantadas dentro de la acci\u00f3n popular iniciada contra Bancolombia, sucursal Ayapel (C\u00f3rdoba), radicada bajo el N\u00ba 2015-01271. <\/p>\n
2. De entrada, se advierte la improsperidad del amparo, dada la inexistencia de la supuesta omisi\u00f3n endilgada por el libelista frente a la titular del estrado encausado, pues, auscultadas las actuaciones, no se evidencia que aqu\u00e9l hubiese presentado escrito alguno cuestionando un presunto \u201cprevaricato\u201d, en raz\u00f3n a la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito de la aludida acci\u00f3n popular. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro, no puede atribuirse vulneraci\u00f3n o irregularidad al proceder de la c\u00e9lula judicial confutada, ya que el censor ninguna petici\u00f3n present\u00f3 ante ese despacho, reclamando lo ahora pretendido con este mecanismo. <\/p>\n
Bajo ese panorama, resulta desacertado emitir cualquier decisi\u00f3n al respecto, por cuanto el motivo sustento de la lesi\u00f3n endilgada no se gest\u00f3 ni siquiera antes de la formulaci\u00f3n de esta salvaguarda. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha dicho esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es, estos no fueron infringidos por el despacho accionado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda en evidencia la conducta del aqu\u00ed inicialista, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados como sustento de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f32 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. Por otra parte, debe se\u00f1alarse, la censura del petente en torno a la falta de \u201cdigitalizaci\u00f3n\u201d del litigio acusado, no sale avante, por cuanto, revisadas las pruebas adosadas a esta tramitaci\u00f3n, se constata, la c\u00e9lula judicial encartada, mediante providencia de 2 de agosto de 2018, le inform\u00f3 a Arias Id\u00e1rraga, que, una vez cancelara las expensas necesarias, se proceder\u00eda a la expedici\u00f3n de las piezas procesales y copias por \u00e9l requeridas; sin embargo, examinadas las actuaciones no se evidenci\u00f3 el cumplimiento de la carga a \u00e9l impuesta. <\/p>\n
No obstante, se pone de presente al libelista que, el despacho conculcado, en la contestaci\u00f3n allegada dentro del t\u00e9rmino de traslado en este tr\u00e1mite, remiti\u00f3 el link de acceso a la copia de la acci\u00f3n popular otrora referida. <\/p>\n
4. Se destaca, lo relativo al \u201cprevaricato\u201d endilgado, por el actor, a la juez censurada, debe plantearse ante las autoridades competentes directamente; adem\u00e1s, se trata de un requerimiento que desborda el objeto de esta senda constitucional, destinada a la defensa de los derechos sustanciales, de acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
La tutela no puede ser utilizada para eludir los deberes y responsabilidades ciudadanas que le competen al accionante como ser racional humano y como sujeto de derecho integrante de una colectividad con un sentido hist\u00f3rico, porque es su obligaci\u00f3n jur\u00eddica y moral denunciar los il\u00edcitos o irregularidades de que tenga conocimiento; de lo contrario, emerge una conducta irresponsable consigo mismo y con la sociedad de la cual forma parte. <\/p>\n
5. Finalmente, en lo concerniente al amparo demandado en relaci\u00f3n con el Procurador Delegado y al Defensor del Pueblo en Pereira para que demuestren su gesti\u00f3n en el litigio, se pone de presente al promotor que nada le impide peticionar tal cometido ante esas entidades, por cuanto no se observa que aqu\u00e9l hubiese dirigido a esos organismos, una reclamaci\u00f3n con dicho prop\u00f3sito. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
7. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
2 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece: \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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