STC1074-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1074-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00456-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 14 de enero de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Uner Augusto Becerra contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Alcald\u00eda y Personer\u00eda, ambas de Pereira, as\u00ed como Vladimir Fl\u00f3rez y Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por este \u00faltimo frente a Bancolombia, radicada bajo el n\u00famero 2018-00756-00. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte del presente amparo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, coadyuvado por Vladimir Fl\u00f3rez, promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Bancolombia S.A., ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, quien la instruy\u00f3 bajo el radicado N\u00ba 2018-00756. <\/p>\n
Manifiesta el actor que solicit\u00f3, ante el estrado acusado, su reconocimiento como \u201ccoadyuvante\u201d, en el decurso materia de esta salvaguarda, sin embargo, aduce, su petici\u00f3n no fue aceptada por ser remitida desde el correo electr\u00f3nico \u201cdinosaurio013@hotmail.com\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar a la falladora denunciada i) tramitar los recursos que se env\u00eden \u201cdesde cualquier correo\u201d, en especial el otrora referido, ii) aceptar la coadyuvancia implorada, iii) consignar en derecho el motivo de su negativa y, iv) vincular al Procurador Delegado y al Defensor del Pueblo en Pereira para que demuestren su gesti\u00f3n en el litigio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial cuestionada hizo un relato de las actuaciones adelantadas en el asunto objeto de controversia y remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digital. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Provincial de Pereira adujo que el actor cuenta con otros medios legales para atacar las decisiones del despacho conculcado, en consecuencia, implor\u00f3 negar el resguardo y su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Pereira indic\u00f3 atenerse a lo probado por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad. Al respecto, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l amparo constitucional invocado se torna improcedente, ya que frente al auto del 31 de agosto de 2020, que resolvi\u00f3 negar la solicitud de coadyuvancia del ac\u00e1 accionante, no se interpuso recurso alguno, esto es, ninguna inconformidad se comunic\u00f3 al juzgado y si la hubiese, se debi\u00f3 hacer uso de los mecanismos legales ordinarios que el ordenamiento jur\u00eddico consagra para atacar la decisi\u00f3n que pretende sea valorada por esta Corporaci\u00f3n, acudiendo para ello a esta excepcional v\u00eda, incumpliendo as\u00ed el requisito de subsidiariedad que contempla la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991 (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Los dem\u00e1s pedimentos fueron desestimados por no haber sido elevados a las autoridades competentes antes de acudir a este mecanismo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el libelista, insistiendo en los argumentos de disenso, presentados en el escrito genitor2. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El auxilio se concreta en establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de Uner Augusto Becerra, al no aceptar la solicitud de coadyuvancia por \u00e9l remitida desde el correo electr\u00f3nico \u201cdinosaurio013@hotmail.com\u201d, dentro de la acci\u00f3n popular iniciada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente a Bancolombia, radicada bajo el N\u00ba 2018-00756. <\/p>\n
2. De entrada, se advierte la improsperidad del amparo, por haber incurrido el gestor en temeridad, ya que acudi\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n en reciente ocasi\u00f3n, alegando cuestiones similares a las de ahora. <\/p>\n
La Corte ha desestimado ruegos como el presente, si: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
2.1. Se observa que, mediante sentencia del 28 de septiembre de 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira deneg\u00f3 el auxilio reclamado por el querellante frente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n popular N\u00ba 2018-00756, donde el promotor, al igual que ahora, rebati\u00f3 la negativa por parte del estrado encausado, a su petici\u00f3n de coadyuvancia en el referido proceso. <\/p>\n
Impugnado el citado fallo constitucional, fue ratificado por esta Corte en la providencia STC9564 de 5 de noviembre de 2020, expediente n\u00b0 66001-22-13-000-2020-00162-01. En aquella oportunidad, esta Corporaci\u00f3n, consider\u00f3 inviable la protecci\u00f3n invocada, por cuanto, <\/p>\n
\u201c(\u2026) no se advierte que el accionante haya agotado los medios impugnaci\u00f3n dispuestos por el ordenamiento para elevar la inconformidad que hoy plantea\u201d. <\/p>\n
\u201c2.1. De las probanzas allegadas a este tr\u00e1mite se extra\u00f1a la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n en contra de la providencia mediante la cual se neg\u00f3 la solicitud de coadyuvancia\u201d. <\/p>\n
\u201c2.2. De manera que aparece ineludible que se desperdici\u00f3 el remedio que tuvo a su alcance. Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias\u201d. <\/p>\n
\u201cCiertamente, ha de destacarse que el promotor cont\u00f3 con la posibilidad de exponerle a la autoridad acusada las razones de su inconformidad. Empero, por su propia incuria, dej\u00f3 fenecer la oportunidad para contradecir la determinaci\u00f3n que por esta senda constitucional se cuestiona (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De este modo, fulge evidente que no hay lugar a acoger la actual petici\u00f3n, pues el asunto aqu\u00ed ventilado fue ya alegado en el ruego otrora deprecado y frente a \u00e9l se emitieron las determinaciones referenciadas en antelaci\u00f3n, adversas a los intereses del impulsor. <\/p>\n
Por tanto, es evidente, la conducta del querellante, en hacer un uso incorrecto de este excepcional instrumento, pues, invocar supuestos f\u00e1cticos como sustento de un reclamo ya decidido, no s\u00f3lo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los jueces encargados de resolver el caso en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por el cual el Constituyente implement\u00f34 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que cese la proposici\u00f3n de auxilios sustentados en circunstancias \u201cinfundadas e inexistentes\u201d, pues con ello no hace m\u00e1s que contribuir con la congesti\u00f3n judicial distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3. Las dem\u00e1s s\u00faplicas del libelista, se tornan improcedentes porque no acredit\u00f3 haber elevado solicitud alguna ante las autoridades cuyo pronunciamiento reclama. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el fallador constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Archivo: \u201c1a instancia Tutela 2020-00456 Uner Augusto Becerra Largo Vs Juzgado 5 Civil Circuito – improcedente – subsidiariedad.pdf\u201d. Pg. 4. <\/p>\n
2 Archivo: \u201c22.impugnaci\u00f3n.pdf\u201d <\/p>\n
3 CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01. <\/p>\n
4 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica \u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
5 CSJ STC, 1\u00b0 nov. 2012, rad. 2012-00210-01. <\/p>\n
6 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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