STC1075-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1075-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00389-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 9 de diciembre de 2020, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la salvaguarda promovida por Nilton Ruge Nieto al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular con radicado n\u00b02017-00217-00, incoada por el gestor contra Audifarma S.A. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El impulsor demand\u00f3 a Audifarma S.A. ante el estrado del circuito confutado, para exigir la protecci\u00f3n de derechos colectivos. <\/p>\n
Mediante sentencia de 25 de noviembre de 2019, se acogieron las pretensiones del promotor y, por tal motivo, la enunciada sociedad impetr\u00f3 apelaci\u00f3n. <\/p>\n
La definici\u00f3n de la alzada correspondi\u00f3 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, quien, el 7 de julio de 2020, declar\u00f3 desierto el recurso. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 7 de octubre postrero, el despacho fustigado se estuvo a lo resuelto por el ad quem y fij\u00f3, en esa oportunidad, $1.760.000 como agencias en derecho en favor del actor. <\/p>\n
Efectuada la liquidaci\u00f3n de las costas en donde se incluy\u00f3 el referido monto, en decisi\u00f3n de 19 de octubre ulterior, se aprob\u00f3 esa tasaci\u00f3n. <\/p>\n
Audifarma S.A. entabl\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, contra esa providencia al estimar que las agencias concedidas al accionante no se hab\u00edan causado, dada su escasa participaci\u00f3n en la contienda. <\/p>\n
El 13 de noviembre siguiente, el estrado reprochado acept\u00f3 los planteamientos de esa compa\u00f1\u00eda, dej\u00f3 sin efecto el auto que hab\u00eda respaldado la cuantificaci\u00f3n de los gastos del proceso y, en su lugar, se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda lugar a reconocer agencias en beneficio del accionante. <\/p>\n
Para el precursor, se lesionaron sus garant\u00edas, pues, siendo vencedor en la contienda, el rubro motivo de inconformidad, deb\u00eda otorg\u00e1rsele. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, se le concedan las agencias objeto de debate. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
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1. El despacho encartado defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda y la Defensor\u00eda del Pueblo de ese departamento, adujeron, por separado, carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Concedi\u00f3 el auxilio porque no hall\u00f3 raz\u00f3n v\u00e1lida para denegar las agencias en derechos en favor del quejoso y, por tanto, dispuso <\/p>\n
\u201c(\u2026) dejar sin efecto el auto de noviembre 13 de 2020 que se pronunci\u00f3 sobre los recursos contra el auto de fecha octubre 19 de 2020, mediante el cual se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas y (\u2026) orden[\u00f3] a la funcionaria accionada que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia (\u2026), se pronuncie nuevamente respecto del recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la entidad demandada, relacionado con el reconocimiento de agencias en derecho a favor del se\u00f1or Nilton Ruge Nieto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 Audifarma S.A, indicando que en el decurso criticado no ten\u00eda lugar el reconocimiento del concepto dinerario materia de disenso, dada la escaso proceder del petente para lograr un resultado favorable a sus reclamaciones en el litigio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Para desatar la controversia, se hace menester se\u00f1alar la postura de la Sala en torno al momento procesal en donde se deben fijar las agencias en derecho y, los mecanismos de defensa procedentes para cuestionar su procedencia y cuant\u00eda. <\/p>\n
2. En vigencia del ya derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en el numeral 2\u00b0, art\u00edculo 392, se indicaba lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La condena se har\u00e1 en la sentencia o auto que resuelva la actuaci\u00f3n que dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijar\u00e1 el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidaci\u00f3n (\u2026)\u201d (se resalta). <\/p>\n
Sobre dicho precepto, la Corte adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De la arm\u00f3nica lectura de ese par de art\u00edculos emerge que, en torno a la imposici\u00f3n de las \u201ccostas\u201d, se diferencian dos claros momentos: el primero, es aquel en el que se realiza la \u201ccondena\u201d en \u201ccostas\u201d, esto es, se trata de ese instalamento en que se determina que hay lugar a tal imposici\u00f3n en punto de la parte procesal que se hizo merecedora de lo propio, siendo que tal ocasi\u00f3n se hace tangible, c\u00f3mo no, a la hora de ser dictada la sentencia o el auto que \u201cresuelva la actuaci\u00f3n que dio lugar\u201d a aquella, oportunidad \u00e9sta en que tambi\u00e9n se habr\u00e1 de \u201cfijar\u201d, es decir, precisar o estipular, \u201cel valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidaci\u00f3n\u201d (art\u00edculo 392-2\u00b0 de la ley de enjuiciamiento civil) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cLa \u201cliquidaci\u00f3n\u201d de las costas (art\u00edculo 393 ib\u00edd.), entonces, se erige en la segunda etapa que sobre el particular ha de desplegarse, o sea, es la que se materializa una vez efectuada la condena, posteriormente a ella, y en la que se entra a indicar cu\u00e1l es la cantidad numeraria en que ella se concreta, eslab\u00f3n este en el cual, se podr\u00e1 entrar a rebatir, mediante \u201cobjeci\u00f3n\u201d, entre otras cosas, la \u201cfijaci\u00f3n\u201d de las \u201cagencias en derecho\u201d que anteriormente ya fuera efectuada; dicho en otras palabras, en esa precisa etapa procedimental se podr\u00e1 disputar acerca del quantum que en antes se hab\u00eda fijado o establecido a t\u00edtulo de agencias en derecho, mas no, en modo alguno, es dable que ese medio de contradicci\u00f3n se emplee para reclamar una contingente falta de condena, por cuanto que tal tema ya qued\u00f3 zanjado en su oportuno momento, es decir, desde cuando se dict\u00f3 la \u201csentencia\u201d o el \u201cauto\u201d que la impuso (\u2026)\u201d1 (subraya original). <\/p>\n
Con la Ley 1564 de 2012, el procedimiento para fijar y liquidar las agencias en derecho no cambi\u00f3, pues si bien la redacci\u00f3n normativa s\u00ed sufri\u00f3 alteraciones, en definitiva, se mantienen las mismas pautas del otrora Estatuto Procesal Civil. <\/p>\n
En efecto, el C\u00f3digo General del Proceso en el canon 365, numeral 2\u00b0, sobre las costas, se\u00f1ala que las mismas se impondr\u00e1n en la \u201c(\u2026) sentencia o auto que resuelva la actuaci\u00f3n que dio lugar a aquella (\u2026)\u201d y, aun cuando no se hace menci\u00f3n expresa a las agencias en derecho, no por ello debe entenderse que su fijaci\u00f3n est\u00e1 reservada a una actuaci\u00f3n posterior, pues el art\u00edculo 366 in fine, dispone <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las costas y agencias en derecho ser\u00e1n liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o \u00fanica instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeci\u00f3n a las siguientes reglas: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)1. El secretario har\u00e1 la liquidaci\u00f3n y corresponder\u00e1 al juez aprobarla o rehacerla (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 2. Al momento de liquidar, el secretario tomar\u00e1 en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y tr\u00e1mites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, seg\u00fan sea el caso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 3. La liquidaci\u00f3n incluir\u00e1 el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los dem\u00e1s gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido \u00fatiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes ser\u00e1n incluidos en la liquidaci\u00f3n de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los par\u00e1metros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regular\u00e1 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4. Para la fijaci\u00f3n de agencias en derecho deber\u00e1n aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un m\u00ednimo, o este y un m\u00e1ximo, el juez tendr\u00e1 en cuenta, adem\u00e1s, la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente, la cuant\u00eda del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el m\u00e1ximo de dichas tarifas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 5. La liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podr\u00e1n controvertirse mediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el auto que apruebe la liquidaci\u00f3n de costas. La apelaci\u00f3n se conceder\u00e1 en el efecto diferido, pero si no existiere actuaci\u00f3n pendiente, se conceder\u00e1 en el suspensivo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casaci\u00f3n y revisi\u00f3n o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidaci\u00f3n se har\u00e1 inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento al superior, seg\u00fan el caso (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
De manera que, las pautas de fijaci\u00f3n de las agencias en derecho del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se mantienen en la Ley 1564 de 2012, pues, (i) deben motivarse y determinarse en la respectiva actuaci\u00f3n que las genere; (ii) una vez en firme, el secretario del despacho de \u00fanica o primera instancia, las incluir\u00e1 en la liquidaci\u00f3n de las costas; y, de ese trabajo, (iii) el juez o magistrado har\u00e1 un control de legalidad mediante auto susceptible de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n, seg\u00fan corresponda, con el fin de verificar si las aprueba, modifica o dispone su reliquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre lo aducido, esta Sala en reciente oportunidad adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l mentado canon 366 ense\u00f1a, en lo que aqu\u00ed interesa, que \u00ab[l]as costas y agencias en derecho ser\u00e1n liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o \u00fanica instancia\u00bb de conformidad, entre otras, con las siguientes reglas: el secretario tomar\u00e1 en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto (numeral 2\u00ba); [l]a liquidaci\u00f3n incluir\u00e1 el valor de (…) las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez (numeral 3\u00ba); y [p]ara la fijaci\u00f3n de agencias en derecho deber\u00e1n aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un m\u00ednimo, o este y un m\u00e1ximo, el juez tendr\u00e1 en cuenta, adem\u00e1s, la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente, la cuant\u00eda del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el m\u00e1ximo de dichas tarifas (\u2026)\u201d2 (se destaca). <\/p>\n
Ahora, debe aclararse que la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho y su liquidaci\u00f3n en las costas, suponen dos (2) actos diferentes que, incluso, se controvierten en etapas distintas. <\/p>\n
As\u00ed, las agencias se establecen, con la suficiente motivaci\u00f3n en la providencia que pone fin a la actuaci\u00f3n, en cuyo caso, podr\u00e1n interponerse los recursos que la Ley autorice para cuestionar ese aspecto y si, por ejemplo, el asunto es de m\u00ednima cuant\u00eda, el interesado, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria, puede pedir la adici\u00f3n del pronunciamiento. <\/p>\n
En cuanto a lo aducido, esta Corte, en un debate en donde la parte favorecida en un tr\u00e1mite de \u00fanica instancia pidi\u00f3 complementar el pronunciamiento correspondiente por ausencia de menci\u00f3n de las agencias en derecho, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el caso sub examine aduce el reclamante que la autoridad judicial vulner\u00f3 sus derecho fundamentales al \u00abdebido proceso, ejercicio del recurso judicial efectivo, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la igualdad\u00bb, frente a la determinaci\u00f3n de 27 de agosto de 2019, mediante la cual no accedi\u00f3 a la adici\u00f3n de la sentencia, en el sentido de condenar a la parte demandante a las costas compuestas por las agencias en derecho, al interior del proceso de levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar que se promovi\u00f3 en su contra (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Lo anterior de atender porque, al ser parte en el tr\u00e1mite actuando en nombre propio y de acuerdo a su gesti\u00f3n realizada, ten\u00eda derecho a que le fueran reconocidas las mismas, imponiendo a la parte vencida en el pleito, esto es, a la demandante, la condena en costas \u2013agencias en derecho-, seg\u00fan los par\u00e1metros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En efecto, como lo dispuso el Tribunal en fallo de tutela de primera instancia, la Sala observa que el Juez Colegiado frente a la solicitud que elev\u00f3 el promotor de la queja en cuanto a la adici\u00f3n de la sentencia, se evidenci\u00f3 que no apreci\u00f3 los elementos probatorios del expediente de manera conjunta, con el fin de liquidar de manera concentrada las costas y agencias en derecho, para imponer la respectiva condena a la parte quien result\u00f3 vencida en el pleito (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) No era suficiente entonces, que el Despacho cuestionado se limitara a enunciar que \u00abno hab\u00eda condena en costas para la parte demandante al no aparecer causadas\u00bb sino que, era obligatorio un an\u00e1lisis pormenorizado y detallado de todo el caudal probatorio, conforme a los par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, para, ah\u00ed s\u00ed, determinar la liquidaci\u00f3n de las expensas y el monto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De manera que, olvid\u00f3 la autoridad judicial accionada que, si bien las costas procesales deben demostrarse en el proceso para que puedan decretarse y aprobarse de conformidad con las reglas establecidas en la Ley Procesal Civil, las agencias en derecho constituyen un rubro de origen y naturaleza jur\u00eddica distintos que hacen parte de aquellas, pero cuya causaci\u00f3n viene dada por otros factores, tal como lo ha clarificado esta Corporaci\u00f3n de tiempo atr\u00e1s (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Lo anterior implica que, si nada se dice oportunamente en torno a las agencias en derecho en la providencia que pone fin la actuaci\u00f3n, en la liquidaci\u00f3n no podr\u00e1 subsanarse esa omisi\u00f3n, pues tal labor la efect\u00faa el secretario y \u00e9ste carece de atributos jurisdiccionales para ponderar el monto de dicho concepto e incluirlo en la tasaci\u00f3n de costas si, previamente, no existe determinaci\u00f3n, en firme, acerca de ese emolumento; por tanto, el juez o magistrado, tampoco puede avalar tal c\u00e1lculo, so pena de trasgredir el debido proceso. <\/p>\n
Como se mencion\u00f3, la liquidaci\u00f3n es un acto procedimental particular, susceptible de los medios defensivos seg\u00fan la naturaleza o cuant\u00eda del litigio, en el cual, \u00fanicamente se controvierten los montos que se causaron, en beneficio de la parte favorecida, con la definici\u00f3n de la controversia, y la inclusi\u00f3n de las agencias previamente se\u00f1aladas en una decisi\u00f3n ejecutoriada. <\/p>\n
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3. Proyectadas las anteriores premisas al caso, se advierte que si bien fue irregular la forma en como el estrado del circuito confutado procedi\u00f3 a fijar las agencias en derecho, para luego dejarlas sin efecto, en todo caso la salvaguarda no prospera al no estar cumplidos los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto en la sentencia de primera instancia de 25 de noviembre de 2019, aun cuando se acogieron las pretensiones del actor, nada se dijo en relaci\u00f3n sobre las agencias en derecho y, all\u00ed, era en donde deb\u00eda, previa motivaci\u00f3n, definirse su procedencia, as\u00ed como su monto. <\/p>\n
No obstante, el tutelante pese a tener la posibilidad de pedir la adici\u00f3n del fallo, as\u00ed como su apelaci\u00f3n, no hizo uso de estos mecanismos de defensa a su alcance. <\/p>\n
Ahora, en auto de 7 de julio de 2020, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, declar\u00f3 desierto el recurso el recurso de apelaci\u00f3n incoado por Audifarma S.A., aspecto que implic\u00f3 la preclusi\u00f3n de la oportunidad para adoptar cualquier determinaci\u00f3n sobre las agencias en derecho. <\/p>\n
Asimismo, el despacho enjuiciado se estuvo a lo resuelto por el ad quem en auto de 7 de octubre ulterior y, adem\u00e1s, fij\u00f3 las agencias en derecho en favor del petente en $1.760.000. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, para ese entonces, esa sede judicial ten\u00eda vedado ocuparse del tema, al estar concluida la etapa en donde debi\u00f3 manifestarse sobre ese \u00edtem, pues ni el quejoso lo solicit\u00f3 ni tampoco existi\u00f3 motivaci\u00f3n de \u00edndole alguna para establecer el rubro en comento en esa oportunidad y, menos a\u00fan, justificaci\u00f3n acerca del valor obtenido. <\/p>\n
De otro lado, tras aprobarse la liquidaci\u00f3n de las costas en donde se incluy\u00f3 ese monto, luego de la reposici\u00f3n formulada por Audifarma S.A., el juzgado atacado, el 13 de noviembre de 2020, decidi\u00f3 dejar sin efecto lo relativo a la concesi\u00f3n de las agencias en derecho, porque, conforme adujo, la actividad del promotor en la consecuci\u00f3n de las pretensiones fue tenue. <\/p>\n
Esa argumentaci\u00f3n, si bien pudiera ser cuestionable, no permite, por esta v\u00eda, efectuar un pronunciamiento de fondo, por cuanto el censor no elev\u00f3 ning\u00fan reparo al respecto. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, como ya se indic\u00f3, se observa la desatenci\u00f3n el presupuesto de inmediatez, pues entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, esto es, el 10 de noviembre de 2020, y la sentencia de 25 de noviembre de 2019 -donde ha debido hacerse el estudio de las agencias-, han transcurrido m\u00e1s de once (11) meses, tiempo que supera el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este amparo. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Por tanto, si el actor se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a los estrados atacados y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Igualmente, se reitera, el precursor teniendo a su alcance de la posibilidad de solicitar la adici\u00f3n del fallo de 25 de noviembre de 2019, en relaci\u00f3n con las agencias en derecho, guard\u00f3 silencio y, de igual modo, omiti\u00f3 apelar tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la idoneidad del anotado remedio, la Sala ha sido enf\u00e1tica al sostener: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)7\u201d. <\/p>\n
4. Finalmente, aun cuando la salvaguarda no prospera por las razones antes esbozadas, se exhortar\u00e1 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en conductas como la descrita y atienda a las normas procesales en materia de fijaci\u00f3n y tasaci\u00f3n sobre agencias en derecho, conforme a las pautas aqu\u00ed trazadas. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19699, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo con lo discurrido, se infirmar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada y, su lugar, NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Nilton Ruge Nieto. <\/p>\n
SEGUNDO: Por secretar\u00eda, env\u00edese la reproducci\u00f3n de esta sentencia al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira-, para los fines previstos en el numeral \u201ccuarto\u201d de la parte considerativa del presente pronunciamiento. <\/p>\n
TERCERO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STP de 22 de noviembre de 2013, exp. 11001-22-03-000-2013-00954-01, citada en la sentencia CSJ. STC155-2016 de 21 de enero de 2016, exp. 76001-22-03-000-2015-00803-01. <\/p>\n
2 CSJ. STC2646-2020 de 11 de marzo de 2020, exp. 11001-02-03-000-2020-00623-00. <\/p>\n
3 CSJ. STC14801-2019 de 30 de octubre de 2019, exp. 66001-22-13-000-2019-00614-01. <\/p>\n
4 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
5 CSJ. STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
6 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
7 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
8 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
9 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
10 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
11 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1075-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC1075-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2020-00389-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 9 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53454","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53454","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53454"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53454\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53454"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53454"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53454"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}